SECTOR DE LA RESTAURACIÓN
La Generalitat creará una nueva normativa para regular los bares, cafeterías y restaurantes de la Comunitat
La Generalitat prepara un nuevo decreto que regulará el sector de la restauración (bares, cafeterías y restaurantes), y que contempla la posibilidad de incluir como novedades la incorporación a la norma de establecimientos hasta ahora no regulados como salones de banquetes o instalaciones provisionales, así como el fomento de la cocina autóctona y la creación de una simbología específica de categorías para los locales de la Comunitat Valenciana, según informaron fuentes de la Generalitat.
EUROPA PRESS
Al respecto, la consellera de Turisme, Milagrosa Martínez, declaró que "las transformaciones en el sector de la restauración determinan la necesidad de acometer una profunda renovación de la norma que los regula que incidirá en la mejora de su imagen turística, ya que estos establecimientos tienen mucha relevancia en la formación de un producto de calidad para la Comunitat Valenciana".
Aseveró que "las líneas fundamentales de la nueva reglamentación se basarían en la actualización de ideas y enfoques, la flexibilidad para acoger la variada oferta existente y la coordinación con los agentes del sector, de manera que se consiga un instrumento útil tanto para los restauradores como para los usuarios de los servicios de restauración".
Para la consellera de Turisme, Milagrosa Martínez, "la nueva regulación pretende adaptar la normativa que afecta a los establecimientos de restauración a las nuevas necesidades de una demanda turística cada vez más exigente". En este sentido, mantuvo una serie de reuniones con las asociaciones de restauradores de la Comunitat con el objetivo de darles a conocer las propuestas previas realizadas desde la conselleria de Turisme y recabar sus opiniones.
La nueva normativa también contemplará la posibilidad de reducir a tres las modalidades y categorías de los establecimientos de restauración en razón del tipo de servicio que presten, restaurante, restaurante-bar (cafetería) y bar, y regularía como tales los establecimientos pertenecientes a cadenas al tiempo que posibilitaría la comercialización de los locales según la especialidad de la cocina que se oferte como cocina china japonesa, italiana, arrocerías, pizzerías, kebaps o hamburgueserías.
"Además, fruto de la relevancia de nuestra gastronomía queremos dar un impulso a la cocina valenciana como recurso turístico, ya que muchos de los turistas que nos visitan lo hacen también atraídos por la notoriedad nacional e internacional que alcanza la cocina de las tres provincias", añadió.
Otra de las líneas fundamentales de la propuesta centra la atención en los restaurantes para los que se incrementaría el nivel de exigencia en cuanto a los requisitos técnicos de sus instalaciones y servicios, y se reservaría la denominación "restaurante" para aquellos que presten un servicio determinado, de modo que resulten perfectamente identificables por el usuario.
La propuesta de la conselleria de Turismo para la redacción de la nueva norma quiere también involucrar al sector de la restauración en la adopción de decisiones mediante la creación de Comisiones Técnicas de Restauración, de ámbito provincial y composición paritaria, que tendrían como objetivo principal informar sobre las solicitudes en las que se pretendiera la obtención de la especialidad "cocina autóctona".
La Comunitat cuenta con un total de 10.629 restaurantes, de los cuales 4.703 pertenecen a la provincia de Alicante, 4.233 a Valencia y 1.693 a Castellón. En cuanto al número de cafeterías, la Comunitat registra 2.294, 831 en la provincia de Alicante, 986 en Valencia y 477 en Alicante, mientras que son 31.913 los bares que existen en la Comunitat, de los que 14.694 están en la provincia de Alicante, 13.406 en la provincia de Valencia y 3.813 en Castellón.
Castelló-VILA-REAL
Las cifras del «caso Rocersa»
El proceso judicial ha generado unos gastos estimados de 370.000 euros a Rocersa, 110.000 euros al ayuntamiento, 30.000 a la familia Flich-Capella y ningún euro al alcalde
David Pérez, Vila-real
El caso Rocersa se ha saldado con un alcalde inhabilitado, un empresario condenado, un matrimonio satisfecho por una sentencia «que ha hecho justicia» tras ocho años de duro litigio judicial y, a juicio de los tres grupos de la oposición, la mayor crisis política e institucional de la era democrática en Vila-real. La histórica resolución del Tribunal Supremo (TS) también ha puesto sobre la mesa, pese a las evidentes dificultades, un saldo económico que, curiosamente, ha perjudicado a las tres partes que dirimieron sus diferencias en los tribunales desde el año 1998 hasta el pasado 19 de octubre de 2006, cuando el magistrado del TS José Antonio Martín Pallín sepultó la carrera política de Vilanova al avalar el recurso de casación que presentó la acusación particular contra su anterior absolución por parte de la Audiencia de Castelló.
