Castelló. LEY DE GRANDES CIUDADES
El nuevo pleno pierde competencias y jugará un papel más parlamentario
Nacho Martín, Castelló
La aplicación de la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, más conocida como Ley de Grandes Ciudades, cambiará a partir de este mandato muchas de las premisas que hasta la fecha habían regido el funcionamiento de los órganos administrativos y políticos del ayuntamiento.
El recién elegido alcalde, Alberto Fabra, del Partido Popular, deberá afrontar un nuevo modo de gestionar el ente local con un reglamento que otorga a la junta de gobierno más competencias y convierte el pleno en un órgano menos ejecutivo y más parlamentario. A partir de este año, se acaban los plenos con órdenes del día interminables y repletos de asuntos de trámite. Sin embargo, también quedará en pasado la soberanía exclusiva del pleno para aprobar proyectos de ordenanzas y reglamentos, proyectos de actuación urbanística, relaciones de puestos de trabajo, retribuciones de personal, ofertas de empleo pública, bases de las convocatorias de selección de puestos de trabajo o el despido de personal. Los nueve ediles designados por el alcalde para la junta de gobierno también podrán asumir directamente los reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar contratos irregulares o facturas contraídas sin el correspondiente concurso público. Dicho de otro modo, la oposición ya no podrá advertir en el pleno sobre posibles pagos al margen de la legalidad o asignados a dedo .
Además, el alcalde tendrá la facultad de nombrar hasta tres ediles no elegidos por los ciudadanos que pasarían a ser tenientes de alcalde y miembros de la Junta Local de Gobierno. La autoridad de estas personas será igual a la de cualquier concejal electo con la salvedad de que no tienen derecho a voto en el pleno.
Participación y fiestas
La participación ciudadana será otra de las asignaturas políticas en las que deberá aplicarse el alcalde, y toda la corporación, dado que la ley exige un reglamento de participación que el ayuntamiento todavía no ha elaborado.
El primer pilar de dicha participación vecinal será el Consejo Social de la Ciudad, que deberá erradicar la presencia exclusivamente vecinal del actual consejo de participación y aglutinará a representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.
Las competencias de este consejo serán la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.
El segundo organismo que dará voz a los ciudadanos será la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (formada por una representación proporcional del pleno), que se encargará de analizar las quejas y denuncias vecinales sobre la gestión municipal.
Dicha comisión presentará al menos un informe anual y podrá elaborar dictámenes extraordinarios cuando la gravedad de los hechos lo aconseje. Por último, el ayuntamiento tiene la obligación de crear un Reglamento de Fiestas que incrementará la regulación y el control de las gestión económica y las cuentas del ente festero.
Las Provincias
Vecinos de tres barrios de Valencia denuncian el botellón masivo en las pistas deportivas
Grupos de inmigrantes organizan multitudinarias ligas en recintos públicos mientras otros compatriotas aprovechan los encuentros para beber
B. RODRIGO/ VALENCIA
Vecinos de diferentes barrios de Valencia han denunciado la continua práctica del botellón en diversas instalaciones deportivas de la ciudad. Los residentes de zonas como la Plata, Abastos o Lebón han alertado de que centenares de personas se concentran todos los fines de semana en las canchas deportivas no sólo para practicar deporte, sino también para consumir alcohol en medio de la calle.
Pero la historia tiene también otra versión, la de los usuarios. Ellos –inmigrantes latinoamericanos, en su mayoría– aseguran que sólo hacen deporte, aunque son conscientes de que otros ensucian su imagen.
En el barrio de la Plata, centenares de inmigrantes se reúnen todos los fines de semana a jugar al voleibol. No lo hacen de manera aleatoria: su capacidad de organización es tal que cuentan con su propia liga. Aseguran que el deporte les une. Fuera, tras las rejas de las instalaciones, algunos compatriotas consumen alcohol.
Hasta 374 botellas tiradas en la calle llegó a contar un vecino de este barrio una mañana tras un encuentro en la cancha situada en la calle Bombero Duart. Según los residentes, la gente no abandona las instalaciones hasta altas horas de la madrugada y esto lleva consigo escándalos y múltiples problemas.
Denuncias
Los vecinos de la Plata aseguran haber denunciado los hechos en el Ayuntamiento. R.M. y su mujer han presentado ya tres escritos e Isidoro, otro residente, remitió un vídeo al Consistorio.
