viernes, 19 de octubre de 2007

Viernes 19 de octubre de 2007

Consejo de Ministros

Presidencia

REAL DECRETO por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Ministerio de Vivienda

REAL DECRETO por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al Ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

El Mundo

EL GOBIERNO PONE EL BROCHE AL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE)

Aprobado el Real Decreto contra el ruido que encarecerá las viviendas hasta en un 0,75%

* Los edificios que se construyan a partir de un año deberán estar aislados acústicamente

* La norma pondría fin a las molestias que actualmente sufre casi un tercio de los hogares

EUROPA PRESS

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/19/suvivienda/1192804794.html

MADRID.- Todos los edificios que se construyan a partir de octubre de 2008 deberán cumplir unas exigencias de aislamiento acústico para eliminar las molestias por ruidos generados tanto en el exterior como en el interior de los mismos. Así se dispone en el documento básico de Protección frente al Ruido, aprobado por el Gobierno mediante Real Decreto, y que encarecerá los costes de construcción entre un 0,33% y un 0,75%.

Este documento, que completa el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado en marzo de 2006, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, momento a partir del cual se abrirá un plazo de doce meses de aplicación voluntaria. Durante este periodo los constructores podrán aplicar la normativa actualmente vigente (Norma Básica de la Edificación NBE CA-88) con el objeto lograr una mejor adaptación. Una vez vencido el plazo, el cumplimiento de las normas de aislamiento será obligatorio.

Estas exigencias, que, según aseguró el Gobierno, "tan sólo" incrementarán los costes de construcción entre un 0,33% y un 0,75%, afectarán a los nuevos edificios destinados a viviendas, uso sanitario, docente, administrativo, sociocultural, etc. Según indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la aplicación de la norma pondrá fin a las molestias que actualmente padecen casi un tercio de los hogares, y que cada año causan patologías como trastornos del sueño o pérdida de atención y rendimiento. Además, añadió, permitirá situar a España "entre las naciones más innovadoras del mundo en esta materia".

Principales novedades

Las exigencias afectarán a todos los elementos constructivos de un recinto y no sólo al elemento de separación

Entre las principales novedades que incorpora el Real Decreto se encuentra el incremento de las exigencias de aislamiento, hasta triplicarlas, para equipararlas a las del resto de países comunitarios. Además, las exigencias afectarán a todos los elementos constructivos que conforman un recinto (tabiques, forjados, cubiertas y fachadas) y no sólo al elemento de separación entre los recintos, como venía siendo hasta ahora.

Así, se aumentan los niveles de aislamiento frente al ruido aéreo (música, gritos, voces, etc.) y el ruido de impacto (golpes, taconeos, etc.) exigidos entre recintos, pasando de 45 decibelios en laboratorio a 50 decibelios en comportamiento real. Además, se contempla la verificación del cumplimiento de las exigencias de aislamiento mediante parámetros verificables en una medición 'in situ', y no según valores de laboratorio, como hasta ahora.

Asimismo, se regula el eco y las malas condiciones acústicas, cuantificando el tiempo de reverberación en recintos como aulas, comedores, restaurantes y salas de conferencias, y se introducen nuevas reglas constructivas para disminuir el ruido de las instalaciones de fontanería y saneamiento (bajantes, ascensores, etc.) y métodos y prácticas para minimizar la transmisión de ruido y vibraciones provocadas por las instalaciones.

En el capítulo de los materiales, el documento tratará de impulsar nuevas investigaciones para desarrollar diversos y mejores materiales, así como sistemas de aislamiento acústico para proporcionar protección frente al ruido a los ocupantes de los edificios sin deteriorar el ambiente acústico del entorno.

Broche final al CTE

A escasos meses de las elecciones generales que se celebrarán en 2008, el Gobierno da luz verde al último de los documentos incluidos en el CTE, que entró en vigor el 29 de septiembre de 2006 siendo entonces de obligado cumplimiento los documentos básicos correspondientes a Seguridad en caso de Incendio, Seguridad de Utilización y Ahorro de Energía.

