Costas ve ilegales las discotecas de la playa de Castelló aunque reduzcan su superficie
El ministerio mantiene sin aprobar las concesiones de los locales al no estar recogido el uso de pub en la Ley de Costas
Levante - 14-04-10 - J.MESTRE CASTELLÓ
Costas ve ilegales las discotecas de la playa de Castelló aunque reduzcan su superficie
La apertura de los establecimientos de la playa del Gurugú de Castelló podría ser inviable el próximo verano si persisten con una concesión de discoteca. Así lo dio a entender ayer el jefe provincial de Costas, Ignacio Gil, quien admitió que el futuro de estos locales es incierto al no estar su uso permitido por la Ley de Costas. "Son un caso complicado, no son los clásicos chiringuitos, son una especie de discotecas, y este uso no está permitido por la ley", afirmó.
El responsable de Costas apuntó así que la existencia de discotecas en el litoral es ilegal, señaló que han sido incluso denunciadas (por los vecinos de la playa del Gurugú) y, a preguntas de este diario sobre si estos locales podrán abrir este verano, contestó: "no lo sé". El Ejecutivo central tiene sobre la mesa la queja de dos centenares de vecinos, y ahora analiza, a sólo dos meses de la temporada estival, la solicitud de apertura remitida por el ayuntamiento.
Los cuatro locales han reducido su extensión respecto a la de 2009 para intentar adaptarse a la ley y la han fijado en 150 metros cuadrados de tarima mas 100 de hamaca. Una superficie que se amolda más al espíritu de la norma estatal, destacó Gil. "El año pasado alguno de ellos llegó a tener 1.000 metros cuadrados", añadió. Sin embargo, esta medida parece que no será suficiente para lograr el placet del Gobierno a tenor de las palabras del representante de Costas. Los locales del Gurugú mantienen un uso de pub, un hecho que no contempla la ley- sólo acepta establecimientos expendedores de comida y bebida en la playa-. De esta manera, la preceptiva autorización de la Administración central está en el aire. El jefe provincial de Costas no cerró, con todo, la puerta a la apertura de chiringuitos (corrientes) en la playa y espetó que las propuestas serán estudiadas.
Gil hizo estas declaraciones en el inicio de la demolición de la antigua Casa de Baños de la playa del Pinar de Castelló, en un acto al que asistió el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, y la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz Antolín. Los representantes del Ministerio de Medio Ambiente resaltaron que en la ciudad de Castelló aún no se ha aprobado ningún permiso por estar pendiente "de algún informe".
Respecto al resto de municipios costeros la provincia, Martín reiteró que estudiarán "caso a caso" y aseveró que algún local podría abrir con una superficie mayor a la establecida si tiene una justificación para ello. Hay 35 establecimientos en Castelló y 6 de ellos (4 en la capital de la Plana más otros dos en Benicàssim y Nules) han de acoplarse a la normativa. "Hemos otorgado concesiones en Castelló, pero no podemos tolerar desmadres, y si las autorizaciones son para 20 metros no se puede ocupar 1.000, salvo en los casos que tengan carácter excepcional y estén debidamente justificados", añadió.
Terrazas de copas
Los propietarios de los locales del Gurugú defendieron, por su parte, la legalidad de sus establecimientos. "No son una discoteca, son una terraza de copas", aseguró el portavoz de los mismos, Javier Sánchez. "Aquí el problema está en que no quieren que crezca el turismo", dijo. Sánchez demandó más flexibilidad al Gobierno central y negó que algún chiringo abriera el año pasado con 1.000 metros cuadrados. "Había alguno de 400 metros cuadrados de tarima más 300 metros de hamacas", explicó.
..TODOS LOS MUNICIPIOS COSTEROS HAN PRESENTADO SOLICITUDES QUE SERÁN ESTUDIADAS EN SEMANAS..
