Fomento cambia la ley para que los jueces no limiten los vuelos en Barajas
AENA dará aislamiento a miles de viviendas, pero evita demandas por ruido - El Gobierno suaviza el texto que obligaba a los vecinos a soportar el estruendo
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid – El País - 05/12/2009
Sólo dos días después de retirar del Senado la enmienda legal para evitar una cascada de sentencias contra el aeropuerto de Barajas por ruido, el Gobierno volvió a la carga. Ayer el Consejo de Ministros aprobó de nuevo la reforma de la Ley de Navegación Aérea, de 1960, con la que pretende impedir que los vecinos ganen en el Supremo que el silencio en el domicilio es un derecho fundamental, como falló ese Tribunal en octubre de 2008.
De la Vega avisa que obedecer al Supremo supondría perder 1.100 millones
El Ejecutivo destina 50 millones más a aislar miles de casas ahora sin derecho
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega justificó la reforma en que, la reducción los vuelos ordenada por la justicia causaría "pérdidas de unos 1.100 millones de euros". Así lo establece el informe de AENA que este diario adelantó el pasado miércoles.
El conflicto por el ruido en Barajas -también en otros aeropuertos aunque en una dimensión mucho menor- tenía a AENA contra las cuerdas. El director de medioambiente de la empresa pública que gestiona los aeropuertos, José Manuel Hesse, explicó ayer que "cumplir la sentencia" que dio la razón a los vecinos de Santo Domingo, en Algete, Madrid, supondría "reducir los vuelos sobre esa población a la mitad". Hesse se mostró comprensivo con los vecinos, pero concluyó: "No se puede pedir el cierre del aeropuerto porque molesta".
Esto, según un informe que AENA ha incorporado a la causa, obligaría al aeropuerto a reducir un 20% sus operaciones. En la práctica, la sentencia suponía que Barajas debía volver a su capacidad de 2004, antes del a ampliación, en la que el Gobierno ha invertido 6.000 millones de euros.
El informe, que prevé "una cancelación masiva de vuelos", es realmente alarmante y cifra en 47.000 la pérdida inmediata de empleos. De las 98 operaciones por hora no se podría pasar a las 120, como planea el Ejecutivo con planes como el uso de British Airways de Barajas como nudo de enlace de sus vuelos hacia América Latina.
Además, con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el ruido y del Supremo de que el ruido de los aviones "vulnera el derecho fundamental a la intimidad domiciliaria", amenazaba al aeródromo con una cascada de sentencias por el ruido.
La reforma legal aprobada ayer de urgencia admite que junto a los aeropuertos estatales "se está produciendo una situación de inseguridad jurídica" que "pone en peligro los derechos de quienes residen en las poblaciones próximas a los aeropuertos". Pero a la vez, resalta que "los aeropuertos de interés general son vitales para la economía nacional y, especialmente, en el actual contexto de crisis económica".
Las protestas de los afectados y la falta de apoyos en el Senado han llevado al Ejecutivo a suavizar el texto. Si hace una semana intentó aprobar en el Senado una norma que incluía que los vecinos tenían "la obligación de soportar" la navegación aérea, ahora habla del "deber de soportar" y que podrán ser "resarcidos de los daños y perjuicios que les ocasione".
La norma da seis meses a AENA tras la entrada en vigor de la ley para aprobar junto a los aeropuertos de Madrid y Barcelona las "servidumbres acústicas", unos mapas mucho más amplios que los actuales con los niveles máximos soportables. Hasta entonces, "quedan en suspenso" esos objetivos de ruido.
Hesse insistió en que con estas servidumbres, AENA estará obligada a "ampliar el aislamiento acústico a miles de viviendas" en Madrid para que el ruido no exceda lo tolerable "en el espacio interior de las edificaciones". La memoria económica incluye 70 millones de euros para estas actuaciones, de las que más de 50 millones irán para aislamiento de viviendas, según fuentes de AENA.
El PSOE aspiraba a aprobar mucho antes la reforma, pero en el último momento, y tras conocerse su contenido, los grupos del Senado se echaron atrás en su apoyo. Los alcaldes de los pueblos presionaron contra la norma.
El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo, Luis Ramírez, temió ayer que el contenido de la reforma sea "maquillaje": "Aislarán algunas casas para reducir el ruido en su interior, pero seguiremos teniendo menos derechos fundamentales que el resto de los ciudadanos".
Comunitat
Los valencianos soportarán el ruido de aviones con la nueva ley
El Consejo de Ministros maniobra para aprobar la modificación de la normativa de Navegación Aérea que retiró el Senado
Las Provincias - 05.12.09 - M. J. CARCHANO | VALENCIA.
