Levante
SERVICIOS PÚBLICOS
Licencia para un pub del entorno de Lagasca tras 5 años
Levante de Castelló, Castelló
El Ayuntamiento de Castelló tramita en la actualidad la licencia de un local de ocio nocturno que desarrolla su actividad en el entorno de la calle Lagasca y cuyo expediente se remonta al año 1995.
Así queda reflejado en las actas de la Junta Local de Gobierno, que ayer concedió la preceptiva licencia de actividad del mencionado pub (ubicado en la calle Tenerías).
Esta tramitación se completa mientras decenas de vecinos protestan contra el ayuntamiento por el supuesto funcionamiento de locales sin licencia y por los excesivos niveles de ruido que sufre la zona desde hace años.
RESOLUCIÓN DEL SÍNDIC
El Hospital General desconocía hasta el jueves el informe sobre los ruidos en el ambulatorio de Castalia
Un aparato de aire acondicionado ocasiona molestias a los vecinos
RUIDOS EN EL AMBULATORIO. Una imagen de archivo del interior del Castalia, situado en Hermanos Vilafaña.
J. A., Castelló
El Hospital General de Castelló mostró ayer su extrañeza por la reciente resolución del Síndic de Greuges que conmina al Ayuntamiento de Castelló y a la Conselleria de Sanitat a resolver el problema de ruido que genera el aparato de aire acondicionado del ambulatorio de Castalia.
Fuentes del centro hospitalario - del que depende el mantenimiento de este ambulatorio - se escudaron ayer en que tuvieron notificación del informe técnico el pasado jueves, a pesar de que la resolución del Síndic está fechada el 22 de enero. En esta resolución, la sindicatura exige al consistorio municipal y a la Conselleria de Sanitat que adopten las medidas correctoras necesarias para solucionar el problema y garantizar la salud de los vecinos. La versión del Hospital General contrasta con la del Síndic. Según el centro hospitalario, el pasado 2 de agosto la empresa Aireca realizó las obras necesarias para mitigar el foco de contaminación acústica, situado en el aparato de aire acondicionado del ambulatorio de Castalia. Los técnicos de mantenimiento decidieron que se debía instalar relojes temporizadores con el fin de que el aparato se desconectara automáticamente por las noches, ya que de madrugada la molestia es «insoportable» , según la denuncia.
El 11 de noviembre el ayuntamiento realizó una nueva medición pero los resultados no han llegado al Hospital General hasta el pasado jueves, según las fuentes de este centro hospitalario.
El Síndic analiza el problema desde otro prisma. Para este organismo el ayuntamiento ya emitió un informe el 11 de octubre de 2006, en el que daba cuenta de que un ingeniero técnico municipal realizó una medición del nivel de ruido apenas dos semanas antes.
El técnico determinó que de las medidas tomadas se puede concluir que el nivel de presión sonora debido a la fuente de ruido es «superior a los niveles de recepción permitidos en el anexo II de la ley 7/2002 sobre protección contra la contaminación acústica».
Por su parte, la conselleria reconoció que la instalación del aparato de aire acondicionado cumple la normativa, aunque por la noche se quedaba encendido, por lo que dio órdenes para que se corrigiera esta situación con la instalación de relojes temporizadores.
Al comprobar que transcurría el tiempo y no se adoptaban soluciones, el Síndic se ha visto obligado a dar un plazo de un mes al ayuntamiento para que ponga soluciones urgentes.
Las Provincias
El Ayuntamiento autoriza la instalación de dos nuevos locales en la zona de Lagasca
El PP denegó dos permisos hace tres semanas
REDACCIÓN/ CASTELLÓN
Dos nuevos pubs abrirán sus puertas en las próximas semanas en la zona de Lagasca. La Junta de Gobierno Local de Castellón aprobó en su sesión de ayer la concesión de otras tantas licencias para la instalación de estos negocios.
En concreto, los establecimientos de ocio nocturno se situarán en el número 5 de la calle Oropesa y en el número 21 de la calle Tenerías. En el segundo de los casos el expediente de concesión de la licencia para el funcionamiento se arrastra desde el año 1995.
La decisión del equipo de gobierno del PP de otorgar los permisos de apertura contrasta con la actitud que los mismos miembros de la Junta de Gobierno Local mantuvieron hace justo tres semanas, cuando denegaron las licencias a los propietarios de otros dos locales que también pretendían abrir sus puertas. En aquella ocasión el concejal popular Joaquín Torres justificó la medida en que los negocios cumplían todos los requisitos exigidos por las ordenanzas municipales.