El Ministerio abre ahora la puerta a instalar chiringuitos-discoteca
Reitera que la ley de 1988 se aplicará y se analizará “caso a caso” con “cariño”.Revela que el conflicto de los locales del Gurugú es el ruido, no el tamaño.
Mediterráneo - 14/04/2010 - DAVID P. SOLVES
Del no rotundo al estudio minucioso de cada solicitud. Esa es la nueva postura más flexible hacia la instalación de chiringuitos en el litoral de Castellón que ayer exhibió el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, durante su visita a las obras de demolición de la antigua Casa de Baños de la playa del Pinar.
El alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino aseguró que la Dirección General de Costas analizará “caso a caso” y “con todo cariño” todas las solicitudes de autorización para la instalación de chiringuitos en las playas en función de lo estipulado en la ley de Costas, “de su impacto en la costa y de cada enclave turístico” para “hacer compatible el uso y disfrute de la playa” con este tradicional negocio hostelero. Martín Fragueiro recalcó que bajo ningún concepto autorizarán “desmadres como la ocupación de mil metros de playa” para instalar un negocio.
La directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, confirmó que todos los municipios costeros han presentado solicitudes de instalación de chiringuitos, que se irán resolviendo “en las próximas semanas”. “En todos los municipios habrá estas instalaciones porque su grado de cumplimiento es muy elevado, los problemas son puntuales”, añadió. Castellón es uno de los enclaves conflictivos porque la solicitud de autorización para instalar chiringuitos en la playa del Gurugú sí cumple el máximo de 150 metros cuadrados que fija la ley de Costas, pero tienen la particularidad de incluir música en la petición de apertura, algo fuera de la ley de 1988. H
Castellón
Costas mantiene en el aire las licencias para los chiringuitos a sólo dos meses del verano
El Ministerio «estudiará cada caso» para dar permisos si están «justificados» y alerta que derribará las casas de primera línea que incumplan la ley
Las Provincias - 14.04.10 - A. BURGOS | CASTELLÓN.
- LEY DE COSTAS
- Chiringuitos. El Ministerio autorizará la concesiones «compatibles» con la norma y estudiará los casos donde la necesidad de mayor superficie esté «justificada».
- Viviendas en primera línea. Aunque los técnicos estudiarán cada caso concreto, si no están registradas e incumplen la normativa, se demolerán.
- Piromusicales. Se autorizarán los castillos de fuegos artificiales en la playa que sean tradicionales y siempre que se garantice la limpieza posterior de la zona.
Cuando apenas faltan dos meses para el inicio de la temporada estival, los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente todavía estudian las solicitudes remitidas por los empresarios de ocio y restauración para autorizar la instalación de chiringuitos en la costa provincial. Por lo que se refiere a la capital de La Plana, hasta dentro de «unos días o semanas» no se conocerán los primeros informes sobre las cuatro instalaciones temporales que habitualmente se colocan cada temporada en las playas del Pinar o el Gurugú.
Tanto la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz Antolín, como el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, que ayer asistieron en la capital de La Plana al inicio de las obras para demoler la antigua Casa de Baños, reiteraron que «la superficie máxima permitida es de 20 metros para las instalaciones permanentes y de 150 para las temporales».
«No obstante, con carácter excepcional, estudiaremos los casos donde la necesidad de mayor espacio esté debidamente justificada para que los empresarios puedan desarrollar su actividad en las playas, siempre de forma compatible a la aplicación de la Ley de Costas», matizó Martín Fragueiro, que garantizó que «en todos los municipios va a haber autorizaciones y, dado que el grado de cumplimiento de los empresarios es muy elevado, no va a haber problemas para renovar los permisos». «Lo que no podemos permitir es que haya un desmadre en cuanto a superficies», insistió.
