Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Castellón a controlar, de nuevo, el ruido en Lagasca
19 de Febrero de 2010| Radio Castellón 
Un juzgado de Castellón estima un recurso de la asociación Castelló Sense Soroll y obliga al ayuntamiento de Castellón a realizar nuevas medidas en la zona de Lagasca para valorar si se declara o no zona acústicamente saturada. El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, descarta por el momento recurrirla.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón ha emitido una sentencia por la que obliga al ayuntamiento de Castellón a realizar nuevas medidas de control del ruido de la zona para valorar si ésta es susceptible o no de ser declarada como acústicamente Saturada. La sentencia dispone que las medidas adoptadas por el ayuntamiento de Castellón, cuando realizó el Mapa Acústico Municipal, “no sustituyen” a las que ahora deben realizarse porque son más restrictivas que las realizadas por el consistorio. Los vecinos se muestran satisfechos y piden al ayuntamiento que cumpla con la ley. Tomás Verdejo es su portavoz.
Los vecinos de Lagasca siguen denunciando los problemas de ruido que sufre el barrio, a pesar de que la zona cuenta con un Plan de Actuación Zonal que el ayuntamiento de Castellón puso en marcha hace un año. Aseguran que desde el equipo de gobierno se está incumpliendo ya que ni se ha incrementado la presencia policial, ni se han instalado limitadores de sonido en la zona, ni tampoco se ha suspendido la emisión de licencias, a pesar de haberse comprometido a ello.
El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, lo ha desmentido. Dice que se sigue trabajando para compaginar el descanso vecinal con el ocio y descarta recurrir la sentencia judicial.
JUSTICIA | En Castellón
El juez obliga al Ayuntamiento a determinar la contaminación acústica en Lagasca
- Las medidas del Mapa Acústico no sustituyen a las mediciones, según el juez
- La entidad dice que los datos constatan que es un área ZAS
ELMUNDO.es | Castellón - viernes 19/02/2010
El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón ha estimado un recurso de la Asociación Castelló Sense Soroll, y condena al Ayuntamiento de la capital de la Plana a realizar las mediciones necesarias para determinar la contaminación acústica en la zona de Lagasca, a fin de declararla si procede como "zona acústicamente saturada (ZAS)" en ejecución del acuerdo municipal de 30 de noviembre de 2006.
La sentencia considera que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en aplicación del Mapa Acústico (plan zonal) no sustituyen a las que serían de aplicación de apreciarse que concurren los requisitos para la declaración de una ZAS, que son mucho más restrictivas; y las mediciones sonoras realizadas "no son tan detalladas como las que proceden en una declaración de ZAS", por lo que procede ejecutar el Acuerdo para comprobar "si se está ante una zona ZAS, que en principio lo sería a tenor de los datos suministrados por el propio Ayuntamiento", según ha informado este viernes la asociación en un comunicado.
El juzgado también expone que la declaración de una zona como acústicamente saturada "no es algo facultativo" para la Administración, pues entra dentro de la "obligación municipal" de aplicar una planificación acústica "racional", y que entre las funciones de la jurisdicción contencioso administrativa se encuentra el amparo de los ciudadanos frente a las omisiones en el cumplimiento de sus funciones por parte de la Administración.
El Ayuntamiento deberá medir el ruido en la zona de Lagasca
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón ha condenado al Ayuntamiento a realizar las mediciones necesarias para determinar la contaminación acústica en la zona de Lagasca para ver si procede declarar esa zona como acústicamente saturada (ZAS).
En la sentencia, facilitada por la Asociación Castelló Sense Soroll, se obliga al Ayuntamiento a "realizar las mediciones necesarias para determinar la contaminación acústica existente en el entorno formado por las calles Lagasca, Marques de la Ensenada, Obispo Salinas, Tenerías y avenida Hermanos Bou a fin de declarar, si procede, el referido ámbito como zona acústicamente saturada".
Además, dispone que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en aplicación del Mapa Acústico (plan zonal) "no sustituyen a las que serían de aplicación de apreciarse que concurren los requisitos para la declaración de una ZAS", que, según ha apuntado la asociación, "son mucho más restrictivas". "Las mediciones sonoras realizadas no son tan detalladas como las que proceden en una declaración de ZAS", por lo que, añade la sentencia, "procede ejecutar el acuerdo para comprobar si estamos ante una Zona ZAS, que en principio lo sería a tenor de los datos suministrados por el propio Ayuntamiento".