Ayuntamiento de vila-real. La sentencia del Supremo eximió al consistorio municipal del pago de cualquier multa por el delito continuado de prevaricación que cometió el primer edil del PP entre junio de 1995 y octubre de 1998. En el fallo judicial, José Antonio Martín Pallín rechazó imponer a Vilanova pago de una sanción ya que ésta no habría sido abonada por el alcalde sino por las arcas de Vila-real, «agravando la situación de los vecinos». El magistrado del Supremo sí impuso al alcalde el pago de las costas del recurso de casación que presentó el matrimonio Flich-Capella ante el Alto Tribunal. Un coste que el letrado de la familia, Santiago Albiol, ha estimado que oscilará entre los 6.000 y los 9.000 euros dado que el citado recurso tenía una extensión aproximada de 150 folios. Esa cifra aproximada será costeada a medias entre el consistorio y el empresario de Rocersa. Según estimaciones de los grupos de la oposición, el ayuntamiento ha abonado desde el año 1998 una cifra cercana a los 100.000 euros a Fernando Peris y Vicente Falomir, los letrados que defendieron respectivamente al consistorio y al alcalde. Olfatear la pista de las cantidades exactas abonadas a ambos letrados ha sido, según sostiene la oposición, casi imposible «porque el PP camufló los honorarios en conceptos genéricos del presupuesto y cuando les hemos pedido los datos no nos los han facilitado», ha señalado un edil de la oposición. En cualquier caso, el conjunto del proceso puede haber acarreado al Ayuntamiento de Vila-real un gasto total cercano a los 110.000 euros.
Manuel Vilanova. Económicamente, el caso Rocersa no le ha supuesto ninguna merma porque todo el proceso ha corrido a cuenta del erario público. Políticamente, la condena a 18 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación ha sido letal. Tras la condena anunció que este último recurso ante el TC lo pagará de su bolsillo.
Matrimonio Flich-Capella. La sentencia favorable del Supremo no les ha eximido de hacer frente a una costosa factura económica dado que sólo impuso a la parte perdedora las costas del proceso ante el TS y no la totalidad. Antonio Flich ha asegurado que desde el año 1998 ha abonado cerca de 30.000 euros a su letrado Santiago Albiol, si bien «se ha hecho justicia y eso me compensa, yo nunca busqué un beneficio económico sino poder dormir por las noches, por eso me alegro de que no paguen el proceso los vecinos de Vila-real».
Rocersa. Sin duda, la empresa es la más perjudicada por el proceso en términos económicos. El TS impuso una multa de 288.000 euros al gerente de la mercantil, Pedro Tomás Llop, dado que el funcionamiento ilegal del cogenerador que provocaba los ruidos permitió a Rocersa «obtener beneficios a costa de la salud de los colindantes». Esa cuantía irá a parar íntegramente a las arcas del Estado. Al margen de la cifra, la empresa cerámica también habría desembolsado una cantidad próxima a los 80.000 euros a los dos abogados que defendieron a Llop, aunque este dato no ha trascendido. A esa suma hay que añadir los 4.000 euros correspondientes a las costas del TS que, solidariamente, debe sufragar Rocersa.
Mediterráneo
UNA NUEVA PLAZA EN PLENO DISTRITO ESTE
14/01/2007
El Ayuntamiento adjudicará en los próximos días, por procedimiento negociado, el derribo del muro de la Delegación Provincial de Sanidad. El solar se convertirá en una plaza de 2.435 metros cuadrados para un barrio sin zonas verdes.
EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA QUE TRABAJARÁ EN UNA ORDENANZA DE CIVISMO
Los bolardos copan las reclamaciones vecinales
Castellón recibió. 227 reclamaciones por daños durante el ejercicio del 2006.
14/01/2007 VICENT ESCAMILLA
El funcionamiento de los bolardos en las calles peatonalizadas del centro de la ciudad de Castellón es el principal motivo de reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento. Según datos a los que ha accedido el periódico Mediterráneo, durante el año 2006 que acaba de finalizar, el consistorio recibió un total de 227 reclamaciones por daños sufridos por ciudadanos o sus pertenencias. De ellas, en 44 ocasiones los causantes de lesiones y desperfectos fueron los pivotes que impiden la entrada en las calles peatonales. Según fuentes municipales, de los 227 expedientes recibidos, se han resuelto 84 reclamaciones. En seis ocasiones se ha dado la razón al vecino y en 78 se ha desestimado la demanda.
