La junta de reparto de la herencia MARTELL decidirá en mayo quienes son las entidades beneficiarias de la fortuna.......
N.M./CASTELLÓN Levante emv.com 14-03-2009
La Generalitat Valenciana reunió ayer la Junta Distribuidora de la Herencia Martell después de más de 4 años de bloqueo y propició un acuerdo para que el próximo 29 de mayo se decida qué asociaciones benéficas castellonenses tienen derecho a recibir parte del legado de Josefa Martell, labradora castellonense que falleció en 1988 dejando una fortuna millonaria sin testamento, según confirmaron ayer fuentes municipales.
El Ayuntamiento de Castelló estuvo representado por el edil de Economía, Juan José Pérez Macián, quien explicó que el consistorio «defenderá que los 17 colectivos castellonenses que optan al reparto puedan beneficiarse siempre que cumplan los requisitos legales para ello».
La junta tripartita (formada por diputación, ayuntamiento y Generalitat) decidió que se abra un periodo de estudio para que la diputación y el ayuntamiento evalúen las distintas solicitudes y emitan su informe sobre cada una de las asociaciones, dado que se trata de entidades de ámbito provincial y municipal.
Una vez se tome la decisión, el caudal hereditario de la herencia Martell se distribuirá en tres partes iguales entre la Generalitat Valenciana, asociaciones de la provincia de Castelló y asociaciones de la capital de la Plana.
Eso sí, la Generalitat se basará en un informe de la Dirección General de Patrimonio del Estado para rechazar la pretensión del ayuntamiento y de la diputación de concurrir también al reparto como entidades beneficiarias en igualdad de condiciones que el resto de asociaciones.
Como respuesta, Macián ya adelantó ayer que los servicios jurídicos del ayuntamiento recurrirán la decisión en el momento en el que se haga efectiva la notificación. «El ayuntamiento lo peleará en este caso igual que lo hará en la herencia del Garaje del Inglés, que debido a las competencias en el momento de la muerte del propietario será repartida por el Gobierno y no por la Generalitat».
El edil de Economía argumenta que el informe de Patrimonio del Estado se fundamenta en una sentencia del Tribunal Supremo de 1951 y actualmente la realidad de los ayuntamientos ha cambiado. «La sentencia es muy antigua y los ayuntamientos ahora somos otra cosa, y también tenemos ese carácter asistencial al que se refiere la ley cuando habla de entidades benéficas».
La cantidad a repartir también será objeto de polémica, dado que el Consell valora el total de la herencia en 4,7 millones de euros y el PSPV sostiene que el valor de las más de 50 propiedades inmobiliarias de Josefa Martell Marcha podría superar los 100 millones de euros.
La incógnita de las transacciones millonarias sin subasta pública
N. Martín, Castelló
Con posterioridad a la sentencia del Tribunal Supremo del año 2002, el Consell ha enajenado al margen de cualquier subasta pública al menos cuatro propiedades de la herencia Martell, valoradas oficialmente en más de 1 millón de euros, antes de cumplir el reparto legal.
De hecho, durante la última década se han sucedido las operaciones inmobiliarias de bienes fuera de la subasta pública que exige la ley (el Código Civil y el Decreto 2091/1971).
El propio Consell incluso ha admitido la enajenación de propiedades con posterioridad a 2002 que, cuanto menos, afectan a un solar situado en la confluencia de las calles Columbretes y José Barberá Cebriá número 2, en las proximidades de la piscina provincial, un solar en las calles Doctor Ferrán y Miguel Servet (483.000 euros), un solar en la calle Enmedio (enajenado al ex presidente del Valencia, Francisco Roig, por 240.000 euros) y un solar en la calle Mayor número 83 valorado oficialmente en 351.000 euros.
Al margen de este listado oficial quedan decenas de propiedades que constan en los expedientes internos de la Generalitat y que ya han sido ocupadas para desarrollos urbanísticos millonarios, aunque se desconoce cómo y a quién se enajenaron.
Patrimonio desautoriza que el Ayuntamiento y la Diputación reciban parte de la herencia del Martell..Los beneficiarios deben ser organizaciones sociales sin animo de lucro....
