Habrá más policía en lagasca
09/03/2007
Castellón El subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, se comprometió a reforzar la presencia de la Policía Nacional en puntos conflictivos de la zona de Lagasca como apoyo a los efectivos de la Policía Local los fines de semana y los jueves. RD
EL OJO CRÍTICO
Las papeleras no tienen la culpa
09/03/2007
Si el sujeto que ha roto esta papelera tenía un mal día es algo que nunca sabremos. Lo que si es cierto es que pagar las frustraciones diarias con una papelera no tiene nada de valiente y luego, además, cuesta un dineral al municipio, que cada año debe reponer gran número de estos elementos destrozados por los desaprensivos. Cuando alguien cree que rompiendo una papelera se desahoga es que tiene otro problema.
Levante
Opinión
Los vacíos legales entre la fiesta y los vecinos
EDITORIAL
La sentencia que ha ordenado el cierre cautelar del mayor casal fallero de Gandia ha vuelto a poner sobre la mesa el hecho de que los ciudadanos se ven obligados en más ocasiones de las que sería deseable a recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos ante la pasividad de los gobernantes en hacer cumplir las leyes o los vacíos legales existentes - de forma premeditada o no- a la hora de aplicar la legislación superior. De hecho, el presidente de la falla afectada reclamó ayer mismo al Consell que redacte una ordenanza específica para cubrir ese vacío legal en el que reconoció que se mueven no sólo los casales falleros de toda la Comunitat Valenciana, sino otras asociaciones cívicas y festivas, como las hermandades de Semana Santa o las comparsas de moros y cristianos, por ejemplo.
La regulación de estos recintos -a medio camino entre locales de ocio y sociales- debe servir también para resolver los eventuales conflictos que puedan surgir con los vecinos por las actividades que en ellos se puedan o no realizar y evitar, así, la judicialización de las relaciones cívicas. Como ha ocurrido no sólo en Gandia, sino en Valencia con el conflicto de la falla de la calle Sueca, o, anteriormente, en Tenerife con el Carnaval.
La proliferación de estos conflictos, además, en fechas tan próximas a las Fallas no es baladí. La convivencia entre protagonistas y sufridores de las fiestas se ha visto violentada en demasiadas ocasiones sin que se hayan adoptado medidas preventivas. En Valencia, desde ayer, una semana antes de la plantà, se encuentran cortadas ya cientos de calles, sin que los vecinos, una vez más, hayan sido escuchados. Que estos precedentes judiciales sirvan, al menos, para encauzar normas y reglas de cara a próximos años.
Metro
ADN
El País
Los casales falleros de Valencia funcionan sin licencia de actividad ni regulación específica
E. B. / EL PAÍS - Gandia / Valencia - 09/03/2007
El auto judicial que ordena al Ayuntamiento de Gandia el cierre cautelar del casal de la falla Sant Nicolau-Mosquit del Grau desató ayer numerosas reacciones entre el colectivo fallero. Además, ha puesto en evidencia que los casales funcionan sin regulación específica o licencia de actividad. El propio presidente de la Federació de Falles de Gandia, Jesús Garcia, reconoció ayer que hay un "vacío legal" en torno a los casales. "Estos locales desarrollan desde labores administrativas a actos festivos como verbenas, celebraciones o cenas, y dispensan bebida, pero no hay una normativa específica que regule su actividad", explicó Garcia. La Federació de Falles de Gandia pedirá al resto de juntas locales y a la Junta Central Fallera de Valencia una reunión para reclamar al Consell una norma.
El Ayuntamiento de Gandia da permiso al casal que el juzgado ordena cerrar por ruido
Hasta ahora, las agrupaciones falleras de Gandia capeaban la situación "alegal" de sus casales mediante permisos de apertura como "oficinas administrativas" o "bares". O simplemente optaban por abrir sin licencia.
En Valencia, los cerca de 400 casales tampoco tienen licencia de actividad. El Ayuntamiento, en manos del PP, no lo ve necesario y apela a la tradición fallera y la autorregulación. No obstante, tras extenderse la costumbre de los falleros de ampliar las actividades a todo el año, con bailes y otras fiestas, y aumentar por ello las denuncias vecinales, el Ayuntamiento acordó hace año y medio con la Junta Central Fallera que los locales se atuvieran al uso tradicional. En caso de celebrar actos con asiduidad y con música, el Consistorio exige que soliciten la licencia de actividad con los requisitos que, por ejemplo, cumplen los bares. Ningún casal ha pedido aún licencia.