PICARESCA El Ayuntamiento ha detectado que la picaresca es una de las causas que motivan las reclamaciones para intentar obtener una indemnización económica. Según indicaron las fuentes citadas, en el caso de los bolardos "son muchos los conductores que, sin tarjeta de autorización, aprovechan para entrar y al subir el pivote daña el coche del ciudadano".
En este sentido, el consistorio afirma que los agentes de movilidad urbana (AMU) informarán a los ciudadanos para evitar estos daños y anuncia que "también se trabajará en una ordenanza municipal de civismo".
Como causa de los expedientes, a los bolardos le siguen las obras (30 expedientes), las aceras en mal estado (29), las trapas de alcantarilla (22), los contenedores que se han movido y han dañado vehículos (18) y los asfaltados en mal estado (17).
El alcantarillado (con 10 reclamaciones), la señalización vial (8), la limpieza de la vía pública, o las farolas caídas (con cinco expedientes), se presentan a continuación, como los elementos que generan más quejas.
Ideal Digital
ALMERÍA
Los locales deberán acogerse a la orden contra la contaminación acústica
M.A./EL EJIDO
El Ayuntamiento de El Ejido notificará a partir de la próxima semana a los propietarios de los locales del municipio, vía carta, que deberán acogerse a la nueva ordenanza municipal contra la contaminación acústica que se publicó el pasado 14 de noviembre.
Se trata de un novedoso sistema que tiene como fin acabar con una de las principales quejas de los ciudadanos que habitan cerca de los bares y discotecas. A través de internet, el Consistorio controlará el ruido en este tipo de locales.
Seis meses de plazo
Los propietarios tendrán un plazo de seis meses para acogerse a esta ordenanza, ya que a partir de entonces el sistema estará operativo.
Así lo ha anunciado la concejala en el Ayuntamiento ejidense, Adela Cantón, que afirma, «hemos dado un plazo de seis meses para los establecimientos que tengan ya licencia de apertura para que se adapten. Por lo que respecta a las nuevas licencias que se están tramitando, deben adaptarse inmediatamente»,
Por lo que se refiere al número de decibelios permitidos, el alcalde ejidense, Juan Enciso, ha afirmado que «eso depende del número de metros y horarios que tenga cada establecimiento.
En cuanto al coste que este control le provocará al Consistorio, éste asciende a los 35.000 euros, mientras que para los propietarios de los bares y discotecas, que ascienden a más de cien, el coste será mínimo.
Sanciones
El incumplimiento de esta ordenanza municipal contra la contaminación acústica, aprobada tan sólo hace dos meses, traerá consigo duras sanciones a los propietarios, ya que el mínimo está cifrado en 6.000 euros.
EUROPA PRESS
Al respecto, la consellera de Turisme, Milagrosa Martínez, declaró que "las transformaciones en el sector de la restauración determinan la necesidad de acometer una profunda renovación de la norma que los regula que incidirá en la mejora de su imagen turística, ya que estos establecimientos tienen mucha relevancia en la formación de un producto de calidad para la Comunitat Valenciana".
Aseveró que "las líneas fundamentales de la nueva reglamentación se basarían en la actualización de ideas y enfoques, la flexibilidad para acoger la variada oferta existente y la coordinación con los agentes del sector, de manera que se consiga un instrumento útil tanto para los restauradores como para los usuarios de los servicios de restauración".
Para la consellera de Turisme, Milagrosa Martínez, "la nueva regulación pretende adaptar la normativa que afecta a los establecimientos de restauración a las nuevas necesidades de una demanda turística cada vez más exigente". En este sentido, mantuvo una serie de reuniones con las asociaciones de restauradores de la Comunitat con el objetivo de darles a conocer las propuestas previas realizadas desde la conselleria de Turisme y recabar sus opiniones.
La nueva normativa también contemplará la posibilidad de reducir a tres las modalidades y categorías de los establecimientos de restauración en razón del tipo de servicio que presten, restaurante, restaurante-bar (cafetería) y bar, y regularía como tales los establecimientos pertenecientes a cadenas al tiempo que posibilitaría la comercialización de los locales según la especialidad de la cocina que se oferte como cocina china japonesa, italiana, arrocerías, pizzerías, kebaps o hamburgueserías.
"Además, fruto de la relevancia de nuestra gastronomía queremos dar un impulso a la cocina valenciana como recurso turístico, ya que muchos de los turistas que nos visitan lo hacen también atraídos por la notoriedad nacional e internacional que alcanza la cocina de las tres provincias", añadió.
Otra de las líneas fundamentales de la propuesta centra la atención en los restaurantes para los que se incrementaría el nivel de exigencia en cuanto a los requisitos técnicos de sus instalaciones y servicios, y se reservaría la denominación "restaurante" para aquellos que presten un servicio determinado, de modo que resulten perfectamente identificables por el usuario.
