Costas tramita multas de 50.000 euros al consistorio por excesos de los chiringuitos en 2009
La Generalitat también carga contra los locales con un expediente de hasta 100.000 euros por contaminación acústica. El ayuntamiento apoya a los empresarios pero les repercutirá la sanción
Imagen de uno de los chiringuitos sancionados en la playa del Gurugú del Grau de Castelló. levante-emv
Levante – 06-11-09 / NACHO MARTÍN CASTELLÓ
El Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana han iniciado expedientes sancionadores contra los chiringuitos de la playa del Gurugú que defiende el Ayuntamiento de Castelló debido a excesos de ocupación y a superaciones del límite de ruido permitido durante la temporada de verano 2009, según confirmaron ayer fuentes de ambas administraciones.
La postura de la Dirección General de Costas del ministerio no es nueva y las sanciones se suman a las correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008. Sólo estos tres expedientes han obligado al ayuntamiento a pagar multas por valor de más de 100.000 euros. El incumplimiento fue llevado a cabo por las empresas de los chiringuitos, pero es el ayuntamiento el que autorizó la concesión de explotación de playas y por ello debe responder ante el ministerio con el pago de las multas.
La ley permite que el ayuntamiento requiera posteriormente el reembolso de las sanciones a las empresas concesionarias, que a pesar de su buena sintonía con el gobierno local se niegan a pagar en periodo voluntario y alegan que recurren la multa porque la consideran "injusta y desmedida". Según fuentes próximas al ministerio, la sanción por la ocupación de 2009 rozaría de nuevo los 50.000 euros.
A este respecto, el edil socialista Javier Peris advirtió que el ayuntamiento "no tiene por qué pagar con el dinero de todos las sanciones a unas empresas que han infringido la ocupación permitida por la ley". En la misma línea, el portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, subrayó que, sin entrar en el fondo del asunto, "no puede ser que el ayuntamiento deba adelantar 100.000 euros de sanciones a empresas que incumplen el espacio cada año". Por su parte, el edil de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, subrayó que el consistorio "atenderá a la legalidad vigente y todas las sanciones que se deban repercutir en las empresas se repercutirán, aunque ellos están en su derecho de recurrir. El ayuntamiento defiende el derecho de los veraneantes y de los chiringuitos, pero también aplicará la ley hasta sus últimas consecuencias".
Esta presión se acrecienta con las sanciones de la Generalitat Valenciana, que tampoco ha condonado las multas a pesar del respaldo público de la Conselleria de Turismo al manifiesto de los tres ayuntamientos de la Comunitat para que el Gobierno cambie la Ley de Costas y legalice los chiringuitos. De hecho, el Consell ha emitido multas por valor de más de 100.000 euros durante los últimos cuatro años para castigar la contaminación acústica de las instalaciones de ocio nocturno del Gurugú.
Mientras tanto, el portavoz de uno de los chiringuitos afectados subrayó que las sanciones "están provocando que nuestro negocio sea insostenible" y reclamó la regulación legal para "unas instalaciones que demanda la sociedad y que existen desde hace 25 años".
EL DELEGADO DEL GOBIERNO CRITICA QUE LA POSTURA POPULAR BUSCA "HACER NEGOCIO EN LAS PLAYAS".
Los alcaldes del PSOE no respaldan a la capital para ´salvar´ los chiringuitos
Vinaròs, Benicàssim, Moncofa y Almenara eluden instar al Gobierno a que cambie la ley de Costas.Los munícipes del PP apoyarán el manifiesto que solicita legalizarlos con las dimensiones actuales.
Mediterráneo - 06/11/2009 / ESTEFANIA MOLINER
Los alcaldes socialistas de los municipios costeros no respaldarán, o lo harán con reticencias, el manifiesto firmado anteayer por los ayuntamientos de Castellón, Valencia y Alicante, que sí que apoyarán los populares. En este escrito, que será remitido a todas las localidades costeras de la Comunitat, se insta al Gobierno central a modificar la ley de Costas del año 1988 para que los chiringuitos puedan continuar en las playas como hasta ahora.