Uso «no previsto» en la ley
En ese sentido, el jefe provincial de Costas, Ignacio Gil, reconoció que el de Castellón es «un caso complicado» dado que el uso de las instalaciones como discoteca «no está previsto en la ley y habrá que estudiarlo de forma específica». En cuanto a las demandas de los empresarios turísticos, Gil aventuró que «en principio no debería haber problemas, dado que este año se han pedido 150 metros frente a los 1.000 que alguno ocupaba el año pasado».
En el conjunto de las playas de la Comunitat son más de 380 las instalaciones de ocio y restauración afectadas por la aplicación de la normativa costera. Respecto a las ubicadas en Valencia, el representante del Ministerio de Medio Ambiente también incidió en que «en el caso de los 14 establecimientos de la Malvarrosa estamos en vías de dar una solución definitiva al problema y, por lo que se refiere al Saler y Pinedo, dado que la superficie que ocupan es muy superior a la permitida, la excepcionalidad deberá estar debidamente justificada para contemplarse».
Por lo que se refiere a los derribos de viviendas situadas en primera línea de playa a lo largo de la costa castellonense, el secretario general del Mar recordó que, aunque la normativa fija distancias mínimas de 20 metros respecto al borde marítimo para suelo urbano y de 100 metros para no urbanos , «en la disposición transitoria primera se prevé ampliar la concesión a 60 años para las viviendas que están registradas o inscritas antes de la aprobación de la normativa en 1988 y que, debido a la regresión del mar, ahora están situadas a menos metros de lo permitido por esa variación».
«En aquellos casos en los que las casas hayan sido catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC) o tengan unas características específicas estudiaremos si se adaptan o no a la ley y, en caso contrario, tendremos que aplicarla», concluyó Martín Fragueiro.
Fuegos artificiales
A pesar de que el Senado rechazó la semana pasada una moción en la que los populares instaban al Gobierno a ocupar temporalmente las playas para la celebración de espectáculos pirotécnicos como castillos de fuegos artificiales, el secretario general del Mar especificó ayer en Castellón que «esto no supone que se vayan a suprimir todos los espectáculos de este tipo». «Seguiremos dando autorizaciones a aquellos espectáculos piromusicales que respondan a una tradición, siempre que una vez que finalizado el espectáculo la playa se encuentre en el mismo estado en el que se encontraba». «No vamos a poner ninguna pega a que se sigan llevando a cabo todas las actividades tradicionales de los municipios costeros, pero tampoco vamos a admitir la celebración de todos, sino que respetaremos lo que tradicionalmente se ha pedido», concluyó Martín Fragueiro.
El Ministerio avisa: «No toleraremos los desmadres»
EFE - ABC - Miércoles , 14-04-10
La antigua Casa de Baños de la playa de El Pinar de Castellón comenzó ayer a ser derribada en cumplimiento de la Ley de Costas. El edificio, construido a finales de los cincuenta, tenía una concesión administrativa que caducó el verano pasado. El Ministerio aviso que «no tolerará desmadres» a los hosteleros.
MURCIA
«Ya no llamo a la Policía; ahora quiero que vengas tú»
Los agentes reparten trípticos y tarjetas con su nombre y teléfono en los buzones de 5.000 edificios del municipio
La Verdad - 14.04.10 - MARÍA JOSÉ MONTESINOS mjmontesinos@laverdad.es | MURCIA.
El agente Antonio Díaz y el cabo Alejandro Alemán, dejando ayer trípticos y la tarjeta de 'policía de comunidad' en los buzones de un edificio de la plaza Díez de Revenga :: Foto: NACHO GARCÍA / AGM
¿QUÉ HARÁN SI...?
