..moción diputación..
El PP insiste en reclamar la gestión de los chiringuitos..
Mediterráneo - 27/03/2010 - A. ARTERO
La diputada de Turismo, Susana Marqués, criticó ayer la aplicación “restrictiva y arbitraria” de la normativa de costas que considera que está realizando el Gobierno central.
La popular explicó que, por esta razón, su grupo ha registrado una moción que tiene como fin “acabar con la doble vara de medir” que existe con respecto a otras comunidades, “como Andalucía, donde sí se permite la instalación de este tipo de infraestructuras que son esenciales para la buena marcha de la economía. Todo ello, sin obviar el arraigo histórico en nuestras playas y los puestos de trabajo que generan, que son muy importantes y más en tiempos de crisis”.
Por su parte, el PSPV-PSOE está estudiando “otras fórmulas constitucionales” para que la Comunitat asuma la competencia de gestión del dominio marítimo-terrestre para autorizar los chiringuitos, según dijo su líder, Jorge Alarte. H
Los empresarios de Alicante rechazan el 'botellódromo' porque daña al turismo
R. BIOT - Alicante – El País - 27/03/2010
Ocio y negocio se enfrentan en Alicante. Los empresarios salieron ayer en tromba para dejar claro su rechazo al botellódromo en Alicante. La patronal Coepa, la Asociación Provincial de Hostelería y la Asociación Provincial de Hoteles emitieron una nota conjunta contra la instalación de un botellódromo en el puerto en la que advierten de que la práctica está perjudicando "seriamente" la imagen turística de Alicante.A la espera de que el puerto de Alicante se pronuncie sobre la propuesta del equipo de gobierno que dirige Sonia Castedo, del PP, de instalar un espacio para el ocio nocturno de los jóvenes en el puerto, junto a la zona de la Volvo, los empresarios esgrimen una lista de argumentos contrarios a la medida, de corte económico y social. Por un lado, consideran que un botellódromo "no es la mejor alternativa para favorecer un ocio adecuado para la juventud". Pero aseguran, además, que la propuesta "vulneraría la legalidad" vigente sobre el consumo de alcohol en zonas públicas, incitaría "a hábitos nada saludables", favorecería la inseguridad, "perjudicaría a las empresas instaladas en la zona y deterioraría la imagen de una de las áreas más atractivas de Alicante, además de mostrar una perspectiva social poco favorable a la ciudad".
La instalación del botellódromo surgió a raíz de que los jóvenes empezaran a utilizar para beber a la zona de levante del puerto. Molestos, los empresarios explicaron que las grandes concentraciones de jóvenes producen "continuas alteraciones del orden público que perjudican seriamente la imagen del destino turístico y el descanso de los clientes de los hoteles, así como la tranquilidad de los restaurantes de la zona".
Por otro lado, unos 1.500 jóvenes se han adherido a través de las redes sociales Tuenti y Facebook a la propuesta del Ayuntamiento de Ibi de crear un botellódromo en la localidad, según la agencia Efe.
Comunitat
La Diputación de Alicante, contra el 'botellódromo'
El proyecto de apertura de un recinto acotado para consumo de bebidas alcohólicas por jóvenes en Alicante, conocido como 'botellódromo' «multiplicará entre los asistentes el consumo de otras drogas, como la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y las sustancias alucinógenas». Esta es la conclusión a la que ha llegado el director técnico del Plan Provincial de Drogodependencias de la Diputación, el psiquiatra Bartolomé Pérez. El especialista se ha mostrado muy en contra de la iniciativa planteada por la alcaldesa, Sonia Castedo, ya que el recinto acentuaría sobremanera la «presión social de consumo».
14 Municipios piden reunión a Fomento para estudiar medidas correctoras ruido
- EFE - Torrejón de Ardoz | ADN – 25-03-10
Alcaldes, concejales y portavoces del PP de 14 localidades madrileñas afectadas por el ruido que provocan los aviones del aeropuerto de Madrid-Barajas han acordado solicitar una reunión al Ministerio de Fomento para estudiar las medidas correctoras que debe aplicar AENA en estos municipios.
Este acuerdo lo han adoptado hoy en Torrejón de Ardoz, localidad donde se han reunido representantes de San Sebastián de los Reyes, El Molar, San Agustín de Guadalix, Valdeolmos-Alapardo, Fuente El Saz de Jarama, Valdetorres de Jarama, Algete, Tres Cantos, Coslada, San Fernando de Henares, Paracuellos de Jarama, Soto del Real y Alcobendas.
