Lorenzo dice que el informe de Costas no causó la retirada de la bandera del Gurugú
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El subdelegado del Gobierno en Castelló argumenta que otras playas también tenían expedientes abiertos y han obtenido la distinción
Levante 26 de junio de 2010 - NEREA SORIANO CASTELLÓ
Nuevo punto de información de la playa del Gurugú de Castelló. vicent gamir
El subdelegado del gobierno en Castelló, Antonio Lorenzo, aseguró ayer que el expediente sancionador abierto por la Dirección General de Costas a la playa del Gurugú no ha propiciado la pérdida de la bandera azul. De esta manera, Lorenzo respondía a la concejala de Turismo, Beatriz Gascó, quien aseguró que la distinción fue retirada por un expediente incoado por Costas "en el que se hacía alusión a las mediciones de los chiringuitos o a que los botellines que se sirvieran no estuvieran visibles al público".
Lorenzo aseguró que "el preceptivo informe enviado por Costas a la Fundación Europea de Educación Ambiental en febrero de 2010 sobre el cumplimiento de la Ley de Costas decía que los excesos en las instalaciones de temporada en las playas nominadas para la obtención de la bandera azul, no han influido en el normal disfrute de la playa por parte de los usuarios, ya que, en todos los casos, la ocupación de estas instalaciones, incluyendo los excesos, están muy lejos del 50% que permite la actual legislación, ni desnaturalizan el principio de uso público de las playas". Es por ello que el subdelegado aseveró que el expediente abierto "no ha influido" en la obtención de la bandera azul.
Antonio Lorenzo explicó que Costas "informó sobre las sanciones impuestas en 2009 por ocupación excesiva de los servicios de temporada sin autorización o por instalaciones no autorizadas". "En ese momento -añade- se informó de aquellas playas de la provincia de Castelló en las que había abierto un expediente sancionador, y que estaba la playa del Gurugú, pero estaban también la playa de Almadraba y Heliópolis de Benicàssim, las dos con bandera azul, la playa de l'Arenal de Burriana, con bandera azul, o la playa de Morro de Gos de Orpesa, con bandera azul". "Por lo tanto, tendrá que ser el Ayuntamiento de Castelló el que explique por qué se ha retirado la distinción a la playa del Gurugú", apuntó el subdelegado quien concluyó asegurando que "estos años atrás, Costas también ha impuesto expedientes sancionadores a la playa del Gurugú y, pese a ello, ya tenido bandera azul".
CADIZ
Abren expediente a un local de copas por exceso de ruido
Teleprensa – 26-06-10 - LA LÍNEA
La Policía Local, a través de su asesoría jurídica, ha iniciado un expediente sancionador contra un local de ocio (pub), situado en la calle Duque de Tetuán número 8.
Este expediente lo inicia la Administración Local en virtud de las competencias atribuidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por una falta administrativa tipificada como grave, conforme a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Andalucía, conllevando como medida provisional el cierre de dicho establecimiento durante la tramitación del expediente.
Según informa la jefatura de la Policía Local, los hechos que motivan esta medida obedecen a reiteradas quejas vecinales sobre excesos de ruidos en la zona, procedentes del local referido y la práctica de una prueba de sonometría, llevada a cabo por técnicos de la Administración, en el interior de las viviendas afectadas, donde queda constancia en cuanto a la veracidad de las denuncias formuladas.
De acuerdo con los datos existentes en la jefatura, son numerosas las actuaciones llevadas a cabo por los agentes en dicho local, existiendo denuncias por la presencia de menores consumiendo sustancias estupefacientes en el interior del establecimiento, reiterados incumplimientos de horario de cierre, deficiencias importantes en cuanto a las medidas de sonometría, ocasionando molestias al vecindario y, recientemente, incumplimientos por parte de la propietaria del local a llevar a cabo las medidas provisionales contempladas en el último decreto, el cual fue notificado el pasado mes y donde se adoptaba el cierre del local.
Desde la Policía Local, y dentro del ejercicio de sus funciones, los agentes van a seguir vigilando todos los establecimientos, pub y bares con música de la ciudad, al objeto de que se cumplan escrupulosamente las normas establecidas al respecto, tomándose las medidas oportunas, en caso de que éstas no se lleven a efectos por parte de los propietarios y responsables de los establecimientos.