El primero es el caso de Vinaròs, Benicàssim, Moncofa y Almenara, que defienden la vigente normativa a la que se están adaptando, y que marca que estos locales de ocio deben tener un máximo de 20 m de techado y otros 130 m de terraza. Además, todos ellos recuerdan que en la última reunión que mantuvieron con el jefe provincial de Costas, Ignacio Gil, y el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, "quedó claro que la ley es la ley y se ha de cumplir".
EL GOBIERNO RESPONDE Una tesis que defendió ayer el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, acusando al PP de "estar dispuesto a sacrificar" el acceso libre a la playa de los ciudadanos "en beneficio de los negocios". Además, calificó el acuerdo rubricado entre las tres capitales de provincia de "estrategia política del PP ajena a la realidad" y defendió que "los chiringuitos no tienen ningún problema en la Comunitat, funcionan con normalidad y caben perfectamente en la legislación".
Asimismo, aclaró que la Dirección General de Costas trabaja "para encontrar la continuidad" de este tipo de local" y recordó al PP que "lo tiene fácil para poder cambiar la ley sin necesidad de recoger firmas", mediante una proposición de ley de su grupo parlamentario en el Congreso.
Muy diferente es la postura de los munícipes populares, quienes mostraron su respaldo a la opción planteada desde la capital de la Plana, aunque algunos sí que puntualizaron que estudiarían con detenimiento el documento una vez lo reciban. En este lado de la balanza están Peñíscola, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa, Burriana, Almassora, Nules y Xilxes. Sus argumentos para defender la opción que plantea Castellón se centran en los puestos de trabajo que suponen estas instalaciones, así como en la oferta turística de la costa, uno de los mayores atractivos de la Comunitat. Su objetivo es evitar el cierre de este tipo de locales de los que dependen "miles de empleos directos e indirectos", puesto que la no existencia de turistas, a su parecer, "perjudicaría a hosteleros y hosteleros, así como al comercio y otros empresarios y trabajadores".
04/11/2009
Castellón, Valencia y Alicante se unen para exigir al Gobierno una legislación adecuada para los chiringuitos
- La iniciativa ha sido promovida por el consistorio de la capital de La Plana y el documento se remitirá a otras localidades para su adhesión
Los Ayuntamientos de Castellón, Valencia y Alicante han firmado hoy un manifiesto de forma conjunta, a iniciativa del consistorio de la capital de La Plana, por el que exigen al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural del Gobierno Central, de forma rotunda y contundente, a que reconozca al chiringuito como elemento singular que por su naturaleza exige ser ubicado en la zona de dominio público marítimo terrestre y que debe contar con características adecuadas a la necesidad de la ciudadanía, tanto en medidas de autorización y explotación, como en protección del entorno y promoción del turismo.
Así, tal y como ha explicado el concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Castellón, Gonzalo Romero, tras la reunión mantenida con las concejalas de Valencia, Lourdes Bernal, concejala de Playas, y de Alicante, Marta García, concejala de Turismo, que “reivindicamos el derecho al ocio de los veraneantes y la defensa del sector turístico de la Comunitat Valenciana, así como la de miles de empleos directos e indirectos que generan los chiringuitos de las playas del litoral y más aún si cabe en un momento de tan grave crisis económica por el que estamos atravesando”. Un documento que, tal y como ha confirmado Romero, se remitirá a otras localidades costeras para que se adhieran.
Romero también ha exigido a Rodríguez Zapatero la instalación y mantenimiento de los chiringuitos y la pertinente reforma de la Ley de Costas de 1988 para adecuarla a la realidad actual.
