viernes, 3 de abril de 2009

Viernes 3 de abril de 2009

 

LA DEMARCACIÓN DE COSTAS ABRIRÁ UN EXPEDIENTE PARA ESTUDIAR LA SITUACIÓN MUNICIPIO A MUNICIPIO.

Los alcaldes aceptan retirar los chiringuitos de la línea de playa

Costas respetará las contrataciones firmadas, por lo que cada localidad dispondrá de moratorias distintas.Castellón ciudad pedirá al Gobierno una alternativa para los 60 trabajadores que viven de este negocio.

Mediterráneo - 03/04/2009 ANA ARTERO

Los chiringuitos del Grao son de los más frecuentados. En la imagen, un montaje en el Gurugú.

No habrá batalla, al menos de momento. Los alcaldes de las localidades costeros de Castellón parecen tener claro que el futuro pasa por tener una playa sin líneas en el horizonte marcadas por chiringuitos que estén ubicadas junto al mar.

La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, reclama que los municipios comiencen a aplicar la ley de Costas vigente que, entre otras cosas, obliga a los establecimientos de bebidas y/o comidas a estar fuera de la arena y a 200 metros del agua. De esta manera, ni se ocupa el dominio público marítimo terrestre ni tampoco se molesta a los bañistas.

Pese a que la mayoría de los chiringuitos de la costa castellonense no cumple la normativa de 1988 que ahora quiere aplicar el Ejecutivo, los primeros ediles aseguran que acatarán los cambios, pero eso sí, a medio plazo.

MORATORIAS

Castellón (4), Benicàssim (6), Vinaròs (9), Benicarló (3), Almassora (1), Torreblanca (1) y Oropesa (2) cuentan con estas instalaciones a menos de 200 metros del agua. "Nosotros no tenemos ningún problema en estudiar nuevos emplazamientos, pero el Gobierno tiene que cumplir el compromiso de respetar las adjudicaciones que los municipios tienen aprobadas, en mi caso, por los próximos dos años", manifiesta el alcalde de Oropesa, Rafael Albert.

Su homólogo en Benicarló, Marcelino Domingo, es de la misma opinión: "Nuestra moratoria es de cuatro años por la fuerte inversión que hicieron hace poco los propietarios de los chiringuitos. De todos modos, si llega alguna petición para instalar otra infraestructura tendrá que ajustarse a los puntos que marca la ley de Costas".

Fuentes del Ministerio matizan a Mediterráneo que "lo principal es no dañar al sector. Se tendrá un especial tiento y sensibilidad y se estudiará municipio a municipio. A través de la demarcación de Costas se abrirán expedientes con información detallada para encontrar alternativas equilibradas".

En este sentido, el concejal del área en Castellón, Gonzalo Romero, indica que "aunque ya cumplimos con la limpieza, dando servicio a la gente y respetando el entorno ambiental, en cuanto tengamos que cambiar las cosas lo haremos, pero, no se puede olvidar que en el Grao hay una plantilla de unos 60 trabajadores, y eso no se puede obviar. El Ministerio no puede eliminar, y menos en tiempos de crisis, puestos de trabajo. Ese aspecto necesitaría una solución".

José Manuel Peraire, alcalde de Torreblanca, afirma que en su playa "nunca se ha molestado a nadie. No sé por qué tendríamos que cambiar las cosas, pero si Costas lo exige, buscaré una localización más lejana al linde".

Con estas mismas palabras se expresa el mandatario de Almassora, Vicente Casanova, quien señala que "en cuanto nos pidan cumplir con la ley lo haremos, pero mientras mantendremos todos los años el servicio de bar en Ben-Afelí, que por cierto es una estructura desmontable".