Posteriormente, el 29 de marzo se sumaron a la normativa el Documento de Seguridad Estructural, donde se establecen cuestiones relacionadas con las bases de cálculo, la edificación, los cimientos y las estructuras de acero, y el Documento de Salubridad, donde se regulan aspectos como la protección frente a la humedad, la recogida y evacuación de residuos o la calidad del aire interior.

Por otro lado, la nueva normativa contra el ruido permite llevar a cabo la necesaria adaptación a la reglamentación europea (Directiva de Productos de Construcción) y a otras leyes estatales, como la Ley de Ruido, cuyo desarrollo reglamentario también fue aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

Canarias 7

El Gobierno fija los límites de ruido en cada zona y diferencia los horarios

La nueva norma fija además los valores límite de ruido aplicables a las nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias

EFE – Madrid

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=69236

El Gobierno ha aprobado hoy el reglamento que desarrolla la Ley del Ruido, y ha establecido en él los límites de ruido que se deberán soportar por la mañana, por la tarde y por la noche.

Los niveles de ruido existentes en cada zona serán además a partir de ahora determinantes en los planes de ordenación territorial y urbanísticos.

El reglamento aprobado por el Consejo de Ministros diferencia además esos límites según el uso de cada zona: industrial, residencial, sanitario, docente, usos recreativos, espacios afectados por sistemas generales de infraestructuras y espacios naturales protegidos.

La nueva norma trata de forma diferenciada las áreas acústicas y las edificaciones que se encuentran ya en zonas urbanísticamente consolidadas en las que no se pueden cumplir los límites que marca la ley, aunque fija el objetivo de mejorar la calidad acústica mediante la aplicación de planes zonales específicos, hasta alcanzar los valores fijados en la ley.

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, ha subrayado los esfuerzos que el Ejecutivo está realizando para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas y ha recordado que la contaminación acústica afecta a la salud física y psíquica.

Fernández de la Vega ha explicado que el objetivo principal de la norma es asegurar unos mínimos comunes de calidad acústica en el ámbito estatal, y que para ello define nuevos índices para la evaluación del ruido y las vibraciones, establece los objetivos de calidad acústica aplicables a las diferentes áreas acústicas, y fija límites a las emisiones acústicas de los principales focos de ruido.

La nueva norma fija además los valores límite de ruido aplicables a las nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, así como a las nuevas infraestructuras portuarias y a otras actividades como las industriales, de servicios o comerciales.

Según ha informado al término del Consejo, el Gobierno asume la "importante repercusión presupuestaria" que el Real Decreto tendrá en las infraestructuras que son competencia de la Administración General del Estado en el contexto del Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte, y que superará los 8.000 millones de euros.

Esta iniciativa legislativa se suma a un decreto aprobado en 2005, que propició que se hayan identificado los grandes ejes viarios cuyo tráfico supera los seis millones de vehículos al año, los grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supera los 60.000 trenes al año, los grandes aeropuertos, y las aglomeraciones de más de 250.000 habitantes, en las que ya han comenzado a elaborar mapas estratégicos de ruido en una primera fase.

Europa Press

Aprobado el Reglamento de la Ley del Ruido, que establece unos mínimos comunes de calidad acústica estatal

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

http://www.europapress.es/noticiasocial.aspx?cod=20071019151239&ch=313

El Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto por el que se completa el desarrollo reglamentario básico de la Ley del Ruido sobre los aspectos relacionados con la zonificación acústica, los objetivos de calidad y emisiones acústicas. Uno de los objetivos básico es asegurar unos mínimos comunes de calidad acústica en el ámbito estatal.

Este texto recoge así la transposición de una Directiva Comunitaria de 2002 y completa la mencionada Ley, así como un Real Decreto de 2005 que tenían por finalidad abordar un tratamiento generalizado de la contaminación acústica, con especial atención a la actuación preventiva, la planificación acústica en la ordenación territorial y la incorporación de los conceptos de evaluación y gestión del ruido ambiental.

