Los chiringuitos eluden adaptar sus terrazas a la ley de momento
El Gobierno reanuda el diálogo con un calendario de reuniones
PABLO FERRI - Valencia – El País - 08/06/2010
Si hay algo que ambas partes destacan de la reunión es la vuelta al diálogo. El Gobierno y los representantes de los chiringuitos de las playas de Valencia acordaron ayer, durante el encuentro que mantuvieron en Madrid, que prepararán un calendario de reuniones para las próximas semanas, en las que tratarán de encontrar una solución al conflicto que atañe a la extensión de las terrazas de los locales. En la búsqueda de esa solución, el metraje de las terrazas se mantendrá.
El Ministerio de Medio Ambiente pretende que los establecimientos de las playas de la Malva-rosa, El Saler, Pinedo y Puerto de Sagunto adecuen sus terrazas a la Ley de Costas, es decir, que las reduzcan hasta dejarlas en 50 metros cuadrados. Los hosteleros, acostumbrados a extensiones mayores, se niegan. El diálogo entre ambas partes, atascado desde hace meses, cobra vida con la reunión de ayer y la prueba es que los actores han pactado una ronda de encuentros bilaterales y una reunión, esta vez con todos presentes, que se presume definitiva.
Cada asociación de hosteleros se reunirá con la jefa de la Demarcación de Costas de Valencia, Lidia Pérez, y tratarán de explicarle por qué consideran que sus espacios son compatibles con la ley y el medio ambiente. Una de sus bazas consistirá en enumerar las excepciones a la ley ya admitidas para estos locales (el espacio existente entre ellos, por ejemplo). Una vez mantenidos estos encuentros, todos en Valencia, el diálogo se trasladará de nuevo a Madrid, donde la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que actúa en nombre de Medio Ambiente, recibirá como ayer a los hosteleros. Es entonces cuando todo debería decidirse. La pretensión de los hosteleros es volver a reunirse en Madrid antes de que acabe julio. Medio Ambiente calla de momento y no pone fecha límite.
Los representantes de los chiringuitos mostraron su satisfacción al salir de la reunión. Joaquín Mompó, letrado que defiende los intereses de los locales de la Malva-rosa, afirmó que "se abre un periodo de negociación ya que ambas partes se han relajado. Lo más importante", matizó, "es la actitud que ahora impera, de diálogo y análisis". Javier Campomanes, abogado que representa a los hosteleros de El Saler y Pinedo, añadió que "ahora es diferente". "Hemos hablado", narró, "y por lo menos hay un proceso por delante". Vicente Pizcueta, portavoz de la Federación Valenciana de Hostelería, contó: "Por lo menos ha quedado clara la excepcionalidad de los chiringuitos". "Las terrazas", concretó, "son excepcionales, igual que es excepcional que cada local esté a menos de 200 metros uno de otro". Carmen Alborch, portavoz municipal del PSPV-PSOE, dijo que "se confirma lo que el Grupo Socialista ha estado diciendo, que el ministerio está por el diálogo y por examinar cada uno de los casos". Alborch, al igual que los anteriores, entiende que "mientras se esté negociando, se paralizará cualquier actuación [en referencia a las terrazas], ya que esa es la actitud de diálogo del ministerio".
El conflicto que mantiene Medio Ambiente con los chiringuitos valencianos no es único en España. En Andalucía, por ejemplo, cientos de locales deben adaptarse a la Ley de Costas, con la diferencia de que el problema, más que el espacio que ocupan, es su posición, pues muchos están sobre la arena. La Junta de Andalucia pidió además que le transfirieran las competencias necesarias para administrar la ley, asunto que está en tramitación. Cataluña ya las reclamó y las obtuvo. En la Comunidad Valenciana, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, ambos gobernados por el PP, exigen continuamente al Ejecutivo que ceda al Consell estas competencias. La respuesta de Medio Ambiente y de la oposición socialista siempre apunta que, para que eso se produzca, el Estatuto de Autonomía debería permitirlo. La reforma estatutaria que impulsó el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en 2006 no incluyó esta posibilidad.