1 ¿Si en el piso de arriba montan un guateque y a las 2 de la madrugada no dejan dormir a los vecinos? Éste es un caso que precisa una respuesta inmediata. Si se llama al 968 358787 acudirá la patrulla del servicio de noche. En principio, debe bastar, para que cese el ruido o la música, una advertencia policial de que se está incumpliendo la ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Rudios y Vibraciones. Los agentes no siempre llevan sonómetros,pero puede ser requerida la medición por los vecinos que sufren las molestias. La ordenanza establece que el límite de ruido admitido será de 30 decibelios por la noche (y 35 de día). No obstante, el policía de comunidad será informado para que se ponga en contacto con el dueño del piso -si se trata de una casa de alquiler a estudiantes, por ejemplo- o con el presidente de comunidad para tratar de solventar el problema y hacerle un seguimiento.
2 ¿Y si hay una pelea en la casa de al lado? ¿Tengo que dar mi nombre? ¿Tendré que testificar si hay juicio? En estos casos se actuará con total discreción. Aunque el vecino tenga que identificarse al hacer la llamada telefónica, los policías no van a dar su identidad cuando lleguen a la vivienda donde se está produciendo la pelea. En el caso de que haya juicio, podrá acogerse a la ley de protección de testigos
3 ¿Y si ocupan mi plaza de garaje, la Policía llamará a la grúa? Es un problema que hay que resolver dentro de la comunidad. La Policía no puede avisar a la grúa ni multar porque no se trata de la vía pública, sino de un espacio privado. Los policías se comprometen a mediar para resolver el asunto.
4 ¿Y si el vecino tira la basura en el patio comunitario, o la saca a la calle fuera de hora de forma reiterada? Ésta es una actitud que ya se está sancionando por la Policía Local para hacer cumplir la ordenanza de Limpieza Viaria. En principio, el cabo Alejandro Alemán explica que «realizaríamos una labor de mediación hablando con el infractor para que no continúe con esa práctica. Se le haría un seguimiento y de continuar tirando la basura fuera de hora o en sitios inadecuados, se aplicaría la ordenanza sancionándole con la correspondiente multa. En ningún caso se le va a decir qué vecino lo ha denunciado».
Ya ha comenzado la batida de policías locales por las porterías de los edificios de la ciudad y pedanías para presentar la campaña 'El policía de comunidad'. En algunos casos, como el de Ramón Ródenas, presidente de la comunidad de vecinos del edificio situado en el número 3 de la plaza Díez de Revenga, su policía de barrio, Antonio Díaz, que también será su policía de comunidad, es un viejo conocido: «Coincidimos todos los jueves en el mercadillo de Santa María de Gracia».
El policía de barrio Antonio Díaz tiene a su cargo un amplia área que abarca desde la plaza Circular hasta el Huerto de las Bombas, el consultorio de Santa María de Gracia y la avenida Miguel de Cervantes hasta Carrefour Zaraiche. Está encantado con su trab ajo y reconoce que «me gusta mucho la familiaridad con la gente». Asegura que el trato personalizado es muy importante y que hay gente del barrio que le dice: «Yo no llamo a la policía, yo quiero que vengas tú».
A partir de ahora el trabajo se le va a multiplicar porque ayer empezó a dejar su tarjeta de visita en un buen número de buzones. Acompañado por el cabo Alejandro Alemán repartió trípticos que informan de la campaña 'Policía de comunidad' y se entrevistó con los primeros presidentes de comunidad para intercambiar información. Así, a la vez, que los agentes les explican en qué consiste esta nueva figura policial, pionera en España, y que tiene por objetivo dar respuesta eficaz y eficiente a problemas vecinales que requieran la intervención policial, ellos también van rellenando una ficha con los datos personales del presidente de la comunidad y del administrador del edificio, si lo hubiera, con el fin de poder contactar con ellos en el caso de cualquier incidencia. Esta información se volcará en la base de datos de la Policía Local y será muy útil de cara a épocas de éxodo vacacional como el verano, por si se producen actos vandálicos o problemas en el edificio.