N.M./CASTELLON/ Levante emv.com 08-02-2009
Un informe de la Dirección General de Patrimonio del Estado concluye que la diputación y el Ayuntamiento de Castelló no tienen derecho a colmar su pretensión de ser beneficiarios directos del reparto de la herencia Martell porque dicho caudal debe ser distribuido entre colectivos de acción social y sin ánimo de lucro del municipio.
Así lo ha reconocido la propia Generalitat en un informe interno de la Conselleria de Economía, dirigida por Gerardo Camps, que posteriormente fue sacado a la luz en una respuesta parlamentaria a preguntas de la diputada socialista Amparo Marco.
Esta circunstancia ha motivado que el Consell posponga el acuerdo sobre la admisión de las solicitudes de asociaciones y entidades públicas que desean acceder a la distribución de la herencia que exige una sentencia del Tribunal Supremo desde el año 2002.
La Conselleria de Economía alega que el objetivo de esta nueva demora es estudiar si acepta las recomendaciones de Patrimonio o si, por el contrario, se decanta en favor del ayuntamiento y la diputación de Castelló, que piden ser receptores directos de parte del caudal hereditario.
Para ello, la Conselleria de Economía y Hacienda ha encargado un segundo informe jurídico que se centrará únicamente en las solicitudes del alcalde y del presidente de la diputación, Alberto Fabra y Carlos Fabra respectivamente.
Según ha documentado la propia conselleria, el informe que el Consell había requerido previamente a la Dirección General de Patrimonio del Estado "pone de manifiesto que la tercera parte del caudal hereditario municipal y provincial no corresponde en puridad ni al ayuntamiento ni a la diputación, sino a instituciones públicas o privadas, de beneficencia, instrucción, acción social o profesionales del municipio del domicilio del difunto o de la provincia respectivamente".
Con posterioridad a 2002 el Partido Popular ha enajenado al margen de cualquier subasta pública al menos cuatro propiedades de la herencia Martell valoradas oficialmente en más de 1 millón de euros antes de cumplir el reparto legal entre asociaciones sin ánimo de lucro que ordenó una sentencia del Tribunal Supremo. El fallo judicial, fechado en 2002, concluyó que la Generalitat Valenciana se había apropiado indebidamente de la fortuna sin testar de Josefa Martell Farcha, labradora castellonense que falleció en 1988 dejando una fortuna valorada por el PSPV en 120 millones de euros.
El Supremo ha reiterado que la Ley exige que una junta tripartita distribuya la herencia entre entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, el Consell retrasa la distribución y el ayuntamiento no ha presentado reclamación alguna al respecto, a pesar de que fue el propio consistorio, gobernado por el PP, el que interpuso el recurso contra la Generalitat Valenciana que entonces gobernaba Joan Lerma (PSPV).
Bloqueo de la junta
La Junta Distribuidora que exige la ley (compuesta por Consell, diputación y ayuntamiento) permanece bloqueada desde hace cuatro años y las operaciones inmobiliarias de bienes fuera de la subasta pública que exige la ley (el Código Civil y el Decreto 2091/1971) se han sucedido durante la última década.
Las operaciones inmobiliarias admitidas por el Consell hacen referencia a un solar situado en la confluencia de las calles Columbretes y José Barberá Cebría número 2, en las proximidades de la piscina provincial, un solar en las calles Doctor Ferrán y Miguel Servet (483.000 euros), un solar en la calle Enmedio (enajenado al ex presidente del Valencia, Francisco Roig, por 240.000 euros) y un solar en la calle Mayor número 83 valorado oficialmente en 351.000 euros.
La diputada del grupo autonómico del PSPV, Amparo Marco considera que las valoraciones "son irreales y no se ajustan al precio de mercado del momento, con lo cual se benefició a particulares e intereses privados sin respetar el procedimiento de pública subasta que exige la ley" Los socialistas han denunciado en los últimos tiempos los incumplimientos del ayuntamiento y del Consell a la hora de repartir una herencia que de distribuirse entre asociaciones sociales sin ánimo de lucro.
Sentencia "pub Donnegal"
La Audiencia de Barcelona ha dictado la que por el momento es la sentencia penal más grave por delito de contaminación acústica, la referente al "Pub Donnegal": se condena a la que fue su anterior titular a 5 años y medio de prisión, además de la multa, inhabilitación profesional e indemnización a los perjudicados.