CAMBIOS PROGRESIVOS Un ejemplo de cambio progresivo es Vinaròs. El municipio que más chiringuitos tiene cuenta con la mitad fuera del límite permitido y la otra mitad dentro. "El paseo los prevé lejos del mar, pero no está completado el proyecto", explica el alcalde, Jordi Romeu.

derecho al descanso

El juez que investiga el ruido de Cullera también imputa a los dueños de los "pubs"

Los propietarios de los locales de ocio de la calle Barcelona ya han sido interrogados

Levante – 02-04-09 - Pepi Bohigues, Cullera


La querella presentada por los vecinos de la Zona Acústicamente Saturada de Cullera (calles Algemesí, Barcelona, Madrid y San Llorenç de Borja) por la persistencia y el exceso de ruido de los locales de ocio parece que no sólo tiene como imputado al alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán (PP), sino también a los empresarios de los pubs. Uno de los dueños de los bares afectados por la investigación judicial, Juan Andrés Palacios, confirmó ayer a Levante-EMV que él también está imputado y cree que también pueden estarlo algunos empresarios más, ya que éstos coincidieron hace unas semanas a la hora de declarar ante el titular del Juzgado de Sueca.


Las auditorías acústicas que se debían realizar para controlar si la música y el ruido de los pubs no sobrepasaban los decibelios permitidos es el punto principal de conflicto. Palacios cuenta que se han realizado mediciones acústicas en la calle y dentro de los locales para demostrar que cumplían con la ley, pero cuando intentó realizar estas mediciones en los pisos de arriba de los locales, Palacios asegura que los vecinos no le dejaron entrar y para demostrarlo señala que hay un parte policial de julio de 2008 que lo demuestra. Los vecinos afectados por el ruido nocturno ofrecen una versión muy diferente al asegurar que las mediciones deberían haberse efectuado en 2005 y "hasta que no han sido imputados [en referencia a este empresario y al alcalde] no lo han hecho". Esta persona también niega que los vecinos prohibieran el paso a los pisos para hacer las mediciones y añade que fue el propio Palacios el que les hizo salir de su pub cuando estaban haciendo una auditoría acústica.


Juan Andrés Palacios defiende todas las actuaciones llevadas a cabo por el ayuntamiento para acatar la sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana de 2006, recuerda que "en contra de lo que los empresarios querían" el ayuntamiento retiró las terrazas de los locales, avanzó el horario de cierre y llevó a cabo otras medias "para molestar lo menos posible al vecindario" dice el empresario.

cullera

Los hosteleros apoyan al alcalde en la denuncia por ruidos

Las Provincias - 02.04.09 – REDACCIÓN | CULLERA

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Cullera señaló su "sorpresa" ante la citación del juzgado de Sueca al alcalde de Cullera para que declare sobre las denuncias vecinales en referencia al problema del ruido en las zonas de ocio de Cullera.


La actuación del colectivo vecinal, según los hosteleros, está "centrada en la persecución de las empresas turísticas, sin atender a la importancia económica y social de este colectivo, clave para el desarrollo económico de los municipios turísticos del litoral como Cullera".


También transmitieron su "solidaridad y "respaldo" al alcalde, "cuyo compromiso por la lucha contra el ruido es notable y que se ha puesto de manifiesto en la tramitación de la Zona Acústicamente Saturada y en la adopción de toda una serie de medidas concretas y eficaces".


Mostraron su "estupor" por la denuncia vecinal, "teniendo en cuenta que la oferta de ocio de la zona afectada ha desaparecido, no quedando en estos momentos ningún local abierto, por lo que parece inaudita la persistencia en la judicialización del proceso de ordenación del ocio y la nula voluntad de diálogo".

alud

Especialistas de más de 30 hospitales se reúnen en Valencia para abordar los cuidados de los bebés prematuros

   VALENCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Especialistas de más de 30 hospitales se reúnen desde hoy en Valencia para abordar los cuidados de los bebés prematuros, según informaron fuentes de la organización en un comunicado. Mediante el grupo de trabajo de los cuidados centrados en el desarrollo y en la familia de la Comunitat Valenciana, Murcia, Cuenca y Teruel, médicos y enfermeras trabajan por un mejor cuidado de los recién nacidos prematuros, dentro de una iniciativa enmarcada dentro de las actividades del Proyecto Hera, que trabaja con el colectivo neonatal en toda España.

