Miércoles 20 de enero de 2010

 

El Consell no descarta movilizaciones y emprender acciones legales en defensa de los chiringuitos

Mediterráneo - 20/01/2010 

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha asegurado hoy que la Generalitat llegará "hasta las últimas consecuencias" y no descarta ninguna acción judicial, política o social, incluidas las movilizaciones, para que el sector hostelero valenciano tenga un trato "igualitario y justo".

Castellano se ha pronunciado así en rueda de prensa tras reunirse con la Federación de Hosteleros de la Comunitat Valenciana y los concejales de turismo de las tres capitales de provincia para preparar la reunión que el conseller mantendrá mañana con el Ministerio de Medio Ambiente para tratar la aplicación de la ley de Costas.

En la reunión con el Ministerio, Castellano reclamará el traspaso de las competencias sobre los locales públicos en la zona marítimo-terrestre; una moratoria en los derribos y en la limitación del espacio de los chiringuitos hasta que haya una solución definitiva, e incluso si hace falta una modificación de la ley.

Ha asegurado que irá a la reunión con una posición "muy firme" de defensa de los intereses del sector hostelero de la Comunitat, que en estos momentos tiene 45 empresas afectadas por la aplicación "caprichosa" de la ley de Costas, pero que a medio y largo plazo puede afectar a 500 locales y suponer la pérdida de 5.000 empleos y 500 millones de euros.

"Queremos soluciones definitivas", ha asegurado Castellano, quien ha resaltado que, si el Gobierno no cambia de postura y se logra un consenso con la Generalitat y el sector -que van "al unísono"-, llevarán a cabo "todo tipo de acciones", desde movilizaciones sociales hasta iniciativas de modificaciones legales y jurídicas.

El conseller ha insistido en que, si bien la voluntad de la Generalitat es llegar a consenso con el Ministerio, no quieren soluciones "temporales" o "de parcheo", sino medidas "estables y sólidas", y ha considerado que no se puede "consentir" que en otras Comunidades autónomas "se haga la vista gorda" o se aplique la ley de manera distinta.

Castellano ha defendido que los locales afectados por la aplicación de la ley de Costas en la Comunitat Valenciana están situados tras el paseo marítimo, no invaden la arena y no obstaculizan el paso, al contrario de lo que ocurre en otras autonomías, a pesar de lo cual no han recibido ninguna notificación.

Además, ha hecho hincapié en que no se puede someter "a estos vaivenes" a un sector tan importante como la hostelería, y en que no se puede "estar jugando" con el empleo y el negocio que representan.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR), Juan Carlos Gelabert, ha reivindicado el "apoyo popular" con que cuentan estos locales, que atraen mucho turismo, y ha agradecido el trabajo de la Generalitat en esta cuestión.

Por su parte, la concejal de Playas del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, ha pedido al conseller que aproveche la reunión con el Ministerio para reclamar, como hacen desde 2007, la regeneración de las playas de Pinedo y El Saler, ya que sólo se lleva arena a Chipiona y Rota

 

VALENCIA | Polémica por la Ley de Costas

El Consell plantea medidas 'jurídicas y sociales' para proteger los chiringuitos

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano | Efe.

Europa Press | Valencia  -  El Mundo -  20/01/2010

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, aseguró este miércoles que el Consell no descarta impulsar medidas "jurídicas, judiciales, políticas o sociales" en defensa de los locales del litoral valenciano afectados por la Ley de Costas, y aseguró que en la reunión que este jueves mantendrá en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reclamarán una solución "estable", la transferencia de las competencias a la Generalitat y señaló que "si hace falta, que se modifique la ley" que rige las concesiones de estos locales.

Castellano, tras mantener una reunión con la Federación de Hosteleros de la Comunidad Valenciana y con los tres concejales de Turismo de los ayuntamientos de Castellón, Valencia y Alicante, indicó que la posición "unánime" que trasladará en la entrevista del jueves se centra en reclamar una solución "estable, sólida y definitiva" y no de "parcheo, temporales y discriminatorias" respecto a locales de otras comunidades autónomas que sí están ubicados en la propia arena, recordó.

A su juicio, no se puede comprender que en otros territorios se haga "la vista gorda" y "se esté aplicando la misma ley" de manera "absoluta y radicalmente diferente" y no de forma "absolutamente estricta" como ocurre en la Comunidad.