El concejal de Sostenibilidad ha recordado que el turismo de “nuestro país, principalmente en las provincias litorales, se ha sustentado en el atractivo de sus playas y su climatología permite a los visitantes disfrutar de sus estancias vacacionales al borde del mar y con todos sus servicios con el fin de dar una oferta de calidad y entre los que se encuentran estos locales de ocio que atienden a la demanda turística, tanto en horario diurno como nocturno y que suponen el atractivo de las playas en muchas ocasiones”. Además, el concejal de Sostenibilidad ha afirmado que la realidad de las playas y locales costeros no se adecua a lo pretendido por la legislación que, “que, como se ha visto demostrado en numerosas ocasiones, en la mayoría de las ciudades de la Comunitat Valenciana y de España, puesto que son insuficientes para el servicio que se pretende dar”.
TOTAL APOYO A LOS CHIRINGUITOS
Romero ha afirmado con total rotundidad su total apoyo a la instalación de estos chiringuitos, “ya que de esto dependen miles de puestos directos e indirectos puesto que la no existencia de turistas a nuestras playas perjudicaría a hosteleros y hoteleros, así como al comercio y otros empresarios y trabajadores.
“Por este motivo, los Ayuntamientos de Castellón, Valencia y Alicante pretendemos encontrar herramientas y posibilidades para que la explotación de estos chiringuitos se adecue a la necesidad real del turismo y a que su concesión de licencias sea rápida y en tiempo para poder establecer las medidas de protección e instalación necesarias para la ubicación de estos locales estivales”, ha manifestado el edil. “Enarbolamos la defensa de los chiringuitos con la colaboración de la conselleria de Turismo”, ha afirmado el edil, quien ha destacado que “estaremos vigilantes para ver cómo se implanta la Ley de Costas en otros municipios para que no haya discriminación y defendemos los intereses de los empresarios y de la ciudad”.
Por su parte, Marta García ha destacado que “llevamos a cabo un pacto conjunto para defender este atentado al sector del turismo por parte del Gobierno Central para acabar con estas instalaciones que ponen en valor nuestras costas”. “El Ministerio tiene que reaccionar y mantener los chiringuitos y continuaremos yendo de la mano para que así sea”.
Finalmente, Lourdes Bernal, ha afirmado que “queremos evitar una tomadura de pelo del Gobierno Central porque durante todo el verano hemos pedido información a la Dirección General de Costas y vamos a seguir reivindicando estos chiringuitos y respaldando a los hosteleros”.
La Safor
Dejar de oír al vecino cuesta 90 euros
Un profesor del Campus afirma que el coste de insonorización de una vivienda nueva «es ínfimo», sólo 0,10 céntimos por metro
Las Provincias - 05.11.09 - ÓSCAR DE LA DUEÑA | GANDIA
Estar en casa y no oír la televisión del piso de al lado o los niños del vecino llorando es posible. Las viviendas de reciente construcción disponen de materiales aislantes que favorecerán que estas molestias formen parte del pasado. Y, aunque parezca mentira, esto no tiene por qué encarecer el coste de las nuevas edificaciones.
«Con poco más de 90 euros se aisla del ruido un piso de nueva construcción», así lo explicó el profesor del Campus de Gandia Jesús Alba. El experto es el responsable de un taller de Medidas Acústicas que se impartirá en el centro académico.
Alba comentó que tras la aprobación de algunas normas como la Ley del Ruido, el pasado mes de noviembre, se deben de introducir mejoras en materia acústicaen las viviendas de nueva construcción.
«Estas características permitirán dejar de escuchar los pasos del vecino de arriba o la música en caso de que la tengan muy alta», añadió el profesor de Gandia. Con las nuevas normativas las constructoras están obligadas a introducir materiales aislantes en las viviendas.
Como añadió Alba, los ruidos externos se evitarán con modernos materiales. «Por una parte se hacen muros dobles y, por otra, se introduce entre ellos algún tipo de lana acústia absorvente».
Estos productos pueden ser de varios tipos, prosiguió, como lanas minerales o poliester. En los últimos años se han instalado ciertos tipos de espumas entre los muros, pero como comentó Alba, no son suficientemente aislantes. El experto añadió que pese a que parezca raro estos productos no tienen un coste elevado. «La vivienda se encarecería tan sólo un 0,7%», añadió.
