Levante
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Juristas contra el Ruido ve «ejemplar» la sentencia contra el alcalde de Vila-real
Los abogados y afectados por problemas de contaminación acústica consideran que la actuación judicial sería innecesaria si las administraciones responsables fueran más eficaces a la hora de solucionar estos problemas
Carmen Planelles , Madrid. EFE
La asociación española Juristas contra el Ruido considera que la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2006 que condenó a un año y medio de prisión y ocho de inhabilitación por prevaricación al ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, es « ejemplarizante ».
El presidente de la entidad, Joaquín Herrera, afirma que, a partir de esta sentencia que provocó la dimisión del alcalde, «autoridades y funcionarios públicos pueden temer que la inhibición en sus competencias les lleve a una responsabilidad penal» .
Esta misma advertencia se refleja en el informe de la Defensora del Pueblo de Navarra, María Jesús Aranda, al indicar que la jurisprudencia «está empezando a exigir responsabilidades no sólo a los propietarios de los locales o empresas, sino también al ayuntamiento respectivo cuando se constata que éste no adopta las medidas oportunas para evitar la continuidad de las emisoras sonoras excesivas» .
Por otro lado, Herrera señala que el gran número de sentencias judiciales sobre contaminación acústica que existen en España «denota que la legislación no es buena, que los ayuntamientos son ineficaces en la lucha contra el ruido y por eso hay tantas denuncias penales, civiles y contenciosas» .
Quejas por contaminación acústica
Según un informe sobre contaminación acústica publicado por el Defensor del Pueblo en 2005, del 41% de las quejas referentes a ruidos motivados por el ocio, el 27,3% son por ruidos en bares y pubs, el 5,9% por discotecas, el 3,2% por salas con música, el 2,1% por fiestas locales y el 2,9% por música al aire libre. Cifras que contrastan con las referidas a los ruidos en los aeropuertos (10,2%), calles (8,1%) o carreteras (5,6%).
En sus conclusiones, la institución dirigida por Enrique Múgica, señala que el 95% de las quejas «presentan casos de funcionamiento irregular, deficiente, insuficiente, ineficaz y directamente ilegal por parte de las administraciones públicas» .
Al respecto, y a juicio de afectados y juristas, la actuación judicial sería innecesaria si las administraciones, responsables de regular esta contaminación acústica, fueran más eficaces.
Fuentes de la Federación Española de Municipios (FEMP), por otra parte, indican que los ayuntamientos están elaborando mapas de ruido para evaluar la contaminación acústica de una zona «para poner en marcha sus planes de acción y evitar este tipo de problemas» , según apuntan desde la entidad.
Aparte, el ministerio de Medio Ambiente también trabaja en un reglamento que complete la Ley del Ruido de 2003 para asegurar unos mínimos comunes de calidad acústica en el ámbito estatal, ya que, de momento, la regulación sobre ruidos vecinales y derivados del ocio es competencia exclusiva de ayuntamientos y autonomías.
El País
La contaminación acústica
La ciudad del ruido 'protegido'
Las estadísticas sitúan a Valencia en los puestos de cabeza de los municipios escandalosos
SARA VELERT / JAIME PRATS - Valencia - 18/02/2007
La decisión -ya revocada- de un juez de Tenerife de suspender el Carnaval por superar el nivel máximo de ruido permitido en las ordenanzas municipales (55 decibelios) causó perplejidad en la isla. En otras ciudades encendió las alarmas. Si algo así podía suceder en Tenerife, ¿qué pasaría en Valencia, que hace del estruendo el principal ingrediente de las Fallas?
En una reacción de una agilidad inusual en un asunto relacionado con la contaminación acústica, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, salió de inmediato a calmar la inquietud fallera. "Exceptuaremos y blindaremos la singularidad de las Fallas", indicó, "para que se puedan celebrar tradiciones culturales con toda brillantez". La salvaguarda se introducirá en la nueva ordenanza, aún un borrador, y aprovechará las excepciones que brinda la ley para saltarse los niveles máximos de emisión de ruido en ocasiones especiales. No sólo en Fallas, también en otras fiestas. No hay nada que temer: el ruido estará protegido.
