Domingo 12 de julio de 2009

 

Incivismo en las calles.

La normativa por malas conductas es prolífica, pero las sanciones no tanto

L. MASERES / E. MOLTÓ / M. FABRA - Valencia / Alicante / Castellón – El País CV - 12/07/2009

"¡La gente está embrutecida!". Acalorada, una señora mayor que pasea por la plaza del Ayuntamiento de Valencia, le grita a un joven que la acaba de empujar y hace caso omiso del accidente. Como este comportamiento, cientos se repiten a lo largo del día por la ciudad. En más de seis meses, el Consistorio ha tramitado, entre otras, alrededor de 150 sanciones por abandonar vehículos en la calle. 53 por orinar en la vía pública y una veintena por repartir octavillas o publicidad sin permiso. A pesar de la cantidad y variedad de ordenanzas municipales -que anuncian sanciones que van desde 750 euros por tirar un papel al suelo hasta los 18.000 por abandonar a un perro- tanto los vecinos como asociaciones vecinales coinciden en que Valencia es poco cívica. En Alicante, sin embargo, las autoridades han emprendido una cruzada contra las malas maneras.

Alicante inicia una cruzada de multas contra el botellón y los 'graffitis'

Exceso de ruido, basura esparcida, coches abandonados, mal olor en las calles, excrementos de perros en los parques y un largo etcétera. Todas estas acciones incívicas están plasmadas, con sus respectivas sanciones, en la normativa municipal. Pero se siguen haciendo a diario. "No es que seamos más guarros que los madrileños, sino que el Gobierno local propicia a la cultura del todo vale", afirma Toni Casola, presidente de la asociación Amics del Carme.

"Impera el individualismo. Hay que reivindicar la labor colectiva", añade el vicepresidente de la Federació d'Associacions de Veïns de València, Toni Pla.

En verano uno de los problemas que más se agudiza es el del abandono de mascotas. Desde 1994, las sanciones oscilan entre 6.000 y 18. 000 euros. Según la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas (SVPAP), en este momento hay en el refugio 358 perros. Cinco son las sentencias ganadas por la SVPAP desde 2001. "La teoría está muy bien, pero si fuera efectiva. Deberían hacer muchas más campañas", explica Susi, una de las voluntarias de la protectora.

La educación y la información es otro de los temas pendientes de la Administración local, según Giussepe Grezzi, portavoz de Els Verds. Ni la Concejalía de Medio Ambiente, que está llevando a cabo una campaña de limpieza, ni Félix Crespo, responsable del procedimiento sancionador, quisieron hacer declaraciones a este periódico.

En Alicante, sin embargo, el 17 de junio en el parque San Blas, multaban con 200 euros al dueño de un perro por no recoger sus excrementos. Según explican fuentes municipales, el Ayuntamiento se ha puesto a trabajar conjuntamente con las concejalías de seguridad Ciudadana y Atención Urbana para emprender "una verdadera cruzada" contra todo tipo de acciones que deterioren el entorno urbano. El botellón y los graffitis, se condenan con 90 y 700 euros respectivamente. Ejemplo son las batidas que la Policía Local de Alicante está llevando a cabo. Desde enero han levantado 620 las sanciones por esto, y se impuslo la primera multa por pintar la vía pública también a una estudiante de Bellas Artes.

En Castellón, donde la normativa lleva siete meses, el Ayuntamiento no quiso aportar datos sobre su repercusión. Según las últimas cifras, la Policía Local ha impuesto cuatro denuncias por realizar pintadas en paredes de la vía pública y 115 vender un vehículo usado en la vía pública. Otras tres por arrojar papeles,15 por pegar carteles, 2 por reparar una moto en la calle y 19 por molestar a los vecinos al jugar con la pelota.

Cruzada contra el ruido

Las zonas más infractoras, según la patrulla verde, son el Arenal, el Paseo Marítimo y Santa Catalina, zonas donde la industria del ocio tiene establecidos sus principales cuarteles

 

Diario de Mallorca – 11-07-09 - SEBASTIÁ VERD La Asociación de Vecinos del Puig de Sant Pere y la Llotja no están dispuestos a ceder ni un ápice de su tranquilidad y así se lo han hecho saber a Cort, para que no acceda a las pretensiones de los dueños de bares y restaurantes que quieren alargar su horario. Consideran que la una de la madrugada, de lunes a jueves, es una hora justa para cerrar y dejar de hacer ruido. Es decir, quieren mantener las cosas como están que, desde su punto de vista, son un mal menor. Está sobradamente demostrado que los barrios residenciales se avienen mal con los espacios de ocio nocturno. La prueba la tenemos en las constantes denuncias que recibe la Patrulla Verde –la sección de la policía local que tiene asignada, entre otras, la tarea de proteger a los ciudadanos contra la contaminación acústica– y en sus actuaciones. Tan solo el año pasado, se clausuraron un centenar de instalaciones, entre aparatos musicales y televisores, porque los establecimientos carecían de licencia. Y, del mismo modo, se realizaron en Palma más de 180 mediciones de ruido con resultado positivo, es decir con más decibelios de los que permite la normativa.

Estas cifras demuestran que la contaminación sonora lejos de disminuir va creciendo. De hecho las infracciones detectadas triplican a las que se registraban cinco años atrás y justifican una cruzada contra el ruido. Por eso mismo, extrañó, desde que se supo, que el ayuntamiento pretendiera desandar el camino al redactar una normativa todavía más permisiva que la actual. Los vecinos del Puig están dispuestos a llegar a los Tribunales para defender sus derechos y hacen bien. Su barrio está contaminado y nadie puede alegar lo contrario, por lo que sólo caben medidas paliativas para reducir los ruidos nocturnos y dejar que la gente duerma en paz. Sin embargo, el frente de combate contra los ruidosos no está sólo en la Llotja. Hay muchos más. Las zonas más infractoras, según la patrulla verde, son el Arenal, el Paseo Marítimo y Santa Catalina, zonas donde la industria del ocio –a veces llamada oferta complementaria– tiene establecidos sus principales cuarteles.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, si Cort prepara cambios, por mucho que quiera adaptarse a Europa y por mucho que tenga en cuenta la realidad turística en la que vive, no puede desentenderse del derecho de los ciudadanos a su descanso. Y eso tiene que ver con la mayoría de zonas turísticas. Los niveles de ruido llegan a ser ensordecedores, aunque no todos se deban a los establecimientos de restauración. El ruido infernal de algunas motos sobrepasa con mucho los niveles razonablemente permitidos. No es necesario medirlos. Tenemos suficiente con sufrirlos. No obstante, las protestas de los ciudadanos se reducen a meros aspavientos de impotencia, porque las denuncias no sirven para acallar los motores. De vez en cuando se lleva a cabo algún control que sólo sirve para entretener al personal, pero apenas nada más. Sigue siendo materialmente imposible dormir con las ventanas abiertas.

Los tubos de escape de las motos, la televisión a toda potencia, la recogida de basura y hasta las alarmas mal conectadas, que se disparan sin motivo aparente, todo son atentados contra la convivencia. Serán pequeños, pero molestan y alteran los nervios. Cort tiene en sus manos un mapa en el que se fijan los puntos negros y tiene una patrulla verde que vela para que el ruido no salga del cauce permitido. Lo que tiene que hacer es incrementar los medios para garantizar que se cumplan las leyes y no dejar que la contaminación sonora se siga expandiendo y emborronando el mapa con nuevos lugares en los que no se pueda vivir.