El Mundo
La Conselleria impone 469 denuncias a varios locales de ocio de Castellón.
La provincia castellonense duplica a Valencia y casi triplica a Alicante en el número de multas recibidas de enero a julio de este año.
Levante
Vecinos de Hermanos Bou consideran que el permiso no se tramitó con arreglo a la normativa legal
Joan Mestre, Castelló
Residentes en el entorno de la calle Lagasca de Castelló prevén llevar a los tribunales a la administración local por su pasividad para combatir la contaminación acústica en un lugar que actualmente es Zona Acústicamente Saturada. Cuatro comunidades de propietarios ya han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de Castelló, gobernado por el Partido Popular, de conceder licencia para el funcionamiento de una discoteca que, en su opinión, no se ha tramitado con arreglo a la normativa legal. Vecinos de la plaza Santa Clara amenazan con acudir a la vía judicial en septiembre.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 ha abierto diligencias previas contra la decisión de la Junta de Gobierno Local de autorizar a la empresa Tucci Squash Castellón SL, la apertura de una sala de baile, en la calle Marqués de la Ensenada esquina con la avenida Hermanos Bou, dentro del perímetro de la Zona Acústicamente Saturada que reclama la plataforma cívica Castelló Sense Soroll. Además consideran que la decisión municipal conculca su derecho al descanso, al tratarse de una actividad de ocio especialmente molesta.
Las comunidades de propietarios de los números 10 y 12 de la avenida Hermanos Bou, la del número 19 de la calle Marqués de la Ensenada y la subcomunidad de Hermanos Bou, número 10 han decidido acudir a la vía judicial después de ver frustrados todos los recursos contra la decisión administrativa del ayuntamiento.
El expediente presentado por Tucci para la licencia de sala de baile se arrastra desde 2005. El ayuntamiento estimó que la petición era conforme a la Ley de Actividades Calificadas de la Generalitat y la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, además de contar con los informes favorables de la Comisión Provincial de Calificación de Actividades de la Conselleria de Medio Ambiente.
Los vecinos alegaron contra la decisión municipal por considerar que la discoteca alteraba su tranquilidad. Así mismo, solicitaban el cumplimiento pleno de la normativa legal y la retirada de los permisos, al no habérseles pedido autorización para la puesta en marcha de la actividad. El ayuntamiento argumentó en su contra que la aprobación estaba refrendada por el arquitecto municipal, el Negociado de Policía Industrial y hasta un informe jurídico d el área de Administración General del Negociado de Actividades.
La licencia fue otorgada con la condición de que el ejercicio de la actividad se ajustara a lo establecido en la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones y se remarcaba que se superarían los niveles sonoros establecido en la Ley contra la Contaminación Acústica. Además, se insistía a la empresa que mantuviera un estricto control del aforo, fijado en 537 personas y que dotara al local de suministro eléctrico de socorro ante situaciones de emergencia, por lo general, un grupo electrógeno.
De esta manera, al equipo de Gobierno se le abre otro frente relacionado con la contaminación acústica.
Castelló lidera las sanciones a locales de ocio
J. Mestre, Castelló
La provincia de Castelló lidera el ranking de sanciones a locales de ocio. De hecho, la Conselleria de Gobernación ha impuesto más de la mitad de las multas registradas en la Comunitat Valenciana a establecimientos situados en la provincia.
Según informó ayer en un comunicado el director general de Seguridad y Protección Ciudadana, Joaquín Segarra, entre el 1 de enero y el 15 de julio se iniciaron 469 procedimientos sancionadores, de las que 461 fueron graves y ocho muy graves. En esta provincia el incumplimiento del horario de apertura y cierre, con 140 infracciones, y del seguro, con 80, así como la utilización de medios sonoros o audiovisuales sin autorización (79 casos) y carecer de licencia (77 locales sancionados por este motivo), son las causas más tramitadas.
Por lo que se refiere a las sanciones muy grave, siete locales fueron sancionados por obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad, y uno por permitir o tolerar actividades ilícitas o ilegales.
Las infracciones pueden ser sancionadas con una multa de hasta 600 euros si son leves; las graves podrán ser sancionadas alternativa o acumulativamente con multa de 601 a 30.000 euros y acumulativamente hasta 300.000 euros, con suspensión o prohibición de la actividad por un período máximo de seis meses.
Levante - Opinión
DIGNIDAD. Isabel Sabater.
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