Ayer, el concejal Joaquín Torres afirmó que en este caso las dos licencias se conceden porque los expedientes “cuentan con todas las bendiciones y permisos”, aunque no detalló qué puntos concretos diferencian a las solicitudes estudiadas en el intervalo de tres semanas.
Los vecinos de la zona se oponen frontalmente a la apertura de nuevos negocios nocturnos debido a los elevados niveles de ruido nocturno que se generan los fines de semana. De hecho, la plataforma ciudadana Castelló Sense Soroll ha intensificado en los últimos meses la campaña de presión para lograr que la calle Lagasca y adyacentes sean declaradas Zona Acústicamente Saturada (ZAS).
La presión del colectivo ciudadano hacia el Ayuntamiento de Castellón se intensificó el pasado mes de diciembre, cuando se conoció la condena a un año y medio de cárcel y ocho años de prevaricación al ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, por su actitud pasiva hacia los ruidos nocturnos que soportaron durante años un matrimonio residente en la localidad. El consistorio presidido por Alberto Fabra se comprometió entonces a efectuar mediciones periódicas de ruido.
El País
El Gobierno estudia si anula su propia ley de petardos en Fallas
EL PAÍS - Valencia - 24/02/2007
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo está estudiando la manera de responder al órdago de insumisión planteado por el Ayuntamiento de Valencia respecto al Reglamento de Explosivos, que prohíbe, desde el pasado cuatro de febrero, la compra y uso de petardos por parte de menores de 12 años. El consistorio de Rita Barberá anunció que se saltará la ley y planteó su propia solución: dejar que los niños accedan a los peligrosos juegos pirotécnicos si tienen una autorización de un mayor de edad. El saldo desde 2001 a 2005 es de 30 niños heridos graves por el uso de los petardos.
A escasos días de que se celebren las Fallas, el reglamento de petardos no es el único problema que tiene que lidiar el ayuntamiento. Cerca de 50 vecinos de la calle de Sueca protestaron ayer con el ruido de sus cacerolas contra los abusos, que a su juicio, comete año tras año la falla Sueca-Literato Azorín. Bajo el grito de "Fallas sí, abusos no", enumeraron los problemas que sufren durante prácticamente un mes. La protesta acabó en una convocatoria para el próximo 9 de marzo en la calle de Dénia, número 80, para sopesar si toman medidas legales contra los abusos.
Licencia para un pub del entorno de Lagasca tras 5 años
Levante de Castelló, Castelló
El Ayuntamiento de Castelló tramita en la actualidad la licencia de un local de ocio nocturno que desarrolla su actividad en el entorno de la calle Lagasca y cuyo expediente se remonta al año 1995.
Así queda reflejado en las actas de la Junta Local de Gobierno, que ayer concedió la preceptiva licencia de actividad del mencionado pub (ubicado en la calle Tenerías).
Esta tramitación se completa mientras decenas de vecinos protestan contra el ayuntamiento por el supuesto funcionamiento de locales sin licencia y por los excesivos niveles de ruido que sufre la zona desde hace años.
RESOLUCIÓN DEL SÍNDIC
El Hospital General desconocía hasta el jueves el informe sobre los ruidos en el ambulatorio de Castalia
Un aparato de aire acondicionado ocasiona molestias a los vecinos
RUIDOS EN EL AMBULATORIO. Una imagen de archivo del interior del Castalia, situado en Hermanos Vilafaña.
J. A., Castelló
El Hospital General de Castelló mostró ayer su extrañeza por la reciente resolución del Síndic de Greuges que conmina al Ayuntamiento de Castelló y a la Conselleria de Sanitat a resolver el problema de ruido que genera el aparato de aire acondicionado del ambulatorio de Castalia.
Fuentes del centro hospitalario - del que depende el mantenimiento de este ambulatorio - se escudaron ayer en que tuvieron notificación del informe técnico el pasado jueves, a pesar de que la resolución del Síndic está fechada el 22 de enero. En esta resolución, la sindicatura exige al consistorio municipal y a la Conselleria de Sanitat que adopten las medidas correctoras necesarias para solucionar el problema y garantizar la salud de los vecinos. La versión del Hospital General contrasta con la del Síndic. Según el centro hospitalario, el pasado 2 de agosto la empresa Aireca realizó las obras necesarias para mitigar el foco de contaminación acústica, situado en el aparato de aire acondicionado del ambulatorio de Castalia. Los técnicos de mantenimiento decidieron que se debía instalar relojes temporizadores con el fin de que el aparato se desconectara automáticamente por las noches, ya que de madrugada la molestia es «insoportable» , según la denuncia.