El 'modus operandi' será el siguiente. En la tarjeta de visita que están dejando los policías de comunidad figura su nombre y apellidos que, en el caso de ayer, era el del policía Antonio Díaz. Además se facilita un número de teléfono (968 35 87 87), un número de fax (968 35 87 86) y un correo electrónico policiadecomunidad@ayto-murcia.es) que son tres de los medios de los que dispondrán los vecinos para ponerse en contacto con su policía de comunidad, además de personalmente.
Para ello sólo tendrán que llamar al número de teléfono de la tarjeta, que se corresponde con el servicio de atención al ciudadano, e identificarse con su nombre y dirección, diciendo qué policía es el que le corresponde con el fin de concertar una entrevista con él para exponer las quejas o sugerencias. En casos conflictivos, aunque en la llamada se tenga que identifica, «se mantendrá la confidencialidad para evitar cualquier tipo de represalia por parte del vecino cuya acción ha sido objeto de la denuncia».
Por su parte, Ana Isabel Meca, esposa del presidente de la comunidad del edificio Torre Blanca, junto al hospital de La Vega, aprovechó la visita del policía de comunidad para exponer algunas quejas como el aparcamiento indebido en zona de residentes de la ORA o de las motos que obstaculizan el paso en la calle salón.
Nueva normativa autonómica
Los problemas entre particulares acaparan el 63% de las denuncias por ruido en Salamanca
La Junta trabaja en la elaboración de los mapas de ruido de los municipios de más de 20.000 habitantes
Norte de Castilla - 13.04.10 - F. GÓMEZ | SALAMANCA
El 20% de la población está expuesta a niveles de ruido inconvenientes, según la Organización Mundial de la Salud. Aunque es un aspecto de la vida urbana que en ocasiones pasa desapercibido, lo cierto es que genera un volumen creciente de quejas y denuncias ciudadanas. En el caso del Ayuntamiento de Salamanca, fueron más de 375 las denuncias por ruido recibidas en el año 2009, aunque la mayoría, el 63%, se refería a problemas entre particulares.
Así lo señaló ayer el concejal de Medio Ambiente, Emilio Arroita, durante una jornada sobre la nueva normativa autonómica de ruido organizada por la Federación Regional de Municipios y Provincias y que establece, entre otros puntos, la obligación de que todos los municipios de más de 20.000 habitantes cuenten con un mapa de ruido en el año 2012.
En cualquier caso, según los datos de la Comisión de Medio Ambiente en Salamanca, la mayoría de las denuncias presentadas que dieron origen a expedientes sancionadores, 171, correspondieron a denuncias originadas en domicilios particulares; fundamentalmente por problemas por vibraciones, ruidos nocturnos, ascensores y aparatos de aire acondicionado.
Detrás de las viviendas, el principal motivo de queja de ruido por parte de los salmantinos fueron los bares y restaurantes, con el 15% del total de reclamaciones; los locales comerciales, con el 14%; y los ruidos de vehículos, fundamentalmente motos, con el 8%.
En total, el Ayuntamiento recibió 375 denuncias, de las que 271 dieron lugar a expedientes sancionadores. Según explicó el concejal, “normalmente se trata de una sanción económica cuando el problema es entre particulares y una sanción y la exigencia de corrección de irregularidades y hasta cierre si se trata de locales públicos”.
Sólo 126 de los expedientes de ruido tramitados por el Ayuntamiento de Salamanca tuvieron el carácter de faltas muy graves, 100 fueron por falta grave y 45 se saldaron con falta leve.
En cualquier caso, la entrada en vigor el pasado verano de la nueva Ley del Ruido de Castilla y León eleva la calificación de las faltas por ruidos de manera notable. Así, junto a la elaboración del mapa de ruido de las ciudades, también está prevista para antes del año 2012 la elaboración de una nueva ordenanza municipal que incluya sanciones de hasta 300.000 euros para las faltas muy graves y de hasta 12.000 euros para las graves.
tribunales
Condenan a una comunidad a indemnizar a dos de sus vecinos por el ruido del ascensor
Un juez de Bilbao valora en 12.000 euros el daño psicofísico causado a la pareja y ordena reformar el elevador
El Correo - 13.04.10 - JORGE BARBÓ | BILBAO.