   Uno de los grupos de profesionales pioneros en esta  tarea es el formado por el doctor Vicente Roqués, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital de La Fe de Valencia, centro que forma parte del proyecto Hera. Por segundo año consecutivo, el grupo de trabajo de los cuidados centrados en el desarrollo celebra una reunión multidisciplinar en Valencia para actualizar los aspectos que preocupan a los profesionales en el abordaje del bebé prematuro, con el objetivo de aplicar los cuidados en todos los hospitales de las comunidades integrantes del grupo.

   Una de las metas que plantea el grupo de trabajo es la de establecer un consenso de actuación entre todos los profesionales, para que estas medidas que ya se aplican en algunos centros llegue a todos los hospitales.

   Para ello, el grupo de trabajo puso en marcha unos protocolos unificados sobre el dolor en el recién nacido prematuro, la manipulación mínima del bebé, así como una serie de recomendaciones para la modificación del ambiente en la Unidad Neonatal, específicamente sobre la luz y el ruido.

   Estas recomendaciones están encaminadas a establecer medidas sobre los niveles de ruidos que son aceptables en los hospitales. "Existen recomendaciones por diversas organizaciones sobre estos niveles, que vienen a confirmar que la reducción de ruidos dentro de la Unidad es muy importante, debiendo conseguir eliminar o reducir la mayor cantidad de fuentes de ruido de fondo", indicó el doctor Roqués, que destacó que está demostrado que los ruidos "excesivos" o los "fuertes y agudos pueden dañar las estructuras auditivas de los recién nacidos, en especial de los prematuros y afectar sus biorritmos".

   El protocolo del dolor desarrollado por el grupo de trabajo establece una valoración del dolor en el recién nacido y se plantea, entre otros, su reducción en los cuidados de rutina, los métodos no farmacológicos como prevención del dolor en procedimientos menores, la analgesia tópica, analgesia por infiltración local, analgesia farmacológica o la sedación.

   Por su parte, el protocolo de manipulación --que hace referencia a normas de asepsia o cambios posturales-- establece unas normas de manipulación "mínima" que deben aplicarse al menos durante la primera semana de vida y que después deberán "individualizarse" según el estado del niño.

   Además, el grupo de trabajo plantea una serie de objetivos adaptados a cada centro hospitalario en concreto, para mejorar los cuidados centrados en el desarrollo con un seguimiento periódico. Igualmente se está trabajando en la actualidad sobre aspectos del cuidado como la manipulación mínima y el control ambiental.

La trama de los burdeles destapa presuntas extorsiones a comerciantes

El Consistorio barcelonés denunció en 2004 a un funcionario por tráfico de influencias

El País - 03/04/2009 - PERE RÍOS / BLANCA CIA - Barcelona -

La trama de sobornos en los prostíbulos ha destapado presuntas extorsiones a comerciantes y dueños de locales de Barcelona. Ayer trascendieron los detalles de dos casos en los que Joaquín Quílez Mata, ingeniero imputado en la trama y en libertad bajo fianza de 15.000 euros, exigió y logró diversas cantidades de dinero de los comerciantes con la promesa de obtener un trato de favor del Ayuntamiento que no se produjo.

image José Ramón González- TEJEDERAS

José Ramón González, de 51 años, dueño del supermercado De Tot al Born, explicó que hizo diversos pagos a Quílez por 5.000 euros para legalizar la ampliación de su negocio. Según su versión, tras pagar a Quílez, recibió varias visitas de un inspector municipal que le advirtió de la situación irregular en la que se encontraba el local, informa Mónica Acero. González se quejó a Quílez de esta situación y éste le dijo que no se preocupara, que todo estaba solucionado. Pero nada de eso ocurrió. Al no cesar las visitas del inspector, González acudió al Ayuntamiento en mayo de 2005 y descubrió que no se había tramitado ningún expediente de obras sobre su negocio.

