Levante
LEY DE GRANDES CIUDADES
El ayuntamiento debe afrontar el reglamento de participación tras el rechazo vecinal al borrador
La propuesta del Partido Popular no garantiza ni el sistema ni la asignación mínima de los presupuestos participativos
Nacho Martín, Castelló
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3556&pIdSeccion=4&pIdNoticia=307788
El gobierno local del Ayuntamiento de Castelló deberá afrontar en el nuevo mandato la negociación del reglamento orgánico de Participación Ciudadana después de que los colectivos vecinales con representación en el consejo municipal rechazaran el borrador propuesto por el PP en febrero, según informaron fuentes municipales.
Dicho documento estaba llamado a fijar las bases para cumplir las exigencias de la Ley 57/2003 (también conocida como Ley de Grandes Ciudades) y fue ampliamente desaprobado por el movimiento vecinal debido a su escasa concreción y la falta de garantías de participación de cara al ciudadano. Una de las carencias más significativas radican en la ausencia de referencia alguna al porcentaje mínimo de recursos presupuestarios que, según la Ley de Grandes Ciudades, deberán quedar en manos de la gestión ciudadana a través de los presupuestos participativos.
A pesar de que la ley obliga a fijar dicho porcentaje en una norma de carácter orgánico, el reglamento propuesto por el gobierno local no garantiza cantidad alguna y tampoco establece un protocolo que articule de forma detallada la participación de los ciudadanos en la elaboración del presupuesto y en la composición del Consejo Social de la Ciudad, organismo al que la ley atribuye la planificación estratégica y urbanística.
Este es precisamente uno de los argumentos que alegó el presidente de la Federación de Asociaciones Ciudadanas de Consumidores y Usuarios de Castelló, Amalio Palacios, que cuestiona «la falta de concreción» del reglamento y reclama una serie de modificaciones irrenunciables.
Además del porcentaje y el mecanismo del presupuesto participativo, la federación vecinal exige que los representantes ciudadanos puedan participar en las comisiones informativas, tengan voz y voto en las empresas municipales públicas y reciban los recursos suficientes para desarrollar una participación activa en la gestión municipal. Palacios también subrayó la necesidad de que los representantes vecinales puedan intervenir en el pleno, una vez cumplan el procedimiento exigido, sin que el alcalde pueda vetar arbitrariamente su comparecencia.
Mediterráneo
LOS ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR LA ZAS DE PEÑÍSCOLA CONTINÚAN CERRADOS Y NO REPORTAN BENEFICIO ALGUNO
El cierre de bares por ruidos generará más pérdidas en el alquiler de locales
El arrendamiento es anual y se cifra en unos 20.000 euros para un establecimiento que ocupa 250 m. Algunos empresarios del ocio se plantean renegociar los contratos para paliar el descenso en los ingresos.
08/06/2007 ESTEFANIA MOLINER
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=303195
Los propietarios de locales ubicados en la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de Benicàssim pueden ver afectados sus bolsillos por la pérdida de ingresos que conllevaría el cierre de los establecimientos que tienen arrendados. Una pérdida que se sumaría a la que prevén los empresarios del ocio por tener que cerrar a la 1.30 horas. El alquiler se sitúa "entorno a 20.000 euros anuales para un negocio de unos 250 metros cuadrados", según Juanjo Mateu, del pub Kché.
Así lo vaticinan desde la patronal del sector turístico y hostelero de Castellón, Ashotur. "Hay gente que vive de la rentabilidad de estos locales y sin poder alquilarlos va a perder ese poder adquisitivo", explicó el abogado de la entidad, Emilio Pin. Y lo confirman las opiniones de muchos de los responsables de negocios, que han manifestado su idea de abrir este verano solo porque ya tienen el alquiler anual pagado.