DATOS
- 1 Modifica la ley de Navegación Aérea, que en su artículo 4 dice: «Los dueños de los bienes subyacentes soportarán la navegación aérea con el derecho a ser resarcidos de los daños y perjuicios que ésta les cause».
- 2 La sentencia, basada en ese artículo, y que el Ejecutivo no quiere aplicar, obligaba a reducir un 50% los vuelos de Barajas en dirección sur. Según un estudio de AENA, la ejecución de la sentencia tras la denuncia de unos vecinos de Algete haría perder 47.000 empleos y reduciría un 20% la capacidad del aeropuerto, de 98 a 78 operaciones a la hora.
José Blanco, el ministro de Fomento, tenía escondido un as en la manga. Como buen jugador, mostró sus cartas y, cuando vio que no tenía buena baza, sacó pecho el viernes antes de un largo puente que poco tiempo da para reaccionar. Dos días después de que el PSOE del Senado decidiera retirar, por falta de apoyos, una enmienda que obligaba a los vecinos a soportar el ruido de los aeropuertos, lo convierte en proyecto de ley y lo aprueba en el Consejo de Ministros.
El Gobierno maniobró así para dar el visto bueno a una normativa que le impidiera aplicar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, y que obligaba a reducir un 50% los vuelos que pasan por una urbanización de Algete en Madrid. Según un informe de AENA, la aplicación de esta sentencia iba a reportar muchos prejuicios ec onómicos al aeropuerto de Barajas.
De una enmienda a un proyecto de ley. Pero en esencia lo mismo. Discrimina además a los vecinos que soportan ruidos en otros aeropuertos que no sean Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, como el de Valencia o Alicante, ya que solamente prevé que en seis meses se aíslen viviendas en los aeropuertos con más de 250.000 vuelos anuales.
¿Qué hace el Gobierno? Modifica la ley de Navegación Aérea para que lo que ahora es un derecho se convierta en una obligación. Es decir, el derecho que tienen los vecinos de los aeropuertos a ser resarcidos por las molestias que les provocan los aviones se convierte en la obligación de soportarlos. Y solamente se ven beneficiados con el aislamiento de viviendas los madrileños, los catalanes y los mallorquines. A cambio de que no se restrinjan los vuelos, claro.
La información, sin embargo, es poca. LAS PROVINCIAS intentó recabar más datos del Ministerio de Fomento y de la Delegación de Gobierno, pero no fue posible. Las únicas declaraciones fueron las de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros, quien se centró en que el recorte del tráfico de aviones en Barajas tendría un coste de 1.200 millones de euros anuales y unos 3.000 millones de pérdidas a medio y largo plazo. Por ello, la opción del gabinete de Zapatero es ampliar de forma considerable el número de viviendas que el Ejecutivo tendría que aislar acústicamente. Pero no en Valencia.
«Salvaguardar los intereses generales», dijo de la Vega, y garantizar «el futuro del aeropuerto y evitar la pérdida de empleos y de actividad económica» en Barajas. Y en el resto de aeropuertos, porque el Ejecutivo quiere evitar, modificando la ley, una cascada de sentencias que restrinjan los vuelos. Por ejemplo, los vecinos de San Antonio de Benagéber, afectados por el sobrevuelo de aviones que despegan de Manises, ya habían llevado ante la Fiscalía este problema. Además, estaban muy esperanzados tras la sentencia del Supremo, en octubre de 2008, que daba la razón a los vecinos de Algete y entendía que se estaba «violando la intimidad domiciliaria».
La concejal de Contaminación Acústica en el Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, acusó al Gobierno de Zapatero de «discriminar a los valencianos». Bernal cree que este proyecto de ley distingue entre ciudadanos de primera, como los de Madrid o Barcelona, y de segunda, entre los que estarían incluidos los valencianos y los alicantinos. «Pensamos que esta ley puede ser inconstitucional», llegó a decir. Mientras, el senador Joan Lerma, que el pasado miércoles se felicitó de que la enmienda se retirara porque perjudicaba a los valencianos, se excusó ayer diciendo que no conocía «qué había aprobado el Consejo de Ministros. Lo que sí está claro es que había un problema con la sentencia de Algete».
Zapatero aprueba un cambio legal para imponer el «ruido a la fuerza»
MARÍA ISABEL SERRANO
MADRID. El Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó ayer, en Consejo de Ministros, un proyecto de ley para modificar la Ley de Navegación Aérea. «No es el mismo perro con distinto collar», precisaron a ABC fuentes del Ministerio de Fomento, impulsor del proyecto legislativo, a la pregunta de si el Ejecutivo central trata de recuperar el espíritu de la enmienda a esa misma ley de Navegación Aérea que quería obligar a los vecinos cercanos a los aeropuertos a soportar «a la fuerza» los ruidos de los sobrevuelos y la contaminación acústica.