Los permisos que concedió el Ayuntamiento a las verbenas el año pasado autorizaban, entre el 15 y 18 de marzo, a funcionar hasta las 4 de la madrugada y elevar el volumen hasta los 130 decibelios -el límite del umbral del dolor y por encima de un coche de Fórmula 1-, lo que es "una exageración" para el abogado especializado en temas de ruido Andrés Morey. Para las Fallas de 2008, el blindaje ya estará en marcha. El borrador de la nueva ordenanza prevé para las verbenas un nivel sonoro de hasta 90 decibelios "con carácter general".
"Sólo son cuatro días", señalan en el Ayuntamiento. Cuatro días en una ciudad que el resto del año es todo menos silenciosa, según certifican una y otra vez estadísticas e informes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) situaba en 2001 a Valencia en segundo lugar entre los municipios con más viviendas con problemas de ruidos exteriores (el 48,5%), ligeramente por detrás de Cádiz (49%). Un estudio de La Caixa otorgó en 2003 a Valencia el primer puesto. No es un caso aislado: la Comunidad Valenciana encabeza en el INE la clasificación con un 39% de casas afectadas por ruido exterior frente a la media nacional del 30%. Los informes del Síndic de Greuges también reflejan el incesante aumento de quejas por el ruido, una de las preocupaciones principales de los ciudadanos.
"Aquí tenemos Carnaval de Tenerife o Fallas todos los fines de semana", constata Antonio Puchades, portavoz de la Associació de Veïns Arrancapins-La Petxina, que intenta acabar en el entorno de la calle de Juan Llorens con la máxima "de que cualquiera pueda hacer ruido impunemente". Esta asociación, Amics del Carme y la comunidad de afectados del Pasaje del Doctor Bartual, en la conocida como zona de la discoteca Woody, firman un comunicado que recuerda que el ruido que invade sus casas vulnera el derecho fundamental a la intimidad y al propio domicilio, amparado por el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y sentencias judiciales. Los afectados exigen a la alcaldesa que haga cumplir su propia ordenanza, que prevé la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en un conjunto de calles que sobrepasen repetidamente un volumen de ruido superior en 20 decibelios al permitido (55 por el día y 45 por la noche en zonas residenciales). La medida, que estos barrios consideran más que cumplida, implica la reducción de horarios, control del tráfico y paralización de licencias de ocio, un régimen que puede suavizarse si mejora la situación.
Hasta el pasado enero, la ZAS en torno a la plaza de Xúquer era la única desde 1997. Una de sus vecinas llevó su reclamación contra el Ayuntamiento hasta el Tribunal de Derechos Humanos, que en 2004 le reconoció una indemnización por el daño sufrido. La respuesta de la alcaldesa causó estupor: Barberá la felicitó por el "tesón" en la defensa de sus derechos. También destacó que la ZAS de Xúquer fue una actuación "pionera". Ha hecho falta una sentencia judicial para que se declare la de Woody una década después. El expediente llevaba paralizado desde 1998. Francisco Pardo, portavoz de los afectados, recuerda los tiempos duros, cuando por las noches se medían picos de 104 decibelios y una media de 65 a 80, "y eso de jueves a sábado todas las semanas".
En esa situación siguen en la zona de Juan Llorens y en El Carme, cuyos vecinos también se han visto abocados a la vía judicial "ante la pasividad" de la que acusan al Consistorio. Cansados de reuniones sin resultado palpable con el Ayuntamiento y los hosteleros, una moratoria que dicen no se cumple y medidas temporales de control policial, no ven otra salida que las ZAS. "Ya no se trata de contener el problema, sino de solucionarlo", destaca Toni Cassola, portavoz de Amics del Carme, "sólo nos queda la autodefensa", con el coste que implica. La asociación ha pedido en un juzgado mediciones hechas ya por el Ayuntamiento en un barrio en el que contabiliza 324 locales hosteleros.
La impotencia se mide por años. Antes de lograr el cierre de algún pub por exceso de ruido, los afectados acumulan un sinfín denuncias a la policía y al Ayuntamiento, donde los expedientes se eternizan en el "laberinto administrativo". Como ejemplo, el caso de un pub de la zona de Juan Llorens, cuyo expediente se estiró nada menos que ocho años de decibelios desbocados antes de que el Consistorio revocara la licencia.