Este es el escenario: Calle Bombero Duart, en el barrio de la Plata. Centenares de ecuatorianos contemplan con expectación una partida de voleibol. “A la gente le gusta hacer deporte por no estar en sus pisos”, afirma Víctor Culqui, uno de los impulsores de los partidos de voleibol en el barrio de la Plata. Culqui añade que este espacio les permite hacer deporte y encontrarse con compatriotas.
Llegan a primera hora de la tarde y no abandonan la cancha hasta bien entrada la noche, así es que se traen hasta el bocadillo. Las posibilidades de ocio para este colectivo son tan limitadas como el alcance de su bolsillo. Por ello, las instalaciones públicas, gratuitas, son la mejor y probablemente la única opción.
En el último año han utilizado varias de ellas, aseguran. “La policía nos ha echado de San Luis, del Levante y del Puente Nueve de Octubre. Andamos tirados, marginados. Ahora estamos aquí en la Plata en unas instalaciones que están agotadas, que nadie utiliza”, relata Culqui. Y añade que siempre utilizan “espacios deportivos que no se usan, incluso instalaciones deterioradas”, matiza.
Barrio de Lebón
En el barrio de Lebón, su presidenta, Lola Grau, asegura que a pesar “de que las instalaciones se han vallado entran y luego se queda todo sucio. Se consume cerveza y hacen las necesidades en un edificio de una antigua fábrica”, asegura.
“Familias enteras acampan en plan dominguero como hacíamos nosotros antes”, denuncia la presidenta de la asociación de vecinos de Lebón. En este barrio, en las instalaciones que se encuentran situadas en el Parque Padre Tomás de Montañana, sucede lo mismo cada fin de semana.
En ambos barrios los vecinos denuncian que esta masificación impide que el resto de residentes utilicen recintos y lamentan el estado en el que quedan las instalaciones todos los fines de semana.
Todo apunta a que el problema no es el deporte, por lo que los cabezas visibles de las competiciones dicen que estos hechos “son ajenos” a ellos. “Nosotros nos dedicamos al deporte. No podemos pagar justos por pecadores”.
El presidente de la Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui en Valencia, Edgar Constante, defiende el buen hacer de sus compatriotas: “A nosotros no nos corresponde lo que ocurre fuera de las canchas. Trabajamos por controlar y evitar el consumo de alcohol, lo que sucede fuera de las canchas está protagonizado por gente que nada tiene que ver con el deporte”.
Estas quejas vecinales se suman a las de otras zonas de Valencia como Abastos, donde sus vecinos han denunciado el cobro de un euro por parte de un grupo de inmigrantes por el uso de las instalaciones situadas en la calle Pintor Segrelles. Finalmente, y tras las reiteradas quejas, las canchas se convirtieron en un jardín.
Población e infraestructuras
Valencia cuenta con 100.000 inmigrantes. Los nuevos ciudadanos han traído consigo sus costumbres y un estilo de vida particular. Se buscan entre ellos “para sentirse como en su propio país. El deporte nos une”, asegura Víctor Culqui. Pero faltan espacios públicos en condiciones para practicarlo, “tanto para nosotros como para el resto de ciudadanos”, denuncia Edgar Constante.
La ciudad cuenta con 36 instalaciones deportivas elementales (IDES) situadas en distintos barrios. “Llevamos seis años desarrollando actividades deportivas en la ciudad”, cuenta Constante. “Desde entonces –añade– le hemos propuesto al Ayuntamiento que se abran más espacios deportivos”. En nuestro país estamos acostumbrados a hacer deporte al aire libre y con la participación de los vecinos”, argumenta.
El último incidente se produjo hace menos de un mes en las canchas que se encuentran situadas en el cauce del río a la altura de las Torres de Serrano, donde también se concentran cientos de inmigrantes. Ahí se vivió un episodio de violencia entre un grupo y la Policía Local.
Fuentes municipales señalaron que sobre las 23 horas del domingo 6 de mayo, unas 500 personas se encontraban congregadas en este lugar en el que se estaba produciendo un macrobotellón. Ante las continuas llamadas vecinales de protesta agentes de la Policía acudieron para atajar la fiesta. El desencuentro se saldó con un joven de 26 años de nacionalidad boliviana detenido y cinco personas heridas, entre ella un policía local, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS.
La asociación Rumiñahui no quedó impasible ante unos hechos que tachó de xenófobos. Su presidente resaltó que en cada cancha se concentran personas diferentes y responsabilizó a las autoridades de ejercer políticas de represión contra el colectivo de inmigrantes “que sólo hacía deporte”.
Cuatro de los inmigrantes lesionados en el incidente interpusieron una denuncia ante los Juzgados y la asociación ha exigido responsabilidades políticas al Ayuntamiento de Valencia.