Los afectados sí creen que el proyecto de ley aprobado ayer «es la misma imposición de soportar el ruido a la fuerza, pero lo maquillan con un debate parlamentario». Además, recuerdan, existe una sentencia del Tribunal Supremo (TS), de octubre de 2008 que, en el caso del aeropuerto de Barajas, sentencia que «cesen las causas» por las que se molesta a los vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, porque, dice el fallo del TS, «se vulnera el derecho a la intimidad domiciliaria». El problema en dicha urbanización son los vuelos en configuración sur que se realizan por la pista 18R de la T4. Con la utilización de la pista 18L el problema se zanjaría, insisten los afectados.
Pérdidas y empleo
Como informó este periódico, la polémica enmienda que obligaba a soportar los ruidos, presentada por el Grupo Socialista del Senado, tuvo que ser retirada «in extremis» el pasado miércoles ante la fuerte presión de vecinos afectados y 17 ayuntamientos madrileños así como por la falta de apoyo político y parlamentario en la Cámara alta.
Desde el Gobierno central se insiste en que el proyecto de ley aprobado ayer «reconoce el derecho a las personas afectadas por el entorno aeroportuario a ser resarcidas por los daños y perjuicios que se les ocasione por la navegación aérea y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias sean un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo».
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue muy clara. Se refirió al aeropuerto de Barajas y dijo que la reducción de vuelos -que ordena la sentencia del Supremo- podría afectar a cerca de 125.000 puestos de trabajo a largo plazo y causaría pérdidas «en torno a los 1.100 millones de euros de forma inmediata y unos 3.000 a medio y largo plazo».
El proyecto de ley propone «establecer un marco jurídico claro» que fije las «obligaciones del Estado en materia de calidad acústica», compatible con la protección de los ciudadanos que viven en el entorno aeroportuario, «respetando su intimidad domiciliaria», concepto este último que es, precisamente, el que ordena respetar el TS en el caso de Algete y que, tanto vecinos como ayuntamiento, consideran que crea jurisprudencia.
Las mismas fuentes oficiales indican que el objetivo de la proyectada reforma de la Navegación Aérea «pretende lograr un justo equilibrio» entre las partes implicadas. Reconocen que la vigente legislación en esta materia, que data de 1960, «está obsoleta» porque en tantos años «las necesidades son otras».
También se recuerda que las «disponibilidades» del aeropuerto de Barajas «propician la fusión Iberia-British Airways» de cara al tráfico aéreo desde Madrid a los países iberoamericanos. El proyecto de ley pasa al Congreso de los Diputados para iniciar su trámite parlamentario.
El recorte de vuelos en Barajas por el ruido supondría perder 47.000 empleos
Canarias 7 – 05-12-09 – EFE - Madrid
La aplicación del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que limita los vuelos en el aeropuerto de Barajas (Madrid) para reducir el ruido supondría con carácter inmediato una caída de ingresos de 1.100 millones de euros anuales y la pérdida de 47.000 empleos.
Según un informe de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), el cumplimiento de la decisión del TSJM reduciría un 20 por ciento la capacidad operativa del aeropuerto de Barajas, que pasaría de 98 a 78 operaciones a la hora.
Además, la aplicación del auto impediría el desarrollo futuro de Barajas, que no podría alcanzar su capacidad potencial, cifrada en 120 operaciones a la hora.
Este lucro cesante supondría una merma de ingresos de 3.000 millones de euros anuales y una pérdida potencial de 122.000 empleos.
La aplicación de la decisión judicial dejaría al aeropuerto madrileño con la capacidad que tenía antes de la ampliación, con lo que la inversión realizada, de 6.000 millones de euros, no podría aprovecharse.
En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó hoy un proyecto de reforma de la Ley de Navegación Aérea que pretende conjugar los derechos de los afectados por el ruido y el desarrollo económico ligado a las infraestructuras aeroportuarias.
La reforma, presentada a propuesta del Ministerio de Fomento, establece un marco jurídico que fija las obligaciones del Estado en materia de calidad acústica.
Para lograr un "justo equilibrio" entre los derechos de los afectados y los "intereses de la economía nacional", el Estado estará obligado a garantizar que en las poblaciones cercanas a los aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal, según informó hoy Fomento.
El Estado deberá aprobar planes de acción que incluyan las correspondientes medidas correctoras.
El auto del TSJM ordena a los responsables del aeropuerto de Barajas reducir en un 50 por ciento los vuelos que pasan sobre la urbanización Ciudad Santo Domingo, situada en Algete (Madrid).
Según el auto, en la actualidad en el aeropuerto de Barajas se cumple la normativa sobre niveles máximos de ruido, pero no la frecuencia de paso de los aviones, que sobrepasa la fijada en una sentencia dictada el año pasado por el Tribunal Supremo.