Poco confían los afectados en la nueva ordenanza del ruido, que el concejal responsable, Ramón Isidro Sanchis, defiende y promete que "será la mejor del mundo" tras dos años de trabajo, de 14 servicios y de "desmenuzar artículo a artículo". El mapa del ruido apurará el plazo hasta julio de 2007. El borrador de la nueva ordenanza mantiene las ZAS a las que el Ayuntamiento se resiste, con un retoque que aumenta en una semana las mediciones por encima de los límites.
"El ruido no es patrimonio del ocio, el 80% se debe al tráfico", defienden los hosteleros, embarcados en una intensa campaña contra la nueva ZAS de Woody -para indignación de muchos damnificados por el ruido en Valencia-. Los hosteleros admiten que la concentración de bares genera la "congestión" del bullicio callejero, y que es necesario un "esponjamiento" urbano del ocio. Aceptan una "reconversión del sector, pero no que pase por el acoso" a una actividad que aporta en la Comunidad Valenciana el grueso del beneficio turístico. "Las ZAS no son la solución", sólo desplazan la marcha hacia barrios sin restricción de horarios. Los hosteleros contraponen sus campañas de concienciación, mediadores sociales y un plan integral de ordenación del ocio presentado al Ayuntamiento ya en 2002 con un coste de 760.000 euros. Hosteleros, vecinos y Ayuntamiento no han dejado de reunirse, pero las soluciones parecen alejarse cada vez más.
REPORTAJE: La contaminación acústica
Fin de semana en el trastero
La mudanza, último recurso contra el ruido de una familia de El Carme
S. V. - Valencia - 18/02/2007
Primero fue un bar, luego otro, después un restaurante, un pub más, con sus sillas, sus mesas, y al final un río de gente que convirtió su calle en entrada a la gran zona de ocio que es El Carme de Valencia y su casa en una caja de resonancia de la estridente banda sonora urbana.
Un piso comprado y reformado con ilusión a principios de los noventa se convirtió en pocos años en un hogar inhóspito en el que los nervios de la familia se alteraban al ritmo de los decibelios en cuanto anochecía.
El matrimonio, con dos hijos adolescentes, consultó el Manual del afectado por la contaminación acústica, capítulo primero. "Bajas y hablas con los del bar", cuenta Joan, "pero no sirve de nada". Capítulo dos: "Llamas a la policía, te vistes en mitad de la noche, bajas y firmas la denuncia delante de los del bar". Los partes se acumulan, no cambia nada, sigue el capítulo tres: quejas en el Ayuntamiento, visitas inútiles a concejales y funcionarios, abogados. El local del bajo del edificio ni tan siquiera tiene licencia de obra. Lo cierran hasta que "subsana las deficiencias", según el argot administrativo, y vuelta a empezar. Para entonces, el ruido ya es casi el único tema de conversación en casa. "Te obsesionas, no hablas de otra cosa", afirma Roser. Nuevo capítulo: recogida de firmas, contacto con la asociación de vecinos del barrio, protestas colectivas. "Una noche salimos en pijama y pedimos limosna, por un poco de silencio", rememora la mujer.
Pasa el tiempo, medido en años, y la situación no deja de empeorar, con amenazas sin testigos de por medio, malas caras en la calle, y remedios caseros: "¿Tapones para los oídos? ¿te digo las marcas?". La hija se va a casa de los abuelos para poder estudiar, ahí está tranquila. Hasta que ellos enferman y deben mudarse a casa de la familia en El Carme, donde a sus dolencias suman durante cinco años los problemas para dormir hasta bien entrada la madrugada.
La marcha callejera continúa, se intensifica. Llega el exilio interior. El colchón del matrimonio acaba los fines de semana en la única habitación que no da a la calle. Es un trastero, pero da igual, los más de 60 decibelios medidos junto a las ventanas de la calle parecen menos. "Lo llamábamos 'el chalé", ironiza Joan.
Al manual del damnificado del ruido se le acaban finalmente las páginas, y Joan y Roser cortan por lo sano y venden su casa en 2003. "Los hosteleros dicen que salvaron el barrio, pero no es así, porque al final echan a la gente que vive en él", aseveran. "No todo el mundo puede hacerlo, no todos tienen un patrimonio que les respalde si quieren marcharse", subrayan.
Vuelve la calma, la familia experimenta eso que llaman calidad de vida. Roser no ha olvidado el momento: "La primera noche oí un grillo y me eché a llorar".