Al final, buscó otro ingeniero y una abogada, y legalizó las obras. Ahora se ha decidido a explicar el caso tras aflorar la trama de los prostíbulos que investiga el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y en la que Quílez está imputado. "No es tanto por los 5.000 euros que perdimos como por el daño moral y personal que nos hizo".

El otro caso es el de Carmen Ahijado, dueña del pub Donegal. La mujer fue condenada hace unas semanas a cinco años y medio de cárcel por los ruidos que provocó el local, pero en el juicio explicó que pagó a Quílez porque le prometió que le solucionaría el expediente municipal tras la denuncia de un vecino. La mujer realizó dos pagos de 3.000 euros y, dado que seguían las inspecciones municipales, se negó a realizar un tercero. "Fue entonces cuando llegaron los problemas y me cerraron el local. Yo soy la víctima", explicó ayer Ahijado, quien aseguró también que mientras pagó a Quílez celebró varias reuniones en el distrito de Ciutat Vella con él y varios funcionarios.

El nombre de Quílez no sólo era conocido en Ciutat Vella. En 2004, en el distrito del Eixample se abrió una investigación por irregularidades en la licencia de apertura de un local de alterne. Fue tramitada por el inspector Eduard Cabestany y en todo el papeleo aparecía el nombre de Quílez. En esa ocasión, el Consistorio, tras seguir los pasos del funcionario, reunió pruebas para enviar el caso a la fiscalía. Después, un juzgado abrió procedimiento por tráfico de influencias en el que imputó al inspector y también a Quílez. El juicio se fijó en la Audiencia de Barcelona recientemente, pero fue aplazado. Fuentes municipales señalaron que el inspector permanece suspendido de empleo y sueldo de forma provisional hasta que haya sentencia. No se pudo tomar ningún tipo de medida respecto a Quílez porque no es funcionario, sino un intermediario privado. Medios municipales subrayaron que Quílez nunca ha tenido relación contractual con el Ayuntamiento, aunque él, dicen sus víctimas, se presentaba como funcionario con influencias en la Administración local. Sólo se le encargó en 2001 la tramitación de la licencia del Frontón Colón.

En Ciutat Vella, el nombre de Quílez fue mencionado por seis o siete personas que a lo largo de los años acudieron a las oficinas para saber qué ocurría con las tramitaciones que tenían en curso. Todas tenían una cosa en común: las presentaba Quílez y en todos los casos explicaban que le habían pagado dinero. "Les decíamos que lo denunciaran", explicaron ayer fuentes del Consistorio, que insistieron en que no pudieron establecer relación alguna entre Quílez y el funcionario Manuel Martínez. Éste también fue inspector en Ciutat Vella hasta 2001, antes de que lo trasladaran al Eixample, distrito en el que se ha descubierto su supuesta implicación en la desaparición de expedientes para favorecer a propietarios de dos burdeles. Por ello, Martínez está en prisión condicional.

Lo que sí admiten en el Consistorio barcelonés es que había sospechas en la tramitación de algunos expedientes de Martínez en Ciutat Vella. "Se investigó, pero no pudimos reunir suficientes pruebas para llevar el caso a la justicia", puntualizó ayer el primer teniente de alcalde, Carles Martí. Martínez fue trasladado al distrito del Eixample, donde, al parecer, siguió maniobrando con los expedientes de licencias, lo que finalmente le ha llevado a una acusación de cohecho por hacer desaparecer expedientes. Martí negó desidia por parte de la Administración. Ésa acusación la efectuó ayer el grupo municipal de CiU.

"La prueba de que el Consistorio actúa es que hace unos meses dos funcionarios fueron condenados por cohecho", apuntó Martí. Es el caso de dos funcionarios del Instituto Municipal de Hacienda condenados a penas de ocho y cinco años de prisión por cohecho y falsedad.