Lo novedoso del caso está en el hecho que, si no nos equivocamos, se condena por vez 1ª un delito de lesiones causado directamente por el ruido (en Zaragoza se conoce del caso de ruidos que finalizó con una condena por una falta de imprudencia con resultado de lesiones, algo similar a un accidente de tráfico). En el caso del Donnegal, la condena lo es por la conciencia de causar dicho resultado lesivo. En total, por los 3 delitos de lesiones, 1 año y medio de prisión, al que se le han de sumar los 4 por el atentado al medio ambiente (agravado por la desobediencia a las órdenes municipales de corrección y cierre del local).
Disponen del texto de la sentencia en la web de la ACCCA: www.sorolls.org "Destaquem - Presó pels torturadors acústics"
Noticia remitida por ACCCA
(Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica)
Aerocas elabora un informe que fija las maniobras de despegue y aterrizaje de
aviones para mitigar el impacto acústico en las localidades de Benlloch y Vilanova.
El Mundo / Castellón al día – 15-03-09 – Javier Arnau - Castellón
Los vecinos de Benlloch y Vilanova d'Alcolea pueden estar tranquilos. Las aeronaves que aterricen o despeguen del Aeropuerto Costa Azahar dentro de un año ocasionarán un impacto acústico menor al que esperan varios colectivos de ambas poblaciones. La sociedad pública promotora de la base aérea (Aerocas) -coparticipada por la Generalitat y la Diputación Provincial - mantiene que “los niveles acústicos que marca la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por el Ministerio de Fomento y por Aviación Civil están por debajo de lo que marca la ley como ilegales».
Fuentes técnicas consultadas por este periódico reconocen que los movimientos aéreos que se desarrollarán sobre los términos municipales en los que se encuentra el aeropuerto perjudicarán «muy poco» a Vilanova pero advierten, al mismo tiempo, que «hay ciertas dudas sobre la afección sobre Benlloch». Aerocas, sin embargo; resta validez a esta tesis.
El argumento técnico criticado por la sociedad pública tiene que ver con el movimiento de aterrizaje y despegue de las aeronaves. Las fuentes consultadas opinan que Benlloch puede versé afectado debido a-que los aviones, según el proyecto, realizarán un movimiento de aterrizaje que se iniciará en paralelo al Mediterráneo con un recorrido que le llevará muy al Sur de la base antes de dar la vuelta para encarar la pista. Sobre el despegue, que se realizará hacia el norte y, en consecuencia, podría afectar más a Vilanova, admiten las mismas fuentes que la huella acústica dibuja una pirámide invertida de manera que su máximo nivel de decibelios se produce a una «altura considerable» que, desde luego no afectaría los edificios de la población de La Plana Alta.
Desde Aerocas, con todo, no admiten esos argumentos. Sobre todo porque ya disponen de un manual de operaciones que concreta las maniobras aéreas que deberán acometer los aviones tanto al llegar como al abandonar la base castellonense. Es cierto que el movimiento de aterrizaje y despegue se- va a producir por el Sur y por el Norte, respectivamente. Los aviones llegarán de manera paralela al Mediterráneo para encarar la pista por la zona más próxima a la terminal de pasajeros. El despegue, por contra, se producirá hacia el Norte. Aun así, las fuentes técnicas de Aerocas reconocen que será el viento el que condicione estas operaciones en última instancia.
Algunas fuentes técnicas creen que Benlloch se verá más afectado que Vilanova
Aerocas opina que no hay ningún problema y prevé incluso medidas correctoras
Pero el manual toma como referencia el Este como argumento en contra de posibles afecciones a los municipios. Es decir, admiten desde la sociedad que “los aviones aterrizarán procedentes del Mediterráneo, por lo tanto lo harán alejados de Benlloch». Sobre' el despegue, revelan que «al suspenderse en el aire iniciarán una maniobra de nuevo hacia el Este, alejándose progresivamente de Vilanova».
Dicho todo de otra manera, los movimientos, sean de despegue o aterrizaje y se vean o no condicionados por el viento, se producirán en una dirección que progresivamente se irá alejando de los municipios más cercanos a la base aérea. Ni que decir tiene que otras localidades relativamente cercanas como Torreblarica, apenas sufrirían molestias, ya que a su paso por el casco urbano, los aviones ya habrán alcanzado una altura considerable.