El juzgado también expone que la declaración de una zona como acústicamente saturada no es algo facultativo para la Administración pues entra dentro de la obligación municipal de aplicar una planificación acústica racional, y que entre las funciones de la Jurisdicción contencioso-administrativa se encuentra el amparo de los ciudadanos frente a las omisiones en el cumplimiento de sus funciones por parte de la Administración.
Castelló inicia la adjudicación de las discotecas de playa sin la moratoria del ministerio
Las concesiones contemplan la misma superficie del año anterior que cuestiona la Ley de Costas Medio Ambiente estudia cambiar la ley en 2011
Una de las discotecas que cada verano se monta en la playa del Gurugú. levante-emv
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Campaña en favor de las terrazas de costa
. Castelló
J.MESTRE CASTELLÓ ?
El Ayuntamiento de Castelló ha iniciado las gestiones administrativas para que las cuatro discotecas se instalen de nuevo este verano en la playa del Gurugú. Las concesiones municipales contemplarán la misma superficie que en los años anteriores: 150 metros cuadrados más otros 100 de hamacas. El Gobierno local se adelanta para "que todo esté a punto en el caso de que la Dirección General de Costas dé finalmente su visto bueno", avanzó ayer a este diario el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero.
Sin embargo, el Ejecutivo de Alberto Fabra ha empezado el proceso sin contar con al menos una moratoria del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que este paso administrativo se quedará en papel mojado si el Gobierno se niega a validar los chiringuitos de Castelló. La ley de Costas exige una superficie de 20 metros cuadrados para los locales desmontables, y con esta exigua extensión los propietarios han advertido que no podrán abrir.
Según el edil de Medio Ambiente, la Dirección General de Costas está empezando a torcer el brazo "gracias a la presión social", y señaló que el ministerio le ha trasladado que está estudiando la posibilidad de modificar la Ley de Costas en 2011 con el objeto de adaptarla a la nueva realidad social, es decir, para dar cabida legal a las discotecas actuales. El jefe provincial de Costas se reunió ayer en Madrid con responsables del ministerio para abordar la situación de los locales de Castelló, y al acabar eludió informar a los medios de comunicación sobre su contenido. Fue el concejal de Castelló quien reveló la posición del Gobierno en este asunto.
Tres prórrogas y una licitación
A tres de las cuatro discotecas les queda un año de prórroga en en el contrato de concesión municipal, mientras en uno ya ha expirado. A este respecto, el ayuntamiento prevé conceder el año de prórroga en los tres primeros locales e iniciar una nueva licitación en el cuarto, añadió Romero.
Castelló demanda a su vez al ministerio que amplíe la moratoria concedida en las playas valenciano del Pinedo y el Saler al resto de chiringuitos de la Comunitat. Esta medida es básica para que las terrazas de Castelló puedan montarse este año.
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, recordó ayer que el sector turístico en la Comunitat Valenciana representa el 13% del PIB, y que dentro de éste los chiringuitos emplean a 5.000 empleados con un volumen de negocio de más de 500 millones
..los EMPRESARIOS siguen pendientes de la regulación de locales para la campaña de este año..
Castellón pide que la solución a los chiringuitos llegue este verano
Costas ratifica que no variará la norma, pero sí estudia una fórmula para el 2011.El concejal Gonzalo Romero insiste al Ministerio en que modifique la ley.
Mediterráneo - 19/02/2010 NOELIA MARTÍNEZ
El Ayuntamiento de Castellón, uno de los municipios con más chiringuitos de gran superficie sobre la arena, reiteró ayer su petición a la dirección general de Costas que arbitre, a través de la modificación de la ley de 1988, una solución que ampare a estos locales para este verano.
Así, el concejal de Sostenibilidad de la capital, Gonzalo Romero, señaló que se exige a Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, “que no solo diga que busca ahora una salida para los chiringuitos de la playa sino que lo haga y que lo haga ya, que no se pierda en declaraciones y que lo que diga sea una realidad”.
