Cartas al director. Crítica a la ZAS de Benicasim.
BAIX MAESTRAT
Coto a los ladridos
Un vecino de Càlig y otro de Vinaròs han presentado sendas quejas ante el Síndic de Greuges por las molestias producidas por perros
Juan José Benito, Castelló
Las molestias causadas por los ladridos constantes pueden llegar a provocar más de un quebradero de cabeza. Así se lo han hecho constar dos vecinos del Baix Maestrat al Síndic de Greuges, estamento de la Generalitat Valenciana al que le han transmitido sus quejas a fin de que medie una solución.
Un vecino de Càlig se dirigió a este organismo para denunciar las «insufribles molestias acústicas» que padece como consecuencia de los ladridos de más de veinte perros que se ubican en cuatro patios colindantes a su domicilio y que pertenecen a cuatro propietarios diferentes. Así se recoge en el escrito remitido por el Síndic al Ayuntamiento de Càlig en el que se recomienda al consistorio que, de forma urgente, ordene a los propietarios de los perros que adopten las medidas necesarias para evitar las molestias sonoras. Además, se advierte de que, si no lo cumplen, se incoará la correspondiente sanción, que podría acabar incluso con la confiscación de los animales.
El alcalde de Càlig, Manuel Anglés, ha reconocido que «en su día ya se remitió un oficio a los propietarios para que tomaran las medidas oportunas» , cuestión que también se recoge en el escrito hecho público por la Sindicatura de Greuges. El alcalde incluso llegó a visitar a los propietarios para hablar del tema, pero pese a esas gestiones el vecino comunicó que seguían las molestias acústicas.
Anglés informó que incluso en su día el Seprona visitó a los propietarios para conocer el estado en el que se encontraban los animales y los recintos que ocupan, indicando el alcalde que no podían hacer nada ya que «las instalaciones estaban correctas y los perros también» . El alcalde, explicaba que incluso uno de los propietarios colocó unos collares antiladridos. Por último, Anglés señaló que el ayuntamiento seguirá las recomendaciones marcadas por el Síndic.
Más quejas
A la queja del vecino de Càlig se suma la de otro afectado de Vinaròs. También éste ha remitido una denuncia a la Sindicatura por los ladridos de unos doce perros sueltos que están en un chalet enfrente de su casa. La persona interesada denunciaba las graves molestias que venían padeciendo desde hace años debido al total abandono en el que se encuentran los animales. En este caso existe una clara contradicción ya que el ayuntamiento asegura que han hecho un seguimiento del caso y que no han visto que los animales ocasionaran molestias. Desde el Síndic se pide al consistorio que haga una nueva inspección nocturna, ya que es competencia del consistorio preservar los derechos de sus vecinos. El ayuntamiento un mes para aceptar o no las sugerencias.
EE UU impone sanciones en New Jersey
El Consejo Deliberante del estado de New Jersey quiere establecer una ley para multar a los perros que ladren más de 30 minutos durante dos días seguidos. La ciudad ya cuenta con leyes contra los aullidos constantes. Ahora quiere también limitar a los canes escandalosos. Las multas que se plantean por infringir este nuevo reglamento serían de un mínimo de 250 dólares. No obstante, estas leyes son difíciles de cumplir ya que en el registro canino de la ciudad aparecen inscritos 3.756 animales.
El Mundo
EL PSOE E IU PIDEN EXPLICACIONES AL CONSISTORIO
Imputados tres ediles del Ayuntamiento por contaminación acústica
* Martínez, González y Calvo pueden ser condenados a entre 6 meses y 4 años de prisión
* Los denunciantes viven en un tramo que no fue soterrado por la reforma de Gallardón
* El proceso comenzó hace unos 20 años
* Cobo muestra su sorpresa y asegura que esto 'da la razón' a las obras del Ayuntamiento
Actualizado lunes 30/04/2007 14:27 (CET)
ELMUNDO.ES | EUROPA PRESS
MADRID.- Los concejales de Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad y Servicios a la Comunidad de Madrid, Pilar Martínez, Paz González y Pedro Calvo, respectivamente, han sido imputados por un delito de contaminación acústica y atmosférica.
Están encausados por no impedir que unos 8.000 vecinos de la avenida de Portugal -carretera de Extremadura-, que viven en un tramo no soterrado por las obras de la M-30, soporten más decibelios de los permitidos por Ley debido al exceso tráfico.
