El Consell plantea un conflicto de competencias por los chiringuitos
La Generalitat cree prioritario gestionar las terrazas de las playas
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia – El País - 24/03/2010
Con más de medio millón de parados registrados en las oficinas del Servef y una economía con la mayor recesión de toda España -salvo Aragón-, el Gobierno valenciano planteó ayer un conflicto de competencias para poder gestionar las terrazas de dos docenas de chiringuitos de las playas de la Malva-rosa, Pinedo y El Saler en Valencia. Una cuestión que se ha convertido en prioritaria para el Consell -como la protección de las corridas de los toros, la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia o la caza del parany- por delante de la crisis económica y sus efectos en la Comunidad Valenciana.
El Consell solicitó ayer una reunión de la comisión bilateral de cooperación con el Gobierno central tras sentirse agraviado por una carta del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.
La misiva, respuesta a otra carta de la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, señala que el nuevo Estatut d'Autonomía no otorga "nuevas competencias" a la Generalitat "en materia de gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, referido al otorgamiento de autorizaciones y concesiones de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de las playas". Es decir, el Gobierno considera que el Consell no tiene la competencia sobre las concesiones de los chiringuitos de las playas.
El consejero de Gobernación y desarrollo estatutario, Serafín Castellano, fue quien se mostró más airado. "No hace falta modificar nuestro Estatuto para poder disponer de las competencias de los chiringuitos. Por eso, no nos vamos a resignar, no nos van a callar, porque hay puestos de trabajo en juego". Castellano informó de la situación a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que anunció que mañana irá a los chiringuitos de Pinedo para recontar los agravios del Gobierno a la Comunidad Valenciana.
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, insistió en que el Estatuto no prevé las competencias en la gestión del dominio público marítimo-terrestre y criticó que el Consell reclame "la cesión de competencias sobre los chiringuitos" pero no se comprometa a respetar la legislación vigente que obliga a estos establecimientos a adecuar el espacio ocupado por sus terrazas a los términos de la concesión efectuada. Sánchez de León instó al Gobierno a "negociar una hoja de ruta consensuada" para negociar todas las nuevas transferencias y no hacerlo una a una.
MEDIO AMBIENTE | Ley de Costas
Lorenzo: 'Aunque el Consell tuviese competencias en los chiringuitos debe aplicar la ley'
- 'Habrá que negociar y avanzar en el marco de las normas'
- 'El Gobierno central "es receptivo y estudia soluciones'
Europa Press | Castellón El Mundo - miércoles 24/03/2010
El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, aseguró este miércoles que aunque la Generalitat Valenciana tuviese competencias para poder gestionar los chiringuitos, tendría que aplicar "igualmente" la ley. Lorenzo realizó estas declaraciones tras la presentación de 97 nuevos agentes de la Guardia Civil que se incorporan desde este miércoles a la Comandancia de Castellón para prestar sus servicios en la provincia de Castellón.
Según explicó, "el traspaso de competencias en esta materia a la Generalitat Valenciana es un proceso negociado por parte de quien demanda la competencia y de quien la tiene, por lo que habrá que negociar y avanzar en ese sentido en el marco de las normas"
No obstante, señaló que "en el caso en que la Generalitat Valenciana tuviese esas competencias tendría que aplicar igualmente la Ley, de la misma forma que la hace cumplir en educación, donde tiene competencias".
Por otra parte, añadió que el Gobierno central "es receptivo y estudia soluciones a la mayor parte de los casos, aunque también pide el máximo cumplimiento de la norma".
