Levante
Comunitat Valenciana
La red de Favcova contrató otras dos firmas de sus dirigentes y colocó a familiares con dinero público
Una empresa de informática y otra de comunicación de un fundador de Central Ciudadana facturan casi 20.000 euros. Emplean a parientes de Cosgaya, Ruiz y Piera con cargo a salario joven e inserción laboral
Francesc Arabí, Valencia
Los cursos de formación e inserción laboral y los estudios subvencionados por la Generalitat a la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) y a entidades de su órbita son un motor de generación de riqueza. Existe todo un parque de empresas auxiliares, propiedad de dirigentes del entramado de colectivos y asociaciones vinculado a Favcova, que llevan años facturando servicios prestados a la entidad beneficiaria de las ayudas y con cargo a los programas financiados por varias conselleries. A las tres firmas beneficiarias de contratos, desveladas por este diario el miércoles, se suman otras dos.
La empresa Lapso Comunicación S. L. ha cobrado por trabajos realizados a Favcova y a la Fundación Vecinal Vicente Blasco Ibáñez en un taller de inserción laboral desarrollado en el año 2004 y en diversas actividades montadas en Alaquàs, donde tiene su sede la fundación que preside Agustín Cosgaya Urbina, quien, además, es presidente de la Federación de Centros Castellano-manchegos en la Comunitat Valenciana. El 100% de las acciones de Lapso Comunicación, sociedad creada el 12 de abril de 2002 y que tiene su domicilio social en Gandia, son de José Miguel Ferrer Escrivà, uno de los fundadores de Central Ciudadana, según consta en la orden del 11 de junio de 2004 (publicada en el BOE) por la que esta plataforma de asociaciones fue inscrita en el registro de fundaciones.
También para la Blasco Ibáñez
Lapso Comunicación cobró de Favcova 3.156 euros por servicios facturados en un programa subvencionado por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo en 2004. La empresa de Ferrer Escrivà percibió otros 2.568 euros por haber montado unos tenderetes en una feria organizada por la Fundación Vicente Blasco Ibáñez en Alaquàs en el año 2003. En el siguiente ejercicio, esta fundación volvió a contratar con esa misma empresa para otro tipo de trabajos. El departamento que dirige Gerardo Camps concedió ayudas a la federación vecinal, cuyo vicepresidente es Carlos Ruiz Navarro, para realizar un estudio de carácter sociológico, dentro de un programa de los acogidos al salario joven (el 100% del sueldo lo financia el Servef), para el cual se contrató a 25 jóvenes desempleados, entre los cuales había caras muy conocidas para los dirigentes de esta red de asociaciones. Uno de ellos, Agustín Cosgaya Arribas, aparece en el expediente que consta en la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por una doble condición: como joven contratado para realizar el estudio financiado y como «representante» de la empresa informática Cesetec Valencia S. L., que suministró los ordenadores, en el contrato que firmó con Favcova. Agustín Cosgaya Arribas es, además, hijo del citado Agustín Cosgaya Urbina.
Pero la facturación de Cesetec Valencia S. L. no acabó ahí. Como presidente de la Fundación Vicente Blasco Ibáñez, el padre había decidido un año antes contratar a la empresa informática vinculada a su hijo para organizar una de las actividades de la fundación vecinal. Y Cesetec Valencia le presentó dos facturas por el alquiler de un videoproyector en mayo y julio de 2003 por un importe de 1.566 y 461 euros. Cosgaya hijo estuvo acompañado por otro pariente de los dirigentes del universo Favcova en aquel estudio para el que se contrató a varios jóvenes dentro del programa salario joven. Se trata de Diego Galdón Tebar, hermano de Luis Galdón Tebar, que, a su vez, es yerno de Carlos Ruiz Navarro, el vicepresidente de Favcova. La madre de estos jóvenes es Rosario Tebar Carretero, consuegra de Ruiz y presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres del Mundo Siglo XXI, empresa que ha formalizado contratos de integración laboral que han servido para justificar el cobro de subvenciones para cursos de formación y planes de inserción en el empleo.
Otro pariente que se acogió a un plan subvencionado con dinero público de la Generalitat fue Francisco Piera Máñez, padre de Fernando Piera Giménez, secretario de Favcova, vocal de la Fundación Central Ciudadana y secretario general del Partido Social Demócrata (PSD), formación que está captando a ex cargos públicos agraviados con los socialistas, especialmente ex alcaldes, y que desde el principio fue impulsada desde el blasquista PSI de La Ribera. Como ya publicó este diario, Bernardo Blasco, hermano del conseller de Sanidad, Rafael Blasco, es uno de los hombres fuertes en la organización de los socialdemócratas. Si Fernando Piera fue concejal de Jalance, su padre (contratado en un plan de integración laboral de parados de larga duración) llegó a ser alcalde del PSPV en ese municipio.