El 11 de noviembre el ayuntamiento realizó una nueva medición pero los resultados no han llegado al Hospital General hasta el pasado jueves, según las fuentes de este centro hospitalario.
El Síndic analiza el problema desde otro prisma. Para este organismo el ayuntamiento ya emitió un informe el 11 de octubre de 2006, en el que daba cuenta de que un ingeniero técnico municipal realizó una medición del nivel de ruido apenas dos semanas antes.
El técnico determinó que de las medidas tomadas se puede concluir que el nivel de presión sonora debido a la fuente de ruido es «superior a los niveles de recepción permitidos en el anexo II de la ley 7/2002 sobre protección contra la contaminación acústica».
Por su parte, la conselleria reconoció que la instalación del aparato de aire acondicionado cumple la normativa, aunque por la noche se quedaba encendido, por lo que dio órdenes para que se corrigiera esta situación con la instalación de relojes temporizadores.
Al comprobar que transcurría el tiempo y no se adoptaban soluciones, el Síndic se ha visto obligado a dar un plazo de un mes al ayuntamiento para que ponga soluciones urgentes.
Las Provincias
El Ayuntamiento autoriza la instalación de dos nuevos locales en la zona de Lagasca
El PP denegó dos permisos hace tres semanas
REDACCIÓN/ CASTELLÓN
Dos nuevos pubs abrirán sus puertas en las próximas semanas en la zona de Lagasca. La Junta de Gobierno Local de Castellón aprobó en su sesión de ayer la concesión de otras tantas licencias para la instalación de estos negocios.
En concreto, los establecimientos de ocio nocturno se situarán en el número 5 de la calle Oropesa y en el número 21 de la calle Tenerías. En el segundo de los casos el expediente de concesión de la licencia para el funcionamiento se arrastra desde el año 1995.
La decisión del equipo de gobierno del PP de otorgar los permisos de apertura contrasta con la actitud que los mismos miembros de la Junta de Gobierno Local mantuvieron hace justo tres semanas, cuando denegaron las licencias a los propietarios de otros dos locales que también pretendían abrir sus puertas. En aquella ocasión el concejal popular Joaquín Torres justificó la medida en que los negocios cumplían todos los requisitos exigidos por las ordenanzas municipales.
Ayer, el concejal Joaquín Torres afirmó que en este caso las dos licencias se conceden porque los expedientes “cuentan con todas las bendiciones y permisos”, aunque no detalló qué puntos concretos diferencian a las solicitudes estudiadas en el intervalo de tres semanas.
Los vecinos de la zona se oponen frontalmente a la apertura de nuevos negocios nocturnos debido a los elevados niveles de ruido nocturno que se generan los fines de semana. De hecho, la plataforma ciudadana Castelló Sense Soroll ha intensificado en los últimos meses la campaña de presión para lograr que la calle Lagasca y adyacentes sean declaradas Zona Acústicamente Saturada (ZAS).
La presión del colectivo ciudadano hacia el Ayuntamiento de Castellón se intensificó el pasado mes de diciembre, cuando se conoció la condena a un año y medio de cárcel y ocho años de prevaricación al ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, por su actitud pasiva hacia los ruidos nocturnos que soportaron durante años un matrimonio residente en la localidad. El consistorio presidido por Alberto Fabra se comprometió entonces a efectuar mediciones periódicas de ruido.
El País
El Gobierno estudia si anula su propia ley de petardos en Fallas
EL PAÍS - Valencia - 24/02/2007
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo está estudiando la manera de responder al órdago de insumisión planteado por el Ayuntamiento de Valencia respecto al Reglamento de Explosivos, que prohíbe, desde el pasado cuatro de febrero, la compra y uso de petardos por parte de menores de 12 años. El consistorio de Rita Barberá anunció que se saltará la ley y planteó su propia solución: dejar que los niños accedan a los peligrosos juegos pirotécnicos si tienen una autorización de un mayor de edad. El saldo desde 2001 a 2005 es de 30 niños heridos graves por el uso de los petardos.