Con todo, desde Aerocas dejan clara una cosa: todo esto es teoría y los aná1isis medioambientales y acústicos están aprobados por el Gobierno en la Declaración de Impacto Ambiental. Pero las pruebas que se iniciarán cuando esté lista y equipada la torre de control serán la que certificarán todos estos aspectos. La sociedad también asegura que un año después del inicio de las operaciones se revisará los aspectos técnicos necesarios para adaptar la huella acústica a la zona de influencia del aeropuerto ..
L
ALICANTE
Urbanismo sanciona a 23 pubs del Casco Antiguo desde noviembre por el exceso de decibelios
El Ayuntamiento ha dado una prórroga a los locales para que presenten las auditorías acústicas Corren el riesgo del cierre de los negocios que no puedan cumplir con la ley del ruido
Las Provincias - 15.03.2009 - VICTORIA MORA| ALICANTE
Manifestación contra el ruido; en las imágenes superiores, dos pancartas contra los efectos de la 'marcha'. / UBALDO ARACIL
La zona de marcha por excelencia de Alicante es el Casco Antiguo. Allí se concentran cerca de 80 pubs y bares de copas. En la mayoría de los casos existe una convivencia entre los vecinos y los locales, pero algunos de ellos son problemáticos y provocan grandes malestares. El exceso de ruido fue el detonante de una manifestación que a finales de octubre sacó a la calle a los vecinos que, en clave de humor, mucha ironía y la denuncia por montera, expusieron que no duermen cuando llega el jueves por la noche. Y con la protesta arrancó a su vez el compromiso de la alcaldesa, Sonia Castedo, de controlar el ruido de los locales. Y así ha sido.
Cada fin de semana desde noviembre, la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística ha revisado locales y efectuado mediciones acústicas para determinar el grado de cumplimiento de las normas acústicas. Desde entonces, el Ayuntamiento de Alicante ha efectuado 23 suspensiones de música a locales que superaban los límites permitidos. Por el momento, el récord de exceso de ruido lo tiene un pub de la calle Santos Médicos. Los agentes midieron en el interior del local donde la música sonaba a 104 decibelios cuando el máximo permitido en su licencia era de 80 decibelios. Fue el 16 de noviembre, el segundo fin de semana en el que se llevaban a cabo las inspecciones.
Desde noviembre, la Gerencia de Urbanismo, de la que dependen las inspecciones de los locales de ocio, han presentado 20 decretos en los que exigen a los pubs que pongan en marcha medidas correctoras. Y a la vez, han levantado otras 40 actas de medición, en este caso, no sólo en bares del Casco Antiguo, algunos también se encontraban en la conocida como Ruta de la Madera, la zona del Centro Tradicional, y en otros puntos dispersos de la ciudad.
En la mayoría de los casos, los establecimientos presentan un certificado en el que advierten de que se ha corregido el problema para poder seguir funcionado. Lo más común es la alteración del aparato de sonido que tiene que estar limitado a los niveles que tienen establecidos en su licencia.
Cuando los pubs no han puesto soluciones, el Ayuntamiento tiene la potestad de proceder al precinto de la instalación. Desde noviembre se han abierto 15 actas de precinto de establecimientos, aunque en este caso no se circunscriben únicamente al Casco Antiguo.
Por el momento, la Gerencia de Urbanismo ha solicitado 27 auditorías acústicas a los locales donde ha efectuado inspecciones, según apuntan fuentes de la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística.
El Ayuntamiento tiene constancia de que los locales empiezan a hacerlas; pero sus responsables son conscientes de la dificultad que conlleva puesto que requiere que el estudio lo efectúe una empresa autorizada. Y si ésta detecta fallos, el local tiene la obligación de solucionarlos. El Consistorio ha dado una prórroga a los locales para que presenten sus auditorías, y los técnicos son conscientes de que en algunos casos concretos, los locales no van a poder adaptarse a las exigencias de la ley del ruido.
Tras los Carnavales
El buen clima de los últimos tiempos se vio algo empañado durante los Carnavales. Los vecinos reconocen que lo conseguido durante los meses posteriores se desbarató en estas fiestas puesto que, afirman, se han producido excesos tanto de música como en el cierre de los locales.