El alcalde cuestiona la pérdida de la bandera azul en Gurugú
Alberto Fabra pedirá explicaciones a la FEE ya que entiende que la playa afectada está en mejores condiciones que el año pasado
Alberto Fabra visitó ayer las dotaciones de las playas de la ciudad. amparo navas
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, expresó ayer su sorpresa por la retirada de la bandera azul de la playa del Gurugú y anunció que va a pedir explicaciones a la Fundación de Educación Ambiental (FEE), entidad que otorga los galardones.
"Somos los primeros sorprendidos porque la playa está mejor que el año pasado. Hemos realizado una importante inversión, hay más postas de vigilancia, más infraestructuras deportivas y tenemos la Q de calidad de la conselleria. Yo me la juego con cualquier playa de la Comunitat Valenciana y de España", proclamó el primer edil.
Alberto Fabra presentó ayer el dispositivo de vigilancia en las playas de la ciudad para este verano. Un total de 32 socorristas, cuatro postas sanitarias -que este año amplían su horario hasta las 20.30 horas-, 12 trabajadores de la limpieza y nueve máquinas velarán por la seguridad de los bañistas y la limpieza de las playas .
Así lo anunció el alcalde, quien presenció un simulacro que se ha realizado por parte del servicio de socorrismo en la playa del Gurugú y que izó la bandera Qualitur que ha sido otorgada a las playas de la ciudad.
"Hemos hecho un esfuerzo adicional porque este año hemos prolongado el servicio de vigilancia desde el 1 de mayo en fines de semana y nos adecuamos al buen tiempo y a las ganas de disfrutar de la playa por parte de los ciudadanos", aseveró el alcalde.
"Este año hemos puesto cuatro postas sanitarias con ampliación horario hasta las 20.30 horas y hemos mejorado más este servicio intentando que la gente disfrute de nuestras playas. Se ha dotado con elementos deportivos también y que hace que las personas disfruten de la ciudad y de sus playas", añadió el primer edil.
El servicio de socorrismo se lleva a cabo del 5 de junio al 15 de septiembre en las tres playas: Pinar, Gurugú y Serradal. El dispositivo se prolongará, durante los fines de semana, desde el 15 de septiembre hasta el Puente del Pilar. Del 1 al 31 de mayo durante los fines de semana también ha habido servicio.
Sólo un tercio de las quejas por ruido se solucionan antes de la vía judicial
La Oficina del Defensor del Ciudadano edita una guía para dar a conocer la normativa sobre contaminación acústica
Raquel Garrido / Málaga | Málaga Hoy - 08.06.2010
Interior de un bar de música.
Cada vez son más las quejas por ruido que terminan en los tribunales y sólo un tercio de los casos se solucionan antes de llegar a este extremo. Son los datos de la Oficina del Defensor del Ciudadano de Málaga, que en cinco años ha tramitado ya más de 400 reclamaciones relacionadas con la contaminación acústica. Las molestias causadas por los bares de música y las terrazas al aire libre siguen siendo las más frecuentes, aunque empiezan a ocupar un lugar destacado las derivadas del ruido que ocasionan los pisos ubicados en edificios residenciales y que son usados de forma ilegal para ejercer la prostitución.
Son precisamente este tipo de casos, según explicó ayer el Defensor del Ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez, las quejas de ruido que suelen resolverse con mayor celeridad. El resto, en cambio, no reciben una solución inmediata debido a que "las administraciones responsables no hacen nada para evitarlo", aseguró.
La Oficina dependiente de la Diputación Provincial de Málaga ha editado unos 500 ejemplares de una guía con la que pretende que los ciudadanos tengan conciencia de que "no hay que resignarse frente al ruido y que hay normativa suficiente para ponerle freno", según aseguró.
