EL ALCALDE, ALBERTO FABRA, ASEGURA QUE LA CIUDAD "SIGUE CRECIENDO GRACIAS A LA LABOR DE TODOS"
El consistorio prioriza la participación vecinal para elaborar los presupuestos
69 asociaciones ya están incluidas en el actual Consejo de Participación. El Ayuntamiento ha activado el 85% de las peticiones vecinales del 2006
03/04/2007 REDACCIÓN
La participación de los vecinos en las decisiones que adopta la Administración local de Castellón para mejorar la ciudad se ha convertido en uno de los objetivos principales del equipo de gobierno de Alberto Fabra en el Ayuntamiento de Castellón, "porque su aportación es fundamental para una ciudad, que quiere seguir creciendo y que estamos haciendo entre todos", según explicó el alcalde.
Alberto Fabra destacó que, en la actualidad, el Consejo de Participación Ciudadana, uno de los más importantes de la capital, que toma parte en la configuración de los presupuestos, ya está formado por 52 asociaciones de vecinos a las que hay que sumar las entidades sectoriales (de mujeres, gente mayor o consumidores, entre otros), hasta sumar un total de 69 entidades. Unas agrupaciones que, según el alcalde trabajan "por y para la ciudad".
Hay que tener en cuenta que la ciudad de Castellón ha sido pionera en la aplicación de los presupuestos participativos y en este ejercicio, se pondrán en marcha "por segundo año consecutivo, debido a los buenos resultados alcanzados en el 2006", según señaló el primer edil.
GRAN MOVIMIENTO VECINAL El alcalde explicó que "hemos querido contar, una vez más, con los vecinos para que puedan aportar sus propuestas, ya que tienen una visión conjunta de las necesidades municipales", y señaló que el "trabajo en la construcción conjunta de la ciudad hacen de esta una gran capital".
Sin duda, una de las claves del adecuado funcionamiento de los presupuestos participativos ha sido el "buen movimiento vecinal, que ha sabido recoger las necesidades del resto de los vecinos y las propuestas más importantes para construir una gran ciudad", dijo Alberto Fabra.
El alcalde aseguró que la mayoría de las petición de los vecinos se cumplen. De hecho, con respecto a los presupuestos del 2006, el pasado mes de septiembre el 44% de las propuestas vecinales ya se habían ejecutado y otro 41% estaba ya en proyecto.
Los presupuestos participativos comienzan cuando los colectivos representados se reúnen en las seis Juntas de Distrito de la ciudad y rellenan un formulario con sus peticiones. Posteriormente, cada una de las juntas aprueba una propuesta de seis actuaciones de inversión para el distrito y prioriza las restantes peticiones. Estas solicitudes se trasladarán a la Comisión Especial de Presupuestos Participativos. Sus cinco miembros, elegidos en el Pleno del Consejo Municipal, evalúan las peticiones y elaboran una propuesta de inversiones para el presupuesto.
Además, el Ayuntamiento pone pone a disposición de los ciudadanos un formulario en la internet (www.castello.es) para que puedan hacer sus propuestas.
ADN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los vecinos de Castellón "hacen ciudad" con los presupuestos participativos
Redacción
El Ayuntamiento de Castellón apuesta cada día por otorgar un papel más activo en la política municipal a los castellonenses. Una de las herramientas de reciente creación es l a participación de los vecinos en la elaboración de los presupuestos participativos. Esta iniciativa se puso en marcha en 2005 y en el actual ejercicio -cuya inversión creció este año un 7,2% con respecto al 2006 por lo que casi alcanza los tres millones de euros-, "es fundamental para el Consistorio porque, de esta forma, contribuye a hacer ciudad", según explicó el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, quien destacó el "gran trabajo" realizado por las asociaciones de vecinos que forman el movimiento asociativo de la capital de La Plana.
"El trabajo aportado ha sido esencial para la elaboración de unos presupuestos sociales, sostenibles y de futuro porque son ellos los que conocen a la perfección sus respectivos barrios y sus necesidades y así lo transmiten al equipo de gobierno que ha querido escuchar la voz de los castellonenses en una materia tan importante como es la elaboración de los presupuestos de su propia ciudad".
Según explicó el primer edil, el presupuesto que rige el Consistorio y, como consecuencia la ciudad, "es el que quieren los ciudadanos, por lo que seguiremos confiando en este procedimiento como un ejercicio de democracia". Cabe recordar que una de las plataformas responsables de guiar las iniciativas de los barrios es la comisión especial de los presupuestos participativos que está formada por cinco vecinos: Antonio Picazo (presidente), Clemente Miró, Pedro Martínez, Ferrán Vidal y José Miguel Segarra.
Movimiento asociativo
Y es que la participación ciudadana en los presupuestos se ha podido realizar gracias a que Castellón cuenta con un activo movimiento ciudadano que se aglutina en el Consejo de Participación Ciudadana, principal órgano de participación de los vecinos del que forman parte 52 asociaciones de vecinos, nueve asociaciones sectoriales (de mujeres, gente mayor, consumidores y otros colectivos) y los tres grupos políticos con representación política en el Ayuntamiento de Castellón -PP, PSOE y Bloc-.