E. M y S. G, dos residentes en Deusto, llevan casi tres años sin pegar ojo. El culpable de su insomnio es el ascensor del edificio de trece plantas donde viven y el ruidoso cuarto de máquinas que padecen bajo su techo. Ya cansados, tras intentar infructuosamente alcanzar un acuerdo con el resto de sus vecinos, decidieron trasladar el caso a los tribunales. Un juez de Primera Instancia de Bilbao acaba de darles la razón, con una sentencia que expertos judiciales consideran «pionera» en el territorio vizcaíno. La comunidad deberá indemnizar a la pareja con casi 12.000 euros y acometer las obras necesarias para que puedan, por fin, dormir a pierna suelta.
El calvario de E. M y G. S comenzó en 2007, nada más adquirir su vivienda en el número 18 de la Plaza Eliseo Migoya del barrio de Deusto. «Reformamos el piso con toda nuestra ilusión. No teníamos ni idea de lo que se nos venía encima», recuerda E. M. Su hogar se encuentra justo debajo del cuarto de máquinas del elevador del edificio. Y lo que se les vino encima fueron decibelios de molestias. «Desde entonces apenas dormimos cuatro horas al día, y ni siquiera seguidas. Cada vez que se utiliza el ascensor nos despierta», asegura la afectada.
Al principio sufrieron en silencio su problema. Hasta que no aguantaron más y decidieron hacer público su malestar en la escalera. «Les dejamos claro que nos estaba causando un trastorno de sueño serio». Sin embargo, la reacción de sus convecinos no fue la esperada. «Nos dieron a entender que éramos unos quejicas y unos exagerados», sostiene E. M.
Un año después, ya «desesperados», solicitaron la intervención del Ayuntamiento. Era septiembre de 2008 y reclamaron una medición oficial del ruido que soportaban al área de Medio Ambiente. En una de las inspecciones, los sonómetros de los técnicos municipales llegaron a registrar 54 decibelios, cuando la normativa vigente limita a 30 el valor máximo de ruido que debe soportar una persona en su dormitorio por la noche. Con estas evidencias, los afectados decidieron instar de nuevo al vecindario para que adaptase la maquinaria del ascensor de forma que les fuera posible conciliar el sueño.
«Pequeña reforma»
En esta ocasión, consiguieron «hacerles entrar en razón» y una empresa especializada realizó una valoración sobre las medidas más oportunas para aislar el espacio dedicado a acoger los motores del elevador. La comunidad de propietarios acordó liberar fondos para acometer una «pequeña reforma», consistente en construir una bancada que sirviera como aislante de la maquinaria.
La medida, sin embargo, se reveló insuficiente poco tiempo después y los inquilinos del último piso continuaron padeciendo los problemas derivados de la falta de descanso. Volvieron a reclamar una nueva inspección municipal y los técnicos registraron un valor de 51 decibelios en la habitación, «resultado que supera ampliamente los límites máximos establecidos», resumen los denunciantes.
Ante semejante panorama, E. M. decidió hacer las maletas y pasar las noches en casa de un familiar. «Como no podía dormir, ya me dedicaba a contar los viajes del ascensor. Recuerdo que una madrugada fueron 47». Los episodios de insomnio comenzaron a hacer mella en la salud y en el estado de ánimo de la pareja. «No veíamos salida y al final tuvimos que recurrir a la justicia», ilustra la afectada. «Pero que quede claro que antes de llegar a los tribunales intentamos arreglarlo por las buenas con nuestros vecinos», subraya.