El ruido provocado por los lugares de ocio como bares, terrazas, discotecas y puertos deportivos aglutinan la mayor parte de las quejas que recibe esta oficina. El centro histórico de Málaga sigue siendo uno de los puntos calientes a pesar de la prohibición del botellón desde hace un año. Ahora, señaló Gutiérrez, el problema "se ha irradiado a las plazas y jardines de numerosas barriadas como Huelin, El Palo o La Goleta".
Pero también, según el Defensor del Ciudadano, existen otros puntos donde los vecinos "están viviendo un auténtico calvario" como El Romeral que ha sido declarada zona acústicamente saturada después de las continuas quejas que recibían los numerosos bares y terrazas autorizadas en el barrio. Es, en su opinión, un ejemplo de "una mala planificación" que también se repite en la zona del Camino de San Rafael por la ubicación de dos grandes discotecas.
No se trata, dijo, de "cerrar estos establecimientos si no de no anteponer el derecho del ocio al del descanso de los ciudadanos", ya que es "una cuestión de voluntad política terminar con este problema".
Fuera de la capital, los puntos más conflictivos por culpa del ruido que soportan los vecinos siguen siendo el entorno de los puertos deportivos de Benalmádena y Estepona, y la plaza del Balcón de Europa en Nerja.
El tráfico rodado por la ausencia de pantallas aislantes en la zona de Guadalmar o Churriana, y la actividad de los transformadores eléctricos de Benalmádena, Álora y Cártama son también los protagonistas más habituales de las quejas por ruido que recibe esta oficina.
Le siguen las provocadas por animales domésticos, sobre todo, por el ladrido de perros y una reciente relacionada con las molestias que ocasionaba la cría de gallos de pelea en una nave de Álora situada en plena zona urbana.
Ante la pasividad de algunas administraciones para atajar el problema del ruido, el Defensor del Ciudadano recomendó la vía judicial porque "no es sólo una molestia si no que está demostrado que supone perjuicios para la salud".
contaminación acústica
Ruido y conflictividad
El sonido no deseado se convierte en un inconveniente difícil de eludir, causa de molestias
Isabel Suárez C. / Jerez | Diario de Jerez - 08.06.2010
El IES 'Almunia' ha realizado un interesante estudio sobre contaminación acústica, del que pasamos a analizar algunos datos por su relevancia.
Cuando nos referimos a la contaminación pensamos en sustancias sólidas, líquidas o gaseosas producidas por la industria, agricultura y el consumo, pero hay un tipo de contaminación que no se ve y afecta a personas y animales de manera directa e inmediata: es la contaminación acústica.
Ruido es todo sonido no deseado. El ruido se ha convertido en un inconveniente difícil de eludir, causa de frecuentes molestias y conflictividad, la OMS establece que cuando se rebasan los 65 decibelios (dB) puede verse afectada la salud.
Numerosos estudios constatan que el ruido afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues distrae la atención del profesorado y del alumnado, crea una tensión adicional y pone nerviosos, dificulta la comunicación profesorado/alumnado, perjudica el proceso educativo y la calidad de enseñanza. Por encima de 40 dB se pierde concentración y si es mayor de 80 dB pueden aparecer comportamientos agresivos.
Dentro de la unidad didáctica dedicada al sonido propuse a mis alumnos una pequeña investigación acerca de la contaminación acústica en el centro y sus consecuencias en el ambiente escolar. Las fuentes de ruido en el centro son: situación geográfica del centro, timbre de cambio de clase, aulas que necesitan música, las tareas de mantenimiento del centro, el ruido de fondo de los ordenadores y sobre todo el sonido que emiten las personas (los docentes sabemos el tiempo que se necesita para que el ambiente de clase sea el adecuado).