Este trabajo desarrollado por los miembros de Participación Ciudadana cuyo Consejo se crea en el año 1988 aunque el Reglamento se aprueba en 1993, se entiende como la posibilidad de influir en la toma de decisiones entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, y claro ejemplo de esto son los presupuestos participativos.
Dicho colectivo que depende del consistorio dispone de tres órganos como son el Pleno, la Comisión Permanente y los Grupos de Trabajo que, a su vez, se aglutinan en el grupo de Ordenanzas y Reglamentos; el de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente; y el de Infraestructuras y equipamiento, urbanismo, vivienda, transporte adaptado, barreras arquitectónicas y urbanísticas y seguridad.
Además, según Alberto Fabra, desde este Consejo se organizan diversas actividades en las que los vecinos participan de forma activa como visitas institucionales, conferencias y jornadas o encuentros de convivencia.
Diario de Tarragona
Las motos con 'ruido homologado' tienen premio de la Policía Local
Sólo es un vale de tres euros para gasolina y una camiseta, pero tener la moto o el ciclomotor en condiciones tampoco debería ser ningún esfuerzo para sus propietarios. La Policía Local ha iniciado esta semana un control voluntario de sonometría para informar a los conductores de que se pretende erradicar la contaminación acústica.
por jordi cabré |
Estas campañas voluntarias son el primer paso de un conjunto de medidas que se aplicarán paulatinamente en Torredembarra. El objetivo es ir eliminando los puntos negros de ruido -básicamente las calles del centro histórico- y por ello el esfuerzo se centra en los jóvenes de 14 a 22 años, que son los que utilizan más este tipo de vehículos.
«La semana pasada dimos charlas en los institutos para concienciar a los alumnos. La idea es que ellos mismos se den cuenta del porqué de la campaña y ayuden a reducir el exceso de ruido», explica el sargento de la Policía Local, Miquel Àngel Marchal.
Al igual que una ITV, los propietarios concertaron hora en la Policía Local y los agentes han dispuesto de un espacio reservado en el polígono para efectuar las mediciones. «Allí podemos reducir el ruido ambiente y ajustar más la medición», señala en sargento.
Sostenible.es
La contaminació acústica és la principal queixa al Síndic de Greuges de Sant Boi
03/04/2007 Redacció de Sostenible
El Síndic municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat, Carles Dalmau, ha presentat en el Ple municipal de març el balanç de l'actuació realitzada durant 2006. La institució, que té per objectiu mediar entre els ciutadans i l'administració local, va realitzar l'any passat 532 intervencions, una xifra sensiblement per sota de la de l'any anterior, quan hi van haver 589 demandes. El descens ve determinat, segons l'informe, pel fet que la ciutadania cada vegada té un major coneixement dels mecanismes de defensa dels seus drets i escull amb més encert interlocutor (el Centre de Mediació Ciutadana, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, etc.).
De les peticions que van arribar a l'oficina del Síndic de Greuges de Sant Boi, la majoria van ser resoltes amb assessorament i un centenar eren queixes. De les queixes rebudes, se'n van tramitar 35 queixes i la resta no van ser admeses (pel seu anonimat, per exemple), van ser arxivades (pel desistiment dels seus promotors) o desestimades (per manca de competència municipal). De les queixes tramitades, 24 s'han resolt per la via de la mediació, 8 amb la recomanació expressa del Síndic i 3 directament sense intervenció.
Els temes principals de queixa ciutadana a Sant Boi pel que fa a l'actuació de l'Ajuntament van ser la contaminació acústica, la responsabilitat patrimonial de l'administració local en cas de caigudes a la via pública, la manca de coordinació entre els departaments de l'Ajuntament i la tardança o falta de resposta a les peticions ciutadanes.
En l'escrit de presentació de la memòria, Carles Dalmau considera que aquests drets vulnerats són sinònim de "mala pràctica administrativa" i conclou que per evitar gran part de les queixes "seria convenient, útil i eficaç per a tota l'organització municipal, el dotar-se d'un codi ètic de bona conducta administrativa, la finalitat del qual seria donar una millor i actualitzada resposta, un major i exigent compliment en el municipi ... del dret de les ciutadanes i els ciutadans a la bona administració".
A més de les queixes que van fer arribar els veïns i veïnes, l'any passat el Síndic va presentar a l'Ajuntament dos intervencions d'ofici. Una relativa a la tramitació de les denúncies de circulació de vehicles i l'altra en referència directa al dret de l'habitatge, principalment en casos de mobbing immobiliari.