Además, el Reglamento define nuevos índices para la evaluación del ruido y las vibraciones, establece los objetivos de calidad acústica aplicables a las diferentes áreas acústicas en que se zonifican determinadas zonas del territorio y fija límites a las emisiones acústicas de los principales focos de ruido.

También precisa los procedimientos y métodos para la evaluación y gestión de la contaminación acústica, así como la clasificación y contenido mínimo de los mapas de ruido atendiendo a los objetivos a que se dirigen.

Concretamente, se establecen los índices del ruido y de vibraciones aplicables para la evaluación de los objetivos de calidad acústica en los distintos periodos temporales (se fijan tres diarios), al igual que los criterios mínimos para la asignación de un sector del territorio a un determinado tipo de área acústica.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

Según el Reglamento, en la planificación general territorial y en el planeamiento urbanístico se deberá incluir la zonificación acústica del territorio en áreas acústicas de acuerdo con lo fijado en la Ley. Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las comunidades autónomas. El Reglamento fija unos mínimos: industrial, residencial, sanitario, docente, uso recreativo y terciario, afectados por sistemas generales de infraestructuras y espacios naturales protegidos.

La delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse, al menos, cada diez años desde la fecha de su aprobación.

El nuevo Real Decreto considera, asimismo, de forma diferenciada el supuesto de áreas acústicas y edificaciones localizadas en áreas urbanísticamente consolidadas existentes en el momento de su publicación en las que no se cumplan los objetivos de calidad acústica anteriores.

En esta situación se establece como objetivo de calidad acústica la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar los valores fijados, mediante la aplicación de planes zonales específicos. Por otra parte, se fijan los valores límite de inmisión de ruido aplicable a las nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, así como a las nuevas infraestructuras portuarias y a diversas actividades, como industriales, de servicios, comerciales, etcétera, definidas en su momento por la Ley del ruido.

El Gobierno afronta la repercusión presupuestaria que el Real Decreto tendrá en las infraestructuras competencia de la Administración General del Estado en el contexto del Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte y que superará los ocho mil millones de euros.

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO

Con anterioridad, el Gobierno, mediante un Real Decreto de 2005, llevó a cabo la regulación inicial que ha permitido que en estos momentos ya se hayan identificado los grandes ejes viarios cuyo tráfico supera los seis millones de vehículos al año, los grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al año, los grandes aeropuertos y las aglomeraciones de más de 250.000 habitantes, que han comenzado a elaborar mapas estratégicos de ruido en una primera fase.

Esta primera fase afecta a dieciocho aglomeraciones urbanas que están elaborando los mapas estratégicos del ruido: Alicante, Barcelona I, Barcelona II, Baix Llobregat I, Bilbao, Córdoba, Gijón, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife-San Cristóbal de la Laguna, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Respecto a las infraestructuras del Estado, los mapas están terminados y sometidos a la fase de información pública los correspondientes a los diez aeropuertos y algunas de las carreteras del Estado. Un primer avance de los mapas estratégicos de ruido de carreteras del Estado puede ser ya consultado en la página web del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.

Con todos estos trabajos, el Ejecutivo persigue dar cumplimiento a la creación de un Sistema Básico de Información de la Contaminación Acústica (SICA), que facilitará la información al público sobre el ruido. Una vez aprobados los mapas del ruido, se elaborarán los correspondientes planes de acción dirigidos a solucionar en el territorio afectado las cuestiones relativas al ruido.

La nueva norma establece los valores límite y objetivos de calidad acústica necesarios para tal fin, y los requisitos mínimos que deben considerarse en la elaboración de los planes de acción, para lo que se fija un plazo de un año tras la aprobación de los correspondientes mapas de ruido. Estos planes contendrán medidas concretas y determinarán acciones prioritarias a realizar en caso de superación de los valores límite o de aquellos otros criterios que se estimen adecuados.

INFORME A LA COMISIÓN EUROPEA EN UN AÑO

El Ministerio de Medio Ambiente deberá informar a la Comisión Europea a finales de este año sobre los mapas estratégicos del ruido correspondientes a la primera fase de actuación y antes del 18 de octubre de 2008 deberá comunicar los resúmenes de los planes de acción elaborados.

Finalmente, el nuevo Real Decreto también fija los valores de los índices de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos como objetivos de calidad acústica en el espacio interior de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

Para ello, ha sido necesario establecer la necesaria concordancia entre estos valores y las necesidades de aislamiento acústico en fachadas de las edificaciones, establecidas en el documento básico de protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación (DBHR-CTE), aprobado también hoy por el Consejo de Ministros.

La Opinión de Zamora

La Audiencia niega prevaricación municipal en los casos de ruidos porque se expedientó a los bares

El Tribunal confirma la vía civil y administrativa para exigir daños, mientras los afectados, que pueden ir al Constitucional, se creen «privados de un juicio justo»

SUSANA ARIZAGA.

http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2047_2_233829

Ni los concejales de Medio Ambiente y de Policía Municipal y Urbanismo ni los técnicos del Ayuntamiento de Zamora encargados de tramitar expedientes y sanciones a propietarios de 18 bares y discotecas por ruidos cometieron delitos de prevaricación y contra el medioambiente. Según el auto de la Audiencia Provincial, las infracciones no se les pueden imputar porque «consta la tramitación municipal de una multiplicidad de expedientes sancionadores en relación con las denuncias de los ciudadanos».

Una decisión que el equipo de Gobierno del PP ha acogido con «un grado de satisfacción máximo», en palabras del portavoz Feliciano Fernández, al descartar la prevaricación y la dejación de funciones que se les atribuyó tanto a él como a su compañero de filas en el Gobierno municipal -y actual asesor de Urbanismo de la alcaldesa-, Jesús Rodríguez.

Los magistrados de la Audiencia dejan abiertas, como ya lo hiciera el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, las vías civil y Contencioso contra el Ayuntamiento a los querellantes -opción que ya han seguido-, que lo consideran «un triunfo porque el máximo tribunal de Zamora reconoce que la querella no fue ningún capricho». Así lo demuestra el que no se les haya cargado las costas «porque no se aprecia temeridad» en el proceder de los ciudadanos denunciantes.

El Tribunal provincial acaba de confirmar así -y sin posibilidad de recurso, salvo de amparo ante el Constitucional-, el archivo de la querella interpuesta por la Asociación de Familias Afectadas por Ruidos (Afaruza) contra los anteriores concejales del PP de Medio Ambiente y Urbanismo (funciones ahora asumidas por Fernández). Un auto con un contenido que, «aunque esperado», ha causado «decepción» entre los impulsores de la querella, quienes hubieran preferido que la «inactividad municipal» reconocida en la sentencia se hubiera considerado un delito penal y no sólo administrativo, declara el abogado, Antonio del Castillo. Considera que se les «ha privado del derecho a un juicio justo» en el que clarificar si existen o no responsabilidades penales. La Asociación mantendrá en los próximos días una asamblea para decidir si solicitan amparo al Tribunal Constitucional, única instancia que podría anular las decisiones judiciales del Juzgado y de la Audiencia.

Los magistrados del Tribunal provincial mantienen, por otro lado, el procesamiento del titular de uno de los establecimientos, el bar Drakko, porque «entre noviembre de 2003 y junio de 2004 sobrepasó de forma continuada los límites del nivel de ruido previstos», de acuerdo con las mediciones que efectuó la Policía Municipal. Este comportamiento «constituye un claro indicio de atentado grave contra la salud», subrayan los magistrados. El auto de la Audiencia recoge cómo el Ayuntamiento concluyó por suspender en 2005 la licencia de actividad concedida al dueño de este bar.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, Feliciano Fernández, resaltó el compromiso del equipo de Gobierno actual para luchar «de forma activa en favor de la prevención de ruidos», como recogía el programa electoral del PP, para preservar «el derecho de los ciudadanos a descansar con tranquilidad». Un derecho que «se debe compaginar con el de los ciudadanos a crear empresas», precisó el edil. La Ordenanza Municipal de Ruidos será la herramienta para «resolver estos conflictos».

Otra medida aprobada ya por el Ayuntamiento es la contratación de un técnico en medioambiente «para potenciar y apoyar» el despacho del área de Urbanismo que tramita los expedientes por ruidos.

Los magistrados destacan la «inactividad censurable» del Consistorio

«En algunos casos se ha producido una inactividad desde luego censurable desde el punto de vista administrativo», dice textualmente el auto de la Audiencia Provincial que ratifica el archivo de la querella por ruidos. Sin embargo, carecían de la gravedad necesaria para convertirse en delito, mantienen los magistrados. Es decir, la conducta de los responsables municipales en materia de ruidos no estuvo en «clamorosa contradicción con la ley», no hubo «postergación del derecho o de su amparo»,ni una «clara conciencia de arbitrariedad o ilegalidad» en su proceder respecto de esta materia, dicen en el auto.

La visión es bien distinta para la Asociación de Afectados por Ruidos (Afaruza), máxime si se mira hacia la sentencia del Tribunal Supremo que condenó «por vía penal» al alcalde de la localidad de Villarreal (en Castellón) «por inactividad en ruidos y por un solo caso», recuerda el abogado de los querellantes, Antonio del Castillo, quien hace hincapié en que los magistrados de la Audiencia dicen que «el Ayuntamiento no ha actuado correctamente» . En cualquier caso, el letrado reitera que «hay un antes y un después de la querella»: ahí están las clausuras y ceses de actividad de algunos pubs o las sanciones de hasta 3.000 euros. «Todo hubiera sido imposible antes de la querella y todo ha empezado a funcionar después de ella».

El Correo Gallego

tribuna libre

Argumentos o falacias que alientan el botellón

18.10.2007 - PAULA PRADO DEL RÍO (CONCEJALA DEL GRUPO POPULAR)

http://www.elcorreogallego.es/index.php?idNoticia=221736

Desde hace años se repite como una milonga aquello de que "hay que conciliar el derecho al ocio nocturno y el derecho al descanso". Niego la mayor. Gritar en la calle a las cuatro de la madrugada no es un derecho, como tampoco lo es orinar o arrasar un parque infantil. Esas conductas no han de conciliarse con nada.

Así pues, la referida milonga de la conciliación es la primera falacia a rebatir, una falacia propia del relativismo moral, de la idea progre de que todas las expresiones o expectativas sociales valen lo mismo, de que tanto derecho tiene un residente a la salud o a la salubridad como un "botellonero" a gritar o a orinar. Y no es así, no hay que conciliar lo bueno y lo malo, y menos a costa de inaplicar la ley y de menoscabar la convivencia.

No se trata de prohibir la movida: se trata de que quien salga por la noche se comporte sin saltarse las normas y sin perjudicar a terceros o a sí mismos. El discurso de la conciliación puede resultar engañoso y, por repetido, cansino.

La segunda falacia, vinculada a la anterior, deriva del mal entendido "talante" y del contraproducente "buenismo", y más que falacia argumentativa constituye un agravio para la mayoría de los ciudadanos. Dicen los portavoces de la progresía que no se debe sancionar a quienes practican el botellón porque "son nuestros hijos, sobrinos, amigos" (sólo les falta decir: "¡Son nuestros votantes!"). ¡Oigan!, entonces, conforme a tal razonamiento no se debería sancionar tampoco a quienes estacionan -siquiera brevemente- su vehículo en doble fila? ¡Son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros amigos! Sancionar o no sancionar en función de quien sea el autor de un acto ilícito es propio de otras épocas y de otras latitudes políticas: en un Estado de Derecho, a quien se salta las normas se le sanciona, sea sobrino del alcalde o hijo de la Pantoja. Y no creo necesario recordar que en un Estado de Derecho las sanciones -de vocación disuasoria- son necesarias. Si en un par de meses se impusieran 300 sanciones de 400 euros cada una el botellón quedaría reducido a una expresión menor.