La contaminación acústica
Silencio a golpe de sentencia
S. V. / M. F. - Valencia / Castellón - 18/02/2007
Las causas contra la contaminación acústica se han abierto paso en los tribunales, y los jueces han dejado de considerar el ruido jurídicamente como una mera "molestia", resaltan las asociaciones de vecinos afectados de Valencia, para los que supuso un hito y un rayo de esperanza la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2004, que amparó la queja de una vecina de la plaza de Xúquer.
Otro hito lo ha marcado el Tribunal Supremo, que el pasado noviembre condenó al alcalde de Vila-real, el popular Manuel Vilanova, que ya ha dimitido, por su "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos" al hacer caso omiso a una "historia interminable" de denuncias contra el ruido de una fábrica de cerámica. El PP respaldó al alcalde condenado por prevaricación y atacó el fallo judicial por considerarlo político. Los dardos apuntaron al magistrado José Antonio Martín Pallín, ponente de la sentencia. "Sin saberlo, están en lo cierto, ya que el fallo procede de un poder político del Estado y afecta a la política medioambiental, con lo que es una sentencia política", contestó éste con ironía. El ruido del sistema de cogeneración de la fábrica "afectó gravemente a la convivencia de algunos vecinos", desesperados por no poder conciliar el sueño, relata la sentencia.
También en Valencia, los tribunales han reprochado al Ayuntamiento "dejación de sus funciones" en defensa del derecho al descanso de los vecinos que no han visto otro camino que el judicial para recuperar la tranquilidad. Así ha sido en los últimos años en la sentencia que obligó a declarar la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de Woody; otra que cerró temporalmente Ca Revolta en el centro histórico; un fallo que cerró un restaurante en Campanar abierto durante año y medio a pesar de no tener licencia de funcionamiento; una discoteca con una orden de cierre temporal no verificado... Silencio ganado a golpe de sentencia.
El Mundo
EN LA RED
¿Se deben prohibir las fiestas ruidosas en los cascos urbanos?
RAFAEL MARTINEZ-SIMANCAS
No hay fiesta sin ruido, ¿lo han oído?
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IGNACIO SAENZ COSCULLUELA
Hay lugares más idóneos
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Carmen Planelles , Madrid. EFE
La asociación española Juristas contra el Ruido considera que la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2006 que condenó a un año y medio de prisión y ocho de inhabilitación por prevaricación al ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, es « ejemplarizante ».
El presidente de la entidad, Joaquín Herrera, afirma que, a partir de esta sentencia que provocó la dimisión del alcalde, «autoridades y funcionarios públicos pueden temer que la inhibición en sus competencias les lleve a una responsabilidad penal» .
Esta misma advertencia se refleja en el informe de la Defensora del Pueblo de Navarra, María Jesús Aranda, al indicar que la jurisprudencia «está empezando a exigir responsabilidades no sólo a los propietarios de los locales o empresas, sino también al ayuntamiento respectivo cuando se constata que éste no adopta las medidas oportunas para evitar la continuidad de las emisoras sonoras excesivas» .
Por otro lado, Herrera señala que el gran número de sentencias judiciales sobre contaminación acústica que existen en España «denota que la legislación no es buena, que los ayuntamientos son ineficaces en la lucha contra el ruido y por eso hay tantas denuncias penales, civiles y contenciosas» .
Quejas por contaminación acústica
Según un informe sobre contaminación acústica publicado por el Defensor del Pueblo en 2005, del 41% de las quejas referentes a ruidos motivados por el ocio, el 27,3% son por ruidos en bares y pubs, el 5,9% por discotecas, el 3,2% por salas con música, el 2,1% por fiestas locales y el 2,9% por música al aire libre. Cifras que contrastan con las referidas a los ruidos en los aeropuertos (10,2%), calles (8,1%) o carreteras (5,6%).
En sus conclusiones, la institución dirigida por Enrique Múgica, señala que el 95% de las quejas «presentan casos de funcionamiento irregular, deficiente, insuficiente, ineficaz y directamente ilegal por parte de las administraciones públicas» .
Al respecto, y a juicio de afectados y juristas, la actuación judicial sería innecesaria si las administraciones, responsables de regular esta contaminación acústica, fueran más eficaces.
Fuentes de la Federación Española de Municipios (FEMP), por otra parte, indican que los ayuntamientos están elaborando mapas de ruido para evaluar la contaminación acústica de una zona «para poner en marcha sus planes de acción y evitar este tipo de problemas» , según apuntan desde la entidad.
Aparte, el ministerio de Medio Ambiente también trabaja en un reglamento que complete la Ley del Ruido de 2003 para asegurar unos mínimos comunes de calidad acústica en el ámbito estatal, ya que, de momento, la regulación sobre ruidos vecinales y derivados del ocio es competencia exclusiva de ayuntamientos y autonomías.
El País
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La ciudad del ruido 'protegido'
Las estadísticas sitúan a Valencia en los puestos de cabeza de los municipios escandalosos
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"Aquí hay Carnaval de Tenerife o Fallas todos los fines de semana", afirman los vecinos
"El ruido no es patrimonio del ocio, el 80% se debe al tráfico", según los hosteleros
"El ruido no es patrimonio del ocio, el 80% se debe al tráfico", según los hosteleros
La decisión -ya revocada- de un juez de Tenerife de suspender el Carnaval por superar el nivel máximo de ruido permitido en las ordenanzas municipales (55 decibelios) causó perplejidad en la isla. En otras ciudades encendió las alarmas. Si algo así podía suceder en Tenerife, ¿qué pasaría en Valencia, que hace del estruendo el principal ingrediente de las Fallas?
En una reacción de una agilidad inusual en un asunto relacionado con la contaminación acústica, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, salió de inmediato a calmar la inquietud fallera. "Exceptuaremos y blindaremos la singularidad de las Fallas", indicó, "para que se puedan celebrar tradiciones culturales con toda brillantez". La salvaguarda se introducirá en la nueva ordenanza, aún un borrador, y aprovechará las excepciones que brinda la ley para saltarse los niveles máximos de emisión de ruido en ocasiones especiales. No sólo en Fallas, también en otras fiestas. No hay nada que temer: el ruido estará protegido.
Los permisos que concedió el Ayuntamiento a las verbenas el año pasado autorizaban, entre el 15 y 18 de marzo, a funcionar hasta las 4 de la madrugada y elevar el volumen hasta los 130 decibelios -el límite del umbral del dolor y por encima de un coche de Fórmula 1-, lo que es "una exageración" para el abogado especializado en temas de ruido Andrés Morey. Para las Fallas de 2008, el blindaje ya estará en marcha. El borrador de la nueva ordenanza prevé para las verbenas un nivel sonoro de hasta 90 decibelios "con carácter general".
"Sólo son cuatro días", señalan en el Ayuntamiento. Cuatro días en una ciudad que el resto del año es todo menos silenciosa, según certifican una y otra vez estadísticas e informes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) situaba en 2001 a Valencia en segundo lugar entre los municipios con más viviendas con problemas de ruidos exteriores (el 48,5%), ligeramente por detrás de Cádiz (49%). Un estudio de La Caixa otorgó en 2003 a Valencia el primer puesto. No es un caso aislado: la Comunidad Valenciana encabeza en el INE la clasificación con un 39% de casas afectadas por ruido exterior frente a la media nacional del 30%. Los informes del Síndic de Greuges también reflejan el incesante aumento de quejas por el ruido, una de las preocupaciones principales de los ciudadanos.
"Aquí tenemos Carnaval de Tenerife o Fallas todos los fines de semana", constata Antonio Puchades, portavoz de la Associació de Veïns Arrancapins-La Petxina, que intenta acabar en el entorno de la calle de Juan Llorens con la máxima "de que cualquiera pueda hacer ruido impunemente". Esta asociación, Amics del Carme y la comunidad de afectados del Pasaje del Doctor Bartual, en la conocida como zona de la discoteca Woody, firman un comunicado que recuerda que el ruido que invade sus casas vulnera el derecho fundamental a la intimidad y al propio domicilio, amparado por el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y sentencias judiciales. Los afectados exigen a la alcaldesa que haga cumplir su propia ordenanza, que prevé la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en un conjunto de calles que sobrepasen repetidamente un volumen de ruido superior en 20 decibelios al permitido (55 por el día y 45 por la noche en zonas residenciales). La medida, que estos barrios consideran más que cumplida, implica la reducción de horarios, control del tráfico y paralización de licencias de ocio, un régimen que puede suavizarse si mejora la situación.