Y es que el responsable provincial de Costas en Castellón, Ignacio Gil, señaló a este periódico que se estudia una fórmula novedosa de concesión, contemplada en la actual normativa, que permitiría la ubicación de instalaciones de mayor superficie de manera totalmente regulada. Eso sí, según avanzó, su aplicación ya se haría efectiva para 2011, por falta de tiempo. Justo ayer Gil mantuvo una reunión en el Ministerio, en Madrid, acerca de este planteamiento y otros temas, aunque no desveló el desenlace.
POSTURA FIRME // Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente no descartaron que se esté estudiando alguna medida pero reincidieron en que “no variará la ley”. Justo esta es la exigencia por parte del consistorio castellonense, el Consell y los hosteleros. Así, Romero subrayó que “lo que tiene que hacer Costas es modificar ya la ley, para que se instalen sin problemas, y no esperar hasta el 2011”. “Los chiringuitos, en el litoral proporcionan más de 200 empleos y son una gran oferta turística para el término”. Y reclamó la transferencia de las competencias a la Generalitat. H
Castellano: “El Gobierno genera un problema donde no lo había”
Mediterráneo - 19/02/2010
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, presente ayer en un acto de apoyo a los hosteleros, lamentó que el Gobierno central “ha creado un problema donde no existía” al aplicar la ley de Costas, por lo que le instó a que “dialogue y negocie”. “Todo es un problema de interpretación de la norma y de cambio de criterio por el ejecutivo, porque las autorizaciones se vienen dando sin problemas desde los años 90 y se han hecho con las mediciones y características de 1988 sin variar la ley”.
..el objetivo es llegar a las 100.000..
Los hosteleros inician la recogida de firmas
Mediterráneo - 19/02/2010 N. M.
La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat (Conhostur), que engloba a la castellonense Ashotur, presentó ayer en Valencia la campaña de apoyo a los chiringuitos Volem menjar i disfrutar a la platja. El objetivo es movilizar a la sociedad con cartelería y recogida de firmas en 5.000 puntos distribuidos entre restaurantes, fallas, locales de ocio, clubes deportivos y sedes de colectivos ciudadanos, que en Castellón están por elegir.
El objetivo es lograr 100.000 firmas antes del verano para exigir que las concesiones se den con los mismos criterios seguidos hasta la fecha, o transferir competencias al Consell; o unificar los planes de uso de los paseos marítimos y, para dar seguridad jurídica, variar la ley. Según una encuesta difundida ayer, un 96% de los ciudadanos, dice que el chiringuito no causa impacto ambiental. La consellera de Turismo, Belén Juste, pidió a Costas el mismo criterio para todas las autonomías y recriminó el cambio de criterio. H
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
El tráfico se limitará a 30 kilómetros por hora en 18 calles
El Ayuntamiento inicia el plan en viales no preferentes del centro y después lo extenderá a los barrios
La calle Retor, en el Raval, ha visto ampliadas sus aceras en estos últimos días para permitir así más espacio para los peatones DIEGO FOTÓGRAFOS
DOMINGO LÓPEZ Un grupo de 18 calles de zonas del centro urbano de Elche serán las primeras donde se implantará de forma progresiva la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora con el objetivo de "pacificar" el tráfico en aquellas vías urbanas que no son arterias principales o preferentes para la circulación de vehículos. Así lo anunció ayer el concejal del área, Antonio Amorós, quien resaltó que esta iniciativa se extenderá después a otros enclaves de diferentes barrios.
La transformación de calles en "zonas 30" será visible, tanto para los conductores como para los peatones, en actuaciones como la señalización horizontal y vertical, cambios y correcciones del sentido de la circulación, modificación de la calzada o el pavimento y la colocación de jardinería y mobiliario urbano. "Con la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora damos un paso más en seguridad vial, bienestar, eliminación de ruidos, contaminación y reducción del riesgo de accidentes. Esta medida, por ejemplo, ha supuesto una reducción del 56% de los accidentes en el Reino Unido en el periodo de 1994 a 2001", afirmó Amorós.