En la reunión, a la que también ha acudido el senador del PP, Ignacio Burgos, según ha informado el consistorio torrejonero, los alcaldes, concejales y portavoces de los grupos municipales del PP han rechazado, una vez más, el proyecto de ley que modifica parcialmente la Ley de Navegación Aérea.
Un rechazo que los municipios afectados justifican en que el texto dice que será "obligatorio soportar los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales generados por la navegación aérea", lo que supondría, a su juicio, "una vulneración para los derechos de los ciudadanos".
Por ello, los representantes municipales han acordado, además de solicitar una reunión con el Ministerio de Fomento, llevar una moción a todos los plenos de las localidades afectadas en la que se rechace la reforma de la Ley de Navegación Aérea.
Asimismo, han insistido en que se cierre el aeropuerto de Barajas desde las 23 a las 7 horas, ya que en estos momentos, aunque existen restricciones en ese horario, los aviones siguen aterrizando y despegando.
En este sentido, el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, ha destacado que sólo en el mes de febrero se han registrado 310 operaciones en la pista 15L-33R en ese horario.
Además, han pedido que se respeten las rutas aéreas establecidas para que los aviones no sobrevuelen aquellos municipios y viviendas que no se encuentran dentro de la huella acústica.
Igualmente, han insistido en que se cumpla la declaración de impacto ambiental, ya que en la misma se establecía que los despegues en configuración sur no superarían el 12,5 por ciento del total y en estos momentos superan el 26 por ciento, más del doble de lo previsto.
Rollán, en nombre de los asistentes a la reunión, ha indicado que a los municipios les pareció desde un principio "una auténtica aberración" la modificación de la Ley de Navegación Aérea planteada por el Gobierno, ya que aborda en sólo tres folios un asunto que afecta a todos los aeropuertos españoles y a los ciudadanos que viven a su alrededor.
No obstante, el regidor torrejonero ha querido dejar claro que los municipios no se oponen al desarrollo de Barajas ni a la creación de puestos de trabajo que supone el aeropuerto, sino que entienden que se pueden llevar a cabo soluciones que compaginen el desarrollo del aeropuerto y la calidad de vida de los vecinos.
Por su parte, Burgos ha insistido en que "la Ley de Navegación Aérea se quiso aprobar de forma tramposa y precipitada por parte del Gobierno".
El senador popular considera que esta ley, que debería buscar el justo equilibrio entre los derechos fundamentales de los ciudadanos y los bienes de interés general, solamente no sería abusiva si los plantes de acción necesarios para reducir el ruido son emprendidos a la mayor brevedad posible y de forma eficaz por el Gobierno.
Sin embargo, a la vista de la sentencia de la urbanización Ciudad Santo Domingo (Algete), ha continuado, "tememos que no se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte del Gobierno socialista".
El alcalde de Torrejón también ha aprovechado la reunión para anunciar que el consistorio de la localidad ya ha puesto en marcha los primeros expedientes para sancionar a todos aquellos aviones que superen los niveles de ruido establecidos en la ordenanza municipal.
En este sentido, ha añadido que durante el mes de febrero 516 aviones superaron los 61 decibelios máximos permitidos en horario diurno, mientras que en el horario nocturno, los 51 decibelios máximos, fueron sobrepasados por 43 aeronaves.
Afectados por una discoteca solicitan a los bomberos informes sobre su evacuación
Vecinos del Porvenir han interpuesto numerosas denuncias por el ruido y la inseguridad que provoca en la zona la discoteca.
Europa Press, Sevilla | Diario de Sevilla - 25.03.2010
Los vecinos de la barriada sevillana de El Porvenir, especialmente aquellos que residen en las inmediaciones de la avenida Felipe II y se encuentran afectados por los problemas de ruido e inseguridad causados por la discoteca 'Soho', han solicitado informes por registro a los bomberos sobre los planes de evacuación del local.
Así lo indicaron fuentes vecinales, que señalaron además que en los últimos días se han seguido interponiendo denuncias, mientras que para la tarde de este jueves han convocado una manifestación que prevé el corte de tráfico de las calles Juan Pablos, Bogotá y Felipe II.