Hasta el pasado enero, la ZAS en torno a la plaza de Xúquer era la única desde 1997. Una de sus vecinas llevó su reclamación contra el Ayuntamiento hasta el Tribunal de Derechos Humanos, que en 2004 le reconoció una indemnización por el daño sufrido. La respuesta de la alcaldesa causó estupor: Barberá la felicitó por el "tesón" en la defensa de sus derechos. También destacó que la ZAS de Xúquer fue una actuación "pionera". Ha hecho falta una sentencia judicial para que se declare la de Woody una década después. El expediente llevaba paralizado desde 1998. Francisco Pardo, portavoz de los afectados, recuerda los tiempos duros, cuando por las noches se medían picos de 104 decibelios y una media de 65 a 80, "y eso de jueves a sábado todas las semanas".
En esa situación siguen en la zona de Juan Llorens y en El Carme, cuyos vecinos también se han visto abocados a la vía judicial "ante la pasividad" de la que acusan al Consistorio. Cansados de reuniones sin resultado palpable con el Ayuntamiento y los hosteleros, una moratoria que dicen no se cumple y medidas temporales de control policial, no ven otra salida que las ZAS. "Ya no se trata de contener el problema, sino de solucionarlo", destaca Toni Cassola, portavoz de Amics del Carme, "sólo nos queda la autodefensa", con el coste que implica. La asociación ha pedido en un juzgado mediciones hechas ya por el Ayuntamiento en un barrio en el que contabiliza 324 locales hosteleros.
La impotencia se mide por años. Antes de lograr el cierre de algún pub por exceso de ruido, los afectados acumulan un sinfín denuncias a la policía y al Ayuntamiento, donde los expedientes se eternizan en el "laberinto administrativo". Como ejemplo, el caso de un pub de la zona de Juan Llorens, cuyo expediente se estiró nada menos que ocho años de decibelios desbocados antes de que el Consistorio revocara la licencia.
Poco confían los afectados en la nueva ordenanza del ruido, que el concejal responsable, Ramón Isidro Sanchis, defiende y promete que "será la mejor del mundo" tras dos años de trabajo, de 14 servicios y de "desmenuzar artículo a artículo". El mapa del ruido apurará el plazo hasta julio de 2007. El borrador de la nueva ordenanza mantiene las ZAS a las que el Ayuntamiento se resiste, con un retoque que aumenta en una semana las mediciones por encima de los límites.
"El ruido no es patrimonio del ocio, el 80% se debe al tráfico", defienden los hosteleros, embarcados en una intensa campaña contra la nueva ZAS de Woody -para indignación de muchos damnificados por el ruido en Valencia-. Los hosteleros admiten que la concentración de bares genera la "congestión" del bullicio callejero, y que es necesario un "esponjamiento" urbano del ocio. Aceptan una "reconversión del sector, pero no que pase por el acoso" a una actividad que aporta en la Comunidad Valenciana el grueso del beneficio turístico. "Las ZAS no son la solución", sólo desplazan la marcha hacia barrios sin restricción de horarios. Los hosteleros contraponen sus campañas de concienciación, mediadores sociales y un plan integral de ordenación del ocio presentado al Ayuntamiento ya en 2002 con un coste de 760.000 euros. Hosteleros, vecinos y Ayuntamiento no han dejado de reunirse, pero las soluciones parecen alejarse cada vez más.
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Fin de semana en el trastero
La mudanza, último recurso contra el ruido de una familia de El Carme
S. V. - Valencia - 18/02/2007
"Un día te das cuenta de que no oyes la tele, que no puedes abrir las ventanas... y luego dejas de poder dormir". La plaga del ruido se adueñó de la casa de Joan Boronat (56 años) y Roser Llobet (52 años) poco a poco.
"Los hosteleros dicen que salvaron el barrio, pero no es así, porque al final echan a la gente que vive en él", asegura Joan
"Los hosteleros dicen que salvaron el barrio, pero no es así, porque al final echan a la gente que vive en él", asegura Joan
Primero fue un bar, luego otro, después un restaurante, un pub más, con sus sillas, sus mesas, y al final un río de gente que convirtió su calle en entrada a la gran zona de ocio que es El Carme de Valencia y su casa en una caja de resonancia de la estridente banda sonora urbana.
Un piso comprado y reformado con ilusión a principios de los noventa se convirtió en pocos años en un hogar inhóspito en el que los nervios de la familia se alteraban al ritmo de los decibelios en cuanto anochecía.