El fallo del Juzgado de Primera Instancia número once de Bilbao se firmó el pasado 30 de marzo. Su titular condena a la comunidad de propietarios del número 17 de la Plaza Eliseo Migoya a indemnizar con 6.000 euros a E. M y otros 5.700 a S. G por las «molestias provocadas por el ascensor». «La falta de sueño ha generado en los demandantes una situación psicofísica que ha precisado tratamiento e, incluso, la visita a un cardiólogo y la imposibilidad de permanecer en su vivienda durante la noche», concluye el juez, que además ordena «acometer en el plazo de tres meses las reformas necesarias en las instalaciones para el cese de los ruidos». Requeridos por este periódico para valorar la sentencia, los residentes de este bloque del barrio de Deusto rehusaron realizar «ninguna declaración».
El jurista especializado en casos relacionados con el ruido Alfonso Terceño destacó el carácter «pionero» del fallo, ya que «nunca antes un juez se ha pronunciado a favor de unos particulares afectados por las molestias de un ascensor».
VIZCAYA
El Consistorio sopesa cobrar por medir el ruido doméstico
Alega que si el propietario recurriera a una firma homologada tendría que abonar «hasta 900 euros»
El Correo - 13.04.10 - J. BARBÓ | BILBAO.
Cambio de tendencia. En 2009 se incrementó el número de denuncias por ruidos entre vecinos. El pasado año se registraron un total de 84.
Sanciones de hasta 650 euros. Es el importe máximo de la multa administrativa que puede imponer el Ayuntamiento.
El área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao se encarga de velar porque los vecinos de la villa no soporten más ruidos de los estrictamente necesarios, un concepto que la Ley del Ruido sitúa en 55 decibelios durante el día y 30 por la noche. Para ello, los técnicos municipales se desplazan, de forma gratuita, con un sonómetro hasta el domicilio del ciudadano afectado cada vez que éste lo solicita. Pero esta fórmula podría cambiar.
Coincidiendo con la revisión de la actual Ordenanza que regula la contaminación acústica de la ciudad en la que está inmersa el Consistorio, desde el área se plantean «cobrar una tasa» por las mediciones acústicas. Los expertos explican que si el interesado recurriera a una empresa privada «homologada» para realizar la medición, debería abonar «unos 900 euros».
Fuentes municipales aseguran que esta nueva medida no tendría en ningún caso «un afán recaudatorio». Sostienen que la fórmula del copago tendría por objeto «concienciar a los ciudadanos para que no se produzcan situaciones injustificadas de abuso del servicio y propiciar que los vecinos alcancen un acuerdo sin que se tenga que llegar al extremo de solicitar la intervención de los técnicos».
Conflictos entre vecinos
Según la redacción actual de la Ordenanza -«algo ambigua», reconocen sus responsables-, el Ayuntamiento no puede sancionar en aquellos conflictos entre particulares. Sólo puede hacerlo en aquellos casos en los que un vecino se siente perjudicado por una «persona con entidad jurídica». En estos casos, la autoridad municipal puede optar por la clausura de la fuente de ruido o, directamente, imponer una sanción. Cuando se trata de los ascensores, tomar una decisión drástica como el cese de su funcionamiento puede resultar más complicado de lo que en un primer momento pueda parecer.
«El derecho al descanso de los ciudadanos puede entrar en colisión con el de su accesibilidad», sostiene el subdirector de Medio Ambiente del Consistorio, Enrique Rincón. «En algunos edificios de Bilbao hemos llegado a precintar ascensores. Pero sólo se hace cuando hay otra alternativa», reconoce. «Hay que valorar si es más importante que un vecino no pueda dormir o que uno no pueda salir de su casa porque no puede hacer uso del elevador», explica.
Cuando no queda otro remedio que la sanción, el Ayuntamiento de Bilbao suele recurrir a multas administrativas. Así ocurrió con el vecindario de la Plaza Eliseo Migoya. «Las sanciones pueden alcanzar los 650 euros», explica el técnico. Además, pueden plantear fórmulas alternativas como «el precinto de la instalación en horario nocturno mediante un temporizador».
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