Y es que, como relató el profesror, estos materiales tienen un coste ínfimo: «Diez céntimos de euros por metro». Así pues, según las estimaciones de Alba, en un edificio de diez viviendas de 90 metros su insonorización sólo costaría 900 euros, es decir, 90 por piso. Sin embargo, aislar una vivienda ya construida sí que sería «complicado y caro», comentó Alba, ya que habría que hacer «mucha obra y posiblemente quedaran fugas».
Por otra parte, el experto en acústica señaló que el aislamiento de las viviendas que recaen a la vía pública también es muy importante. En estos casos los constructores tienen que tener en cuenta las características sonoras de la calle y en función de eso construir un tipo u otro de fachada.
En ese sentido, se debe estudiar el grosor del muro, la instalación de dobles cristales en las ventanas y la posibilidad de colocar ventanas abatibles en lugar de correderas, algo que Alba tildó de muy importante para impedir la entrada del ruido de la calle.
El taller que impartirá el profesor arranca el 27 de noviembre en el Campus. En él los estudiantes obtendrán la destreza necesaria para elaborar proyectos de insonorización y de construcción de viviendas atendiendo a las recomendaciones de los ministerios de Vivienda, Fomento y Medio Ambiente.
Un supermercado pagará 60.000 euros por exceso de ruido
Una sentencia confirma que los vecinos sufren "12 o 14 horas al día de molestias"
P. ÁLVAREZ - Madrid – El País - 05/11/2009
Vota Resultado 10 votos De madrugada las vibraciones de las cámaras frigoríficas. A partir de las 7.00, los camiones descargando mercancías y durante el día el ruido de palés y de la actividad comercial. "Ha sido tremendo, imposible pegar ojo", explicaba ayer José Ortiz, que vive justo encima del supermercado al que el Juzgado de Primera Instancia 61 de Madrid ha condenado por exceso de ruido. El comercio, de la cadena Supersol, deberá pagar 60.000 euros de indemnización a los vecinos del bloque situado justo encima, en Palos de la Frontera (Arganzuela).
El supermercado se instaló en un local situado en los bajos del edificio de seis plantas hace más de una década. Los vecinos acumularon durante años denuncias policiales y noches sin dormir en el bloque situado en la calle de Rafael de Riego. Midieron más de 35 decibelios por el día y más de 30 por la noche, los topes permitidos legalmente. Hubo incluso un expediente sancionador del Ayuntamiento de Madrid que, según Ortiz, "no sirvió para nada". La sentencia, contra la que cabe recurso, considera que el ruido que han soportado los vecinos "afecta manifiestamente a la habitabilidad" del edificio. El supermercado produce "durante unas 12 o 14 horas diarias unas molestias relevantes". Esas molestias, según el vecino, no se quedan en los ruidos. Asegura que instalaron un montacargas que ha provocado la aparición de grietas en su vivienda y que han levantado los azulejos de su baño. "A todo el mundo le gusta tener un supermercado debajo de su casa, pero no así, hombre", añade Ortiz.
"Confiamos en que sirva de ejemplo para otras situaciones de impunidad similares", señala Ricardo Ayala, el abogado de la comunidad. La cadena señaló en el juicio que cerrará el supermercado denunciado. Este periódico intentó sin éxito recabar su versión.
Burjassot
El PP acusa al gobierno de incumplir la ley de contaminación acústica
Según ha denunciado el Partido Popular de Burjassot, el ayuntamiento ha incumplido la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica al no haber elaborado el Plan Acústico Municipal dentro del plazo.
A ello añaden que, en el Pleno de 26 de marzo de 2009, se aprobó por unanimidad una moción de los populares en la que se instaba la redacción del plan antes del 31 de octubre.