Según informó el diario 'El País', el juzgado de Instrucción número 45 de Madrid acusa a los ediles de cometer un delito de contaminación acústica y atmosférica por el que pueden ser condenados a penas que oscilan entre los seis meses y los cuatro años de prisión.
El miembro de la Junta directiva de la Asociación de Vecinos Unión Casa de Campo, Juan José Gómez Sánchez, aseguró que el proceso que ha llevado a la imputación de los tres concejales comenzó hace 20 años, cuando denunciaron ante el Ayuntamiento de Madrid sus problemas de contaminación acústica y medioambiental debido al tráfico rodado de la avenida de Portugal.
"Hace cuatro años nos dijeron que con el soterramiento de la M-30, que en un principio estaba planeado hasta la avenida de los Poblados, se solucionaría todo, pero no fue así", señaló Gómez Sánchez, quien aseguró que según un informe realizado por la Guardia Civil, el ruido que hay en la zona supera los decibelios permitidos por Ley.
Aulas tapiadas para evitar ruidos
El afectado -que dijo haberse enterado de la imputación de los ediles por la prensa- afirmó que en el distrito de Batán existen varios centros de salud, residencia de mayores y colegios "cuyas aulas están tapiadas para los niños puedan asistir a clase sin tener que escuchar los ruidos de la carretera, que no les permiten concentrarse".
"Después de intentar solucionar nuestras diferencias con el Ayuntamiento durante reiteradas ocasiones, nos dirigimos a la Fiscalía de Medio Ambiente que confirmó nuestras denuncias y llevó la causa a los juzgados", explicó.
Gómez Sánchez añadió que en los últimos meses varios vecinos de la zona han sido llamados a declarar ante la juez del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid para dar testimonio de sus problemas. "Muchas personas mayores que viven aquí tienen enfermedades auditivas como consecuencia del ruido", agregó.
Según este miembro de la Junta directiva de la Asociación de Vecinos Unión Casa de Campo, los residentes en la zona "buscan solucionar sus problemas". "No nos interesa que hayan imputado a tres ediles, lo que queremos es que se tenga conciencia de que esta parte de Batán es un vía urbana en la que se debe circular a 50 kilómetros por hora", concluyó.
Cobo: 'Se da la razón a las obras de las M-30'
El vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, que ha subrayado que el Ayuntamiento respetará la resolución judicial, ha indicado que el juez, con su decisión, "ha dado la razón a las obras de la M-30".
"Tantas críticas que hemos recibido y ahora descubrimos que los vecinos que más pena tienen por las obras son los que más querían que llegaran a sus casas", ha explicado Cobo, refiriéndose a los vecinos que denunciaron al Ayuntamiento, que "precisamente" viven entre la salida del nuevo túnel de la Avenida de Portugal y la salida a la carretera de Boadilla, un tramo no soterrado.
"Nos denuncian por no haberles soterrado la carretera de Extremadura, que existe desde hace 30 o 40 años. Esta administración no tiene responsabilidad alguna", ha incidido Cobo, que matiza que la actuación del juez puuede "tener unas consecuencias brutales", ya que supondría obligar a soterrar las carreteras nacionales que afecten a vecinos.
Críticas de la oposición
La portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha destacado que esta acción judicial es consecuencia de una denuncia vecinal y recordó que Izquierda Unida lleva muchos años "peleando" por la exigencia de medidas contra la contaminación acústica y contra la contaminación en general en la Avenida de Portugal y en otras zonas de la capital.
Aunque dijo que habrá que dejar actuar a la justicia, Inés Sabanés insistió en que los responsables municipales deben dar explicaciones.
Asimismo, resaltó la necesidad de atajar "de forma contundente" la contaminación, porque "para la gente es un sinvivir".
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Óscar Iglesias, afirmó que la imputación de tres concejales es consecuencia de "la ley de la selva en la que se ha convertido la ciudad de Madrid" con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.
"No se respetan las leyes medioambientales, no se respetan las ordenanzas, y los ciudadanos que han venido a pedir explicaciones o rectificaciones al Ayuntamiento se han encontrado con un portazo en las narices, que les ha llevado en este caso a acudir a los tribunales", dijo Iglesias a los periodistas coincidiendo con la celebración del Pleno municipal.