Los tribunales obligan al Ayuntamiento a estudiar limitaciones al ruido en AZCA
SARA MEDIALDEA | MADRID
La zona de AZCA, el Manhattan madrileño, podría ser declarada en un futuro zona de protección acústica especial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Ayuntamiento en una reciente sentencia a iniciar el procedimiento para esta declaración, atendiendo con ello la petición de la Asociación de Presidentes de Comunidades de Propietarios de Orense-Azca, Comunazca.
Los vecinos de la zona (18.000 personas, aproximadamente) iniciaron su andadura en el verano del 2006, hartos de los ruidos, molestias, suciedad e inseguridad que soportan como consecuencia de la actividad de ocio nocturno en los conocidos como «bajos de AZCA». Para dar la batalla administrativa y legal, se hicieron asesorar por la asociación «Juristas contra el ruido», cuyo presidente, Jorge Pinedo, actúa como abogado.
Silencio administrativo
En julio de 2006 presentaron ante el Gobierno local una solicitud para que se iniciara el expediente que declarara AZCA como zona de protección acústica especial. Al no recibir respuesta de la Administración local, interpusieron un recurso contencioso-administrativo que se falló el 3 de marzo de 2008, desestimando la petición de los vecinos. Esta sentencia alegaba que no se daban las circunstancias para achacar «inactividad» por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Pero los vecinos no se rindieron: contra este fallo se interpuso un recurso de apelación el 25 de marzo de 2008 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En él, los vecinos aclaraban que ellos no alegaban falta de actividad municipal; sólo pedían saber si ellos tenían derecho a solicitar la iniciación del expediente administrativo para declarar la zona AZCA como de protección acústica especial.
El TSJM señala por su parte en su fallo que «la Administración tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que correspondan a cada área», a la vez que asevera que esta potestad está reglada, y no es discrecional.
Además, la sentencia añade que el expediente para esta declaración de protección medioambiental no tiene por qué ser iniciado «únicamente de oficio» por la Administración, sino que existe la posibilidad de que lo promueva una parte interesada. De lo que concluye que la asociación de vecinos recurrente tiene «el derecho a que la Administración demandada dé curso a su petición», y que «tras los estudios realizados por el órgano ambiental municipal», éste realice «el pronunciamiento oportuno sobre la necesidad o no de iniciar la incoación del procedimiento». Máxime, añade, cuando «existen datos y mediciones que, al menos en principio, indican la procedencia de tal iniciativa», según el texto del magistrado.
«Hito vecinal»
Desde la asociación vecinal de AZCA se mostraron muy satisfechos por la sentencia del TSJM, que llega después de «mucho tiempo, esfuerzos y dinero» dedicado al asunto. Lo consideran de hecho «un hito en el movimiento vecinal, ya que obliga al Ayuntamiento a hacer algo que no quería».
Los vecinos recuerdan que los datos acústicos objetivos demuestran que «la capacidad de absorción del medio ambiente de actividades de pública concurrencia y ocio nocturno en esta zona de AZCA estaba agotada ya hace bastantes años, y que los niveles sonoros ambientales eran tan elevados que entraban, sin dificultad, en la definición de lo que el Ayuntamiento entiende como «grave riesgo» para la salud en su propia ordenanza de ruidos». De hecho, aseguran que durante la noche, el ruido es «actualmente el doble del máximo necesario para que la zona se entienda muy saturada», y es 17 veces superior al que existe en zonas no contaminadas.
Desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, aseguraron que estaban «de acuerdo con la sentencia», que «reconoce a los vecinos el derecho a instar al Ayuntamiento a que su zona sea declarada de especial protección acústica». Ahora, añaden, «el Ayuntamiento tendrá que motivar si procede o no dicha declaración».
Bajos de Aurrerá
Aseguraron que el Gobierno local «ya está haciendo una cartografía de ocio nocturno por zonas», que ha comenzado por los conocidos como «bajos de Aurrerá», en Moncloa. Cuando este trabajo esté finalizado, «de él se derivará qué zonas necesitan de medidas correctoras», explicó una fuente autorizada.