La propuesta de la conselleria de Turismo para la redacción de la nueva norma quiere también involucrar al sector de la restauración en la adopción de decisiones mediante la creación de Comisiones Técnicas de Restauración, de ámbito provincial y composición paritaria, que tendrían como objetivo principal informar sobre las solicitudes en las que se pretendiera la obtención de la especialidad "cocina autóctona".
La Comunitat cuenta con un total de 10.629 restaurantes, de los cuales 4.703 pertenecen a la provincia de Alicante, 4.233 a Valencia y 1.693 a Castellón. En cuanto al número de cafeterías, la Comunitat registra 2.294, 831 en la provincia de Alicante, 986 en Valencia y 477 en Alicante, mientras que son 31.913 los bares que existen en la Comunitat, de los que 14.694 están en la provincia de Alicante, 13.406 en la provincia de Valencia y 3.813 en Castellón.
Castelló-VILA-REAL
Las cifras del «caso Rocersa»
El proceso judicial ha generado unos gastos estimados de 370.000 euros a Rocersa, 110.000 euros al ayuntamiento, 30.000 a la familia Flich-Capella y ningún euro al alcalde
David Pérez, Vila-real
El caso Rocersa se ha saldado con un alcalde inhabilitado, un empresario condenado, un matrimonio satisfecho por una sentencia «que ha hecho justicia» tras ocho años de duro litigio judicial y, a juicio de los tres grupos de la oposición, la mayor crisis política e institucional de la era democrática en Vila-real. La histórica resolución del Tribunal Supremo (TS) también ha puesto sobre la mesa, pese a las evidentes dificultades, un saldo económico que, curiosamente, ha perjudicado a las tres partes que dirimieron sus diferencias en los tribunales desde el año 1998 hasta el pasado 19 de octubre de 2006, cuando el magistrado del TS José Antonio Martín Pallín sepultó la carrera política de Vilanova al avalar el recurso de casación que presentó la acusación particular contra su anterior absolución por parte de la Audiencia de Castelló.
Ayuntamiento de vila-real. La sentencia del Supremo eximió al consistorio municipal del pago de cualquier multa por el delito continuado de prevaricación que cometió el primer edil del PP entre junio de 1995 y octubre de 1998. En el fallo judicial, José Antonio Martín Pallín rechazó imponer a Vilanova pago de una sanción ya que ésta no habría sido abonada por el alcalde sino por las arcas de Vila-real, «agravando la situación de los vecinos». El magistrado del Supremo sí impuso al alcalde el pago de las costas del recurso de casación que presentó el matrimonio Flich-Capella ante el Alto Tribunal. Un coste que el letrado de la familia, Santiago Albiol, ha estimado que oscilará entre los 6.000 y los 9.000 euros dado que el citado recurso tenía una extensión aproximada de 150 folios. Esa cifra aproximada será costeada a medias entre el consistorio y el empresario de Rocersa. Según estimaciones de los grupos de la oposición, el ayuntamiento ha abonado desde el año 1998 una cifra cercana a los 100.000 euros a Fernando Peris y Vicente Falomir, los letrados que defendieron respectivamente al consistorio y al alcalde. Olfatear la pista de las cantidades exactas abonadas a ambos letrados ha sido, según sostiene la oposición, casi imposible «porque el PP camufló los honorarios en conceptos genéricos del presupuesto y cuando les hemos pedido los datos no nos los han facilitado», ha señalado un edil de la oposición. En cualquier caso, el conjunto del proceso puede haber acarreado al Ayuntamiento de Vila-real un gasto total cercano a los 110.000 euros.
Manuel Vilanova. Económicamente, el caso Rocersa no le ha supuesto ninguna merma porque todo el proceso ha corrido a cuenta del erario público. Políticamente, la condena a 18 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación ha sido letal. Tras la condena anunció que este último recurso ante el TC lo pagará de su bolsillo.
Matrimonio Flich-Capella. La sentencia favorable del Supremo no les ha eximido de hacer frente a una costosa factura económica dado que sólo impuso a la parte perdedora las costas del proceso ante el TS y no la totalidad. Antonio Flich ha asegurado que desde el año 1998 ha abonado cerca de 30.000 euros a su letrado Santiago Albiol, si bien «se ha hecho justicia y eso me compensa, yo nunca busqué un beneficio económico sino poder dormir por las noches, por eso me alegro de que no paguen el proceso los vecinos de Vila-real».