Romero: “El Gobierno Central vuelve a burlarse de los castellonenses ya que deniega el traspaso de las competencias sobre los chiringuitos al Consell”
- El concejal de Sostenibilidad exige a Rodríguez Zapatero que “modifique, de una vez por todas, la Ley de Costas”
El concejal de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, ha arremetido hoy duramente contra el Gobierno Central “ya que ha vuelto a burlarse de todos los castellonenses y, también de los valencianos, al denegar el traspaso de las competencias para gestionar los chiringuitos al Consell”. Romero, quien ha afirmado que nadie mejor que la Generalitat Valenciana “conoce mejor las demandas de este sector y las medidas para poder ofertar a los turistas con el fin de potenciar este sector, y, en especial a los chiringuitos”, ha denunciado que al Gobierno de Rodríguez Zapatero “no le importa ni lo más mínimo la cuestión de los chiringuitos y todo lo limita a cuestiones políticas”.
“Desde el Ayuntamiento de Castellón no vamos a dejar de exigir al Gobierno de la Nación que, de una vez por todas, cambie la Ley de Costas que data del año 1988 con el fin de que los chiringuitos de nuestras playas, catalizadores también del turismo en la ciudad, puedan abrir este verano”, ha afirmado Romero, quien ha recordado que este tipo de instalaciones generan alrededor de 200 puestos de trabajo de forma directa y cientos de forma indirecta durante la temporada estival. “Rodríguez Zapatero, y así lo demuestra día tras día, pasa olímpicamente de Castellón, de nuestro sector hostelero, de nuestro sector turístico y de la generación de empleo”, ha afirmado Gonzalo Romero.
“Una vez más, el Gobierno Central del PSOE falla en contra de nuestra Comunidad Valenciana y nos demuestra un agravio comparativo al autorizar estas instalaciones en otros lugares del país, es injusto”, ha afirmado el concejal de Sostenibilidad, quien ha destacado que, por parte del Ayuntamiento de Castellón “vamos a seguir exigiendo a Rodríguez Zapatero que deje de ningunearnos a los castellonenses”.
“Una vez más, Rodríguez Zapatero ahoga a las economías castellonenses y abogamos por mantener el derecho al ocio y por el turismo de la ciudad”, ha dicho Romero.
Castellón
El Gobierno niega al Consell la competencia para gestionar los chiringuitos de las playas
Castellano asegura que nuevamente se demuestra el agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas
24.03.10 - 01:46 -
C. FERNÁNDEZ cfernandez@lasprovincias.es | VALENCIA.
LOS PROTAGONISTAS
- SERAFÍN CASTELLANO CONSELLER «Nos han dado excusas peregrinas, rídiculas y de mal pagador»
- P. SÁNCHEZ DE LEÓN CONSELLERA «No es de recibo que el Gobierno ventile los tema con una carta»
- RITA BARBERÁ ALCALDESA «Nuevamente comenten con nosotros un agravio comparativo»
- El Gobierno justifica que en el Estatuto de Autonomía no se especifica la competencia
«Un nueva bofetada a la Comunitat». Así calificaron la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, la negativa a la petición del Gobierno autonómico de asumir la gestión de los restaurantes de la costa.
El Consell recibió ayer una carta del secretario de Estado de Cooperación, Gaspar Zarrías, denegando en una simple frase la negativa a asumir un traspaso de competencias. «En el artículo 51.1. 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana tampoco pueden derivarse los traspasos pretendidos, ya que la legislación estatal de costas, en la medida en que esta lo prevé ya es objeto de ejecución por parte de las Comunidades Autónomas, incluida la valenciana sin necesidad de proceder al traspaso de funciones y servicios», queda reflejado en la misiva estatal.
Para el Consell este argumento no es justificación alguna. «Es peregrino y ridículo y es una excusa de mal pagador. Esto sólo una cuestión política», puntualizó Serafín Castellano.
Para el conseller no hay duda alguna y no se necesita una mayor especificación alguna, ya que el Estatuto de Autonomía confiere a la Generalitat una «competencia plena sobre esta cuestión y a través de un decreto de traspaso de competencias se podía perfectamente solventar esta cuestión, como ya ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas», se reiteró.
La consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, también criticó la formas en las que se había contestado. «No es de recibo que el Gobierno ventile estos temas con una mera carta, es un simple escrito donde se demuestra que el Gobierno no tiene predisposición al diálogo y ha fallado en el fondo y en la forma», puntualizó.