Recientemente, más de 50 personas asistieron a un encuentro celebrado en el centro cívico Torre del Agua, donde los abogados de la organización 'Juristas contra el Ruido' asesoraron a los vecinos afectados por esta discoteca cuyo funcionamiento origina la celebración de 'botellones' juveniles en zonas cercanas a residencias privadas.
Los abogados expusieron las diferentes "tácticas" a seguir a la hora de emprender acciones judiciales contra el negocio, otrora conocido como 'Doblón' y sobre el que en su momento pesaron sanciones por incumplimientos normativos, e incluso contra el propio Ayuntamiento de Sevilla.
Así, los letrados recogieron los datos de cada uno de los afectados, porque, a la espera de que prosperen los contactos, el caso podría desencadenar denuncias individuales de cada uno de los vecinos a través de la vía que finalmente se escoja y contra quien se resuelva finalmente como responsable del conflicto.
Según los afectados, esta discoteca logra reunir por las noches a una cantidad "grandísima" de gente, con los consiguientes problemas en materia de limpieza, ruidos e inseguridad ciudadana --"algunos asistentes se han dedicado a tirar piedras a las ventanas de los vecinos más cercanos", mantienen-- que de ello se deriva.
"Los más inmediatos no pueden vivir, y vemos cómo todo sigue a pesar de las denuncias que se han interpuesto ante el juzgado de guardia", indican los vecinos, que se han movilizado para repartir folletos informativos por el barrio en los que hacen alusión a la problemática e invitan a la asistencia y a la participación para terminar con este asunto, que dio comienzo con la apertura de este establecimiento de ocio nocturno.
El juez investiga si hubo prevaricación por el retraso en el cierre del Highland
Un juez de Tarragona investiga si algún funcionario o representante político cometió algún delito por el retraso en el cierre cautelar del Highland después de que, supuestamente, abriera sin la licencia que corresponde a su actividad, una situación que se prolongó durante tres años y medio
ÀNGEL JUANPERE – Diari de Tarragona - 24/03/2010
A finales de agosto del año pasado, la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon) y la Federación Catalana de Organizaciones de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas de Catalunya (Fadiscat) presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Tarragona contra dicho local, que abrió sus puertas en septiembre de 2006. El fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona, Xavier Jou, confirmó ayer al Diari que parte de dicha denuncia se ha archivado, mientras que el resto, al haber concluido los seis meses que había para investigar, se ha pasado al juzgado.
El escrito de denuncia redactado por ambas entidades ponía de manifiesto el exceso de ruido que provocaba dicho establecimiento. De los datos recabados por la Fiscalía se ha concluido que, en caso de sobrepasar los límites, no constituía delito y no se podía ir por la vía penal contra los propietarios del local. El fiscal coordinador de Medio Ambiente y a la vez instructor de la denuncia, Ignacio Monreal, aseguró al Diari que inicialmente se pidió al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que hiciese las mediciones pertinentes. Al no disponer del aparato necesario, se solicitó a la Brigada de Medi Ambient de los Mossos d’Esquadra.
¿Permisibilidad?
Un aspecto muy diferente es la posible permisibilidad en que el local siguiera abierto al público como bar restaurante cuando en realidad sólo tenía licencia para una actividad musical. Durante seis meses la Fiscalía ha investigado al asunto y, al acabarse el plazo que tenía para indagar, ha optado por traspasar el asunto al juzgado para que siga con la investigación, subrayaba el fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona.
Desde hace aproximadamente dos semanas, el tema está sobre la mesa del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. Xavier Jou remarcó que el traspaso se ha hecho para que siga la investigación, «no porque hayamos detectado un delito». Por ello, tampoco figura como imputada ninguna persona. El fiscal dejó claro que, por el simple de haberse retrasado el cierre del local, no constituye un delito.
En la denuncia, ambas asociaciones también pedían que se investigase un posible trato de favor del Ayuntamiento hacia los propietarios del negocio por las sanciones que había impuesto el Consistorio y que no habían sido pagadas.
El magistrado tendrá que determinar ahora si existen indicios suficientes de criminalidad en la actuación de algún funcionario o cargo público en este tema. En caso de confirmarse, el delito que se le podría imputar sería uno de prevaricación por omisión. El Código Penal contempla un castigo de siete a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Las dos federaciones de ocio nocturno estaban instando a la administración municipal desde el año 2007 para que se regularizara la situación del Highland. Sin embargo, no fue hasta el pasado 27 de febrero cuando el Ayuntamiento ordenó su cierre cautelar.