La tercera falacia consiste en decir que para afrontar el problema nos hace falta una nueva ley. ¿Otra ley? ¿Una más? Y cuando se promulgue una nueva ley, entonces desde el gobierno municipal se nos dirá que para actuar necesitan también una resolución de Naciones Unidas. Seamos serios: disponemos de los suficientes títulos jurídicos para reducir progresivamente el botellón. No estamos ante un problema de insuficiencia normativa; estamos ante un problema de pasividad y permisividad política. Claro que quizás sean los intereses electorales de la progresía gobernante los que expliquen tal permisividad, completada ahora con una ocurrencia demagógica: ¡dialogar con quienes arrasan los parques infantiles! En fin.

Comentarios:

Y desde la prudencia de pensar ¿ y si gobernasen harían lo que dicen desde la oposición?

JULIA 18.10.2007 15.56Julia 18.10.2007 15.56

Quiero felicitarte por tu análisis del tema. Me parece muy bueno, Paula

No todos los botelloneros son de izquierdas

XAN 18.10.2007 08.38Xan 18.10.2007 08.38

Estoy de acuerdo con los argumentos que das en contra del botellón, pero con lo que no puedo estar de acuerdo es con asociar botellonero con votante de izquierdas. En todas las ciudades el botellón es un fenómeno que llega a todas las clases sociales y a todas las ideologías. Puedes ver desde gente de todos los arcos políticos, y diría más, la mayoría no tienen ni ideas políticas definidas. Concretamente, en Madrid, donde vivo desde hace tiempo, puedes encontrar zonas de botellón en todos los barrios, desde los más humildes hasta los más “pijos”. En Madrid practican el botellón tanto los skinheads como los antisistema. Esto pasa en todas las ciudades de España.

Particularmente pienso que es un problema de nivel cultural y de confundir valores. Parece que el único objetivo de salir de marcha es emborracharse, mucha gente joven asocia la noche con pillarse una cogorza. No estoy seguro que con prohibiciones se consiga erradicar el botellón. En Madrid está prohibido y sigue habiendo botellón igual que siempre, lo único que cambió es que antesestaba concentrado en ciertos lugares y ahora esta esparcido por toda la ciudad.

Estou de acordo cos argumentos que das en contra do botellón, pero co que non podo estar de acordo e con asociar botelloneiro con votante de esquerdas. En tódalas cidades o botellón é un fenomeno que chega a todalas clases sociais e a todalas ideoloxias. Podes ver dende xente de todolos arcos políticos, eu diria mais, a maioria non teñen nin ideas políticas definidas. Concretamente, en Madrid, onde vivo dende hai tempo, podes atopar zonas de botellón en todolos barrios, dende os mais humildes ata os mais "pijos". En Madrid practican o botellón tanto os skinheads como os antisistema. Esto pasa en tódalas cidades de España.

Particularmente penso que é un problema de nivel cultural e de confundir valores. Parece que o único obxetivo de sair de marcha é emborracharse, moita xente nova asocia a noite con pillarse unha cogorza. Non estou seguro que con prohibicións se consiga erradicar o botellón. En Madrid está prohibido e segue habendo botellón igual que sempre, o único que cambiou e que antes estaba concentrado en certos lugares e agora está espallado por toda a cidade.

Madrid Diario

Algete contará con un Observatorio del Ruido que produce Barajas

17-10-2007 - MDO/E.P. - Fotografías: Ayto. de Algete

http://www.madridiario.es/2007/Octubre/municipio/algete/41380/algete-observatorio-ruido-barajas-vecinos.html

La alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez, anunció este miércoles que el Ayuntamiento presentará próximamente en el Pleno municipal una propuesta para crear un Observatorio del Ruido, del que formarán parte todas las asociaciones de vecinos afectados por los ruidos del aeropuerto de Barajas, y "cuya finalidad será analizar la situación y elaborar propuesta para acabar con este enorme problema".

Juárez valoró este miércoles muy positivamente el auto dictado recientemente por un juzgado de Alcobendas que llama a declarar como imputados a tres altos cargos del Ministerio de Fomento y añadió que el Ayuntamiento de Algete está estudiando personarse como acusación particular "ante la reiterada vulneración de las rutas aéreas que sobrevuelan nuestro municipio".