Desde el Partido Popular entienden que es necesario el Plan para determinar las zonas de Burjassot, donde los vecinos están soportando niveles de decibelios muy por encima de los que permite la Ley. Por eso critican la exigencia de barreras acústicas a la Generalitat cuando "al mismo tiempo incumplen deliberadamente la obligación de remitir el Plan Acústico Municipal donde precisamente se indican las zonas acústicamente saturadas".
Además, según explican desde el partido, los propios vecinos han aportado "infinidad de escritos al Ayuntamiento solicitando medidas urgentes contra los ruidos por el tráfico que soportan, como es el caso de la Asociación de la Calle Blasco Ibañez y adyacentes, que incluso han aportado informes que revelan que se superan en 20 decibelios los legalmente permitidos". Situación que se repite en las calles cercanas a la CV-35, Lauri Volpi, Ausias March, o Colón.
Por todo ello han exigido al equipo de gobierno que se preocupe de la salud de los vecinos, y cumpla la Ley 7/2002 de inmediato y los acuerdos plenarios.
JAÉN
«Que precinten las campanas de la Catedral»
El vecino que denunció el ruido de las campanas de la seo jienense exige que se ajuste su sonido o sean precintadas y recuerda la decisión judicial
Ideal – 05-11-09 - R. I. | JAÉN
Campanario de la Catedral de Jaén visto desde la plaza de Santa María. /IDEAL
El Cabildo registró un recurso de reposición a la petición de medidas correctoras.El vecino que interpuso la demanda contra el sonido de las campanas de la Catedral de Jaén, Antonio Rus, ha reclamado nuevamente al Ayuntamiento de Jaén que conmine al Cabildo Catedralicio para que ajuste su toque y que, en el caso de que hiciese caso omiso, «se proceda al precintado de las campanas».
En declaraciones a Europa Press, Rus explicó que ha registrado esa petición en el Ayuntamiento con el fin de que se tenga en cuenta después de que hayan transcurrido dos meses desde que el Cabildo registrara un recurso de reposición a la resolución del Ayuntamiento en la que se les instaba a adoptar medidas correctoras para reducir el sonido del tañido las campanas de la seo, tiempo durante el que, según señaló, no ha habido más avances.
Según detalló, una de las alegaciones del Cabildo se refiere al carácter patrimonial y cultural de las campanas, si bien especificó que esas razones «no constituyen un argumento que exonere del cumplimiento de la norma ni tampoco contradicen» lo que él solicita, que es «que se suavice el toque de las campanas hasta el umbral máximo de decibelios» permitido por Ley.
«¿Tiene ello que ver con la declaración de la iglesia catedral como patrimonio de la humanidad? La confusión de conceptos, intoxicación orquestada sobre las intenciones de esta parte es absolutamente intolerable», lamentó.
Con respecto a la recogida de firmas en apoyo al mantenimiento del sonido de las campanas, este vecino la consideró «una estrategia populista que para nada debe de afectar al cumplimiento de la Ley. Con ello se persigue una sutil intoxicación de la ciudadanía», tal y como recalcó.
Por todo ello, Rus indicó que el Ayuntamiento «debe ajustar al cumplimiento de su propia ordenanza el toque de las campanas, procediendo, en caso de que sea desatendida la orden, al precintando de las mismas, tal y como se haría en cualquier otro foto de contaminación acústica», zanjó.
La Iglesia
En concreto, el deán de la Catedral de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, entregó el pasado 2 de septiembre en el registro del Ayuntamiento de la capital 31.154 firmas para dejar constancia del «sentimiento generalizado» de los jienenses sobre el mantenimiento del sonido de las campanas del templo.
Junto a las rúbricas, el deán señaló que iban a dejar también en el registro el recurso de reposición a la resolución del Ayuntamiento en la que se les instaba a adoptar medidas correctoras para reducir el sonido del tañido las campanas de la seo, documento en el que defienden «a partir de una serie de argumentos jurídicos y técnicos» la conservación de este sonido
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