El Consell tenía puestas las esperanzas en esta tramitación para conseguir que salvar los 5.000 puestos de trabajo que están peligro si el Gobierno prohibe que los restaurantes coloquen terrazas en sus locales junto a las playas.
Desde que en noviembre pasado los hosteleros empezaran a recibir cartas donde se les anunciaban sanciones por 100.000 euros si continuaban instalando mesas y sillas en los paseos marítimos, el Gobierno valenciano y los ayuntamientos iniciaron una cruzada en defensa absoluta de los negocios y las tradiciones valencianas de comer paella junto al mar.
«Por eso digan lo que digan la Generalitat no se va a resignar ni a callar ante esta nueva humillación porque está en juego un sector estratégico, el turismo, y 5.000 puestos de trabajo», puntualizó Castellano.
El Consell está convencido de que el Estatuto de Autonomía tiene los artículos necesarios para poder gestionar los restaurantes de playa y defenderlos como se merecen. Por si esta opción no fuera válida el Consell recurrirá a la cláusula Camps. «Tenemos los reglamentos necesarios, pero no descartamos utilizar la cláusula Camps», matizaron fuentes de Gobernación.
Cláusula Camps
El Partido Popular considera que no se deben descentralizar más las administraciones autonómicas, pero en los temas en los que ya se han realizado concesiones como el caso de los restaurantes de la playa, el Partido Popular no tiene duda de que utilizará la cláusula Camps. «Una herramienta para equiparar las comunidades. En el Estatuto de Autonomía así lo refleja. «Cualquier modificación de la legislación del Estatuto, que con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunidad Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus
BARBANZA
El Valedor da pistas judiciales contra los abusos de la movida
22.03.2010 En su balance anual cita tres ejemplares sentencias y ocho derechos constitucionales vulnerados ·· Advierte a los concellos de su responsabilidad patrimonial si no combaten las infracciones ·· Critica la "actitud permisiva" de Boiro
- SUSO SOUTO • BOIRO – ElCorreoGallego – 22-03-10
Imagen de archivo de uno de los locales de la movida de Oroso
Un año más, el Valedor do Pobo se ve obligado a reprochar la falta de colaboración de varios concellos con problemas graves en locales de la movida y, lo que es peor, la falta de implicación para ponerles fin. Quizá por eso, en el balance de 2009 le da valiosas pistas a los denunciantes de los abusos del sector hostelero por si decidiesen ir por vía judicial.
Así, al repasar la hostilidad de la que hace gala, por ejemplo, el Concello de Boiro, cita hasta tres ejemplarizantes sentencias dictadas en Sevilla, Palma y Castilla La Mancha, y ocho artículos de la Constitución española e incluso de la Convención Europea de Derechos Humanos que aluden a derechos de los ciudadanos que con frecuencia son vulnerados por los problemas de la movida sin que los concellos actúen con la diligencia a la que están obligados por ley.
"Con la concesión de la licencia no acaba la labor del ente local, que debe garantizar en todo momento el interés público", dice. Es más: advierte que hay jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial de los concellos por no combatir con diligencia la contaminación acústica. A aquellos alcaldes que aluden a la necesidad de conciliar el derecho de los vecinos a descansar y el de los hosteleros a desarrollar su actividad, el Valedor advierte que "no es labor de un concello ese arbitraje, sino defender la ley con efectividad".
La crítica central del Valedor se refiere al hecho de que algunos concellos están, en cierto modo, propiciando que los problemas de la movida empeoren, dado que, además de actuar tarde (cuando actúan), lo hacen sin adoptar medidas preventivas.
"El problema es que las irregularidades no se controlan permanentemente para aplicar las consecuencias de la reiteración de las conductas irregulares y no se actúa en consecuencia", dice.