El concejal de Tráfico, acompañado de los técnicos Jesús Moreno y Andrés Fuster, explicó que la limitación genérica de velocidad en el casco urbano es de 50 kilómetros por hora. "Esta limitación, la verdad, no está señalizada en las calles del centro de la ciudad, aunque sí la tienen viales con gran nivel de tráfico. Lo que hacemos ahora es una limitación a 30 kilómetros y eso hay que advertirlo debidamente", comentaron.
Un barrio pionero
El concejal insistió en la necesidad de "moderar la intensidad del tráfico y favorecer la revitalización social de espacios urbanos". En este sentido, se refirió a actuaciones que ya se han llevado a cabo en el barrio del Raval. En la calle Retor, por ejemplo, se acaban de ampliar las aceras y se ja dejado solo un carril de circulación. También se han llevado a cabo desviaciones en el sentido del tráfico. En este barrio, por la configuración estrecha de sus calles, ya hay algunas con limitaciones de velocidad a 30 kilómetros e, incluso, a 20 kilómetros.
El plan municipal comprende también una progresiva peatonalización o semipeatonalización de buena parte de estas calles donde primero se limitará la velocidad. El concejal recordaba ayer que la calle Trinquet, en pleno centro, será peatonal. "Las "zonas 30" van a ser una especie de transición entre las calles peatonales y las que tienen mucho tráfico. Además, ayudarán a la implantación del alquiler de bicicletas. A 30 kilómetros un accidente puede quedar en una simple lesión. A 50 kilómetros puede causar, incluso, la muerte", aseguró Amorós.
La extensión de esta medida a los barrios se vislumbra a más largo plazo, aunque ayer el concejal y los técnicos ya anunciaron que espacios en torno a la remodelada plaza del Primero de Mayo, la nueva Lonja de Altabix y la zona de Jayton son puntos donde se podría implantar la limitación de velocidad. "Vamos a ir actuando a corto y medio plazo, pero la planificación de salida ya está hecha. En la Corredora habrá carril-bici y también se estudiará su peatonalización o semipeatonalización", avanzó el concejal del área.
Reducción media de más de 4.000 coches cada día
Hasta 4.345 coches al día menos es lo que se ha logrado reducir la intensidad del tráfico en una calle del barrio del Raval, Retor, tras cambiar el sentido de la circulación en el Carrer Major del Raval y reorientar la salida de vehículos del aparcamiento en superficie de la calle Filet de Fora. En la calle San Roc la medida ha incidido también, aunque en menor medida, según el edil Antonio Amorós.
Comunitat
Manises y El Altet recibirán medidas contra el ruido aéreo
LasProvincias - 18.02.10 - C. FERNÁNDEZ | VALENCIA.
El Ministerio de Fomento ha cedido a la presión de las ciudades españolas y aplicará medidas correctoras contra el ruido de los aviones en los aeropuertos con movimientos entre los 50.000 y los 250.000 anuales. En esta franja entran Manises, que es la novena ciudad española con más movimientos, y El Altet que se sitúa en el sexto puesto del ranking. «Al final el Gobierno aplicará lo que nosotros proponíamos en nuestra enmienda y no sólo actuarán en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, sino también en los de intensidad media», puntualizó ayer la diputada popular Inmaculada Guaita, que defendió en el Congresos de los Diputados la enmienda para exigir las mismas medidas correctoras que se aplicarán dentro de seis meses en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.
En el caso de Manises y El Altete, estas actuaciones se realizarán dentro de 12 meses e incluirán un cambio de rutas aéreas y planes de acción enfocados en aplicar medidas correctoras en los edificios. Por tanto, los vecinos que se encuentren junto a los dos aeropuertos y demuestren que sufren el ruido de los aviones podrán reclamar actuaciones que aislen sus viviendas. «Sin duda, es una gran noticia porque hemos conseguido que los problemas de los valencianos se traten igual que en el resto de España. Ahora sólo falta estar vigilantes para que cumplan su compromiso», apuntó la diputada valenciana desde el Congreso de los Diputados.
Barrios como San Vicente, Malilla, Fuensanta o Patraix sufren a diario el paso de los aviones, al igual que municipios como Xirivella, Quart de Poblet o Mislata.
Los vecinos podrán, por tanto, exigir al Gobierno ayudas para mejorar su calidad de vida.