LIMITACIÓN HORARIA "Aunque tengan que cerrar a la 1.30 horas, abrirán para ir rentabilizando el negocio porque ya pagaron a principios de año", aseguró uno de los empresarios, Javier Sánchez. "Los que abren este verano es porque ya han pagado el alquiler pero para el próximo seguro que se lo pensarán dos veces", advirtió Castor Herrera, que ha cerrado sus dos negocios.
Por ahora, y después de una semana escasa desde la entrada en vigor de la nueva normativa que afecta a la mayoría de calles del núcleo urbano, calculan que la ZAS amenaza a "unos 15 pubs, la mayoría de alquiler y de los que la mitad no tiene licencia", según apuntó Mateu. Así, al cierre de los que no tienen permiso se podría sumar el de los que no obtengan beneficios suficientes tras la aplicación de las normas que contempla la ley del ruido. Por el momento, ya han cerrado unos cinco: Cactus, Yemanjà y dos o tres que estaban en la entrada de la plaza de los Dolores.
Ante esta situación, algunos empresarios del sector del ocio nocturno se están planteando la posibilidad de renegociar los contratos con los propietarios de los locales. "Hoy por hoy, los alquilan todo el año aunque funcionan solo unos meses, pero ante la pérdida de beneficios por tener que cerrar a la 1.30, cuando la gente llega al pub sobre la 1.00 horas, queremos renegociar los contratos con los arrendatarios", dijo el empresario Mateu.
ABANDONO En el caso de cerrar, la reconversión de estos locales en otros negocios podría ser una solución. Sin embargo, en la vecina Peñíscola, pionera en la aplicación de ZAS en la provincia, los bajos del Peñíscola Playa que albergaban un gran número de pubs y que se vieron obligados a cerrar continúan igual, como muestra la imagen.
"Es una zona quemada, sin salida, como la denominados en el sector, y los que trabajábamos allí hemos tenido que emigrar", explicó Toño Crespo, uno de los afectados. "Los empresarios han optado por montar sus negocios en otras localidades, Vinaròs, Benicarló o incluso Zaragoza, por la que he optado yo", aseguró Crespo. El caso es que de los locales no se saca beneficios.
El País
La nueva ordenanza contra el ruido de Valencia dificulta las denuncias vecinales
La norma prevé que el afectado aporte pruebas periciales y sanciones por denuncia falsa
S. V. - Valencia - 08/06/2007
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/nueva/ordenanza/ruido/Valencia/dificulta/denuncias/vecinales/elpepuespval/20070608elpval_15/Tes
La nueva ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Valencia, ahora en fase de exposición al público, prevé exigir el pago de las inspecciones para controlar el ruido en el caso de que no exista incumplimiento y por "denuncias temerarias" de los vecinos. El texto introduce, además, la posibilidad de exigir a los ciudadanos pruebas periciales del ruido que les molesta, lo que dificulta la presentación de denuncias por parte de los vecinos. La ordenanza también complicará la declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS) al contemplar "actuaciones previas".
El equipo de gobierno del PP ha tardado casi dos años en presentar una nueva ordenanza contra el ruido, que acaba de entrar en la fase de alegaciones para ser aprobada en los próximos meses. Los populares defienden que será un instrumento eficaz para combatir los excesos y proteger el derecho al descanso de los vecinos, que con la ordenanza actual han acabado con demasiada frecuencia en los tribunales para denunciar la pasividad del Consistorio ante la contaminación acústica en las zonas de ocio. Así, dos sentencias han obligado al Ayuntamiento que dirige Rita Barberá a declarar nuevas ZAS en los entornos residenciales y de ocio de la discoteca Woody y de la calle de Juan Llorens. Sin embargo, la nueva ordenanza introduce algunos artículos que dificultan la presentación de denuncias y cargan sobre los afectados la obligación de demostrar las molestias y las infracciones, según apuntan fuentes jurídicas.