A escasos días de que se celebren las Fallas, el reglamento de petardos no es el único problema que tiene que lidiar el ayuntamiento. Cerca de 50 vecinos de la calle de Sueca protestaron ayer con el ruido de sus cacerolas contra los abusos, que a su juicio, comete año tras año la falla Sueca-Literato Azorín. Bajo el grito de "Fallas sí, abusos no", enumeraron los problemas que sufren durante prácticamente un mes. La protesta acabó en una convocatoria para el próximo 9 de marzo en la calle de Dénia, número 80, para sopesar si toman medidas legales contra los abusos.
La Vanguardia
Los jueces y una sociedad cada vez más concienciada ponen coto al ruido
Los expertos vaticinan que la falta de decisión de los ayuntamientos a la hora de afrontar un problema que afecta a millones de personas en España va a provocar una "cascada de sentencias". Los casos de Zaragoza o Vila-real son sólo ejemplos
24/02/2007 | Actualizada a las 03:31h | Valencia - Salvador Enguix |
Recientes sentencias contra el ruido, como las dictadas en Zaragoza y Vilareal, así como la polémica suspensión cautelar del carnaval de Tenerife, confirman que los ciudadanos han decidido plantar cara a un problema que afecta al 30% de las viviendas en España - más del 40% en ciudades como Barcelona o Valencia-, según datos del INE. Un problema que puede causar graves patologías a quien lo sufre, especialmente en los ancianos y niños. Ante la incapacidad de los ayuntamientos para facilitar la convivencia entre los que quieren disfrutar su tiempo de ocio y los que desean ejercer su derecho de descanso dentro de su vivienda, los tribunales se han erigido en la solución, a la espera de que la clase política aborde con valentía este problema. No obstante, los expertos consultados reconocen que el ruido provocado por el ocio es, de todos, el que cuantitativamente menos afecta a la ciudadanía. El problema más generalizado es la circulación de vehículos en las vías urbanas o el ruido de las obras, según un estudio realizado en la Comunidad de Madrid. Y todos anuncian que en los próximos meses habrá una "cascada de sentencias" por esta causa.
La fecha de referencia para entender este cambio de actitud de sociedad y jueces se sitúa en noviembre del 2004. Con anterioridad, como señala el letrado barcelonés Lluís Gallardo, de Advocats Especialistes en Contaminació Acústica (AECA), "ya se habían dado muestras de cierta sensibilidad en algunos tribunales". Pero es en esa fecha, añade, cuando se divulga la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dio la razón a la valenciana Pilar Moreno Gómez y condenó al Estado a indemnizarla. Esta mujer pleiteó más de una década para denunciar que durante años había sido imposible dormir en su vivienda por la apertura de decenas de bares en la plaza Xúquer de Valencia. El Ayuntamiento la ignoró; y ni el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ni el Tribunal Constitucional admitieron a trámite sus denuncias. Pero el Tribunal Europeo consideró que, con su sufrimiento, se había violado el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos que hace referencia al derecho al respeto del domicilio y la vida privada.
El letrado que llevó el caso, Andrés Morey, reconoce que, "con anterioridad a esa sentencia, los juzgados solían elevar las denuncias, o sea, quitárselas de encima; pero ahora parece ser que hay más valentía para afrontar un problema que produce graves patologías".
A los conflictos clásicos con bares, pubs y discotecas, se suman otros como el de Villarreal, con un alcalde obligado a abandonar su puesto por prevaricador, según sentencia del Supremo, al permitir la emisión de ruido de una empresa que amargó la vida a centenares de vecinos. Oel de una finca del barrio de Patraix de Valencia, que ha ganado un pleito a la constructora, Urbanas Patraix, por mala insonorización de las paredes. La sentencia de la Audiencia de Valencia recuerda que "la ausencia de aislamiento acústico de una vivienda ya no es una mera cuestión circunscrita al ámbito de los vicios o defectos de construcción, sino que debe enlazarse con la protección al derecho a la intimidad personal y familiar en su ámbito domiciliario".