El Periódico de Extremadura
Los efectos de la movida Iniciativas en el entorno de la plaza de Albatros.
Vecinos de La Madrila preparan una cruzada contra el ruido en los tribunales
Un grupo de afectados se unen y aportan fondos propios para sufragar las demandas.La asociación vecinal crea una comisión antirruidos para canalizar las actuaciones.
03/06/2007 TOÑI ESCOBERO
Hartos de los ruidos, vecinos de La Madrila han decidido no aguantar más. Siete afectados de la plaza de Albatros y La Madrila Alta (doctor Fléming y José Luis Cotallo) preparan una auténtica cruzada en los tribunales para atajar el problema. Se han unido y han acordado aportar fondos para sufragar el coste de las demandas que aseguran interpondrán contra el ayuntamiento y la Junta de Extremadura.
Aunque la intención de recurrir a los tribunales por parte de los afectados por el ruido de la movida viene de largo y nunca han llegado realmente a materializarse estas amenazas vecinales, en esta ocasión la postura es más decidida y seria. "Llegaremos hasta las últimas consecuencias porque llevamos 38 años con este grave problema", asegura Fernando García Figueroa, uno de los afectados.
"Ahora sí que están dispuestos a llegar hasta el final y la prueba es que van a poner dinero de su bolsillo", explica por su parte el presidente de la asociación de vecinos La Madrila, Miguel Salazar. Se ha calculado que cada afectado tendrá que aportar entre 300 y 400 euros para pagar los gastos del litigio.
CONTRA EL BAR QUE REABRE De hecho, en la propia asociación se ha constituido por primera vez una comisión antirruido para canalizar las actuaciones de estos afectados y otros que puedan sumarse a la iniciativa.
Una de las sempiternas reivindicaciones es la reapertura de los bares por la noche tres horas después del cierre. El horario de cierre de los bares es a las tres y el de apertura es a las seis. Esto permite a muchos locales de La Madrila ampararse en este margen para cerrar y volver a abrir sus puertas horas después.
"Es necesario que se cambie este horario irreal --apunta García Figueroa-- y que se tomen medidas que impidan esta situación más tiempo". Los vecinos pretenden forzar a la Junta a que modifique el decreto que regula estos horarios.
Este vecino, que reside en el número 3 de la calle José Luis Cotallo, explica que las molestias le han obligado a insonorizar su dormitorio, dormir en verano con las ventanas cerradas y padecer insomnio muchas noches. Cuenta que otros vecinos han optado por malvender sus pisos o por acudir al psiquiatra.
Asegura que no están contra los bares. "A mí el bar no me molesta, es el descontrol", manifiesta. La falta de respeto de un horario que permita el descanso de los vecinos y las conductas incívicas de algunos trasnochadores. "Nos encontramos todos los fines de semana con excrementos en los portales", detalla García Figueroa.
En opinión de Miguel Salazar, "la situación ha tocado techo y no se puede aguantar más". Aunque su gestión del problema ha sido cuestionada desde algunos sectores del barrio, ya que se le acusa de parcialidad por su afinidad al Partido Popular, Salazar defiende que en este asunto "no se va contra ningún partido y, por encima de mis afinidades --afirma--, está mi obligación de defender a los vecinos".
LA REFERENCIA: ZARAGOZA El grupo ha mantenido varios encuentros para perfilar una línea de actuación y empezar con el trabajo serio. Ahora mismo, se está pendiente de la contratación de un abogado que les lleve el caso en los tribunales. Probablemente se contará con los servicios jurídicos de la organización antirruidos.
La referencia de su lucha es Zaragoza, donde los jueces condenaron el pasado febrero a su ayuntamiento a pagar 7.000 euros a cada una de las 55 personas que denunció molestias causadas durante años por el ruido de los bares de la zona de Moncasi. En este caso, los vecinos demandaron al consistorio por incumplir su deber de vigilar el mandato de las ordenanzas municipales en materia de ruidos y disciplina urbanística. El fallo condena incluso a este consistorio a velar en el futuro por el cumplimiento de las normas.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha recurrido la sentencia, pero los vecinos ganaron al menos una batalla. Ahora los de La Madrila quieren seguir sus pasos y esperan que los jueces también les den a ellos la razón.