El País
El debate sobre el territorio
Vercher ve un "grave problema" en la descoordinación policial
El fiscal de Medio Ambiente reconoce el "duro" camino que queda por recorrer, pero destaca la jurisprudencia que ya empieza a surgir
I. Z. - Valencia - 03/03/2007
Antonio Vercher, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, apuntó ayer a la descoordinación policial como uno de los "graves problemas" que debe solucionar el Estado para hacer frente a los delitos ecológicos. Vercher, que participaba en unas jornadas de Jueces para la Democracia en Valencia, habló de la existencia de "auténticos reinos de taifas" verdes entre las fuerzas de seguridad. La fiscalía, creada el año pasado, "está todavía en mantillas", aceptó, y recordó que la tipificación de los delitos ambientales es muy reciente.
Las sentencias dicen ya que desecar una laguna no es motivo suficiente para desprotegerla
El fiscal protagonizó la segunda sesión de las jornadas ¿Otro urbanismo es posible? organizadas por Jueces para la Democracia y el Fòrum de debats de la Universitat de València, que abrió el jueves la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona. El Aula Magna de La Nau no registró la gran entrada del día anterior. Pero el interés que suscita el ladrillo volvió a quedar demostrada con una afluencia de público más que respetable.
Vercher eludió pronunciarse sobre los supuestos casos concretos de corrupción urbanística que se le plantearon, por una cuestión "ética". La lectura de aquellos en los que los tribunales ya se han pronunciado, sin embargo, le permitió dibujar un escenario esperanzador en la lucha contra los delitos ambientales.
Pero hay que saber de qué punto se partía. Hasta la reforma del Código Penal de 1996 no existía una tipificación expresa de los delitos ambientales. Lo que obligaba a los fiscales a actuar "de facto", apoyados en figuras más o menos aplicables. Él fue, se recordó en la presentación de su intervención, desde la fiscalía de Valencia, uno de los pioneros en la materia. A ese primer frente, formado a finales de los ochenta y extendido progresivamente a otras ciudades, se le llamó los "fiscales de los pajaritos". Un sarcasmo que sirve para hacerse una idea del largo camino que le faltaba por recorrer a la nueva especialidad.
Una de las principales funciones encomendadas a la nueva fiscalía especial consiste en coordinar y supervisar los recursos humanos destinados a proteger el medio ambiente. Vercher destacó la importancia, en ese sentido, de alcanzar una auténtica coordinación entre los cuerpos de seguridad. Un objetivo en el que ya trabaja el Gobierno.
La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986, señaló, encomendó la protección del medio ambiente principalmente a la Guardia Civil, pero también a la Policía Nacional. Desde entonces, sin embargo, el número y categoría de policías que han ido ganando competencias verdes ha sido imparable. Hasta consolidar una auténtica red de "reinos de taifas".
El fiscal mencionó: Policía autonómica, guardias forestales, guardias fluviales (dependientes de las confederaciones hidrográficas), agentes de los cabildos (en Canarias), policías locales y, también, guardias forestales locales.
En relación con estos últimos, señaló: "Por su cuenta no hacen absolutamente nada. Sin embargo, adecuadamente coordinados al resto del contexto ambiental pueden ser enormemente eficaces".
La creación de la fiscalía especial que dirige todavía no ha concluido. Vercher describió la probable composición final de la que se ubicará en Valencia: Un fiscal jefe; dos fiscales adjuntos; personal de oficina; dos oficiales de la Guardia Civil; un oficial del Cuerpo Nacional de Policía; un arquitecto urbanista; un biólogo y un agente ambiental.
Fundar la nueva fiscalía, un proceso que describió como "duro", ha exigido levantar todo un nuevo andamiaje de lenguaje técnico y jurídico.
Definir por ejemplo exactamente el significado de términos como promotor urbanístico o casas ilegales; empezar a contabilizar el daño que un incendio provoca en los acuíferos, o el dióxido de carbono que un árbol deja de limpiar cuando es pasto de las llamas (de promedio, señaló, es capaz de absorber seis toneladas a lo largo de su vida).
Ya ha comenzado a surgir una una jurisprudencia, y ahí Vercher se mostró optimista, en la que los tribunales consideran por ejemplo que el hecho de llevar años pagando los impuestos municipales no implica la regularización de una casa construida de forma ilegal. O que la completa desecación de una laguna debido a su explotación clandestina, no tiene por qué llevar aparejada la desprotección del paraje. Dos sentencias "impensables" no hace mucho tiempo, aseguró.
El fiscal hizo una reflexión sobre la importancia del marco legal del suelo para abordar los delitos urbanísticos: La ley de 1998, que será reformada en poco tiempo, abrió la puerta a los excesos al convertir en norma lo que antes era una excepción; la calificación del suelo urbanizable
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