En el incumplimiento de lo que el Valedor considera el primer y esencial paso destaca el Concello de Boiro, al que reclamó "insistentemente" (y, a día de hoy, aún sin éxito) que comprobase la adaptación de la actividad de cada local a su licencia.
Las quejas en Boiro llegan avaladas por cientos de firmas desde 2006 al Valedor, que califica la actitud del Concello como "por lo general, pemisiva". "Con el retraso de esta primera fase de tratamiento del problema, a pesar de lo sencillo de la labor, se retrasan también las medidas para solucionarlo", explica.
En el caso de Muros, el Valedor critica la caducidad del expediente sancionador contra un local por falta de actuación del Concello, al no efectuar las mediciones de ruidos. La disculpa del ejecutivo fue que carecía de medios. La respuesta del Valedor fue recordarle su deber legal de actuar con todos los medios a su alcance, ya sea reforzando el servicio policial o contratando las mediciones a una empresa.
Uno de los casos más sangrantes es el que denunciaron los dueños de un hotel de Fisterra por las molestias de un pub. Durante un año sufrieron los ruidos, vibraciones, gritos en la calle e incluso los insultos y burlas de los asiduos al pub (que además tenía terraza). Tras reiteradas peticiones al alcalde para que actuara, cuando al fin informó resultó que el local... ni siquiera tenía licencia.
delegribeira@elcorreogallego.es
'TOQUE' PARA MELIDE, A ESTRADA Y OROSO
Órdenes por el pito del sereno
El Concello de Melide sigue sin constatar la adaptación de la actividad de los locales a sus licencias. El Concello de A Estrada recibe las críticas del Valedor por el "deficiente tratamiento que le da a los problemas ocasionados por los locales". Al respecto, explica que "después de mucho tiempo, el Concello señaló que estaba valorando las actuaciones a seguir, pese a que en todas las actas se reflejaban irregularidades". Considera que "la reacción municipal es insuficiente, pues sólo se obliga a bajar el volumen, sin mediciones ni actas de infracción". Al respecto explica que "al repetirse las supuestas infracciones, las multas serían más cuantiosas y tendrían un efecto disuasorio". El Valedor advierte al Concello de Oroso que la declaración de una zona como saturada de ruidos es incompatible con la legalización de locales ya existentes en ella, por cuanto implica dar nuevas licencias .
En busca y captura la dueña de un pub ruidoso condenada a 5 años de cárcel
EFE | BARCELONA - ABC - Martes , 23-03-10
La Audiencia de Barcelona ha dictado una orden de búsqueda y captura de María del Carmen Ahijado, la ex dueña del pub "Donegal" de Barcelona, para que cumpla los cinco años y medio de prisión que se le impusieron por las lesiones que causaron en los vecinos los ruidos procedentes de su local.
Según han informado fuentes judiciales, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha dictado esta orden de detención tras constatar que la procesada, que se encontraba en libertad provisional a la espera de que la sentencia se hiciera firme, se encuentra en paradero desconocido.
La sala inició los trámites para ejecutar la sentencia y ordenar el encarcelamiento de la procesada, después de que el mes pasado el Tribunal Supremo (TS) confirmara la pena de cinco años y medio de prisión que le impuso la Audiencia de Barcelona por un delito contra el medio ambiente y cuatro de lesiones.
La sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona fue la primera de España que reconoció como un delito de lesiones los daños físicos y psíquicos que sufrieron los vecinos a consecuencia de los ruidos procedentes del local musical.
La mujer fue juzgada en noviembre de 2008 por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, pero nunca ingresó en prisión por esos hechos y se encontraba en libertad provisional a la espera de que la condena de prisión se convirtiera en firme. Durante el juicio, la antiga dueña del pub, situado en el barrio barcelonés de Ciutat Vella, aseguró que había sido extorsionada por un hombre que se presentó como funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, al que llegó a pagar 6.000 euros en efectivo para evitar tener problemas con su establecimiento.