El matrimonio, con dos hijos adolescentes, consultó el Manual del afectado por la contaminación acústica, capítulo primero. "Bajas y hablas con los del bar", cuenta Joan, "pero no sirve de nada". Capítulo dos: "Llamas a la policía, te vistes en mitad de la noche, bajas y firmas la denuncia delante de los del bar". Los partes se acumulan, no cambia nada, sigue el capítulo tres: quejas en el Ayuntamiento, visitas inútiles a concejales y funcionarios, abogados. El local del bajo del edificio ni tan siquiera tiene licencia de obra. Lo cierran hasta que "subsana las deficiencias", según el argot administrativo, y vuelta a empezar. Para entonces, el ruido ya es casi el único tema de conversación en casa. "Te obsesionas, no hablas de otra cosa", afirma Roser. Nuevo capítulo: recogida de firmas, contacto con la asociación de vecinos del barrio, protestas colectivas. "Una noche salimos en pijama y pedimos limosna, por un poco de silencio", rememora la mujer.
Pasa el tiempo, medido en años, y la situación no deja de empeorar, con amenazas sin testigos de por medio, malas caras en la calle, y remedios caseros: "¿Tapones para los oídos? ¿te digo las marcas?". La hija se va a casa de los abuelos para poder estudiar, ahí está tranquila. Hasta que ellos enferman y deben mudarse a casa de la familia en El Carme, donde a sus dolencias suman durante cinco años los problemas para dormir hasta bien entrada la madrugada.
La marcha callejera continúa, se intensifica. Llega el exilio interior. El colchón del matrimonio acaba los fines de semana en la única habitación que no da a la calle. Es un trastero, pero da igual, los más de 60 decibelios medidos junto a las ventanas de la calle parecen menos. "Lo llamábamos 'el chalé", ironiza Joan.
Al manual del damnificado del ruido se le acaban finalmente las páginas, y Joan y Roser cortan por lo sano y venden su casa en 2003. "Los hosteleros dicen que salvaron el barrio, pero no es así, porque al final echan a la gente que vive en él", aseveran. "No todo el mundo puede hacerlo, no todos tienen un patrimonio que les respalde si quieren marcharse", subrayan.
Vuelve la calma, la familia experimenta eso que llaman calidad de vida. Roser no ha olvidado el momento: "La primera noche oí un grillo y me eché a llorar".
La contaminación acústica
Silencio a golpe de sentencia
S. V. / M. F. - Valencia / Castellón - 18/02/2007
Las causas contra la contaminación acústica se han abierto paso en los tribunales, y los jueces han dejado de considerar el ruido jurídicamente como una mera "molestia", resaltan las asociaciones de vecinos afectados de Valencia, para los que supuso un hito y un rayo de esperanza la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2004, que amparó la queja de una vecina de la plaza de Xúquer.
Otro hito lo ha marcado el Tribunal Supremo, que el pasado noviembre condenó al alcalde de Vila-real, el popular Manuel Vilanova, que ya ha dimitido, por su "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos" al hacer caso omiso a una "historia interminable" de denuncias contra el ruido de una fábrica de cerámica. El PP respaldó al alcalde condenado por prevaricación y atacó el fallo judicial por considerarlo político. Los dardos apuntaron al magistrado José Antonio Martín Pallín, ponente de la sentencia. "Sin saberlo, están en lo cierto, ya que el fallo procede de un poder político del Estado y afecta a la política medioambiental, con lo que es una sentencia política", contestó éste con ironía. El ruido del sistema de cogeneración de la fábrica "afectó gravemente a la convivencia de algunos vecinos", desesperados por no poder conciliar el sueño, relata la sentencia.
También en Valencia, los tribunales han reprochado al Ayuntamiento "dejación de sus funciones" en defensa del derecho al descanso de los vecinos que no han visto otro camino que el judicial para recuperar la tranquilidad. Así ha sido en los últimos años en la sentencia que obligó a declarar la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de Woody; otra que cerró temporalmente Ca Revolta en el centro histórico; un fallo que cerró un restaurante en Campanar abierto durante año y medio a pesar de no tener licencia de funcionamiento; una discoteca con una orden de cierre temporal no verificado... Silencio ganado a golpe de sentencia.
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¿Se deben prohibir las fiestas ruidosas en los cascos urbanos?
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