BADAJOZ
«Sólo pido que lo adiestren para que deje de ladrar»
Un pacense ha puesto varias denuncias a un vecino de su misma calle por las molestias que le provocan los ladridos de su perro
Hoy - 27.03.10 - TANIA AGÚNDEZ | BADAJOZ.
Tranquilidad, calma y silencio. Es lo que más echa de menos Emilio Puig. Este vecino de la calle De Gabriel, ya jubilado, pasa largas horas en casa entretenido con sus ocupaciones. Leer y escribir son dos de las actividades que más le gustan. Reconoce que sale poco. Pero desde hace algún tiempo permanecer en cualquier habitación de su hogar sin escuchar un ruido es imposible. La causa: los ladridos del perro del vecino de enfrente.
Según explica, desde hace más de un año viene sufriendo las molestias que los aullidos de este animal producen. Asegura que esta circunstancia se da durante todo el día, lo que hace que ver la televisión o descansar sea complicado, provocándole tanto a él como a su mujer estrés e insomnio. «Está ladrando a todas horas, ya sean las diez de la mañana o las tres de la tarde. Incluso a veces se escuchan ladridos a partir de las 7 de la tarde y no cesan hasta altas horas de la madrugada», indica el afectado.
Emilio cuenta que cuando comenzó el problema se puso en contacto con el dueño del can para solucionarlo de una manera amistosa. Éste, por su parte, se mostró comprensivo y le aseguró que iba a tomar medidas al respecto para que no causara más trastornos. Sin embargo, viendo que los ladridos no cesaban y tras dar varios avisos a la Policía Local, Emilio optó por denunciar la situación. «Ya hemos puesto dos denuncias ante la Policía Local, pero nada ha cambiado. Sólo pido que lo adiestren para que no ladre y no moleste más. O al menos que no lo dejen en la terraza, porque los vecinos no tenemos que aguantar estos ruidos», destaca Emilio. Además, afirma que no es el único residente de esa calle que se queja. «He hablado con más personas y todas coinciden en lo mismo. Es muy desagradable y fastidioso. Una mujer mayor me ha comentado que se encuentra enferma y que ha tenido que cambiar el dormitorio porque lo estaba pasando mal».
Apunta que ni él ni su mujer están en contra de los animales. «Todo lo contrario. Me gustan los perros. De hecho, aquí cerca de mi casa hay otras familias que tienen perros, pero no se les escucha ni dan lata», señala.
Por su parte, el responsable del animal no ha querido contestar a estas acusaciones. Ha confirmado que agentes de la policía se han personado en su casa y que están al tanto de todo. Sostiene que actualmente está haciendo todo lo posible para que su mascota no altere la vida de nadie.
En los últimos meses se han presentado una decena de denuncias por hecho similares en Badajoz. Expertos consultados por este periódico advierten de que si interponiendo una denuncia ante la Policía Local no se obtiene resultado, se puede recurrir ante el Juzgado, donde se pueden exigir responsabilidades económicas si queda probado que los ladridos ocasionan algún tipo de trastorno psíquico.
Sociedad
Las multas por vandalismo se podrán pagar con tareas sociales
La Opinion de Málaga – 27-03-10
Grafiti. Esta pintada sobre un edificio protegido puede ser sancionada con hasta 3.000 euros. L.O.
JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA Dentro de varios meses, cuando un ciudadano que tenga entre 14 y 25 años sea sancionado por la comisión de cualquier acto considerad incívico como orinar, tirar desperdicios, hacer pintadas, destrozar un banco o una marquesina, participar en un botellón o hacer acrobacias con el monopatín en lugares no permitidos, podrá conmutar la sanción económica que se le imponga con la realización de trabajos sociales en beneficio de la comunidad o en actividades formativas. Cada 50 euros de sanción se podrán anular por dos horas de trabajo sociales y el límite diario será de cuatro horas para enjugar la pena.
Este novedoso tratamiento de la regulación de los comportamientos incívicos viene contemplado en la nueva ordenanza de Convivencia Ciudadana que ayer aprobó de manera inicial el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga. El objetivo primordial de esta ordenanza, según explicó el concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade, es el de preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de las demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas, que enriquecen nuestra ciudad.