Lluís Gallardo y Andrés Morey coinciden en señalar que en estos momentos hay suficiente jurisprudencia "para actuar con contundencia frente a los abusos y en defensa de los ciudadanos que sufren de manera violenta la contaminación acústica". "Con algunas excepciones, como Barcelona, en general las ciudades no se esfuerzan en compatibilizar ocio y descanso". Pero Vicente Pizcuela, creador de la ONG Controla Club - con presencia en toda España- y asesor para temas de civismo de numerosas organizaciones, señala que "el ocio no es el mayor problema; es aún peor el tema de los coches o el ruido de las obras". Un reciente estudio realizado por la Comunidad de Madrid lo confirma: en una macroencuesta, la mayoría de los madrileños ubicaban la molestia provocada por el ocio - botellón, pubs, discotecas- en noveno lugar; y eran, con este orden, las motos, los coches, las sirenas, los servicios generales, los vehículos de reparto, las obras, los vecinos del barrio y los animales domésticos - con especial mención a los perros- los focos más molestos de emisión de ruido. "Si los ayuntamientos se preocuparan de una buena planificación urbanística, el tema del ocio, que es un potente motor de creación de negocio y riqueza, no sería un problema", apunta Pizcueta.
Añade que "muchas veces son los propios hosteleros los que denuncian a esos otros propietarios de pubs o discotecas que incumplen las normas y perjudican a todos". Y apunta que no entiende cómo los ayuntamientos dan licencias para abrir cierto tipo de locales en fincas residenciales que no están adecuadamente insonorizadas.
Un estudio de la Fundació La Caixa titulado La contaminación acústica en nuestras ciudades confirma que los vehículos de motor causan el 80% de la contaminación acústica de las ciudades. La actividad industrial representa un 10%, el tráfico del ferrocarril un 6% y el ocio "puede significar un 4%". Lo que ocurre, señala el estudio, es que socialmente se considera que el ruido producido por los motores forma parte del proceso de industrialización y se tolera mucho más que el de bares o discotecas.
Loli Alcaraz, miembro de una asociación de vecinos de Valencia que ha luchado con fuerza para que se declare zona acústicamente saturada (ZAS) su barrio, señala que "si el Ayuntamiento cumpliera la ley, si se multara a quienes consumen alcohol en la calle, que está prohibido, y si se actuara contra esos coches que llevan la música a toda caña, seguramente sería posible la convivencia entre el ocio y los que queremos vivir tranquilamente". Pero añade que "hay mucha cobardía entre los políticos, que sólo actúan a golpe de efecto y sin ninguna planificación". "La clase política deberá tomarse muy en serio el ruido y planificar para que ni el ocio, que en España supone el 10% del PIB, ni los ciudadanos salgan perjudicados por el conflicto de derechos que se produce entre los que quieren dormir y los que disfrutan de la noche", concluye Pizcueta.
ElPeriódico.com
ACTUACIÓN CONTRA UN CLUB POLÉMICO
BCN abre un expediente de cierre al local Bailén 22
El ayuntamiento considera que el establecimiento funciona como burdel
EL PERIÓDICO - BARCELONA
El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente de cierre al local Bailén 22 porque funciona como burdel, para lo que no tiene licencia, anunció ayer la concejal del Eixample, Assumpta Escarp.
El cese de actividad, que anunció La Vanguardia ayer, puede hacerse efectivo en los próximos 10 días, después de que el local presente sus alegaciones o subsane los incumplimientos detectados.
Desde su apertura, los vecinos no han parado de quejarse por el ruido y la suciedad que generan los clientes cuando salen de la calle. La última vez lo hicieron en el consejo de barrio de la Dreta de l'Eixample, como recogió este diario el pasado 30 de enero. Ayer, mostraron su satisfacción por la decisión del ayuntamiento, aunque también lamentaron que "haya tardado tanto tiempo en luchar contra una evidencia", como explicó una vecina.
La protesta vecinal también motivó hace seis años el cierre temporal y el precinto del sótano del club, donde se ejercía la prostitución. Un precinto que los inspectores han podido comprobar que había sido roto.
Escarp dijo que las inspecciones realizadas han corroborado que Bailén 22 "está realizando una actividad distinta a la permitida", en este caso la sexual, y que "se ha detectado que se ejercía la prostitución, con la presencia de varias habitaciones destinadas para esta actividad".
FALTA DE DE SEGURIDAD
La edil aseguró que hace siete meses los inspectores municipales realizaron una actuación en el local y no detectaron problemas. Sin embargo, en una nueva visita, de hace mes y medio, se observó que había recuperado parte de la actividad que hacía.