Así, el texto recoge que "cuando manifiestamente no exista" incumplimiento de la norma, "porque se trate de denuncias temerarias, se podrán girar las liquidaciones correspondientes al coste de la inspección realizada, y se entenderá injustificada la reiteración de denuncias durante el plazo de tres años". Pero el artículo no especifica las circunstancias en que se considerará infundada esa reclamación, que privará al vecino de reiterar la protesta. La ordenanza también prevé que, en caso de que en el expediente de licencia obre un ensayo de aislamiento acústico, se pueda "exigir que las reclamaciones aporten una peritación firmada por técnico competente con visado colegial" que especifique "qué elementos constructivos de un edificio o instalaciones no se ajustan" a la legalidad, "no siendo suficiente una apreciación sensitiva del ciudadano o usuario". Esta disposición propicia que se invierta la carga de la prueba y sea el vecino el que deba demostrar las molestias, en vez del titular de la actividad, alertan fuentes jurídicas. La norma también sitúa en un mismo plano la obligación de colaborar en las inspecciones del responsable de un establecimiento y del denunciante, cuando no es equiparable el control de un local que ha obtenido una licencia y el acceso a un domicilio particular, que debe someterse a un procedimiento controlado por la Administración para evitar posibles presiones a los vecinos para que acepten peritajes de terceros en sus viviendas.
Los vecinos también tendrán más complicado lograr una nueva ZAS. Así, la ordenanza mantiene esa figura cuando se superan los umbrales de ruido permitidos por la norma en 20 decibelios dos veces por semana durante tres semanas (antes eran dos), pero introduce un artículo que prevé "actuaciones previas" en los barrios afectados, lo que puede dilatar el proceso para llegar a la ZAS. Estas medidas previas se aplicarían en zonas que superan en 15 decibelios los máximos permitidos por la ordenanza.
El Ayuntamiento, mientras, prepara ya una primera modificación de su ordenanza, la que blindará, como en el caso de las fiestas, el ruido de la fórmula 1, de modo que se puedan superar los umbrales durante las carreras.
LEY DE GRANDES CIUDADES
El ayuntamiento debe afrontar el reglamento de participación tras el rechazo vecinal al borrador
La propuesta del Partido Popular no garantiza ni el sistema ni la asignación mínima de los presupuestos participativos
Nacho Martín, Castelló
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3556&pIdSeccion=4&pIdNoticia=307788
El gobierno local del Ayuntamiento de Castelló deberá afrontar en el nuevo mandato la negociación del reglamento orgánico de Participación Ciudadana después de que los colectivos vecinales con representación en el consejo municipal rechazaran el borrador propuesto por el PP en febrero, según informaron fuentes municipales.
Dicho documento estaba llamado a fijar las bases para cumplir las exigencias de la Ley 57/2003 (también conocida como Ley de Grandes Ciudades) y fue ampliamente desaprobado por el movimiento vecinal debido a su escasa concreción y la falta de garantías de participación de cara al ciudadano. Una de las carencias más significativas radican en la ausencia de referencia alguna al porcentaje mínimo de recursos presupuestarios que, según la Ley de Grandes Ciudades, deberán quedar en manos de la gestión ciudadana a través de los presupuestos participativos.
A pesar de que la ley obliga a fijar dicho porcentaje en una norma de carácter orgánico, el reglamento propuesto por el gobierno local no garantiza cantidad alguna y tampoco establece un protocolo que articule de forma detallada la participación de los ciudadanos en la elaboración del presupuesto y en la composición del Consejo Social de la Ciudad, organismo al que la ley atribuye la planificación estratégica y urbanística.
Este es precisamente uno de los argumentos que alegó el presidente de la Federación de Asociaciones Ciudadanas de Consumidores y Usuarios de Castelló, Amalio Palacios, que cuestiona «la falta de concreción» del reglamento y reclama una serie de modificaciones irrenunciables.
Además del porcentaje y el mecanismo del presupuesto participativo, la federación vecinal exige que los representantes ciudadanos puedan participar en las comisiones informativas, tengan voz y voto en las empresas municipales públicas y reciban los recursos suficientes para desarrollar una participación activa en la gestión municipal. Palacios también subrayó la necesidad de que los representantes vecinales puedan intervenir en el pleno, una vez cumplan el procedimiento exigido, sin que el alcalde pueda vetar arbitrariamente su comparecencia.
Mediterráneo
LOS ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR LA ZAS DE PEÑÍSCOLA CONTINÚAN CERRADOS Y NO REPORTAN BENEFICIO ALGUNO
El cierre de bares por ruidos generará más pérdidas en el alquiler de locales
El arrendamiento es anual y se cifra en unos 20.000 euros para un establecimiento que ocupa 250 m. Algunos empresarios del ocio se plantean renegociar los contratos para paliar el descenso en los ingresos.
08/06/2007 ESTEFANIA MOLINER
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=303195
Los propietarios de locales ubicados en la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de Benicàssim pueden ver afectados sus bolsillos por la pérdida de ingresos que conllevaría el cierre de los establecimientos que tienen arrendados. Una pérdida que se sumaría a la que prevén los empresarios del ocio por tener que cerrar a la 1.30 horas. El alquiler se sitúa "entorno a 20.000 euros anuales para un negocio de unos 250 metros cuadrados", según Juanjo Mateu, del pub Kché.
Así lo vaticinan desde la patronal del sector turístico y hostelero de Castellón, Ashotur. "Hay gente que vive de la rentabilidad de estos locales y sin poder alquilarlos va a perder ese poder adquisitivo", explicó el abogado de la entidad, Emilio Pin. Y lo confirman las opiniones de muchos de los responsables de negocios, que han manifestado su idea de abrir este verano solo porque ya tienen el alquiler anual pagado.
LIMITACIÓN HORARIA "Aunque tengan que cerrar a la 1.30 horas, abrirán para ir rentabilizando el negocio porque ya pagaron a principios de año", aseguró uno de los empresarios, Javier Sánchez. "Los que abren este verano es porque ya han pagado el alquiler pero para el próximo seguro que se lo pensarán dos veces", advirtió Castor Herrera, que ha cerrado sus dos negocios.
Por ahora, y después de una semana escasa desde la entrada en vigor de la nueva normativa que afecta a la mayoría de calles del núcleo urbano, calculan que la ZAS amenaza a "unos 15 pubs, la mayoría de alquiler y de los que la mitad no tiene licencia", según apuntó Mateu. Así, al cierre de los que no tienen permiso se podría sumar el de los que no obtengan beneficios suficientes tras la aplicación de las normas que contempla la ley del ruido. Por el momento, ya han cerrado unos cinco: Cactus, Yemanjà y dos o tres que estaban en la entrada de la plaza de los Dolores.
Ante esta situación, algunos empresarios del sector del ocio nocturno se están planteando la posibilidad de renegociar los contratos con los propietarios de los locales. "Hoy por hoy, los alquilan todo el año aunque funcionan solo unos meses, pero ante la pérdida de beneficios por tener que cerrar a la 1.30, cuando la gente llega al pub sobre la 1.00 horas, queremos renegociar los contratos con los arrendatarios", dijo el empresario Mateu.
ABANDONO En el caso de cerrar, la reconversión de estos locales en otros negocios podría ser una solución. Sin embargo, en la vecina Peñíscola, pionera en la aplicación de ZAS en la provincia, los bajos del Peñíscola Playa que albergaban un gran número de pubs y que se vieron obligados a cerrar continúan igual, como muestra la imagen.
"Es una zona quemada, sin salida, como la denominados en el sector, y los que trabajábamos allí hemos tenido que emigrar", explicó Toño Crespo, uno de los afectados. "Los empresarios han optado por montar sus negocios en otras localidades, Vinaròs, Benicarló o incluso Zaragoza, por la que he optado yo", aseguró Crespo. El caso es que de los locales no se saca beneficios.