A Gandia estos privilegios hacia colectivos como el fallero le pueden costar caros tras ganar un vecino del casal de la falla Sant-Nicolau Mosquit la primera batalla de un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por permitir la actividad sin licencia. Tras seis años de molestias por el ruido, la familia denunciante ha conseguido que la justicia suspenda cautelarmente la actividad del casal. El secretario de la falla, Antoni Martí, defendió ayer que el local "se ajusta a la normativa vigente" en materia de insonorización. El Ayuntamiento de Gandia, sin esperar la autorización de la juez, concedió ayer mismo a la comisión fallera la licencia tras asegurar que cumple la normativa de insonorización. Los responsables de la comisión fallera anunciaban que continuaban con normalidad los actos programados en el local a pesar de la medida cautelar decretada por el juzgado.
Camino de los tribunales van también los vecinos del barrio de Russafa, en Valencia, que denunciarán hoy al Ayuntamiento por no evitar los abusos ocasionados por los falleros. Dos depósitos con 5.000 litros de combustible, junto a una tienda de productos pirotécnicos, para encender 750.000 bombillas atadas sólo con alambres, calles cortadas durante un mes, ruido a todas horas y contaminación con la quema de los monumentos falleros. De momento, el Ayuntamiento anunció la retirada de los depósitos de gasoil. Será ahora la red eléctrica pública la que encienda las luces.
Valencia deberá pagar 6.000 euros a una familia por ruidos de un bar
S. V. - Valencia - 09/03/2007
El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, ha encajado una nueva condena por no actuar contra el ruido de locales de ocio. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia obliga al Consistorio a decretar la clausura de un bar al que dio licencia de apertura más de dos años después de abrirse y a pagar una indemnización de 6.000 euros a la familia denunciante por daños morales. El local funciona desde diciembre de 2002. Y recibió la licencia de apertura en febrero de 2005, pero sin que el Ayuntamiento cumpliera sus propias ordenanzas, ya que dio el permiso "sin informes motivados" que certificaran las medidas correctoras exigibles al bar, como la insonorización, y "vulnerando el procedimiento".
El litigio de los vecinos con el bar, que es propiedad del secretario general de la Junta Central Fallera, Vicente Fayos, arrancó al poco de abrirse. Los afectados denunciaron la apertura sin autorización y reprocharon al Ayuntamiento su falta de intervención. Los permisos de obras y de actividades fueron concedidos con el local ya en marcha dos años después de las primeras denuncias. Otra resolución ha rechazado su anulación, aunque está pendiente de un recurso. Por ello, la juez se centra ahora en la última licencia, la de apertura, y analiza un largo expediente que detectó deficiencias en el aislamiento acústico y las condiciones higiénico sanitarias, así como la existencia de un altillo contrario a la normativa. Según la juez, los técnicos municipales no realizaron ninguna medición para comprobar si eran suficientes las medidas correctoras y dieron por buenos los informes aportados por el propietario del local sin la "inspección preceptiva". La juez destaca que las mediciones de ruido de las partes son contradictorias y que el propietario del bar no permitió la entrada del perito de los vecinos, al que amparaba una orden del juzgado. En cualquier caso, el Ayuntamiento no ha acreditado que el nivel sonoro cumpla la normativa. Con un "informe no motivado e inexacto y con un acta de inspección en blanco" se otorgó así una licencia de apertura que para la juez vulnera "las normas esenciales del procedimiento" y causó indefensión a los denunciantes.
Varapalo
"Es un nuevo varapalo para el Ayuntamiento de Rita Barberá por la inacción de los servicios municipales", criticó el portavoz socialista, Rafael Rubio, quien explicó el fallo judicial junto a la concejal Carmina del Río. Según el portavoz, "alguien daría alguna instrucción de que este tema no habría que tocarlo". "La juez viene a decir que el Ayuntamiento no ha actuado y tiene que explicar por qué", afirmó Rubio. Los socialistas se preguntaron cuántos locales habrá en Valencia que no cumplen la normativa o funcionan mientras se tramitan sus permisos y las denuncias vecinales. Del Río resaltó "el tesón, la paciencia y el dinero" que exige a los afectados la lucha contra el ruido porque "el Ayuntamiento sólo actúa en cumplimiento de sentencias". Fayos no quiso ayer pronunciarse sobre el fallo.
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