Aunque muchos identifican AZCA con el ocio y el negocio, en esta zona del distrito de Tetuán están censados más de 18.000 habitantes. Los denunciantes quieren que se establezca la protección especial en la zona delimitada por las calles del General Perón, paseo de la Castellana y Raimundo Fernández Villaverde a la altura de Comandante Zorita.
Entre las medidas que las ordenanzas municipales fijan para las zonas de protección acústica especial, están la prohibición de implantación o ampliación de actividades que más impacto generen en los ámbitos más deteriorados, limitar la implantación de determinados tipos de actividades, un régimen de distancias mínimas con los existentes para los negocios nuevos que quieran abrirse, o límites en sus horarios.
Valencia
Los Ayuntamientos pondrán sonómetros para medir el ruido de los aviones
Los municipios afectados desconfían de las mediciones del Gobierno
Las Provincias - 14.03.09 - C. F.| VALENCIA
Los Ayuntamientos afectados por el ruido de los aviones no se fían de las mediciones que realizará AENA y colocará sus propios sonómetros junto a los del Ministerio de Fomento con el fin de contrastar las mediciones. Así lo acordaron ayer los nueve representantes de los municipios de l'Horta que ayer se reunieron en el Ayuntamiento de Valencia. "No estamos dispuestos a que se nos engañe y por eso vamos a controlar todas las mediciones que se realicen", explicó ayer un portavoz de la concejalía de Sanidad, tras concluir la reunión con todos los miembros de los ayuntamientos afectados como Xirivella, Quart de Poblet, Aldaya, Mislata, San Antonio, Ribarroja, Manises y Benaguacil.
Todos estos municipios han decidido crear una plataforma con el lema se puede evitar. "No nos conformamos con que nos digan que están actuando, porque el ruido se puede eliminar y así lo vamos a conseguir", explicaron desde Sanidad.
Los diez sistemas monitorados se distribuirán por las poblaciones afectadas. Dos se instalarán en el aeropuerto de Manises y uno en la localidad. También se ubicará otro en Quart de Poblet, al igual que en Xirivella, en Mislata y en Valencia capital. Por eso, en todos estos lugares los ayuntamientos pretenden colocar sus propios sonómetros y así tendrán mediciones independientes a las del Gobierno. Así lo acordaron ayer todos los municipios afectados y más tarde contemplaron la mascletà desde el balcón consistorial.
Los representantes de los municipios afectados también esperan que AENA les responda a las alegaciones sobre el mapa del ruido y que todavía no han tenido respuesta.
Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Valencia se ha enfrentado con el Gobierno al considerar que les ofrecían información errónea.
Junto a esta medida, otra de las actuaciones que llevarán a cabo será la de crear una normativa medioambiental con la que ya cuenta las dos principales ciudades de España, Madrid y Barcelona. Esta regulación extraordinaria se convertirá en un Real Decreto, pero antes deberá pasar por la Dirección General de Aviación Civil.
Con esta normativa se exige que los aviones que accedan a la ciudad lo hagan como mínimo a 2.200 pies. Una altura que minimizará el impacto acústico. Además, también están revisando las trayectorias de las aeronaves en aproximación y despegue, para minimizar el impacto en las poblaciones más próximas. Medidas con las que se eliminará el ruido de los aviones.
LUCÍA VILARIÑO VARELA -
Técnica do Servizo de Prevención de Drogodependencias de Lalín
"O alcohol segue sen considerarse unha droga, e por iso é das máis consumidas"
A especialista sinala que os botellóns congregan cada vez máis a rapaces de curta idade
Vilariño informa a pais e fillos do risco do consumo. Bernabé/Gutier
Faro de Vigo – 15-03-09 - SALOMÉ SOUTELO – LALÍN
O Servizo de Prevención de Drogodependencias de Lalín comezou a funcionar no verán do ano pasado, mediante un convenio da Concellería de Servizos Sociais coa Consellería de Sanidade. O programa, que nun principio terá un carácter anual, céntrase de xeito especial nos estudantes non universitarios, a través de diversas iniciativas que na capital dezá coordina Lucía Vilariño.
– A que idade adoita producirse o primeiro contacto coas drogas?