Un mes después de su condena, el supuesto extorsionador, un ingeniero industrial llamado Joaquín Q., acabó siendo imputado por un juzgado de Barcelona en una red de sobornos a locales de ocio y prostíbulos en la que también está implicado un inspector de licencias y otra funcionaria municipal. El pasado mes de diciembre, el ingeniero industrial fue detenido de nuevo en el marco de otra investigación por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes de apartamentos turísticos de Barcelona.
Según la sentencia de la Audiencia de Barcelona, María del Carmen Ahijado, propietaria entre abril de 2005 y mayo de 2006 del bar "Donegal", instaló en su bar, sin permiso administrativo, un equipo de música con cinco altavoces distribuidos por todo el local que generaban ruido desde las nueve de la mañana a las tres de la madrugada. Este ruido, añade el fallo, "ha perturbado gravemente la vida familiar y la salud física y psíquica" de los vecinos del primer piso, que precisaron atención psiquiátrica por un transtorno depresivo y debieron tomar ansiolíticos.
Limita aún más la apertura de negocios
Los hosteleros denuncian la nueva Ley del Ruido
La normativa impone una distancia mínima de 25 metros entre locales y agrava la «sobrerregulación» del sector
Jóvenes en la calle de los Herreros, que concentra un alto nivel de ruido. Foto L. O. Z
M.ª JESÚS FERNÁNDEZ La nueva Ley del Ruido de Castilla y León supone una nueva zancadilla para los hosteleros, que tendrán que respetar una distancia mínima de separación de 25 metros para abrir nuevos establecimientos. La patronal del sector cree que la medida frenará aún más la actividad del sector, ya expuesto a la nueva normativa antitabaco y a la próxima ley de Turismo de la Junta de Castilla y León. Una suma de disposiciones que origina una «sobrerregulación del sector», según recrimina, el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), Óscar Somoza, quien reclama «una unificación para crear una única normativa clara y concisa».
Respecto a la distancia requerida para abrir nuevos locales, Somoza asegura que endurece la separación ya exigida con anterioridad «ya que antes la distancia se medía de puerta a puerta y con la nueva normativa se mide desde la esquina del establecimiento». Además asegura que las pequeñas poblaciones serán las más perjudicadas porque «hasta el momento la distancia sólo se imponía en municipios mayores de 20.000 habitantes mientras que ahora también afecta a poblaciones de más de 1.000 habitantes». La separación no sólo afecta a la apertura de nuevos negocios, sino también a los cambio de titularidad y a las modificaciones del negocio o de actividad, lo que incluye los traspasos.
Frente a las trabas que incorpora la nueva Ley del Ruido, las normativas europeas facilitan los trámites de apertura de nuevos negocios. «Te dan la posibilidad de realizar una declaración de responsabilidad con la que garantizas el cumplimiento de las normativas existentes y que te permite abrir sin esperar a la licencia de apertura, que puede demorarse hasta seis meses en algunos casos», según explica el representante de los hosteleros.
La nueva regulación también impone nuevos límites de hasta 85 decibelios para locales sin equipo de música y superiores en el caso de contar con equipos de reproducción y amplificación sonora. Las sanciones en casos de incumplimiento pueden llegar a los 300.000 euros e incluso a la clausura definitiva del negocio. Sin embargo, el presidente de Azehos considera que «los problemas de ruidos han pasado a la historia y son prácticamente inexistentes porque poco a poco los locales han ido realizando las adaptaciones necesarias y están perfectamente acondicionados». De hecho, a su juicio «pueden molestar más los coches y los supermercados o tiendas que abren a las siete de la mañana también son un foco importante de ruido».
22/3/2010 – Santo Domingo
Fiscalía llama a querellarse contra colmadones por ruidos
El fiscal de la Provincia de Santo Domingo, doctor Perfecto Acosta llamo a los ciudadanos que se sientan afectados por la alta música de colmados y colmadones a querellarse en las fiscalías comunitarias y en la sede de esta institución. Acosta sostuvo que un tribunal de San Cristóbal sentó un precedente y que ya están sentadas las bases para combatir el ruido que producen los centros de expendio de bebidas alcohólicas- En otro orden de sus declaraciones el representante del Ministerio Publico en la Provincia de Santo Domingo informó se dicto tres meses de prisión preventiva a dos hombres a quienes se vincula en el asesinato de una estudiante en el cementerio de Hato Nuevo de Manoguayabo.