Asimismo, recordó que los vecinos de la urbanización Santo Domingo de Algete ya presentaron ante el Tribunal Supremo una reclamación con el fin de que se dicte alguna resolución que evite el paso de cientos de aviones por esta zona y agregó que "ahora es el propio Ayuntamiento el que estudia denunciar a AENA con el fin de poner fin a una situación que afecta a buena parte del municipio".

En este sentido, subrayó que el 51 por ciento del suelo de Algete está afectado por la huella sonora del aeropuerto de Barajas e insistió en la necesidad de que se tomen las medidas oportunas. De momento, desde el Consistorio se está procediendo a sancionar, de acuerdo con las ordenanzas municipales, a aquellas compañías aéreas que incumplen las rutas establecidas.

Finalmente, la alcaldesa criticó que la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, "haya esperado a que un juzgado dicte un auto para empezar a tomar cartas en un asunto que afecta a numerosos vecinos y del que ella hace oídos sordos".

La Vanguardia

Sonómetro vecinal por orden judicial

Por primera vez, un vecino de Barcelona es obligado a abrir su casa para medir el ruido

Algunos de los que denuncian se niegan luego a someterse a las pruebas de ruidos | La Kripta tenía que cerrar a las 22 horas desde que en el 2004 fue denunciado

Antònia Justícia | Barcelona | 17/10/2007 | Actualizada a las 03:31h

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20071017/53402830102.html

Una orden judicial obliga, por primera vez, a un vecino a abrir su casa y permitir la entrada a los técnicos del Ayuntamiento con el objetivo de realizar una prueba de sonometría. El citado vecino había puesto una denuncia por ruidos contra el bar La Kripta, negándose después a permitir que el Ayuntamiento verificara si su denuncia era justificada. Al parecer, el vecino impidió hasta cinco veces la entrada de los técnicos, pero ayer un juez lo obligó a abrir las puertas de su casa.

El caso sienta un importante precedente en Barcelona, ya que por primera vez se obliga vía judicial a los vecinos que denuncian a locales por ruidos a someterse a las pruebas de medición que determinan el nivel de aislamiento acústico de los locales respecto a las viviendas colindantes. Algo a lo que en muchas ocasiones se han negado los denunciantes -como en el caso de la sala de fiestas de La Paloma- alegando que no confían en la imparcialidad del Ayuntamiento que los realiza.

El caso de La Kripta se remonta a noviembre del 2004. El distrito de Horta-Guinardó tomó la decisión de emprender la vía judicial después de que el vecino denunciante se negara hasta cinco veces a permitir la entrada de los técnicos que debían validar que su denuncia se ajustaba a la realidad. Este local, que actuaba entonces como pub musical, fue denunciado por ruidos y obligado a una serie de medidas. Entre ellas invirtió, según consta en el expediente del distrito, unos 80.000 euros en la insonorización del inmueble, que ocupa los números 8, 10 y 12 de la calle Tossa. Sin embargo, y pese a la inversión, el ayuntamiento del distrito tomó como medida cautelar dictar una orden que obligaba a La Kripta a cerrar a las 22 horas, todo ello basado en una denuncia que el propio vecino se ha negado reiterativamente a contrastar.

La medición se realizó ayer en los dos pisos de la primera planta del edificio donde se ubica La Kripta. Los resultados no se sabrán hasta dentro de unos días. Al margen de a quién dé la razón, la Federació Catalana d´Associacions d´Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm) ha expresado su malestar por una situación que "se ha eternizado" durante tres años con el agravante que ha supuesto para el propietario del local tener que cerrar a las diez de la noche, a la vez que valora el requerimiento judicial, dictado por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 de Barcelona. Acusan al vecino denunciante de "actuar de mala fe", ya que con sus reiteradas negativas "imposibilitó que el local comprobara su grado de aislamiento y adoptara las medidas correctoras pertinentes si eran necesarias", señalaba ayer el secretario general de la Fecasarm, Joaquim Boadas. No descartan actuar judicialmente contra el vecino y reclamar daños y perjuicios por valor de 300.000 euros.

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