Medio Ambiente obliga a todos los municipios a controlar el ruido
Los ayuntamientos deberán limitar los 'coches discoteca' y las ambulancias
MANUEL PLANELLES - Sevilla – El País - 25/06/2010
Todos los municipios andaluces, independientemente del número de habitantes, tendrán que disponer de una ordenanza sobre ruidos. Así se recogerá en el nuevo reglamento sobre contaminación acústica que la Consejería de Medio Ambiente tiene previsto aprobar en el Consejo de Gobierno de la Junta en el mes de octubre. Hasta ahora, solo las localidades de más de 20.000 vecinos estaban obligados a tener ordenanzas de este tipo.Una nueva norma regulará el impacto sonoro de las terrazas y veladores
Tras la entrada en vigor de este reglamento, el departamento que dirige José Juan Díaz Trillo tendrá un año para elaborar una ordenanza tipo y así facilitar el trabajo a los ayuntamientos más pequeños. Luego, todos los municipios tendrán otro año más para aprobar esa ordenanza. La norma impondrá, por ejemplo, el control del volumen de los aparatos de música en los automóviles -los llamados coches discoteca- o fijará cuándo podrán utilizar las señales acústicas los servicios de urgencias para que no se caiga en el abuso.
El nuevo reglamento pretende "armonizar" la normativa autonómica y estatal sobre contaminación acústica. La norma establece la zonificación acústica en los municipios y la protección de determinados entornos. Además, todos los municipios de más de 100.000 habitantes deberán aprobar sus mapas de ruido y planes de acción para reducir este tipo de contaminación.
Según Medio Ambiente, los mapas de ruido son una exigencia de la Unión Europea. Actualmente, los municipios andaluces de más de 250.000 habitantes -es decir, Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada- ya disponen de este tipo de mapas. Las ciudades de entre 100.000 y 250.000 habitantes tienen que tenerlos listos en 2012, según la obligación que fijará la Unión Europea.
La contaminación acústica es el principal problema ambiental que identifican los ciudadanos en el ámbito municipal, según aparece reflejado en el Ecobarómetro, estudio que elabora el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. El reglamento que está preparando la Junta nace del desarrollo de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Giga), al igual que el reglamento de contaminación lumínica que se aprobará en el Consejo de Gobierno antes de agosto, según fuentes del departamento de Díaz Trillo.
El reglamento de contaminación acústica también establecerá "un régimen específico para las terrazas y veladores" en el que se fijarán los límites de emisión de ruidos en este tipo de zonas de ocio. Respecto a la prevención, se unificará la normativa existente sobre la "necesidad de elaboración de estudios acústicos" para determinadas actividades e "infraestructuras de transporte".
Además, también se regulará la normativa sobre las distintas zonas acústicas: las "tranquilas en aglomeraciones y en campo abierto", las "acústicamente saturadas", las de "protección acústica especial" y las de "servidumbre acústica".
Imputados el edil de Seguridad y el jefe de policía de Galapagar
Las agentes aseguran que el concejal quitó multas de tráfico a sus amigos
F. J. B. - Madrid – El País - 24/06/2010
El concejal de Seguridad y Protección Civil de Galapagar (31.800 habitantes), Pedro Hernández Ramos (PP), y el jefe de la Policía Local de este municipio, Jesús Sánchez Gómez, tendrán que declarar en los próximos 15 días en los juzgados de Collado Villalba. Dos mandos policiales, una sargento y una cabo, les han denunciado por cinco delitos y la juez ha abierto diligencias previas, ya que ha visto indicios razonables de que los hayan podido cometer. Las dos mujeres, que se encuentran de baja y en tratamiento psicológico por acoso laboral, les acusan de un delito continuado de prevaricación, falsificación de certificado, un delito continuado contra la integridad moral, amenazas y coacciones.
Las denunciantes afirman que los imputados quitaron multas a locales
Según consta en la denuncia, el concejal de Seguridad retiró de forma unilateral a la sargento María Dolores Aznar López de su puesto de máxima responsable del cuerpo y contrató en comisión de servicios a un suboficial de San Sebastián de los Reyes, Jesús Sánchez Gómez. También quitó de su puesto en la dirección a la cabo Nuria Fernández Barquilla, que es la que tiene más antigüedad. El edil, según las denunciantes, empezó a asignar el turno de noche y a favorecer a determinados agentes, a los que liberó de patrullar y hacer determinados servicios.