En esa inspección también se comprobó que incumplía la normativa de seguridad e incendios. Entre las medidas a adoptar por la propiedad está la retirada de las cortinas de separación de los reservados y la colocación de extintores. Por estas irregularidades, incluida la rotura del precinto, y al margen del posible cierre, los dueños serán multados.
Los jueces y una sociedad cada vez más concienciada ponen coto al ruido
Los expertos vaticinan que la falta de decisión de los ayuntamientos a la hora de afrontar un problema que afecta a millones de personas en España va a provocar una "cascada de sentencias". Los casos de Zaragoza o Vila-real son sólo ejemplos
24/02/2007 | Actualizada a las 03:31h | Valencia - Salvador Enguix |
Recientes sentencias contra el ruido, como las dictadas en Zaragoza y Vilareal, así como la polémica suspensión cautelar del carnaval de Tenerife, confirman que los ciudadanos han decidido plantar cara a un problema que afecta al 30% de las viviendas en España - más del 40% en ciudades como Barcelona o Valencia-, según datos del INE. Un problema que puede causar graves patologías a quien lo sufre, especialmente en los ancianos y niños. Ante la incapacidad de los ayuntamientos para facilitar la convivencia entre los que quieren disfrutar su tiempo de ocio y los que desean ejercer su derecho de descanso dentro de su vivienda, los tribunales se han erigido en la solución, a la espera de que la clase política aborde con valentía este problema. No obstante, los expertos consultados reconocen que el ruido provocado por el ocio es, de todos, el que cuantitativamente menos afecta a la ciudadanía. El problema más generalizado es la circulación de vehículos en las vías urbanas o el ruido de las obras, según un estudio realizado en la Comunidad de Madrid. Y todos anuncian que en los próximos meses habrá una "cascada de sentencias" por esta causa.
La fecha de referencia para entender este cambio de actitud de sociedad y jueces se sitúa en noviembre del 2004. Con anterioridad, como señala el letrado barcelonés Lluís Gallardo, de Advocats Especialistes en Contaminació Acústica (AECA), "ya se habían dado muestras de cierta sensibilidad en algunos tribunales". Pero es en esa fecha, añade, cuando se divulga la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dio la razón a la valenciana Pilar Moreno Gómez y condenó al Estado a indemnizarla. Esta mujer pleiteó más de una década para denunciar que durante años había sido imposible dormir en su vivienda por la apertura de decenas de bares en la plaza Xúquer de Valencia. El Ayuntamiento la ignoró; y ni el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ni el Tribunal Constitucional admitieron a trámite sus denuncias. Pero el Tribunal Europeo consideró que, con su sufrimiento, se había violado el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos que hace referencia al derecho al respeto del domicilio y la vida privada.
El letrado que llevó el caso, Andrés Morey, reconoce que, "con anterioridad a esa sentencia, los juzgados solían elevar las denuncias, o sea, quitárselas de encima; pero ahora parece ser que hay más valentía para afrontar un problema que produce graves patologías".
A los conflictos clásicos con bares, pubs y discotecas, se suman otros como el de Villarreal, con un alcalde obligado a abandonar su puesto por prevaricador, según sentencia del Supremo, al permitir la emisión de ruido de una empresa que amargó la vida a centenares de vecinos. Oel de una finca del barrio de Patraix de Valencia, que ha ganado un pleito a la constructora, Urbanas Patraix, por mala insonorización de las paredes. La sentencia de la Audiencia de Valencia recuerda que "la ausencia de aislamiento acústico de una vivienda ya no es una mera cuestión circunscrita al ámbito de los vicios o defectos de construcción, sino que debe enlazarse con la protección al derecho a la intimidad personal y familiar en su ámbito domiciliario".
Lluís Gallardo y Andrés Morey coinciden en señalar que en estos momentos hay suficiente jurisprudencia "para actuar con contundencia frente a los abusos y en defensa de los ciudadanos que sufren de manera violenta la contaminación acústica". "Con algunas excepciones, como Barcelona, en general las ciudades no se esfuerzan en compatibilizar ocio y descanso". Pero Vicente Pizcuela, creador de la ONG Controla Club - con presencia en toda España- y asesor para temas de civismo de numerosas organizaciones, señala que "el ocio no es el mayor problema; es aún peor el tema de los coches o el ruido de las obras". Un reciente estudio realizado por la Comunidad de Madrid lo confirma: en una macroencuesta, la mayoría de los madrileños ubicaban la molestia provocada por el ocio - botellón, pubs, discotecas- en noveno lugar; y eran, con este orden, las motos, los coches, las sirenas, los servicios generales, los vehículos de reparto, las obras, los vecinos del barrio y los animales domésticos - con especial mención a los perros- los focos más molestos de emisión de ruido. "Si los ayuntamientos se preocuparan de una buena planificación urbanística, el tema del ocio, que es un potente motor de creación de negocio y riqueza, no sería un problema", apunta Pizcueta.