El País
La nueva ordenanza contra el ruido de Valencia dificulta las denuncias vecinales
La norma prevé que el afectado aporte pruebas periciales y sanciones por denuncia falsa
S. V. - Valencia - 08/06/2007
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/nueva/ordenanza/ruido/Valencia/dificulta/denuncias/vecinales/elpepuespval/20070608elpval_15/Tes
La nueva ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Valencia, ahora en fase de exposición al público, prevé exigir el pago de las inspecciones para controlar el ruido en el caso de que no exista incumplimiento y por "denuncias temerarias" de los vecinos. El texto introduce, además, la posibilidad de exigir a los ciudadanos pruebas periciales del ruido que les molesta, lo que dificulta la presentación de denuncias por parte de los vecinos. La ordenanza también complicará la declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS) al contemplar "actuaciones previas".
El equipo de gobierno del PP ha tardado casi dos años en presentar una nueva ordenanza contra el ruido, que acaba de entrar en la fase de alegaciones para ser aprobada en los próximos meses. Los populares defienden que será un instrumento eficaz para combatir los excesos y proteger el derecho al descanso de los vecinos, que con la ordenanza actual han acabado con demasiada frecuencia en los tribunales para denunciar la pasividad del Consistorio ante la contaminación acústica en las zonas de ocio. Así, dos sentencias han obligado al Ayuntamiento que dirige Rita Barberá a declarar nuevas ZAS en los entornos residenciales y de ocio de la discoteca Woody y de la calle de Juan Llorens. Sin embargo, la nueva ordenanza introduce algunos artículos que dificultan la presentación de denuncias y cargan sobre los afectados la obligación de demostrar las molestias y las infracciones, según apuntan fuentes jurídicas.
Así, el texto recoge que "cuando manifiestamente no exista" incumplimiento de la norma, "porque se trate de denuncias temerarias, se podrán girar las liquidaciones correspondientes al coste de la inspección realizada, y se entenderá injustificada la reiteración de denuncias durante el plazo de tres años". Pero el artículo no especifica las circunstancias en que se considerará infundada esa reclamación, que privará al vecino de reiterar la protesta. La ordenanza también prevé que, en caso de que en el expediente de licencia obre un ensayo de aislamiento acústico, se pueda "exigir que las reclamaciones aporten una peritación firmada por técnico competente con visado colegial" que especifique "qué elementos constructivos de un edificio o instalaciones no se ajustan" a la legalidad, "no siendo suficiente una apreciación sensitiva del ciudadano o usuario". Esta disposición propicia que se invierta la carga de la prueba y sea el vecino el que deba demostrar las molestias, en vez del titular de la actividad, alertan fuentes jurídicas. La norma también sitúa en un mismo plano la obligación de colaborar en las inspecciones del responsable de un establecimiento y del denunciante, cuando no es equiparable el control de un local que ha obtenido una licencia y el acceso a un domicilio particular, que debe someterse a un procedimiento controlado por la Administración para evitar posibles presiones a los vecinos para que acepten peritajes de terceros en sus viviendas.
Los vecinos también tendrán más complicado lograr una nueva ZAS. Así, la ordenanza mantiene esa figura cuando se superan los umbrales de ruido permitidos por la norma en 20 decibelios dos veces por semana durante tres semanas (antes eran dos), pero introduce un artículo que prevé "actuaciones previas" en los barrios afectados, lo que puede dilatar el proceso para llegar a la ZAS. Estas medidas previas se aplicarían en zonas que superan en 15 decibelios los máximos permitidos por la ordenanza.
El Ayuntamiento, mientras, prepara ya una primera modificación de su ordenanza, la que blindará, como en el caso de las fiestas, el ruido de la fórmula 1, de modo que se puedan superar los umbrales durante las carreras.
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