martes, 3 de febrero de 2009

Martes 02 de febrero de 2009

 

NORMATIVA.

Doce colectivos festeros, contra las restricciones en la pirotecnia

Mediterráneo - 03/02/2009 R. B.

Más de 12 entidades culturales y festivas de toda la Comunitat Valenciana han confirmado ya su asistencia a la concentración lúdico-reivindicativa del próximo sábado en Castellón para defender la tradición pirotécnica y demandar que la normativa europea se adapte a las costumbres festivas y peculiaridades propias de cada territorio.

De momento, Els dimonis de Morella, la Nova Colla de Benicàssim, Botafocs del Grao, Dimonis de Massalfassar, Alboraia, Cimat, Colla Valencia, El Campanar, Benimaclet, Corregraneres, Aldaia y representantes de Xarxa Teatre ya han anunciado que se unirán a este cercavila. Muchas otras agrupaciones, entre las que se encuentran miembros del sector pirotécnico, ya han manifestado su intención de sumarse.

ITINERARIO La concentración partirá a las cinco de la tarde del antiguo espacio del Mercado del Lunes hasta la plaza Mayor. Allí, "y siempre dentro de un ambiente festivo", como apunta el representante de una de las entidades organizadoras, se leerá un comunicado conjunto para defender la pervivencia de las tradiciones y la cultura del fuego por encima de las restricciones que pueda dictaminar la reglamentación europea, cuyo plazo de adaptación finaliza el primer trimestre del 2010. La pasada semana, diversos representantes sociales pidieron a los reponsables políticos que trabajaran en la adaptación de esta normativa a las peculiaridades de cada lugar para garantizar la pervivencia de las fiestas y tradiciones.

Indignación. Ciclomotores, trampas e ITV

El limitador de velocidad a 45 km/h aconsejado se retira nada más pasar la inspección técnica

 

presión policial. Agentes de la Policía Local de Valencia durante uno de los controles realizados ayer.

Presión policial. Agentes de la Policía Local de Valencia durante uno de los controles realizados ayer. f. bustamante

Levante 02-02-09 - José Parrilla, Valencia


Concesionarias de ITV rechazando motos, talleres haciendo su agosto y conductores indignados son las tres patas del caos que se ha generado en torno a las revisiones obligatorias de los ciclomotores de más de tres años. El origen de todo es la limitación de velocidad a 45 kilómetros por hora, un límite que estos vehículos superan ampliamente y que han de respetar para pasar la ITV. Eso significa que hay que poner limitadores y hacer un importante desembolso en el taller, con el agravante de que esos limitadores normalmente se quitan después de pasar la prueba -resulta "peligroso" circular a esa velocidad en ciudad- y que todo ese esfuerzo no tiene una repercusión real en la seguridad, que es el objetivo de la medida.


Desde el pasado 21 de enero, los ciclomotores con más de tres años de antigüedad están obligados a pasar una revisión que incluye mecánica, ruido, emisión de gases y velocidad máxima. De los 307.867 aparatos que hay censados en la Comunitat Valenciana, 166.624 tiene más de tres años y al terminar el plazo fijado por la Conselleria de Industria para pasar la ITV, 150.000 no lo habían hecho.


¿Me arriesgo o no?
Estos días, por tanto, ante la posibilidad de ser sancionados, cientos de motoristas se acercan a las ITV para pasar esa revisión y la pregunta en todos ellos es la misma: "¿Qué hago con la velocidad? ¿Voy así y me arriesgo a no pasar la prueba o le pongo un limitador para pasarla aunque luego tenga que quitárselo?"


La respuesta la han dado las propias ITV, que están echando para atrás a todos los que superan los 45 kilómetros por hora. Según Francisco Vallés, presidente de la Asociación de Estaciones Concesionarias de ITV, ellos no pueden hacer nada, ya que "esa es la norma del Ministerio de Industria y hay que cumplirla". "El problema -explica- es que los fabricantes ponen en nuestras manos unos aparatos que no son un ciclomotor y no sé qué controles hace el ministerio para evitarlo".


Eso significa que hay que colocar el limitador y los talleres no han tardado en ofrecer soluciones. Es más, en algunos casos ofrecen en el mismo paquete y con precio cerrado la colocación del limitador y su retirada posterior.


Dependiendo de los talleres, poner y quitar el aparato cuesta entre 30 y 90 euros, que se añaden a los 24 que vale la revisión.


Y total, para nada, porque el objetivo de mejorar la seguridad bajando la velocidad no se cumple desde el momento en que los limitadores son de ida y vuelta. Para algunos motoristas, esto es "sólo una manera de sacar el dinero", porque todas las motos superan esa velocidad cuando salen de la fábrica y, además, "circular por debajo de 45 kilómetros por hora es un peligro". "Es hacernos gastar dinero para nada, para seguir en la ilegalidad y sin mejorar la seguridad, que en este caso es una simple excusa", dicen.