El Ideal
Vecinos de las Explanadas acudirán al juzgado de Motril para cerrar las terrazas a cinco bares
La comunidad «ha roto los contratos» de cesión del espacio privado donde están situadas Los dueños de estos negocios aseguran que los que quieren quitarlas «son una minoría»
LAURA UBAGO/MOTRIL
Las Explanadas son el corazón de la noche motrileña. El punto nocturno de encuentro, el lugar donde cientos de personas beben, charlan y disfrutan dentro y alrededor de los seis pub que componen la zona. Estos establecimientos se encuentran situados en los soportales de tres edificios donde más de un centenar de familias tratan de conciliar el sueño inventando fórmulas para evitar el rum rum de los que no piensan en dormir. Diversión y descanso han comenzado a chocar con fuerza en este centro de la 'movida' de Motril. Algunos vecinos se declaran «hartos» de la situación y ya luchan por acabar con el ruido que se genera a las afueras de estos locales.
Miembros de la junta directiva de la comunidad vecinal Parque de Motril explican que «no quieren cerrar estos locales, pero sí acabar con el ruido y las molestias que se producen a las puertas de los pub».
El problema lo achacan a que «nadie controla que se cumplan las leyes en esta zona». Dicen que lo que más molestias produce es «la venta de alcohol a través de las ventanas que concentra a la gente en la calle y atrae al botellón», analizan estos representantes vecinales.
«El Ayuntamiento no controla la hora de cierre, que se incumple, no vigila que no se infrinja la ley del botellón y aún no ha terminado de tramitar el expediente que comenzó en 2003 y que iba a declarar esta zona acústicamente saturada», subrayan estos vecinos que dicen tener que dormir con tapones, con las ventanas cerradas y que existen casos de personas «psicológicamente afectadas».
En los soportales
Las cinco terrazas de estos locales están situadas en los soportales de los edificios, en un espacio privado que se cedió para uso de estos pub a través de unos contratos firmados en 2002, según exponen los miembros de la comunidad. En esos acuerdos se les imponían a los locales unas normas como «la limpieza de ese espacio por su cuenta o a la retirada cada día de las sillas y las mesas». Pero durante estos años «se han venido incumpliendo las normas y tampoco se ha ido pagando con regularidad lo acordado. No es que busquemos con insistencia ese dinero. Queremos que se terminen los ruidos y que haya un orden y un control».
La junta directiva de estos vecinos expone que «ya se ha requerido notarialmente el desahucio y el desalojo de las terrazas, pero no las han quitado. Contra una en concreto existe una sentencia firme por incumplimiento de contrato y no ha hecho ni caso». Dicen que el terminar con los contratos «se acordó por unanimidad en la asamblea vecinal».
Vivir tranquilos
Estos vecinos cuentan que esperarán a que venzan los contratos «a finales de julio, para demandar a los propietarios y que sea el juez el que obligue a quitar las terrazas». Apuntan estos representantes vecinales que también demandarán al Ayuntamiento «por no controlar el horario de cierre, el ruido o el botellón». «Tan sólo queremos vivir tranquilos», señalan.
Los propietarios de los pub dicen estar abiertos al diálogo y dispuestos «a que la policía acabe con el botellón porque a nosotros tampoco nos favorece».
«Hemos querido contratar a guardias de seguridad para controlar el ruido del exterior pero no se nos permite porque también es vía pública. Estamos dispuestos a buscar una persona que haga de nexo entre dueños y vecinos y llegar a un acuerdo. Los que no quieren las terrazas son una minoría», expone el gerente de un pub que llevan allí desde años los noventa.
Diario de Mallorca
ANDRATX
El Consistorio paraliza cuatro obras por incumplimiento de la ordenanza municipal de ruidos
LORENZO GUTIÉRREZ. ANDRATX.
El ayuntamiento de Andratx ordenó ayer la suspensión de cuatro obras que se estaban ejecutando en el término municipal. Los motivos son el incumplimiento de la ordenanza municipal de ruidos, aprobada el año pasado, y la falta de adecuación a la licencia de obra otorgada en su día.
Esta normativa de ruidos, de reciente aprobación, obliga a que se detengan las construcciones entre el día 15 de mayo y finales del mes de septiembre.
La orden municipal afecta a una villa ubicada en el barrio de Son Juvera, a cinco solares del sector cinco de Camp de Mar y a dos más de la calle Tord, en Cala Moragues. La paralización vino acompañado del aviso de que, si no se paraban las obras, se procedería a precintar las instalaciones y a retirar la maquinaria y los materiales utilizados.
De la misma forma, las autoridades municipales se han puesto en contacto con la empresa suministradora de energía eléctrica para que proceda a realizar el corte del suministro en los contadores de la obra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario