Mediterráneo
EL OJO CRÍTICO.
Botellón en María Agustina
09/04/2007
El Economista.es
Código Técnico de la Edificación: los promotores tienen un año para hacer viviendas sin ruido
Antonio Chacón | 6:00 - 9/04/2007
La Nueva España
GIJÓN
Asociaciones vecinales plantean un impuesto a los vehículos para frenar la contaminación
La entidad «A pie de barrio» quiere que los partidos incluyan en sus programas electorales un decálogo para mejorar la salud de los gijoneses
Albina FERNÁNDEZ
El Comercio Digital
GIJÓN
El Ayuntamiento clausuró 105 bares en los dos últimos años por infracciones de ruidos
Expedientó en 2006 a 139 negocios hosteleros, de los que 26 se enfrentan a multas a partir de 12.000 euros La aplicación de la nueva ordenanza municipal impuso sanciones a 24 vehículos por contaminación acústica
M. MORO/GIJÓN
Faro de Vigo
Castigan con prisión a una hostelera de la "movida" por no acatar el cierre de su bar
Una sentencia condena a la administradora de la sala Estarlux a 7 meses de cárcel por desobedecer un cese de actividad de 2004.
N. D. / Pontevedra
Una sentencia rebaja una multa municipal por exceso de ruido
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Mediterráneo
EL OJO CRÍTICO.
Botellón en María Agustina
09/04/2007
En pleno centro político de Castellón, entre la sede de la Subdelegación del Gobierno y la Diputación provincial, se pueden ver estos restos de botellas y basuras. En un banco de la plaza María Agustina se observan desechos y vidrios de la noche anterior. En Semana Santa, cuando muchos turistas optan por Castellón para descansar es cuando más se debe cuidar la imagen de la capital.
El Economista.es
Código Técnico de la Edificación: los promotores tienen un año para hacer viviendas sin ruido
Antonio Chacón | 6:00 - 9/04/2007
Desde el 29 de marzo, todo el Código Técnico de la Edificación (CTE) es de aplicación obligatoria en todos los nuevos edificios. ¿Todo? No, salvo dos documentos básicos: el de protección frente al ruido y el de accesibilidad.
Éste aún está en preparación, y el primero, el más polémico, está pendiente del dictamen del Consejo de Estado para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.
Una vez reciba el visto bueno del Gobierno, el documento sobre ruido (DB-HR) no entrará en vigor de forma obligatoria inmediatamente. Como pedían, los agentes implicados (promotores, arquitectos, aparejadores, fabricantes de ladrillos y materiales...) disfrutarán de un periodo transitorio en que la nueva normativa no será de aplicación obligatoria y coexistirá con la actual (NBE-CA 88), vigente desde hace más de 25 años. Ese periodo aún está por fijar definitivamente, pero oscilará entre ocho y 12 meses, según reveló a elEconomista el secretario general de la Asociación Española contra la Contaminación por el Ruido (Aecor), Juan Frías.
Ese plazo es suficiente para Aecor y los fabricantes de ladrillos y aislantes acústicos. En cambio, es corto para arquitectos y constructores, que exigían 18 meses.
Escasez de materiales
El DB-HR es el documento del CTE más temido por los promotores. Éstos se quejan de la escasez de materiales en España necesarios para cumplir las nuevas y estrictas exigencias de aislamiento acústico. Eso puede alargar los plazos de ejecución de las obras, según Javier López-Ulloa, presidente de la Comsión Técnica de la patronal de los promotores madrileños (Asprima).
Sin embargo, según el secretario general de Aecor, es "falso" que no haya materiales, pues "muchos de sus fabricantes son multinacionales que llevan haciendo esto en muchos países desde hace mucho tiempo". Por eso, argumenta Frías, esos fabricantes son "los primeros interesados" en que todo entre en vigor.
Otra novedad del DB-HR es que permite la realización de mediciones in situ de edificios terminados para verificar que cumplen con las nuevas reglas. Esas mediciones se harán cuando esté en el proyecto, sea solicitado por alguno de los agentes (incluidos los usuarios) o sea exigido por la legislación aplicable. Esto último significa que lo determinarán las comunidades autónomas, porque tienen transferidas las competencias para ello. Esas mediciones "levantan ampollas" entre los promotores, según Frías, porque temen que les lluevan denuncias de los usuarios por deficiencias en el aislamiento acústico.
La Nueva España
GIJÓN
Asociaciones vecinales plantean un impuesto a los vehículos para frenar la contaminación
La entidad «A pie de barrio» quiere que los partidos incluyan en sus programas electorales un decálogo para mejorar la salud de los gijoneses
Albina FERNÁNDEZ
Restricciones al transporte privado mediante un impuesto de salud en relación con la cilindrada de los motores, oposición a la incineradora, regulación estricta de la contaminación electromagnética y uso de las energías renovables. Éstos son sólo algunos de los puntos propuestos en el decálogo sobre la promoción de la salud elaborado por «A pie de barrio», la iniciativa de la Asociación de Vecinos de La Arena que busca mejorar la salud comunitaria. La propuesta será presentada a los partidos políticos para que la incluyan en sus programas electorales y ya fue aprobada por la Federación de Vecinos, FAV.
El decálogo responde a que la salud es la gran olvidada de los programas electorales pese a ser un factor clave para la vida humana, y parte de la base de que las estrategias de promoción de la salud requieren el esfuerzo de toda la sociedad. Sus puntos son:
1. El compromiso de analizar los problemas de salud de forma colectiva y comunitaria. Por ello se realizará un informe periódico sobre las políticas saludables promovidas por los poderes públicos.
2. La voluntad de ampliar la democracia institucional a través de la participación ciudadana, entendida no sólo como un derecho a la información, sino con capacidad de intervención real.
3. La atención a la salud escolar, con mayor énfasis en la educación afectiva para las relaciones. «A pie de barrio» considera de capital importancia trabajar la promoción de la salud desde edades tempranas y desarrollarla dentro programas comunitarios más amplios con el fin de conseguir un mayor impacto.
4. El desarrollo de alternativas de ocio saludable para adolescentes y jóvenes, accesibles y gratuitas, con políticas específicas contrarias al alcohol, al tabaco y a otras sustancias adictivas. La adolescencia en grave riesgo social debe tener mayor apoyo de los educadores de calle y adecuados programas comunitarios.
5. La puesta en marcha, de forma prioritaria de la ley de Dependencia y su desarrollo integral. Guarderías públicas gratuitas y medidas que promuevan la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados.
6. La mediación desde los equipos de atención primaria en promoción de la salud, con especial atención a la prevención de las enfermedades crónicas, la educación sanitaria y la transmisión de adecuada información.
7. El apoyo a un sistema sanitario al servicio de la ciudadanía, sostenible (contrario a la «medicalización») y que responda a las necesidades de salud de los ciudadanos, lo que implica medidas correctoras de las listas de espera, el consumo de medicamentos genéricos o la integración en la gestión pública de los hospitales de Jove y Arriendas.
8. Medidas de seguridad y protección de los consumidores. Alertas sobre el consumismo y sus efectos nocivos.
9. La puesta en marcha de iniciativas que promuevan estilos de vida más saludables, de apoyo a la autoayuda, los autocuidados, las redes sociales y el reforzamiento comunitario con el propósito de capacitar a la ciudadanía para una gestión más autónoma de la salud.
10. Apuesta por los entornos saludables con medidas como la ampliación de espacios sin humos y verdes, apoyo al transporte colectivo con prioridad al tren y tranvía, la bici como vehículo alternativo y la reducción de ruidos, además de las citadas al principio de este artículo.
Integran «A pie de barrio» catorce asociaciones de vecinos y numerosas asociaciones de tipo social y relacionadas con las actividades sanitarias.
El Comercio Digital
GIJÓN
El Ayuntamiento clausuró 105 bares en los dos últimos años por infracciones de ruidos
Expedientó en 2006 a 139 negocios hosteleros, de los que 26 se enfrentan a multas a partir de 12.000 euros La aplicación de la nueva ordenanza municipal impuso sanciones a 24 vehículos por contaminación acústica
M. MORO/GIJÓN
El Ayuntamiento de Gijón cerró 105 bares en los dos últimos años por infracciones de ruidos. En 2006 los establecimientos clausurados por incumplir la normativa de Medio Ambiente fueron 53. Los negocios que tuvieron que cerrar sus puertas por idénticos motivos el año anterior fueron 52. La estadística conjunta de ambos años -los 105 bares clausurados- es superior a la suma de los tres años anteriores. No en vano el medio centenar de cierres que se ha establecido de media anual es casi el doble que el contabilizado en 2004, cuando las clausuras afectaron a 28 establecimientos.
Detrás de estos datos está el aumento de las denuncias ciudadanas, pues no es habitual que ni la Concejalía de Medio Ambiente ni la Policía Local actúen de oficio, sino después de recibir las quejas de los vecinos afectados por los ruidos. En cambio, la entrada en vigor hace un año de la nueva ordenanza municipal del ruido no ha influido de manera sustancial en el crecimiento de la actividad sancionadora contra el sector hostelero, ya que el nivel de intervención del Ayuntamiento fue similar en 2005 cuando aún no se había promulgado la controvertida norma.
La mayoría de las sanciones duró tan sólo unas semanas, tiempo en el que los hosteleros suelen corregir las deficiencias. Aunque también se han dado casos más graves y algunos bares han tenido precintadas sus puertas durante meses. Otro problema con el que se han encontrado los responsables municipales en alguna ocasión es la reincidencia en la infracción de algunos hosteleros.
El motivo principal de la mayoría de las clausuras temporales de bares es el ruido. Fundamentalmente poner música amplificada sin tener licencia para ello o exceder los límites de su licencia. En estos casos, la solución es fácil si el propietario quiere cooperar, pues tan sólo debe adaptar el equipo de música para emitir los decibelios permitidos a su local.
Los cierres, en cualquier caso, son siempre el último recurso. Antes de poner el precinto en el establecimiento, el Consistorio hace una serie de apercibimientos y aplica sanciones administrativas y económicas.
En total, durante el pasado año se abrieron 319 expedientes sancionadores, de los que 139 afectaron a bares, restaurantes, cafeterías y locales de copas. De éstos, 26 correspondieron a sanciones muy graves y otras 100 a graves. Los primeros hosteleros, según la vigente ordenanza municipal del ruido, deberán enfrentarse a multas desde 12.001 euros hasta 300.000. Los segundos tendrán que abonar unas cantidades desde 601 hasta 12.000 euros.
A pesar de la dureza de la nueva norma en materia sancionadora, el gerente de la Asociación de Hostelería de Gijón, Ramón Galán, asegura no haber recibido quejas de sus socios en este sentido. En lo único que ha notado el sector la entrada en vigor de la ordenanza, según Galán, fue en la instalación de limitadores de sonido en discobares y locales con música ambiental. La moratoria para asumir esa medida de obligado cumplimiento finalizó el pasado 27 de enero.
La apertura de procesos sancionadores por parte de la concejalía de Dulce Gallego aumentó el pasado año en torno a un 27% respecto a 2005. Medio Ambiente también actuó contra 122 particulares (en su mayoría por cuestiones leves), 34 empresas no hosteleras (5 con sanciones muy graves) y 24 vehículos por incumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica. Estos últimos fueron en su mayoría ciclomotores. La ordenanza del ruido prohíbe la circulación a escape libre, sin silenciador o con un tubo que no esté homologado. Las sanciones conllevaron en estos casos el inmovilizado del vehículo infractor y multas leves de hasta 600 euros.
Primer trimestre
Por otra parte, en el primer trimestre de este año se han abierto un total de 39 expedientes sancionadores por la ordenanza municipal del ruido, de los que 11 corresponden al sector hostelero. De éstos, 10 corresponden a asuntos considerados graves y otro más a leves. También tienen expedientes en marcha 20 particulares y 4 vehículos. En lo que va de año también se han tramitado 4 expedientes sancionadores por incumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos del Principado, esto es, por no aplicar los horarios de cierre correspondientes. Durante 2006 se abrió más de un centenar de expedientes por este mismo motivo.