Medimos la intensidad del sonido con un sonómetro en distintos puntos de los pasillos del IES 'Almunia' a distintas horas de la jornada escolar, sin coincidir ninguna de ellas con la del cambio de clase. Esos datos se tabularon y representaron, sirva de ejemplo la gráfica correspondiente a la primera planta del edificio que reproducimos sobre estas líneas.
La conclusión más inmediata es la influencia de la hora y del día de la semana, pues, a ciertas horas, estamos más predispuestos a hacer ruido, a hablar más y más alto y no es lo mismo que sea lunes que viernes.
Cuando se celebra el día del medio ambiente, también es importante reflejar la calidad de vida del entorno cotidiano y propiciar medidas que faciliten una mejora de las condiciones de trabajo y estudio.
Provincia-Jaen
Fiscalía pide cuatro años y siete meses de cárcel a una hostelera por el ruido de su pub
En un año, la familia afectada llegó a poner 28 denuncias en el Ayuntamiento sin lograr soluciones a su problema
Ideal - 08.06.10 - JUAN ESTEBAN POVEDA jaen@ideal.es | JAÉN.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén ha presentado escrito de acusación contra Yolanda G.M., que entre 2007 y 2008 fue empresaria hostelera en Peal de Becerro y para la que se pide una condena de cuatro años y siete meses de cárcel por los ruidos de su pub en la Avenida de Andalucía de esta localidad. Es la pena más dura que nunca se ha solicitado en la provincia de Jaén por los ruidos de un bar. Al delito contra el medio ambiente por contaminación acústica, el Ministerio Público suma cuatro delitos de lesiones (uno por cada miembro de la familia vecina del pub), que han requerido asistencia sanitaria.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el 1 de marzo de 2007 Yolanda G.M. fue inscrita como titular del negocio hostelero que hay en el 110 de la Avenida de Andalucía de Peal de Becerro. Una familia que vive en vivienda colindante denunció «continuas molestias por ruido» -siempre según la versión del Fiscal- procedentes de este negocio. En esa casa vive un matrimonio con sus dos hijos.
Entre el 5 de marzo de 2007 y el 5 de abril de 2008, indica el Fiscal en sus calificaciones provisionales, la familia llegó a presentar hasta 28 denuncias ante instancias municipales para que pusieran fin a la situación. El Ministerio Público indica que el 20 de febrero de 2009, cuando pasaban tres minutos de la medianoche de un viernes, un equipo del Seprona realizó una medición de ruido en el interior de la vivienda de los denunciantes. Dio positivo: el ruido excedía de los niveles permitidos, según la acusación pública.
No es la única medición que se ha hecho en este caso. Fuentes municipales han indicado que por las gestiones del Ayuntamiento ante la Junta de Andalucía también un equipo de la administración autonómica hizo mediciones que resultaron negativas: no había infracción alguna.
Los agentes del Instituto Armado también hicieron una inspección de los aparatos de música del local en cuestión, y detectaron anomalías: el aparato no tenía precinto para limitar la potencia del sonido, y tenía mecanismos que impedían que se detectase si había sido manipulado.
En el procedimiento constan también documentos que indican que los cuatro miembros de la familia han padecido ansiedad como consecuencia de los ruidos, por lo que han tenido que tomar medicación bajo prescripción facultativa. A efectos penales el Fiscal establece que tardaron veinte días en curar, de los que diez estuvieron impedidos para sus ocupaciones habituales.
Con los hechos descritos, el Fiscal considera que se ha cometido un delito contra el Medio Ambiente por contaminación acústica, por el que pide una condena de dos años y siete meses de prisión. Además, considera que este delito debe castigarse con una multa de 6.000 euros. Por las lesiones de los cuatro miembros de la familia pide dos años de cárcel (seis meses por cada uno). Cuatro años y siete meses de prisión para la hostelera, según la severísima petición del Fiscal. Y clausura del local durante tres años.