El País
Una juez imputa por contaminación acústica a tres concejales de Gallardón
8.000 vecinos de la avenida de Portugal sufren más de 80 decibelios de ruido desde hace años
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 30/04/2007
Una juez ha imputado a tres concejales del Ayuntamiento de Madrid -la edil de Medio Ambiente, Paz González; el de Seguridad, Pedro Calvo, y la de Urbanismo, Pilar Martínez- por un delito de contaminación acústica y atmosférica. Están encausados por no impedir el calvario de cerca de 8.000 vecinos de la avenida de Portugal, que desde hace 30 años soportan más de 80 decibelios de ruido -60 es el nivel máximo tolerable, según la ley- y los humos de los 150.000 coches que pasan cada día justo frente a sus casas. Por este delito pueden ser castigados con prisión de seis meses a cuatro años.
En los alrededores de la avenida de Portugal no se puede dormir. De día y de noche, según un informe de la Guardia Civil que consta en las diligencias del caso, el ruido de los coches supera con creces, en más de 20, el tope de 60 decibelios que la ley considera tolerable. En los cuatro colegios que hay en ese tramo de la carretera de Extremadura, los alumnos tampoco pueden concentrarse. Incluso con las ventanas cerradas, se oyen los motores y pitidos de los coches, según la queja repetida de los padres.
La Asociación de Vecinos Unión Casa de Campo presentó en marzo del año pasado una denuncia en los Juzgados de la plaza de Castilla. Fue la última opción, hartos de silencios y tras múltiples protestas, cartas al alcalde y reuniones con responsables del Ayuntamiento para que solucionasen su constante problema: el sinvivir que implica tener la casa a menos de 10 metros, e incluso a sólo dos, de una carretera por la que circulan 150.000 coches diarios. Es una las zonas más colapsadas de la capital.
Los vecinos creían que sus problemas con el ruido acabarían al hilo de las obras de la M-30 y el soterramiento de la carretera de Extremadura. Pero entonces el Ayuntamiento de Madrid decidió que ese túnel emergería a la altura de la avenida de Portugal y que un tramo de 1,8 kilómetros de la carretera de Extremadura quedaría sin soterrar. Justo al lado de sus casas.
La normativa sobre contaminación acústica considera delito propiciar o no hacer nada ante un ruido que supere el límite legal. Los vecinos ya tenían mediciones del propio Ayuntamiento que revelan exceso de ruido y las aportaron al juzgado. Lo primero que hizo la titular del Juzgado número 45 de la plaza de Castilla, Raquel Fernandino, fue declarar secretas las actuaciones y encargar a la Guardia Civil un informe. Durante casi dos semanas, los agentes midieron los decibelios, de día y de noche, en 22 sitios distintos, e incluso desde dentro de tres casas de afectados. Hasta 83 decibelios fueron detectados en algunas mediciones, 23 más por encima de los "mínimos legales", según el informe.
Pero antes de acudir a "una última instancia", los vecinos enviaron una carta al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, en la que le pedían explicaciones por no enterrar el tráfico en el tramo de 1,8 kilómetros y le expusieron sus sufrimientos con el ruido. Gallardón les facilitó una reunión con los ediles ahora imputados, además de con ingenieros de las obras de la zona.
De nada sirvió, según los vecinos, que aseguran que sólo les aconsejaron que pidieran medios al Ministerio de Defensa para que, en el marco de la Operación Campamento, se solucionara el problema que les afecta a lo largo de los 1,8 kilómetros que median entre la salida del túnel de la avenida de Portugal y la salida a la carretera de Boadilla. Además, les comentaron que "problemas técnicos de diversa índole" habían desaconsejado soterrar ese tramo. También pidieron pantallas acústicas, pero les dijeron que, dada la altura de algunas viviendas, la medida era inviable.
Los ministerios de Defensa y Fomento argumentaron que la titularidad de ese tramo de la vía había sido transferida al Ayuntamiento y que, por tanto, era urbana, es decir, que debía solucionarlo el Consistorio.
Desesperados, los vecinos volvieron a acudir a la alcaldía. En esta ocasión, Urbanismo les dijo que las obras que se acometen en la M-30 propiciarían una reducción del tráfico de 90.000 vehículos diarios en ese tramo. "Pero eso es falso", aseguran los vecinos en su denuncia ante el juez.Sus quejas y sugerencias en
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