El juez echa de su casa durante tres años a un hombre por hacer ruido
La sentencia explica que la comunidad de vecinos del edificio en el que reside el demandado, en la calle Escalzo, comenzó en noviembre de 2005 a pedirle que bajase el volumen de la radio y el equipo de música
T. Ramos / Cádiz | Actualizado 19.02.2010 - 01:00
Alberto García Lavié y edificio de la calle Escalzo residen los demandantes y demandado.
El Juzgado de Primera Instancia numero 1 ha condenado a un vecino de la calle Escalzo a abandonar su vivienda durante tres años por las continuas molestias que causa al poner a un volumen excesivo la radio, el equipo de música y otros aparatos. La sentencia explica que esos hechos se vienen sucediendo durante años, que el hombre ha sido requerido en varias ocasiones para que cese el ruido y que, no obstante, ha persistido en su actitud, incluso tras haber sido denunciado varias veces ante la Policía Local y pedirle los agentes que dejase de molestar a los vecinos. La resolución no es firme y probablemente ya ha sido apelada ante la Audiencia Provincial de Cádiz.
El vecino condenado a desalojar su casa es el modelo Alberto García Lavié, que fue Mister Cádiz 2008. La sentencia, dictada por el magistrado Pablo Sánchez Martín, le advierte que si no abandona la vivienda en el plazo legal, será obligado a hacerlo.
El juez argumenta su decisión de privar al demandado de su vivienda en el hecho de que ha venido perturbando de forma constante la normal convivencia en el edificio en el que reside, "llegando a afectar incluso a la efectividad en el trabajo de algunos de los vecinos al impedirles el descanso adecuado a tal efecto, dadas las intempestivas horas a que viene desarrollando las actividades que se denuncian".
Los demandantes, quienes han terminado por llevar el asunto a los tribunales y a quienes ha atendido el juez con una sentencia que les da la razón, son los vecinos de Alberto García. La resolución relata que fue en 2005 cuando comenzaron las quejas por las molestias que ocasionaba el ruido procedente de su piso. Y que en abril de 2007, al continuar tanto el ruido como las molestias, la presidenta de la comunidad de vecinos remitió una carta a García en la que le rogaba que bajase el volumen de los aparatos porque importunaba a los demás habitantes del edificio.
El problema siguió. Y también las quejas. La sentencia explica que los vecinos optaron entonces, abril de 2008, por denunciar lo que ocurría ante la Policía Local. Así, el 22 de abril de ese año, los agentes que acudieron al edificio constataron a la nueve y diez de la noche el excesivo ruido que provenía de la vivienda del demandado, dice el juez. El 24 de marzo, a la una menos diez de la madrugada, también comprobaron los mismo otros policías locales. Y lo mismo sucedió el 29 de septiembre hacia las dos menos diez de la madrugada y también el 21 de diciembre a la dos de la madrugada.
La sentencia anota que el 31 de diciembre de 2008, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz certificó que la madrugada del 28 de octubre de ese año fueron medidos los ruidos procedentes de la vivienda del demandado y que fue constatada la existencia de "afección sonora". Agrega la resolución que sucedió lo mismo a la una y media de la madrugada del 16 de febrero de 2009: que una prueba sonométrica dio como resultado afección sonora pese a que el equipo de música del demandado había sido precintado el 10 de diciembre de 2008.
El juez considera que el comportamiento del demandado excede, según lo acreditado por los vecinos demandantes, los límites que la comunidad de propietarios debe soportar en la convivencia que la Ley de Propiedad Horizontal impone. La convivencia no puede llevar, argumenta el magistrado, "a que los restantes vecinos de la finca estén sometidos a situaciones intolerables que exceden con mucho de los que habitualmente se califica como comportamiento cívico y educado".
No es una molestia puntual, agrega el juez: ha durado tanto que ha provocado "un continuo ataque al sosiego y legítimo disfrute que la posesión pacífica exige".
No puede imponérseles a los miembros de la comunidad de vecinos que "soporten esa situación de incomodidad y de continuos enfrentamientos con el demandado", señala el magistrado en la sentencia, que condena a Alberto García a "cesar de forma inmediata" el ruido que molesta a sus vecinos.
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