La sargento y la cabo le acusan también de quitar denuncias de tráfico a sus amigos, entre los que se encuentran personas de gran influencia dentro del municipio y con gran poder en el partido. "El denunciante [Pedro Hernández] comenzó a dirigirse a mí como la tía pegas. He sufrido toda una serie de acciones encaminadas a minar mi autoestima como profesional y a apartarme del servicio, dado que soy una pieza molesta para el señor concejal y no me rindo a sus ilícitos profesionales", afirma Dolores Aznar en la denuncia. La mujer se queja de que el concejal no despachaba con ella, desautorizaba sus órdenes directas y pagaba cantidades desiguales a compañeros en la misma situación.
El jefe de policía tampoco se libra de las acusaciones. Ambas mandos aseguran que ordenaba a los policías que no hicieran inspecciones de aforo y de control de ruido a determinados locales. De hecho, puso una nota en el tablón de anuncios de la sede policial para que fuera leído en las reuniones previas al servicio. También le acusan, junto al concejal, de no tramitar expedientes a cinco bares de copas de la localidad. Algunos de ellos están supuestamente vinculados a personas del PP. "Una de las denuncias a un local la tramitó el jefe de policía junto con un informe suyo en el que desautoriza a los agentes y solicita el archivo de la denuncia, conducta del todo prevaricadora y reprobable", recoge el escrito.
Uno de los funcionarios que ha sido favorecido por los dos imputados, el cabo C. M. E, tan solo fue sancionado con dos días de suspensión de empleo -lo que corresponde a una falta leve- pese a haber cometido una falta grave al haber perdido el arma reglamentaria, tras dejarla encima de la taquilla. El arma todavía no ha sido recuperada.
El propio Jesús Sánchez también ha redactado las bases para la plaza de oficial jefe y las ha presentado en la academia de Policía, según la denuncia, pese a que todavía no ha sido aprobada la relación de puestos de trabajo de 2010 y que esa redacción le corresponde al área de Personal. También acusó a las denunciantes de estar detrás, junto a la administrativa M. Y. P., de unos anónimos redactados contra él. La denuncia fue archivada al día siguiente en el Juzgado número 1 de Collado Villalba.
Una de las agentes también sufre el acoso, según ambas mandos, de los responsables policiales. Se trata de M. C. M. J., a la que un día quitaron el coche patrulla, la obligan a hacer vigilancias en un parque sin apenas tránsito, la critican en público, la ridiculizan y reparten el trabajo en las reuniones sin tenerla en cuenta. "La persiguen y la controlan en todas las intervenciones que realiza, anulando y ridiculizando sus actuaciones", afirman las dos mandos.
Ambas denunciantes pidieron la semana pasada la suspensión cautelar del jefe de la Policía Local ante los graves hechos de los que se le acusa.
El Ayuntamiento no ha querido entrar al detalle de la denuncia. Ha emitido un comunicado en el que mantiene que hay una campaña de acoso y desprestigio. "Se lanza una campaña de mentiras y falsas denuncias en venganza por reorganizaciones internas que no fueron a gusto de algunos. Desde el equipo de gobierno se lamenta esta serie de actitudes que no hacen sino ensuciar la imagen del cuerpo de la Policía Local, al mismo tiempo que confía en que pronto los tribunales darán la razón al Ayuntamiento de Galapagar", concluye el comunicado.
OURENSE
La alarma inapagable
El Defensor critica a la Policía Local por no silenciar una alarma que atormentó a un vecindario durante 10 días
Algunos de los afectados de la urbanización de Mariñamansa afectados por la alarma de seguridad. Jesús Regal
J.FRAIZ - OURENSE El Defensor del Pueblo censura en un informe de conclusiones que acaba de remitir al Congreso de los Diputados la "actuación incorrecta" de la Policía_Local de Ourense. El organismo hace de altavoz de un vecindario de Mariñamansa, que durante diez días de 2008 malvivió con el ruido atronador de la alarma de seguridad instalada en una casa aledaña y habitualmente deshabitada.