2/4/2009 Edición Impresa LA INVESTIGACIÓN DE LOS LOCALES DE SEXO

Cárcel para el inspector municipal y registro en la sede del Eixample

  • • La jueza dicta prisión eludible con fianza para un ingeniero e interroga a más amos de prostíbulos
    • Los investigadores sospechan que la red corrupta puede haber actuado en más zonas de la ciudad

 El funcionario Manuel Martínez, ayer, a la salida del registro de la sede del distrito del Eixample. Foto:  FERRAN NADEU

El funcionario Manuel Martínez, ayer, a la salida del registro de la sede del distrito del Eixample. Foto: FERRAN NADEU

J. G. ALBALAT
BARCELONA

Actividad frenética. La investigación de la trama de corrupción, que ya ha salpicado al Ayuntamiento de Barcelona, y prostitución ilegal se está desarrollando de una forma intensa y minuciosa. La jueza Elisabet Castelló, a petición de los dos fiscales del caso, acordó ayer el ingreso en prisión sin fianza del inspector municipal Manuel Martínez Martínez por los delitos de cohecho, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.


Pero antes de que entrara en la cárcel, los Mossos condujeron al funcionario a su despacho en la sede del distrito del Eixample, en la calle Aragó, para registrarlo. Los investigadores sospechan que la red corrupta puede haber actuado en otras zonas de la ciudad. Sin ir más lejos, el inspector encarcelado trabajó en Ciutat Vella hasta el 2001 y el ingeniero Joaquín Quílez Mata, para quien la magistrada dictó prisión eludible con una fianza de 15.000 euros por cohecho, ha realizado informes para locales repartidos por toda Barcelona.


"Quílez es una persona muy conocida y ha elaborado informes técnicos para locales de toda Barcelona", aseguró ayer a este diario una persona que ha tratado con este ingeniero industrial que figura en el Registro Mercantil como administrador de siete sociedades. Los Mossos se han incautado de decenas de documentos durante los registros que se efectuaron el martes en su despacho profesional, en la calle Numància, y en su domicilio particular.


EXPEDIENTE
Los agentes también entraron en la residencia particular de Manuel Martínez, que supuestamente percibió dinero, a través de la intermediación de Quílez, que provenía de los dueños de locales que pretendían regularizar la situación de sus negocios o conseguir licencias de apertura o de acondicionamiento. Y ayer, los Mossos, bajo las órdenes de la jueza, registraron durante unas dos horas el despacho del funcionario en la sede del distrito del Eixample. Media docena de agentes, acompañaron de un secretario judicial, se llevaron dos cajas repletas de expedientes vinculados al detenido, que gestionaba las licencias y las inspección de locales, tanto de ocio nocturno como de otras características, como hostales.


Y un ejemplo de esos manejos es la historia del pub Donegal. La exdueña del local, María del Carmen Ahijado, condenada a cinco años y medio de prisión por contaminación acústica, relató ayer que Quílez se le presentó como funcionario del Ayuntamiento de Barcelona en el distrito de Ciutat Vella (no lo es) y le exigió 9.000 euros para evitar tener problemas en su bar musical. Al final, pagó 6.000 en dos tandas. Detalló que mantuvo una entrevista con el ingeniero en la sede del distrito para hablar de las denuncias presentadas por los vecinos. La mujer se quejó de que "fue extorsionada" y explicó que remitió una carta describiendo lo sucedido al entonces concejal de distrito, Carles Martí.


ABOGADOS
Fuentes judiciales aseguraron que al abogado Fernando Martínez, que ayer depositó la fianza de 20.000 euros exigida para eludir la prisión, se le preguntó por el ingeniero Quílez pues, al parecer, había participado en trámites relacionados con un local. También depositó la fianza de 20.000 euros el letrado Alex Garberí. Los dos han presentado un recurso contra la entrada y registro en su despacho.