Acosta identificó a los hombres como Jairo Vidal Pérez de 29 años, enviado por el segundo juzgado de la instrucción de Santo Domingo a la cárcel de Najayo, y Boris Adolfo Méndez enviado a la carcel de la victoria por igual periodo.
A los dos hombres se le dictó medida de coercion por la investigación que se lleva a cabo por la violación y posterior asesinato de la estudiante Ivis Guadalupe Paulino Duran.
El fiscal de la Provincia de Santo Domingo hablo tras firmar un convenio de cooperación con el coordinador general del movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, Santiago Sosa en el que entre otras cosas se comprometen a fomentar la educación e integración de la ciudadanía en la prevención y defensa de los Derechos y Seguridad Ciudadana.
El acuerdo rubricado también establece que ambas instituciones adoptaran medidas que contribuyan a la creación de mecanismos y medios que faciliten la solución alternativa de conflictos con la participación de mediadores comunitarios en la solución de sus diferencias sociales.
También que la sociedad civil organizada monitoree al Ministerio Publico.
Asimismo, que el Procurador Fiscal de la Provincia de Santo Domingo rinda cuenta de su gestión todos los años.
Para el fiel cumplimiento de este convenio ambas instituciones formularan un calendario de trabajo.
El acuerdo tendrá una vigencia de dos años y con el mismo se busca optimizar la labor del ministerio público en esta demarcación.
El procurador fiscal Perfecto Acosta y el coordinador general de Participación Ciurana Santiago Sosa destacaron la importancia de este tipo de acuerdo para el buen desarrollo de las instituciones del Estado.
En el marco de la actividad en que se firmo el acuerdo se anuncio que en los próximos días darán apertura a una casa de justicia en Sabana Perdida, por considerarse una zona muy conflictiva y con mucha población.
Según explicaron los rubricantes del convenio las casas de justicia contribuyen a descongestionar los tribunales porque en ellos se dirimen casos menores.
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Nuevo recordatorio de deberes legales al Concello de Boiro, un año después de la visita de representantes del Valedor por los problemas con el ocio nocturno
Web do Valedor do Pobo - 20 de Enero de 2010
Se cumple un año del encuentro en el Concello barbanzano de representantes del Valedor con el alcalde y las demoras y la inconcreción del ente local en la remisión de sus informes impide resolver varias quejas relacionadas con los problemas derivados del ocio nocturno en la localidad.
Santiago de Compostela, 20 de enero de 2010. Cuando se cumple un año de la visita de dos representantes de la institución del Valedor do Pobo al Concello de Boiro (12 de enero de 2010), las quejas tramitadas por esta institución desde el año 2006 sobre diferentes problemas con el ocio nocturno en zonas del municipio permanecen sin resolver, en gran parte motivado por las excesivas demoras que acumula este ente local a la hora de remitir los informes al alto comisionado autonómico (agotando los plazos y requerimentos habituales); y una vez que los hace llegar, por la inconcreción de los mismos, en algunos aspectos en los que el Valedor reclama exactitud y exhaustividad.
El último recordatorio de deberes legales que el Valedor dirigió al Ayuntamiento se remitió con fecha de registro de salida de esta institución el pasado 20 de octubre de 2009. Cumplido el plazo establecido por ley sin recibir la respuesta por parte de la Alcaldía (habida cuenta el previsto en el artículo 32.2 de la Ley del Defensor del Pueblo estos funcionarios y autoridades deberán responder siempre por escrito y en el plazo de un mes) se requirió nuevamente la respuesta pendiente en dos ocasiones, con fecha del pasado 26 de noviembre de 2009 y por última ocasión el pasado 13 de enero de 2010.