El conseller, que calificó la situación actual de "ataque indiscriminado al sector del turismo", señaló que un estudio de la federación de hostelería revela que a medio plazo se puede hablar de 500 locales valencianos afectados, la pérdida de 5.000 puestos de trabajo y de 500 millones de euros.

De este modo, el Consell trasladará al Ministerio que la moratoria que actualmente se está aplicando "sea para todos los que están en condiciones iguales", que se transfieran las competencias de autorizaciones y concesiones de estos locales a la comunidad autónoma, es decir, a la Generalitat" y que hasta que la situación no se solvente, no existan más comunicaciones de cierres ni de derribos para ningún local de la Comunidad Valenciana.

Castellano se reunirá con el Ministerio ofreciendo "todo el diálogo y la predisposición del mundo a llegar a un acuerdo", pero con una posición "muy firme" en defensa de los intereses del sector afectado y afirmó que por seguridad jurídica no se puede estar sometido al "capricho político de nadie".

Modificación de la ley

Asimismo, admitió que "si al final hace falta que se modifique la normativa que desarrolla la ley, que se haga; llegaremos hasta las últimas consecuencias para que exista un trato igualitario" entre los locales del litoral español.

En caso de que no haya acuerdo, advirtió, "haremos todo tipo de acciones que creamos conveniente para conseguir lo que nosotros entendemos que es de justicia".

Preguntado sobre estas medidas, indicó que son "de todo tipo", desde el impulso de movilizaciones sociales o iniciativas de modificaciones legales, jurídicas, "tanto las que legítimamente el sector ha estudiado y ha propuesto como las que decidamos que podemos llevar adelante" y mencionó en este sentido iniciativas de naturaleza "jurídica, judicial, política o social".

Por su parte, el presidente de la Federación de Hostelería Juan Carlos Gelabert agradeció a las administraciones su implicación, se mostró convencido de que sus reivindicaciones parten "con el apoyo popular" y afirmó que estos locales "son necesarios para nuestra forma de vida".

Prohibición de fumar

Preguntado sobre si apoya también la posición contraria del sector a que se prohíba fumar en los locales de ocio, Castellano se mostró muy de acuerdo con el respeto a los no fumadores y con luchar contra los perjuicios que causa el tabaco, pero cuestionó la actitud del gobierno y señaló que hay que tener "unos planteamientos más serios".

Así, reclamó que cuando se legisla, se haga con vocación de permanencia y estabilidad y recordó que se obligó a los locales a separar físicamente las zonas de fumadores de las de no fumadores "y al poco tiempo, eso que he dicho", algo en lo que se ha tenido que invertir, "ahora no vale".

DATOS | Según el PSOE

El Ayuntamiento recibe 60.000 llamadas por ruido en diez meses

Efe | Madrid - El Mundo - 18/01/2010

La central de comunicaciones de la Policía Municipal recibió 60.154 llamadas por ruido en los diez primeros meses de 2009, un 30% más que las 46.161 del mismo periodo de 2008, según el concejal socialista Óscar Iglesias, que ha criticado la "incompetencia" del Ayuntamiento para afrontar este problema.

Óscar Iglesias, presidente del grupo socialista y responsable de temas de Seguridad, ha explicado que, según las estadísticas policiales, una de las fuentes más habituales de ruido es el tráfico rodado y que, de enero a octubre de 2009, las denuncias a vehículos ruidosos aumentaron un 13%, con 874 contabilizadas frente a las 776 de 2008.

En cambio, los ruidos derivados de la actividad industrial ocasionaron 615 denuncias en 2009, frente a las 714 de 2008.

Para Óscar Iglesias, los datos evidencian que las quejas ciudadanas generadas por el tráfico de vehículos, el ocio nocturno, la industria, los vecinos ruidosos y el botellón, entre otras actividades, aumentaron en los diez primeros meses de 2009 de forma "alarmante".

A su juicio, Madrid padece un sinfín de sonidos de alto volumen que perturban la calidad de vida de los ciudadanos, crean problemas de salud y contribuyen a la degradación de los barrios.

Así lo indica en un comunicado, en el que subraya la "total incompetencia" del Gobierno de Ruiz-Gallardón para afrontar este "grave problema" y acusa al alcalde de "limitarse a generar titulares de prensa con medidas sin contenido práctico real".

Iglesias ha puesto el énfasis en que "no existe como tal ninguna una Brigada Antirruido con más de 300 efectivos, como anunció el Ejecutivo local", sino que "lo que hay es que 1.300 policías han realizado un curso que no les cualifica como expertos en contaminación acústica".