Los residentes de la urbanización O Salnés, en alto porcentaje familias con hijos recién nacidos, colapsaron la centralita de llamadas de la Policía Local, pasaron noches en vela desquiciados por el sonido incesante de la alarma (se activaba cada media hora, día y noche) y al tercer día sin dormir cursaron denuncia en la Comisaría de Policía Nacional, pese a que la regulación de ruidos es competencia del Concello y su cuerpo municipal. El ayuntamiento procedió a posteriori y decidió sancionar a tres agentes locales por una falta de negligencia.
Diez días "machacados" por la alarma, y tras una visita a la Subdelegación del Gobierno que este periódico no ha podido ratificar, una patrulla de la Policía Nacional cortocircuitaba el dispositivo. ""Con el enfado considerable del dueño cuando se enteró tiempo después al volver a casa", relata la mujer que elevó al Defensor del Pueblo las quejas y molestias de los tres bloques de viviendas afectados.
"La Policía Local no adoptó las medidas necesarias para resolver el problema", concluye en un apartado sucinto de su informe el organismo que, desde 2000, encabeza Enrique Múgica.
Ante la advertencia, el concejal de Seguridad, Fernando Varela, y fuentes de la Policía Local, recuerdan el esfuerzo por localizar al propietario de la casa protegida por la alarma, y la dificultad de manejar datos de las compañías de seguridad conectadas a los inmuebles de sus clientes.
De hecho, os agentes municipales acudieron a la urbanización en varias ocasiones, y así lo reconoce el Alto Comisionado, aunque "sin adoptar ninguna medida para resolver el problema denunciado, alegando que se desconocía quién era el propietario de la vivienda y que no había resultado posible recabar datos al respecto".
Los jurídicos del Defensor deponen: "finalmente pudo constatarse en un asunto suscitado en Ourense, una omisión de la actuación debida, reconocida por la Policía Local".
El informe también apunta responsabilidades del Concello de Ourense, que por este caso terminó sancionando a tres agentes, y apunta: "en relación con dicha cuestión, los vecinos se habían dirigido en numerosas ocasiones a la policía municipal poniendo en su conocimiento los mencionados hechos, sin que se hubiera realizado ninguna actuación por parte del Ayuntamiento".
RESOLUCIÓN El Valedor pide a la Universidade da Coruña que no autorice más botellones
La recomendación llega tras la investigación de dos botellones celebrados el pasado mes de marzo.
El valedor do pobo, Benigno López, ha remitido una resolución al rector de la Universidade da Coruña, José María Barja, en la que le solicita que ?«se absteña» de autorizar nuevas concentraciones de estudiantes en los campus. Esta recomendación llega tras la investigación abierta por el Valedor a causa de dos botellones celebrados el pasado mes de marzo.
En su escrito, López considera que los botellones resultan «contrarios aos fins que son propios das universidades». Así, pide al rector coruñés que en el caso de recibir «novas solicitudes de autorización para celebracións ou espectáculos no exterior dos recintos universitarios, con previsible afluencia masiva, esa universidade se absteña de outorgalas». De conocer su previsible celebración sin permiso, el valedor pide que «se realicen ou impulsen as actuacións precisas por quen corresponda para impedir que se produzan esas concentracións masivas con consumo de alcohol».
Investigación
López decidió abrir una investigación de oficio en abril para aclarar los incidentes registrados en los botellones, a los que acudieron miles de estudiantes. El valedor había preguntado a la universidad si había autorizado o consentido dos fiestas: la del patrón de Aparejadores y la de Informática, el San Pepe. El rector dijo que no y afirmó que estas actividades forman parte de una tradición muy arraigada. Además, Barja llegó a «cuestionar» las competencias del Valedor, apelando al principio de la autonomía universitaria. López le aclaró en un escrito que las universidades se encuentran sometidas, al igual que el resto de poderes públicos, al principio de legalidad.
Asimismo, el Valedor critica que la universidad coruñesa negase que fuesen botellones, al calificar la celebración de actividades «académico culturais». López añade que el aspecto más «llamativo» de lo sucedido, y que acredita la «inadecuada actuación» de las autoridades académicas, fue la «invasión e consumo de alcohol nas aulas».
La Universidad coruñesa cuenta ahora con un mes de plazo para dar cuenta al Valedor de la aceptación de la recomendación y de las medidas que piensa adoptar para darle efectividad.
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