En la provincia ya hay antecedentes de condenas con ingreso en prisión por contaminación acústica. Los dos responsables de un pub de la plaza Jaén por la Paz fueron condenados en 2006 a dos años y tres meses de prisión. El Tribunal Supremo, refiriéndose a su caso, indicó que no es desproporcionado castigar con prisión este tipo de conductas. «Ni debe causar extrañeza ni debe estimarse quiebra del principio de proporcionalidad. Se trata de una enérgica respuesta que compensa la fragilidad del bien jurídico a proteger que lo hace susceptible de ataque desde múltiples y variados flancos», y que «hoy día el Medio Ambiente es un concepto que abarca y se integra por un abanico de derechos fundamentales de los que la contaminación acústica constituye un ataque contra aquel», citando además sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideran el ruido «como agente agresor de la intimidad domiciliaria» y que ataca además «el derecho a la salud» y «a la intimidad personal y familiar». Los dos fueron indultados finalmente. Sí llegó a ingresar en prisión otro hostelero que regentaba un pub en García Rebull condenado a dos años y siete meses.
Actualmente Fiscalía tiene abiertos una decena de procedimientos relacionados con ruidos en la provincia de Jaén.
La UEx enseña a protegerse frente al ruido
La Universidad de Extremadura desarrollará en la Escuela Politécnica de Cáceres, del 28 de junio al 15 de julio, un curso de perfeccionamiento sobre acústica y protección frente al ruido. El objetivo de la actividad es dar a conocer, analizar y profundizar técnicamente en el 'Documento Básico DBHR Protección frente al Ruido' del Código Técnico de la Edificación. De este modo, se abordarán todos los fundamentos científicos y normativos y los aspectos prácticos que se requieren para que el alumno adquiera una adecuada formación. Asimismo, se hará un especial hincapié en el uso de herramientas informáticas, bien oficiales o bien de software comercial que ayuden en la realización de los cálculos y en la identificación de incumplimientos de los requerimientos del DBHR.
Comarcas. La llegada de la temporada estival aviva el problema de ruidos y suciedad
El dilema del ocio nocturno
La convivencia de bares de copas y zonas residenciales ha sido fuente de conflictos pese a la proliferación de ordenanzas
La calle de Punta Ballena en Magaluf cobra gran vida durante el verano. Foto: B. Ramon
Es uno de los dilemas hasta ahora irresolubles en la vida comunitaria del mundo contemporáneo. ¿Cómo combinar en un mismo contexto urbano el divertimento de unos en locales de ocio nocturno con el descanso de otros, los vecinos, en sus casas? El malestar expresado por residentes en la urbanización calvianera de Son Caliu con la apertura de una discoteca en las inmediaciones ha reabierto el debate acerca de esta cuestión.
Se trata de una controversia que en otras localidades de la Part Forana nunca se ha acabado de cerrar del todo, pese al recurso a la justicia y la proliferación de ordenanzas contra el ´botellón´. A las autoridades también les ha quedado la opción de apelar al civismo o destinar más agentes de policía.
El caso de Manacor es paradigmático. En los últimos años, en el centro urbano proliferaron los bares musicales, configurando un alternativa de ocio a la tradicional del núcleo costero de Portocristo y su célebre es Carreró. A medida que florecía esta oferta, lo hacía de igual manera el malestar vecinal. Los acontecimientos se sucedieron. Quejas de ruidos, suciedad, incivismo y, bajo presión, el Ayuntamiento actuó precintando ocho locales. Después, reabrieron. Y una treintena de vecinos siguieron adelante con la vía judicial con la interposición de dos recursos contenciosos-administrativos contra el Consistorio manacorí, al considerar que había actuado con pasividad en la defensa de los derechos fundamentales de los residentes.