También ha criticado que los "mediadores del silencio", a los que se ha referido como "otra de las invenciones del Gobierno municipal", sean solamente "voluntarios dependientes del Área de Economía que tienen un punto de información en Alonso Martínez".

Óscar Iglesias considera que la Policía Municipal carece de medios materiales suficientes para atender las más de 60.000 quejas recibidas por parte de los ciudadanos, pues sólo cuenta -asegura- con unos 53 sonómetros disponibles en las unidades policiales y doce más en Medio Ambiente.

Por todo ello, Iglesias ha reclamado al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que "no escurra el bulto y haga cumplir, de una vez por todas, como es su obligación, la normativa vigente, utilizando el abanico de instrumentos a su disposición para luchar contra la contaminación acústica, porque los ciudadanos tienen el derecho legítimo de poder descansar, dormir y vivir con tranquilidad".

CASTILLA Y LEÓN

«La contaminación acústica merma la calidad de vida y mina la salud»

Jesús M. Calvo Asociación para el Respeto Social y Urbano

NorteCastilla - 18.01.10 – T. L. | VALLADOLID.

Preside desde Palencia la Federación de Asociaciones para el Respeto Social y Urbano (Farsu) que, con una inquietud medioambiental, lucha contra la contaminación acústica y de los campos electromagnéticos. Jesús María Calvo considera que la ineficacia de las administraciones ampara niveles de contaminación acústica que son verdaderos atentados contra la salud.

-¿Le sorprende el porcentaje de castellanos y leoneses que dice padecer problemas de ruidos?

-Los datos de esta encuesta no me sorprenden, porque nosotros manejamos estadísticas que hablan de un 30% de ciudadanos molestos por los ruidos.

-¿Es la contaminación acústica uno de los males de las ciudades del siglo XXI?

-Sin duda alguna. La contaminación acústica merma la calidad de vida y mina la salud, pero no sólo es un mal de las ciudades. En los pueblos también hay problemas, porque hay actividades de ocio que perturban a los vecinos, trasciendan o no a la opinión pública.

-Pero parece que lo que más molesta no son los botellones, sino los ruidos que provocan de los vecinos.

-Todos los estudios coinciden en que el tráfico y la maquinaria pública (recogida de residuos y servicio de limpieza de los ayuntamientos) es lo más molesto, aunque una cosa es lo que los ciudadanos manifiestan y otra lo que denuncian. En este segundo apartado destacan las actividades de ocio.

-¿Qué ruidos son los más difíciles de soportar?

-Son aquellos que alteran más directamente la calidad de vida y la salud y que, además, gozan de una protección de hecho inconcebible: las actividades de ocio nocturno. Se producen en las horas de descanso de los ciudadanos y tienen como consecuencia el estrés, la falta de rendimiento, el agotamiento, la aceleración del ritmo cardiaco... El ciudadano se ve afectado en un derecho fundamental, un derecho constitucional básico, y la administración en vez de velar por su protección ampara su vulneración.

-¿Qué es peor, un ruido chirriante o un continuo y permanente mal olor?

-Los dos son tremendos. Yo creo que la diferencia está en aquel que se mete en tu domicilio y que no puedes repeler aunque quieras. El olor es más fácil de ocultar, el ruido es más agresivo porque no hay puertas ni ventanas que puedan con él.

-¿Por qué cuesta tanto denunciar?

-Porque los ciudadanos se aburren ante la inoperancia. Por un lado se ven desasistidos y desamparados y, por otro, temen sentirse señalados o acabar siendo objeto de alguna represalia de un tipo o de otro, sobre todo cuando se trata de vecinos o de locales nocturnos.

Falta de educación

-¿Por qué en España somos tan ruidosos?

-Por falta de una educación general básica y de auténtica solidaridad. Somos solidarios con los países del Tercer Mundo, pero no con la persona que tenemos al lado o con la que nos cruzamos todos los días.

-¿Qué opinión le merece la Ley del Ruido de Castilla y León que entró en vigor el pasado mes agosto?

-La ley, en términos generales, está bien, aunque presenta alguna laguna o imprecisión. Aplicarla sería eficaz y más que suficiente, pero no hay voluntad política de cumplirla y hacerla cumplir. Y digo de cumplirla, porque la misma Administración no muestra ningún interés, de ningún tipo, en aprenderla.