Entre tanto, las ITV siguen haciendo su trabajo sin dar una norma clara al respecto, lo que ha provocado situaciones absurdas como que algunas motos sean rechazadas por haberle cortado demasiado la velocidad. Su opción es cumplir la ley y cobrar por ello. Por cierto, si no se pasa la prueba hay que ir a una segunda revisión que cuesta otros 7,5 euros.


Controles y fuertes sanciones
La Policía Local de Valencia puso en marcha ayer controles en toda la ciudad para asegurar la correcta circulación de los ciclomotores. Esos controles tienen como primer objetivo la ITV y de ahí que se hayan establecido sanciones de entre 150 y 300 euros para quienes no la hayan pasado. Además, se les intervendrá el permiso de circulación y se sustituirá por un vale que les da 10 días para pasar la revisión y recuperar la documentación.


También se pondrá especial celo en el casco, que es responsabilidad del conductor tanto en su caso como en el del acompañante. Y finalmente se exigirá el permiso de circulación, el de conducir, la tarjeta de ITV, y la póliza y el recibo del seguro.

Valencia

Bernal, "indignada" de que Peralta ironice sobre el ruido de los aviones

Las Provincias - 02.02.09

La concejal de Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, se ha mostrado hoy "indignada" con la "ironía" del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, a la hora de referirse a las molestias ocasionadas por el ruido de los aviones pues esa actitud "no sirve para solucionar el problema de los vecinos que sufren el ruido" de Manises.

Bernal se ha referido así a las palabras de Peralta, quien el pasado viernes afirmó que "todas las infraestructuras tienen sus molestias", como el circuito urbano de Fórmula Uno en Valencia, donde "se repartieron tapones".

Para la concejal, "la ironía de Peralta no sirve para solucionar el problema de miles de vecinos que sufren el ruido de aviones. Ahí es donde tiene que actuar".

La edil ha mostrado también su "sorpresa" por el hecho de que desde la Delegación del Gobierno se inste "a los vecinos afectados a alegar, cuando hace tiempo colectivos vecinales de San Antonio de Benagéber denunciaron ante la Fiscalía los problemas que padecen y todavía no se les ha contestado".

Además, Bernal ha afirmado que el Gobierno "ha negado incorporar a las Federaciones de Vecinos en las reuniones con Aena" y ha tachado sus propuestas de "gran hipocresía y una absoluta contradicción por parte" de Peralta.

"No se puede comparar tres días de incidencia de ruido, donde además no se recogió ninguna queja de los vecinos, con 365 días de padecimiento de aviones que sobrevuelan la ciudad y que los vecinos sufren cada vez con más intensidad; de ello sí tenemos constancia a través de cientos de denuncias de los mismos", ha afirmado.

Asimismo, Bernal ha rechazado la propuesta de Peralta de insonorizar las viviendas y ha señalado que la solución "pasa por controlar a las compañías aéreas que respeten las rutas de vuelo establecidas y que se regule la altura a la que deben sobrevolar la ciudad".

La CE investiga si los silos de cemento del puerto de Alicante


La Comisión Europea ha pedido información a las autoridades españolas para verificar si el proyecto de construcción de silos para almacenar y distribuir cemento en las nuevas instalaciones del puerto de Alicante respeta la legislación medioambiental comunitaria, según anunció el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer.

DIARIO CRITICO CV / PANORAMA-ACTUAL - 02/02/2009 20:20 h.

En su pregunta, Meyer denunció que este "macrocomplejo" -que según sus datos supone la construcción de 4 plantas ensacadoras y 17 silos con capacidad para almacenar 102.000 toneladas de cemento, con alturas entre 31 y 54 metros- puede "generar un negativo impacto ambiental y paisajístico, graves problemas de contaminación acústica y atmosférica, así como la aparición de enfermedades vinculadas".


Además, supondrá la ubicación de instalaciones "molestas y peligrosas" a menos de 1.000 metros de barrios residenciales de Alicante (como San Gabriel, Gran Vía Sur o Benalúa Sur...), lo que según el eurodiputado de IU incumple también la normativa comunitaria.


Meyer criticó que los cinco proyectos aprobados por la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Alicante "no disponen ni de estudio de impacto ambiental ni de estudios solventes relativos al tráfico de vehículos pesados, a la contaminación acústica y atmosférica y al impacto paisajístico". "Además, tanto la Autoridad Portuaria como el Ayuntamiento han tramitado los 5 proyectos por separado con el fin de impedir la evaluación del impacto conjunto de todas las instalaciones prevista", aseguró el eurodiputado.


Recordó también que la construcción de la zona de ampliación del Puerto de Alicante, donde pretende desarrollarse el macrocomplejo, fue financiada por la UE con 25 millones de euros, un 40 % de la aportación pública recibida.