El Mundo – Illes Balears
PALMA / Una ley 'a la carta'
Los hoteleros dicen ‘no’ al decreto que permite a Bartolomé Cursach poner la música a todo volumen
Afirman que si el Ejecutivo permite la música al aire libre por encima de los 85 decibelios «atentaría contra los que han apostado por una oferta de ocio digna» - El Govern no comunicó a los empresarios turísticos la aprobación del nuevo decreto
INDALECIO RIBELLES
PALMA.- Confusión y preocupación en el ánimo de los empresarios turísticos y hoteleros de la Playa de Palma por la decisión del Consell de Govern de dar luz verde al informe del decreto que permitirá al empresario de ocio Bartomeu Cursach poner música a todo volumen en su discoteca con forma de abadía gótica de la Playa de Palma.
Gracias a este salvoconducto al que sólo le queda el visto bueno del Consell Consultiu, este empresario podrá llevar a cabo todo tipo de espectáculos al aire libre y utilizar sus pantallas gigantes. La Conselleria de Interior que dirige, José María Rodríguez, aumentará hasta límites insospechados hasta ahora los decibelios máximos autorizados en locales de ocio al aire libre, 85 frente a los 60 ahora en vigor. Desde la asociación de hoteleros de la Playa de Palma, su presidente y portavoz, Francisco Marín, afirmó ayer que si el decreto se aprueba en los términos en los que este diario ha publicado «sería una afrenta para todas las personas y empresarios que han apostado por una oferta de ocio digna en la Playa de Palma y creo que en el resto de Baleares», aseveró.
El decreto de Interior pretende dejar sin efecto las decisiones judiciales y usurpar a Cort todas las competencias en materia de ruidos y sostiene que, a partir de ahora, se puede poner música al aire libre casi sin ningún problema. En su artículo número 4 se indica que la música se podrá combinar con actuaciones en directo y medios de reproducción electrónicos y audiovisual.
Vuelve el infierno sonoro
El decreto amplía considerablemente los límites sonoros que establece la normativa actual ya que contempla en su artículo 6 que locales como la discoabadía de Bartolomé Cursach podrán elevar el volumen de su música en el exterior hasta los 85 decibelios.
Para Marín «si volvemos al pasado después de todo lo que hemos hecho durante estos años estamos arreglados», señaló el empresario turístico.
«Esto no es de recibo, ni el decreto que se ha redactado, ni la forma de proceder porque ni tan siquiera se nos ha consultado y la verdad nos ha cogido totalmente de sorpresa», agregó un desconcertado Marín.
Tan es así que el máximo representante de los empresarios turísticos del Arenal indicó que «se pondrá a trabajar con los servicios jurídicos para conocer las repercusiones que se derivarían de este decreto porque ni tan siquiera hemos sido consultados», afirmó.
La Ordenanza municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la Contaminación por Ruidos y Vibraciones con fecha de 1995 precisa que en el exterior de los establecimientos de ocio el volumen máximo queda fijado en 65 decibelios de día y 60 de noche. En términos similares se expresa el decreto 20/1987 de la propia comunidad autónoma que está en vigor en estos momentos.
La primera discoteca MegaPark, la que precedió a la discoabadía y que tuvo que ser derribada por sus irregularidades urbanísticas, en su mayor apogeo, nunca llegó a proyectar más de 75 decibelios.
Para Marín el desconocimiento de su contenido es tan absoluto que lo mismo, «hay quien puede opinar que a nosotros nos podría favorecer pero como no sabemos nada lo mejor es esperar a tener constancia oficial de su contenido, aunque no lo creo», dijo.
Las denuncias de Cursach
En el mismo sentido el portavoz del sector turístico de la Playa de Palma anotó que «ahora lo que también queremos conocer es en qué situación se encuentran las denuncias que desde la asociación de salas de fiesta (vinculada a Cursach) se han interpuesto contra los establecimientos turísticos del Arenal por poner música al aire libre en sus terrazas», afirmó. Marín tiene constancia, en concreto, de 7 denuncias contra hoteles y «queremos saber nosotros también en qué situación se encuentran y cómo nos puede repercutir este decreto porque aquí todos tenemos que ser medidos por el mismo rasero, y lo que vale para uno tiene que ser válido para el resto», manifestó el portavoz turístico de la Playa de Palma.
A raíz de la decisión judicial que acababa con los principales atractivos de su principal discoteca Megapark, Cursach optó por denunciar el año pasado a todos los establecimientos que tienen algún tipo de espectáculo en el exterior o que simplemente amenizan a sus clientes con un hilo musical. Se han visto afectados hoteles, restaurantes y biergartens contra los que la Asociación de Salas de Fiestas y Discotecas de Baleares interpuso centenares de denuncias que han sido tramitadas por el Ayuntamiento de Palma.
«Lo que es inaudito es que un empresario denuncie a otros del mismo sector», indicó el portavoz de los empresarios. «Quién sabe como puede acabar esto si ahora se hace este decreto», se interrogó Marín. La avalancha de denuncias teledirigida por Cursach llegó a alcanzar incluso al gerente de Urbanismo y al técnico que inspeccionó su macrodiscoteca.
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