A pesar de que las actuaciones judiciales de los últimos días están relacionadas con la presunta trama de corrupción en la administración, la jueza y los fiscales no han dejado de lado las otras vías de investigación. Así, ayer declararon por la mañana en el juzgado como testigos cuatro propietarios de clubs de alterne. La dueña de uno de estos locales relató con detalle que en una ocasión fue detenida y que en las mismas dependencias policiales le conminaron a que se pusiera en contacto con el abogado Martínez que, tras sacarla de los calabozos, cobró una minuta de 18.000 euros. En la trama de sobornos, extorsión y connivencia entre burdeles, policías, abogados y funcionarios municipales han sido imputadas 19 personas, de las que seis están en la cárcel.

Ruido:

Cantabria: 20 sonómetros controlarán el ruido en Castro Urdiales


Troposfera - 02 abril 2009

Ruido La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Castro ha decidido dar un paso más en su lucha contra el exceso de ruidos a horas intempestivas. Si hace sólo unos meses los responsables municipales prohibieron realizar tareas de bricolaje y otras chapuzas domésticas los domingos y festivos, ahora vigilará de cerca la zona de copas de la localidad durante los fines de semana para que nadie suba el tono más de la cuenta. Para ello, el Consistorio instalará veinte sonómetros en varias calles y bares del casco histórico del municipio.

02/04/2009 ( Fuente: elcorreodigital.com)

La medida, pionera en Cantabria, viene motivada por las múltiples quejas vecinales que recibe la concejalía cada semana. Pese a que la iniciativa podría extenderse a otras zonas del municipio en un futuro, el Ayuntamiento ha seleccionado los enclaves que más protestas ciudadanas generan.

En concreto, está previsto instalar siete medidores de sonido en las calles La Rúa, Ardigales y Artiñano, donde no se podrán sobrepasar los 65 decibelios. Según explicó el edil de Medio Ambiente, Pedro Quintana, el control de los registros 'urbanos' será competencia de la Policía local.

Inspecciones semanales

De esta forma, cuando el sistema detecte más ruido del permitido, emitirá una señal en comisaría, y los agentes acudirán de inmediato al lugar. El caso de los pubs es algo distinto. Los propietarios deben asegurarse de contar con una buena insonorización en el local, porque a los vecinos no les puede llegar el eco de la música a «más de 30 decibelios».

Las mediciones acústicas registradas en los trece bares elegidos serán revisadas por técnicos de la propia concejalía «cada lunes». En caso de infringir la norma, el Ayuntamiento remitiría una primera carta de apercibimiento a los propietarios. Y si persistiera en la falta, le seguiría una multa. En casos reiterativos, el Consistorio podría cerrar el local.

Convencido de que los derechos a descansar y a salir de fiesta «se pueden compatibilizar», Quintana está satisfecho con la acogida que ha tenido la medida entre los dueños de los pubs. Y es que la mayoría tilda la iniciativa, que absorberá 50.000 euros, de «eficaz» y cree que «beneficiará a los que cumplen la ley». La instalación de estos 'registros sonométricos on-line' arrancará este mes. En mayo ya estarán operativos.

Campaña contra el ruido en Compostela

El Correo Gallego -

Desde que llegó al cargo, como la primera concejala de Seguridad Ciudadana que había en Galicia, la edil Marta Álvarez Santullano impuso en Santiago el trabajo en su departamento y la buena planificación, no solo en los aspectos de Tráfico, que también dependen de ella. En un tema tan delicado como el de los ruidos nocturnos, derivados sobre todo de la movida, lo primero que hacía falta era asumir el problema, que durante muchos años se minimizó o incluso se negó. La labor de control del departamento de Santullano se ha extendido a los locales, clausurando aquéllos que no cumplen la ley. Y aunque queda mucho por hacer, porque es un tema sin resolver en casi todas las ciudades, se están tomando medidas. Se dan pasos en la buena dirección y, sobre todo, se aborda el problema con sensatez y ganas. La edil sabe que no es de recibo que la gente no pueda dormir por la juerga de unos pocos. Y está dando el callo para mejorar la situación.

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