Faro de Vigo
Castigan con prisión a una hostelera de la "movida" por no acatar el cierre de su bar
Una sentencia condena a la administradora de la sala Estarlux a 7 meses de cárcel por desobedecer un cese de actividad de 2004.
N. D. / Pontevedra
El Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra ha dictado una sentencia relacionada con la "movida" que el concello ha calificado de "ejemplar". La juez ha condenado a la administradora de la sala "Estarlux", ubicada en la calle Cruz Roja, a siete meses de prisión por desobedecer de forma reiterada (al menos en tres ocasiones) una orden municipal de cese de actividad y cierre del bar por carecer de licencia.
Se trata de uno de los castigos más duros que se recuerdan en los últimos años por asuntos relacionados con la "movida", y que, además, afectan a un establecimiento que ha estado permanentemente en el punto de mira de los vecinos de la zona. Sin embargo, aunque las quejas vecinales siempre apuntaban a supuestos ruidos y molestias, la condena se produce por una cuestión administrativa.
El fallo judicial fue dado a conocer ayer por el concejal de Protección Ciudadana, Guillerme Vázquez, quien destacó que "supone un respaldo expreso a la actuación que este concello lleva adelante para el control de la movida". El edil insistió en que "a la larga, las medidas en marcha están dando resultado".
Concierto sin autorización
El caso por el que ha acabado condenada la administradora del Estarlux (y un encargado, esta vez a 180 euros de multa), comenzó en noviembre de 2004, cuando el alcalde firmó una resolución por la que se decretaba el cese de actividad del establecimiento por carecer de licencia.
Cuatro meses más tarde, en marzo de 2005, se envió a los empresarios hosteleros un nuevo requerimiento, ya que se comprobó que el bar seguía abierto. En ambos casos se advertía a los dueños de que el incumplimiento de estas órdenes podría suponer un delito de desobediencia.
La gota final que llevó al concello a trasladar el asunto a los juzgados se produjo el 28 de mayo de 2005. Aquel día estaba anunciado un concierto en la sala y la Policía Local, en aplicación del cese de actividad, emplazó a los promotores a no celebrarlo. Sin embargo, se comprobó que el recital sí se llevó a cabo, a pesar de todo.
Veinte meses después llega el primer fallo judicial al respecto, que condena a la administradora a siete meses de prisión, y al encargado a 30 días de multa, a razón de seis euros por día.
Guillerme Vázquez recordó ayer que esta sentencia no es todavía firme, por lo que puede ser recurrida, pero insistió en la importancia de este tipo de fallos, sobre todo por el efecto que pueda tener sobre otros establecimientos.
El caso del Estarlux es llamativo, además, porque durante sus años de actividad (con este o con otro nombre, pero siempre como sala de conciertos en la calle Cruz Roja), este local ha estado presente en todas las quejas vecinales sobre la movida por parte de los vecinos.
Una sentencia rebaja una multa municipal por exceso de ruido
El propietario de un bar de la plaza de Marqués de Aranda, El Coyote, deberá pagar 1.800 euros de multa y tener su local cerrado tres semanas, en cumplimiento de una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso número 3 de la ciudad, por superar los niveles de ruido permitido.
En concreto, las mediciones municipales alcanzaron un nivel de 94,9 decibelios. Por esta razón, el concello impuso una multa de 3.000 euros y dos meses de cierre. Los afectados recurrieron la sanción al juzgado y lo que han conseguido es una rebaja parcial de la multa. Según Guillerme Vázquez, el juez argumenta que la sanción municipal es desproporcionada porque los 94,9 decibelios superan "por escaso margen" el límite permitido de ruido. Se estima que superan ese límite en un 15% aproximadamente.
Pese a esta rebaja de las sanciones, el resto de deficiencias son confirmadas por el juez, por lo que el edil de Protección Ciudadana se mostró ayer satisfecho de esta sentencia y de la del Estarlux, "que nos animan a seguir en esta linea".
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