Dicho recordatorio se dirige en los siguientes tenérmelos al Alcalde de Boiro:
"Que con urgencia se proceda a dar cumplimiento a las responsabilidades municipales no aclaradas en el seno del presente expediente en relación a la contaminació acústica que sufren los numerosos vecinos que acudieron la esta institución con el fin de que se preserven sus derechos fundamentales perjudicados por la actuación o abstención del ente local, especialmente el derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario (art. 18 1 y 2 CE).
Que en relación con el ruido en la calle se dé estricto cumplimiento al previsto en los artículos 12.1 y 26.5 del Decreto 320/2002, de tal forma que no se consuma en la calle el adquirido en locales de ocio o el adquirido previamente en establecimientos comerciales comunes (botellón).
Que en relación con los controles preventivos de los establecimientos se determine con precisión y de forma exhaustiva si los numerosos locales objeto de la queja, mencionados polo propio ente local, ajustan su forma de funcionar a lo habilitado para cada uno de ellos en su correspondiente licencia de funcionamiento.
Que, una vez realizada a labor mencionada en el párrafo anterior y corregidos los locales que no se ajusten al previsto en su licencia, si aun así continúan los perjuicios definidos en el art. 12.2 del Decreto 320/2002, lo que debería comprobarse, entonces de inmediato se proceda a declarar la zona como acústicamente saturada, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo, y que se adopten con urgencia todas las m
Los recordatorios de deberes legales constituyen una herramienta que el Valedor tiene a su alcance para recordar formalmente a los diferentes órganos su deber de colaborar en plazo con la institución, toda vez que estos, según el artículo 26.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, establece que "los poderes públicos de Galicia están obligados a prestar el auxilio y cooperación que les sean demandados por el Valedor en sus investigaciones y actuaciones".
Entretanto, algunos de los afectados siguieron mostrando ante el Alto Comisionado Parlamentario su malestar porque los problemas, lejos de solucionarse en los últimos meses, parece que van a más. En sus escritos, por ejemplo, denuncian que algunos locales del Callejón del Rañó seguen incumpliendo la Ordenanza Municipal de Contaminación Acústica e incluso que se produjeron actos de vandalismo de "fatales consecuencias" como dicen, los pasados 31 de octubre y 21 de noviembre.
En las quejas presentadas, los afectados denunciaban que los principales problemas se concentran en la zona comprendida entre la Rúa Principal, Plaza de la Mancomunidad, Rúa Pablo Iglesias y Avda. de la Constitución, en pleno casco urbano de Boiro y a escasos metros de la Casa Consistorial. Señalaban que la situación empeoró con respeto a la de partida; la concesión de licencias la locales de este tipo continúa y los problemas directos e indirectos provocados por éstos se ven agravados.
Tras múltiples encuentros, el Ayuntamiento anunció en febrero de 2009 que estaba preparando una ordenanza que, además de otras medidas, incluiría el mínimo a mantener por los locales de ocio nocturno como requisito para la concesión de licencias. Sin embargo, la distancia mínima de los locales, uno de los aspectos esenciales, fue eliminada de la propuesta inicial. La redacción final de la ordenanza defraudó a los vecinos, en especial si se tiene en cuenta que existen otros Ayuntamientos en los que la limitación se da.
El Valedor del Pueblo brinda una nueva oportunidad al Ayuntamiento para poner remedio la esta situación de bloqueo, y de agotar las vías del diálogo, en el campo del conjunto de acciones de un expediente que recibió las primeras quejas vecinales ya en el año 2006 y que suma más de 74 trámites diferentes desde su apertura. Las demoras en sus respuesta y los múltiples recordatorios de deberes legales ya fueron fruto de comentario nos últimos informes comunes de la institución ante el Parlamento de Galicia, la última vez con motivo de la presentación de la memoria correspondiente al 2008.
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