El Gobierno modifica la normativa de tráfico aéreo para evitar reducir los vuelos de Barajas
Tras el fracaso de la enmienda de los socialistas en el Senado, el Ejecutivo opta por un proyecto de ley para cambiar la legislación
El Gobierno ha aprobado hoy un Proyecto de Ley para modificar la Ley de Navegación Aérea que incluye modificaciones en las instalaciones de AENA y actuaciones en las casas afectadas por la huella sonora de los aeropuertos, según ha anunciado la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Dos aviones en la Terminal 4 de Madrid-Barajas.- SAMUEL SÁNCHEZ
La decisión del Gobierno pretende reparar el fracaso cosechado por la enmienda del Grupo Socialista esta semana en el Senado a la ley ómnibus de servicios que iba a cambiar la normativa que rige el tráfico aéreo para evitar la oleada de demandas que se cernía sobre AENA tras la sentencia del Supremo. El Alto Tribunal falló en octubre de 2008 que el ruido de los aviones de Barajas invadía el "derecho fundamental a la intimidad domiciliaria" de un grupo de vecinos de Santo Domingo (Algete), por lo que ordenó reducir los vuelos en configuración sur un 50%.
"Obligaciones precisas"
En lugar de recortar el tráfico de aviones del aeropuerto madrileño, que según la vicepresidenta tendría un coste de 1.200 millones de euros, la opción del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero pasa por ampliar de forma considerable el número de viviendas que el Ejecutivo tendría que aislar acústicamente y obligar a AENA a realizar algunos cambios en sus infraestructuras.
Según ha explicado De la Vega, con los cambios aprobados hoy "se reconoce el derecho a las personas afectadas" por el ruido de los aeropuertos a ser resarcidos y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias "sigan siendo un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo".
Para ello, el Ejecutivo establecerá "obligaciones precisas" sobre los niveles acústicos máximos y obligará a los aeropuertos a cumplirlos, a la vez que promoverá planes de acción para aislar los inmuebles afectados.
AENA
- Nombre completo: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
- Sede: Madrid (España)
- Fecha y lugar de fundación: 1991, Madrid (España)
- Texto fundacional: Real Decreto 905/1991, de 14 de junio
- Objetivo: Contribuir al desarrollo del transporte aéreo en España y gestionar los aeropuertos civiles
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Auto de ejecución de la sentencia del ruido de Barajas - PDF
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El PSOE se vio obligado ayer a retirar la enmienda a la llamada ley ómnibus de servicios con la que pretendía modificar in extremis la Ley de Navegación Aérea de tal forma que iba a obligar a los habitantes cercanos a los aeropuertos a soportar el ruido de los aviones. La modificación ha sido fuertemente contestada por ayuntamientos y asociaciones de vecinos, que ayer lograron el respaldo de una amplia mayoría de grupos del Senado, donde se votó la norma. La ley se aprobó con decenas de enmiendas, pero no con ésta.
El Grupo Socialista, en todo caso, dejó claro que el asunto no quedará aquí. Antonio Hurtado, que ejercía de portavoz, aseguró que la modificación tendrá que hacerse en un momento u otro. En otra ley o en una legislación específica. Ahora hay que retomar las negociaciones con la Comunidad de Madrid, los vecinos afectados y los grupos políticos, que ayer criticaron el intento de introducir semejante modificación de tapadillo.
Oleada de demandas
La propuesta pretendía modificar la Ley de Navegación Aérea, para evitar una oleada de demandas contra AENA y, a cambio, ampliaba enormemente el número de viviendas que el Ejecutivo tendría que aislar acústicamente. En octubre de 2008, el Tribunal Supremo falló que el ruido de los aviones invadía el "derecho fundamental a la intimidad domiciliaria" de un grupo de vecinos de Santo Domingo (Algete). El tribunal ordenó también reducir los vuelos en configuración sur un 50%.
Fuentes de otros grupos destacaron que se trata de un problema mayúsculo para Iberia en su fusión con British Airways. En esa fusión, Iberia aporta principalmente la exclusividad del nuevo aeropuerto de Barajas para convertirlo en el puente de British Airways hacia Latinoamérica.
Hurtado pintó ayer un negro panorama si se cumpliera la ley de acuerdo con la interpretación que han hecho los jueces. Si se consolidan este tipo de sentencias habría que reducir el tráfico en la nueva pista de Barajas un 20%, en vez de aumentarse como estaba previsto. Las consecuencias serían unas pérdidas de 1.250 millones de euros y poner en peligro hasta 47.000 empleos, según aseguró ayer Hurtado. En nombre del PSOE pidió "responsabilidad" porque es necesario "para la economía de este país".
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