Parte, para ello, de un principio de garantía de los derechos y libertades individuales y ajusta las medidas punitivas al principio de intervención mínima. De esta manera, las conductas individuales sólo se tipifican como infracciones en la medida en que afectan o impiden el libre ejercicio de las de las demás personas y para su sanción se tienen en cuenta los principios de lesividad y mínima trascendencia. La ordenanza irá acompañada de un reglamento que permitirá que la tramitación de estas sanciones se haga por la vía rápida, evitando los varios meses que tarda ahora la tramitación de un expediente sancionador.
Para ello los expedientes sancionadores serán gestionados por la empresa municipal de recaudación, Gestrisam, que tiene experiencia en instruir de forma rápida y ágil la tramitación y notificación de otras infracciones, como las de trafico. Con ello se ganará tiempo ya que en la actualidad un procedimiento administrativo por infracción puede demorarse un año y esta tramitación más rápida permitirá una respuesta en pocos meses. Ello hará posible, en un futuro próximo, que las infracciones cometidas se salden con rapidez "y ofreciendo una respuesta social satisfactoria a la comunidad perjudicada", según Andrade.
Otra novedad será la rebaja de la sanción económica por pronto pago: si el denunciado, bien en el acto, bien en un plazo breve, reconoce su error, asume su responsabilidad y acepta el pago voluntario de la multa, ésta reducirá su importe en un 30%.
infraestructuras
Una cementera que suministra al AVE sigue funcionando pese a las órdenes de paralización
La empresa rompe los precintos de la Policía de Redondela e incumple la sentencia
- Autor: Luis Carlos Llera - La Voz de Galicia - 27/3/2010
José Manuel Crespo lleva más de 20 años junto a la cementera. M. Moralejo
La fábrica de hormigón situada en Vilar de Infesta (Redondela) que tiene la licencia de actividad anulada sigue funcionando a pesar de las órdenes de paralización dictadas por el Ayuntamiento y el juzgado en el 2008 y el 2009, respectivamente. La Policía Local de Redondela ha precintado las instalaciones siete veces y la empresa Hormigones Vigo, del grupo JCA Hormigones, «ha roto el precinto», señala Guillermo Presa, el letrado de los damnificados por la cementera.
El 11 de marzo del 2008 el Consello Consultivo de Galicia dictamina por unanimidad que procede la declaración de la nulidad de la licencia de apertura concedida a Hormigones Vigo S.L., ordenando al Concello de Redondela su revisión.
El 2 de junio del 2008 el alcalde de Redondela dicta resolución declarando nula de pleno derecho la licencia de apertura, ordenando la inmediata paralización de la actividad. Actualmente, la empresa fabrica hormigón a todas las horas del día y de la noche debido a las necesidades de construcción del AVE. La fabricación también se mantiene durante los fines de semana, por lo que los vecinos no pueden descansar.
Los perjudicados han presentado hasta 19 denuncias ante el Ayuntamiento de Redondela, el Seprona y la Xunta.
El 24 de junio del año pasado el Juzgado de lo Contencioso número 1 emitió una sentencia que obliga a la empresa a «la paralización y cese total de la actividad entre las 22 horas y las 8 horas». La empresa ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y ha pedido mantener la actividad.
Sin embargo, los vecinos están hartos del ruido, el polvo y las molestias y han solicitado al juzgado que ejecute la sentencia. Por este motivo, ayer tuvo lugar una vista oral en el Contencioso número 1 de Vigo. La Fiscalía se opuso a la ejecución por los daños que puede causar a la empresa.
El abogado de los perjudicados señaló en la vista oral que se están conculcando derechos fundamentales de las personas. Guillermo Presa pidió al juez que la Subdelegación del Gobierno envíe a la Guardia Civil, ya que la Policía Local se ha demostrado incapaz de garantizarlos. El letrado del Concello afirmó que «la Policía Local de Redondela no puede estar vigilando la hormigonera todas las noches porque hay pocos agentes».
La letrada de la empresa afirmó que «hoy por hoy no se infringe la normativa de ruidos ni se vulneran derechos fundamentales» y señaló que la paralización de la empresa está recurrida porque puede suponer «graves perjuicios» al grupo cementero. «Las obras del AVE dependen del suministro de esta empresa, que es la única que aporta hormigón de noche y, si se paralizase, este suministro habría que paralizar las obras», señaló la abogada.
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