La indemnización de 1,2 millones de euros que pedían fue desestimada por los tribunales, excepto en el caso de una familia de tres miembros que vivía al lado de un bar situado fuera de la zona de ocio. A ellos, la justicia sí les otorgó una compensación de 30.000 euros, según explican fuentes del departamento jurídico del ayuntamiento de Manacor. Aún queda pendiente la resolución del otro recurso. En el pleito, se puso de manifiesto una de las claves en este tipo de conflictos. Si un local de ocio cumple con la normativa, tiene las licencias al día y respeta los niveles de música permitidos, su posición suele ser inapelable. En estos casos, los problemas se centran en el movimiento de gente que se crea en el exterior de los bares. Problemas que padecen vecinos de una conocida discoteca del Port d´Andratx, que se quejan de que tras el cierre los jóvenes prosiguen con la fiesta en el exterior.
Si la opción del empresario es inapelable, a la administración municipal siempre le queda la opción de regular la jarana en la vía pública y su principal manifestación, el ´botellón´. Así sucedió en municipios como Felanitx. El alcalde Biel Tauler (PP) recuerda que en el verano de 2009 hubo problemas de marcha nocturna por ´botellón´ en las inmediaciones de una discoteca que tenía todos los papeles "en regla", en pleno casco urbano.
El ciclo tradicional de acción–reacción se activó: quejas vecinales y actuación municipal, principalmente por este caso, pero también por las protestas que se suscitan cada verano en Portocolom. El pasado abril, vio la luz una ordenanza reguladora del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Las sanciones que incorpora no son una anécdota. Las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros y la norma establece también que los menores de edad podrían redimir multas por trabajos en favor de la comunidad. Está por ver aún el alcance de la nueva ordenanza, que entró en vigor la semana pasada y que se sitúa en la línea de la aprobada a principios de año por Sineu. Desde el equipo de gobierno, se argumentó que el pueblo no podía convertirse en un "basurero" como sucedió después del último gran concierto del verano. A veces sucede, sin embargo, que la regulación no es sinónimo de fin de los problemas. Lo ejemplifica la experiencia reciente de los vecinos de ses Comunes de Son Fiol, en Muro. Pese a que existe una ordenanza que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública, se suceden los "ruidos, las peleas y la suciedad en forma de orines y vómitos cada mañana" y la policía no actúa, se quejaban los residentes en la zona.
CARTAGENA
La silenciosa batalla contra el ruido
La Verdad - 06.06.10 - JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ jagonzalez@laverdad.es
- Los vecinos acuden cada vez más al Comisionado de la Asamblea Regional, que ha mediado para evitar el cierre de escuelas rurales en la zona oeste
- El Defensor del Pueblo regional pide actuar contra los bares molestos y el botelleo en Cabo de Palos
Botelleo en Cabo de Palos, zona saturada de ruidos según el Defensor del Pueblo. :: J. M. RODRÍGUEZ / AGM
ALGUNAS QUEJAS
- 1 Pirotecnia. Un vecino se queja de que las tracas y petardos de las fiestas de su pueblo alteran a su hijo discapacitado y le hacen agresivo. El Defensor pide respetar la normativa de ruidos y dar más ayuda asistencial a domicilio a los padres. El Ayuntamiento accede.
- 2 Urbanismo Una vecina rechaza el coste de una licencia de urbanización y pide ayudas para abonarlo. El Ayuntamiento contesta que no lo recoge la legislación.
- 3 Ruidos Una vecina se queja de los ruidos de un bar debajo de su casa en La Manga. Se pide suspender la actividad del local hasta completar la licencia.
- 4 Servicios Un vecino ve insuficiente el suministro de agua en su zona. Se pide al consistorio abrir una línea de subvenciones para vecinos sin suministro por las medidas de ahorro.
- 5 Tráfico Un vecino se queja de una multa de tráfico. El Ayuntamiento confirma la versión policial.
- 6 Educación Una madre dice que el colegio prohíbe a su hija llevar comida preparada, pese a su intolerancia a la leche de vaca y la carne de ternera. La Comunidad Autónoma rectifica y aprueba un nuevo decreto de comedores escolares.