En su respuesta, el comisario Dimas indica que "la Comisión ha solicitado de las autoridades españolas el envío de información acerca del cumplimiento de los requisitos que estipula el derecho medioambiental comunitario", en especial la directiva sobre evaluación de impacto ambiental

Sebastián Gaya advierte que hay en curso 28 demandas por el mismo concepto

El Tribunal Supremo condena al Ayuntamiento de Manacor al pago de 85.000 euros por ruidos y molestias de un bar a unos vecinos

Foto: Fachada del Ayuntamiento de Manacor.

Madrid/Manacor (ABN).- El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Manacor, por permitir ruidos y molestias que generaba un bar de Porto Cristo a unos vecinos, a una sanción económica de 85.000 euros. 64.000 euros corresponden a la sanción directa por daños y perjuicios, el resto, 21.000 euros, afectan a los intereses desde que se inicio el pleito.

El líder de PSM-Esquerra-Verdes del Ayuntamiento de Manacor Sebastián Gaya, ha confirmado a ABN, que el Consistorio que preside Bernat Amer y Antoni Pastor se vieron obligados el pasado 22 de octubre de 2008 ha pagar 85.000 euros a un vecino de la localidad, como consecuencia del fallo firme de la Alta Magistratura, referente a daños y perjuicios ocasionados por la música de un bar a los residentes, ya que el Ayuntamiento de Manacor está obligado a garantizar el descanso de los empadronados y en este caso no lo hizo.

Según Gaya, no se trata de un caso aislado, porque los vecinos del centro de Manacor han interpuesto al menos 28 denuncias por el mismo concepto, no pueden dormir porque el ruido que provoca la “marcha nocturna” de fines de semana, hace imposible que sea compatible la fiesta y el descanso. Según el portavoz del tripartito de izquierdas de Manacor, si el Tribunal Supremo sentencia lo mismo por los ruidos nocturnos en Manacor, la corporación municipal tendrá que presentar la quiebra, porque no hay institución local que soporte tantas sanciones y tan elevadas.

Gaya ha pedido al alcalde Antoni Pastor, que le facilite la documentación del pleito donde se impone la primera sanción económica correspondiente al Bar La Parra de Porto Cristo y las decenas de denuncias en curso ante los juzgados, de otros pubs del centro de Manacor, para calibrar con tiempo las consecuencias y buscar remedios que satisfagan a ambas partes, antes de producirse sentencias firmes ineludibles.

BARAKALDO

La ordenanza contra el botellón provoca los primeros cierres

El Consistorio clausura un bazar que vendía alcohol a menores y estrecha el cerco sobre camellos y toxicómanos

El Correo Digital – 03-02-09 - U. MORÁN | BARAKALDO

La ordenanza contra el botellón provoca los primeros cierres

La Policía local despliega un dispositivo especial todos los fines de semana./ L. CALABOR

Padres denuncian la «permisividad» de algunos bares de Juan de Garay

El descontrol que impera en Juan de Garay, y que daña por tanto la imagen de la segunda población de Vizcaya, no resulta fácil de atajar, sobre todo después de un prolongado período de abandono. El Ayuntamiento comenzó a trabajar la zona hace justo un año con el despliegue de un dispositivo especial de la Policía local todos los fines de semana. Otras medidas han llegado de la mano, como las nuevas ordenanzas municipales que regulan las multas por peleas y el consumo de alcohol en la vía pública.

Los primeros resultados comienzan a tomar cuerpo en forma de sanciones. Recientemente se ha clausurado, por ejemplo, un bazar que operaba en la parte alta de la calle, por supuesta venta de bebidas y tabaco a menores. «Es un alivio, porque se reunía allí gente muy rara», celebran vecinos y comerciantes. Un aviso a navegantes con el que el Consistorio ha querido demostrar que su apuesta es seria «contra quienes incumplen la ley».

Queda claro también en las inmediaciones de la Escuela Oficial de Idiomas, una céntrica área de la localidad donde acostumbraba a reunirse un importante grupo de narcotraficantes y toxicómanos. Aún siguen allí, pero bajo una perseverante vigilancia policial que les estrecha el cerco. Se han retirado los bancos de los alrededores para evitar sus concentraciones y distintas patrullas se relevan en las tareas de observación, a pie o en coche.

«Mano dura»

Pero aún queda mucho por hacer. No en vano, son varios los padres que han expresado sus quejas a los responsables municipales por la permisividad con la que operan algunos bares de Juan de Garay que, según denuncian, ofrecen alcohol a menores «sin pedir ningún tipo de identificación» e incluso ofreciéndoles suculentos descuentos. «Es evidente que todo el mundo tiene derecho a hacer negocio, pero siempre manteniendo el respeto a las normas», advierte la concejal de Seguridad Ciudadana en Barakaldo, Olga Santamaría, quien anuncia «mano dura».

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