Rocersa. Sin duda, la empresa es la más perjudicada por el proceso en términos económicos. El TS impuso una multa de 288.000 euros al gerente de la mercantil, Pedro Tomás Llop, dado que el funcionamiento ilegal del cogenerador que provocaba los ruidos permitió a Rocersa «obtener beneficios a costa de la salud de los colindantes». Esa cuantía irá a parar íntegramente a las arcas del Estado. Al margen de la cifra, la empresa cerámica también habría desembolsado una cantidad próxima a los 80.000 euros a los dos abogados que defendieron a Llop, aunque este dato no ha trascendido. A esa suma hay que añadir los 4.000 euros correspondientes a las costas del TS que, solidariamente, debe sufragar Rocersa.
Mediterráneo
UNA NUEVA PLAZA EN PLENO DISTRITO ESTE
14/01/2007
El Ayuntamiento adjudicará en los próximos días, por procedimiento negociado, el derribo del muro de la Delegación Provincial de Sanidad. El solar se convertirá en una plaza de 2.435 metros cuadrados para un barrio sin zonas verdes.
EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA QUE TRABAJARÁ EN UNA ORDENANZA DE CIVISMO
Los bolardos copan las reclamaciones vecinales
Castellón recibió. 227 reclamaciones por daños durante el ejercicio del 2006.
14/01/2007 VICENT ESCAMILLA
El funcionamiento de los bolardos en las calles peatonalizadas del centro de la ciudad de Castellón es el principal motivo de reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento. Según datos a los que ha accedido el periódico Mediterráneo, durante el año 2006 que acaba de finalizar, el consistorio recibió un total de 227 reclamaciones por daños sufridos por ciudadanos o sus pertenencias. De ellas, en 44 ocasiones los causantes de lesiones y desperfectos fueron los pivotes que impiden la entrada en las calles peatonales. Según fuentes municipales, de los 227 expedientes recibidos, se han resuelto 84 reclamaciones. En seis ocasiones se ha dado la razón al vecino y en 78 se ha desestimado la demanda.
PICARESCA El Ayuntamiento ha detectado que la picaresca es una de las causas que motivan las reclamaciones para intentar obtener una indemnización económica. Según indicaron las fuentes citadas, en el caso de los bolardos "son muchos los conductores que, sin tarjeta de autorización, aprovechan para entrar y al subir el pivote daña el coche del ciudadano".
En este sentido, el consistorio afirma que los agentes de movilidad urbana (AMU) informarán a los ciudadanos para evitar estos daños y anuncia que "también se trabajará en una ordenanza municipal de civismo".
Como causa de los expedientes, a los bolardos le siguen las obras (30 expedientes), las aceras en mal estado (29), las trapas de alcantarilla (22), los contenedores que se han movido y han dañado vehículos (18) y los asfaltados en mal estado (17).
El alcantarillado (con 10 reclamaciones), la señalización vial (8), la limpieza de la vía pública, o las farolas caídas (con cinco expedientes), se presentan a continuación, como los elementos que generan más quejas.
Ideal Digital
ALMERÍA
Los locales deberán acogerse a la orden contra la contaminación acústica
M.A./EL EJIDO
El Ayuntamiento de El Ejido notificará a partir de la próxima semana a los propietarios de los locales del municipio, vía carta, que deberán acogerse a la nueva ordenanza municipal contra la contaminación acústica que se publicó el pasado 14 de noviembre.
Se trata de un novedoso sistema que tiene como fin acabar con una de las principales quejas de los ciudadanos que habitan cerca de los bares y discotecas. A través de internet, el Consistorio controlará el ruido en este tipo de locales.
Seis meses de plazo
Los propietarios tendrán un plazo de seis meses para acogerse a esta ordenanza, ya que a partir de entonces el sistema estará operativo.
Así lo ha anunciado la concejala en el Ayuntamiento ejidense, Adela Cantón, que afirma, «hemos dado un plazo de seis meses para los establecimientos que tengan ya licencia de apertura para que se adapten. Por lo que respecta a las nuevas licencias que se están tramitando, deben adaptarse inmediatamente»,
Por lo que se refiere al número de decibelios permitidos, el alcalde ejidense, Juan Enciso, ha afirmado que «eso depende del número de metros y horarios que tenga cada establecimiento.
En cuanto al coste que este control le provocará al Consistorio, éste asciende a los 35.000 euros, mientras que para los propietarios de los bares y discotecas, que ascienden a más de cien, el coste será mínimo.
Sanciones
El incumplimiento de esta ordenanza municipal contra la contaminación acústica, aprobada tan sólo hace dos meses, traerá consigo duras sanciones a los propietarios, ya que el mínimo está cifrado en 6.000 euros.
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