- 6 Más información Calle Calderón de la Barca, 14-2º, Murcia. De 9:30 a 14:30 horas de lunes a viernes. Teléfono 900 70 00 30 fax 968 37 52 13 y página web oficial www.defensor-rm.es
«Se queja de los ruidos de la maquinaria de la panadería que hay debajo de su casa. No está suficientemente insonorizada. El Defensor del Pueblo solicitó información y el Ayuntamiento contesta que sus técnicos se personaron en el local para hacer las comprobaciones necesarias. Como no se cumplían las condiciones se procedió al cierre del establecimiento». Lleva apenas un año y medio en el cargo, pero con logros como el anterior su figura institucional va ganando peso no sólo entres las administraciones públicas con las que le toca batallar, sino sobre todo entre los ciudadanos, que acuden a él cada vez más tras toparse con el silencio o una decisión del poder que consideran arbitraria. Se trata del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, quien sin armar mucho ruido de cara a la opinión pública ha obtenido ya una amplia batería de medidas favorables a vecinos de Cartagena en asuntos como la educación o los ruidos.
Ruiz Abellán presentó hace unos días en la Asamblea Regional un informe de su actividad (a ese estudio pertenece el relato inicial de este reportaje), que incluye setenta y siete quejas procedentes de Cartagena de un total de 929 en toda la Región.
El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma acaparan la mayoría de las protestas de los cartageneros ante el Defensor, que en los primeros cinco meses del año ha visto crecer un 33% el número de solicitudes con respecto al mismo periodo del año anterior.
Por ejemplo, una vecina acudió al Defensor harta de los ruidos nocturnos en Cabo de Palos, donde veranea. El botelleo y la concentración de gente a las puertas de los pubs del pueblo suponen un quebradero de cabeza para los residentes y la Policía Local. El consistorio, que hace unos años fue obligado a pagar una multa por consentir el ruido de las terrazas, ha recibido una petición declarar Cabo de Palos 'Zona de Especial Saturación'.
Esto supondría forzar a los dueños de los bares a insonorizarlos o trasladar la zona de pubs a un área especial de ocio a las afueras del núcleo urbano.
Camino con socavones
En cuanto a la Administración regional, el Defensor (que es un Alto Comisionado de la Asamblea Regional) ha arrancado a la Consejería de Educación el compromiso de aumentar el número de profesores de educación especial para el próximo año. Todo partió de un expediente iniciado de oficio por Ruiz Abellán tras leer en el periódico una carta de una madre acerca de las dificultades de los alumnos de una guardería pública de la ciudad.
No menos relevante ha sido el desenlace de una investigación relacionada con la inquietud de la comunidad escolar de Tallante y otros pequeños núcleos rurales de la zona oeste de Cartagena y también del municipio de Mazarrón sobre el posible cierre de varios colegios con pocos alumnos. Según destacó el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia a 'La Verdad', convenció a la Consejería de Educación de la necesidad de mantener abiertos esos centros públicos porque de lo contrario se consumaría una «discriminación» para los niños de la zona (tendrían que desplazarse a diario en autobús varios kilómetros a diputaciones más grandes) y porque implicaría un «riesgo de despoblamiento» del área rural.
En cuanto a materias competencia del Estado, de las que se encarga el Defensor del Pueblo de España (Enrique Múgica), Ruiz Abellán h derivado a Madrid una queja sobre los socavones provocado por las lluvias en el camino de acceso a la La Algameca chica. En la zona hay suelo del Ministerio de Defensa.
No todo han sido reprimendas. Así, la intervención del Defensor (que sólo puede sugerir medidas) ha permitido a muchos vecinos conocer mejor el funcionamiento de las administraciones y aclarar actuaciones correctas, salvo que la Justicia pueda decir.
Es el caso de un señor que discrepaba de la institución municipal por una cuestión de cementerios.
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