– Segundo os datos do Plan Galicia sobre Drogas, a idade media de inicio no tabaco é de 13,3 anos, mentres que no alcohol é de 13,1. Aínda que o consumo destas dúas drogas é maioritariamente masculino, vanse recortando as diferencias entre homes e mulleres, a esas idades.
– Cales son as máis consumidas no municipio?
– Das chamadas drogas lícitas, a máis estendida é, sen dúbida, o alcohol. Isto débese a que o alcohol adoita ser un elemento imprescindible en moitos actos sociais, e a xente aínda non o considera unha droga. Por iso é frecuente que os adolescentes comecen a beber para sentirse integrados no grupo. En canto ás drogas ilícitas, o cannabis ocupa o primeiro lugar.
– Nalgúns concellos, ante a imposibilidade de eliminar a práctica do botellón, habilítanse zonas para que a xuventude poida beber. Como considera vostede esta decisión?
– Non axuda en nada a reducir o consumo, senón que é como dicir “vide beber aquí, que tedes un sitio”. Igual que en moitos locais e pubs se vende alcohol a menores de 16 anos, a pesar de que teñan colgado un cartel que o prohibe, co do botellón arréglase o problema de molestias para o vecindario, pero non para un consumo no que ademais participa cada vez xente máis nova.
– E xa que non pode controlarse o consumo nos pubs, e fácil controlar a venta doutras drogas no entorno dos colexios?
– Estanse vixiando algúns centros para evitar ese tipo de transaccións, ao igual que tentamos reducir a inxesta de alcohol nas propias zonas de marcha nocturna. En maio, a través do programa Creative, repartíronse folletos aos clientes dos locais da rúa B de Lalín nos que se informaba das consecuencias que produce o alcohol na saúde, e este ano esperamos repetir a experiencia en tres sesións, a partir do mes de xuño.
– Por que as actividades do servizo de prevención se centran sobre todo nos alumnos de Educación Primaria?
– Porque, aínda que non consumen, é preciso traballar con eles valores como a autoestima ou a importancia da decisión persoal fronte á presión grupal, xa que estes aspectos serán importantes á hora de que o neno se posicione en contra da toma de drogas. Hai que pensar que estes alumnos dan un cambio moi importante cando pasan a Secundaria, e aí é onde corren maior risco. Por iso, ao longo deste ano deseñamos actividades como un concurso de logotipos, o programa Saúde na Escola e, en breve, un certame de guións cinematográficos. Para os alumnos de Secundaria, proxectamos xa dous filmes dentro da iniciativa Cinensino.
– Falar das drogas cos fillos segue sendo un tema incómodo para os pais?
– Penso que cada vez máis se aborda este tema cos fillos, e que os pais non delegan nos profesores estas cuestións. É certo que pode haber certo descoñecemento sobre os efectos das drogas, pero para iso está o noso programa. Pais e formadores queremos , senón eliminar, reducir ao máximo o consumo das drogas, e retardar o inicio nestas.
Quince grupos juveniles exigen nuevas medidas contra el ´botellón´
Denuncian un incremento del número de menores que beben en calles y parques
La Opinión – 15-03-09 - REDACCIÓN | A CORUÑA
El Foro da Mocidade, que agrupa a quince asociaciones juveniles, exige al Concello nuevas medidas para combatir el consumo de alcohol en la calle. La entidad, aunque considera que la actual ordenanza ha servido para que exista un mayor control sobre el botellón, alerta de un incremento del número de menores de edad que beben en las calles y parques.
"El foro está preocupado por el creciente número de menores que participan en el botellón, por lo que planteamos que se desarrollen actuaciones más intensas", afirma la agrupación en un comunicado.
Las asociaciones juveniles, afines a la Concejalía que dirige la polémica edil nacionalista Ermitas Valencia, se oponen, sin embargo, a la prohibición del botellón. Al igual que hizo la edil, reconocen estar preocupadas por el problema, pero rechazan las propuestas que repiten una y otra vez los vecinos afectados por el consumo de alcohol en la calle.
"Desarrollar medidas prohibicionistas no resuelve el problema de salud pública que supone la relación de ocio y consumo de drogas", afirma el Foro da Mocidade, que defiende el programa de actividades nocturnas organizadas por la Concejalía de Juventud para ofrecer a los jóvenes alternativas al consumo de alcohol en los fines de semana.
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