Añade que "muchas veces son los propios hosteleros los que denuncian a esos otros propietarios de pubs o discotecas que incumplen las normas y perjudican a todos". Y apunta que no entiende cómo los ayuntamientos dan licencias para abrir cierto tipo de locales en fincas residenciales que no están adecuadamente insonorizadas.
Un estudio de la Fundació La Caixa titulado La contaminación acústica en nuestras ciudades confirma que los vehículos de motor causan el 80% de la contaminación acústica de las ciudades. La actividad industrial representa un 10%, el tráfico del ferrocarril un 6% y el ocio "puede significar un 4%". Lo que ocurre, señala el estudio, es que socialmente se considera que el ruido producido por los motores forma parte del proceso de industrialización y se tolera mucho más que el de bares o discotecas.
Loli Alcaraz, miembro de una asociación de vecinos de Valencia que ha luchado con fuerza para que se declare zona acústicamente saturada (ZAS) su barrio, señala que "si el Ayuntamiento cumpliera la ley, si se multara a quienes consumen alcohol en la calle, que está prohibido, y si se actuara contra esos coches que llevan la música a toda caña, seguramente sería posible la convivencia entre el ocio y los que queremos vivir tranquilamente". Pero añade que "hay mucha cobardía entre los políticos, que sólo actúan a golpe de efecto y sin ninguna planificación". "La clase política deberá tomarse muy en serio el ruido y planificar para que ni el ocio, que en España supone el 10% del PIB, ni los ciudadanos salgan perjudicados por el conflicto de derechos que se produce entre los que quieren dormir y los que disfrutan de la noche", concluye Pizcueta.
ElPeriódico.com
ACTUACIÓN CONTRA UN CLUB POLÉMICO
BCN abre un expediente de cierre al local Bailén 22
El ayuntamiento considera que el establecimiento funciona como burdel
EL PERIÓDICO - BARCELONA
El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente de cierre al local Bailén 22 porque funciona como burdel, para lo que no tiene licencia, anunció ayer la concejal del Eixample, Assumpta Escarp.
El cese de actividad, que anunció La Vanguardia ayer, puede hacerse efectivo en los próximos 10 días, después de que el local presente sus alegaciones o subsane los incumplimientos detectados.
Desde su apertura, los vecinos no han parado de quejarse por el ruido y la suciedad que generan los clientes cuando salen de la calle. La última vez lo hicieron en el consejo de barrio de la Dreta de l'Eixample, como recogió este diario el pasado 30 de enero. Ayer, mostraron su satisfacción por la decisión del ayuntamiento, aunque también lamentaron que "haya tardado tanto tiempo en luchar contra una evidencia", como explicó una vecina.
La protesta vecinal también motivó hace seis años el cierre temporal y el precinto del sótano del club, donde se ejercía la prostitución. Un precinto que los inspectores han podido comprobar que había sido roto.
Escarp dijo que las inspecciones realizadas han corroborado que Bailén 22 "está realizando una actividad distinta a la permitida", en este caso la sexual, y que "se ha detectado que se ejercía la prostitución, con la presencia de varias habitaciones destinadas para esta actividad".
FALTA DE DE SEGURIDAD
La edil aseguró que hace siete meses los inspectores municipales realizaron una actuación en el local y no detectaron problemas. Sin embargo, en una nueva visita, de hace mes y medio, se observó que había recuperado parte de la actividad que hacía.
En esa inspección también se comprobó que incumplía la normativa de seguridad e incendios. Entre las medidas a adoptar por la propiedad está la retirada de las cortinas de separación de los reservados y la colocación de extintores. Por estas irregularidades, incluida la rotura del precinto, y al margen del posible cierre, los dueños serán multados.
1 comentario:
iros a dormir al cementerio que no os habeis divertido en la vida amargaos
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